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Amnistía Internacional documenta 61 casos de uso excesivo de fuerza policial durante la huelga

La organización reclama una investigación independiente de las actuaciones del 11 de noviembre y la revisión de las armas empleadas en protestas.

Publicado: 20 de noviembre de 2026, 07:58

Amnistía Internacional ha documentado 61 casos que considera de uso excesivo de la fuerza por agentes de distintos cuerpos policiales contra manifestantes pacíficos y periodistas durante la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre. La organización reclama una investigación independiente que incluya las órdenes de la cadena de mando y haga públicas sus conclusiones detalladas.

Para elaborar su informe, la entidad desplegó equipos de observación en distintos puntos de España, analizó material audiovisual y realizó 24 entrevistas a personas que denunciaron violaciones de derechos humanos y a testigos. Según sus conclusiones, algunas actuaciones vulneraron los principios de necesidad y proporcionalidad que deben regir el uso de la fuerza en las manifestaciones.

Entre los casos recogidos figuran golpes de porra en la cabeza y la parte superior del cuerpo, también contra personas en el suelo o que se alejaban de los agentes; uso de espray pimienta a corta distancia contra manifestantes pacíficos; lanzamiento de gases lacrimógenos contra una multitud con salidas limitadas en Madrid, y disparos de pelotas de goma por la espalda.

La organización sostiene que la jornada fue mayoritariamente pacífica, aunque reconoce episodios de violencia, especialmente en Barcelona. A su juicio, esos incidentes no justifican el uso indiscriminado de la fuerza contra quienes protestaban pacíficamente.

Durante los piquetes informativos de la mañana, Amnistía documentó al menos 36 personas heridas o contusionadas por actuaciones policiales: dos sufrieron golpes de porra en la cabeza y otras presentaron contusiones o irritaciones oculares. Cinco fueron trasladadas al hospital: tres en Málaga, una en Granada y otra en Zamudio, en Bizkaia.

En Madrid, la entidad recogió casos en las cocheras de Entrevías, Fuencarral y Carabanchel, así como en Mercamadrid y Gran Vía. En Fuencarral, según el informe, la secretaria de Juventud de CCOO, Pau García, de 31 años, recibió espray pimienta en la cara y un golpe de porra en la cabeza cuando estaba de espaldas. Necesitó tres grapas, sufrió hematomas en los dedos al intentar protegerse y, desde entonces, ha padecido insomnio y crisis de ansiedad.

En Gran Vía, la artista Samantha Hudson y otras dos mujeres fueron rociadas con espray a corta distancia, según la organización. Un joven de 24 años recibió varios golpes cuando intentaba ayudar a otra persona inmovilizada; sufrió una doble fractura en un dedo y necesitará una operación.

El informe también recoge actuaciones junto a las instalaciones de Amazon en Alicante, en las cocheras de Amio en Santiago de Compostela, en las de la EMT en Málaga, en Granada, a la salida de El Corte Inglés en Castellón y en Vitoria y Portugalete. En Granada, el secretario de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, fue trasladado a Urgencias con un traumatismo costal y sospecha de fractura tras recibir, según su testimonio, un puñetazo de un agente. También denunció que la diputada autonómica Inma Manzano cayó al suelo tras ser empujada.

En la manifestación de la tarde en Madrid, cuya llegada estaba prevista en la plaza de España, la Policía Nacional cortó el paso a la altura de Callao después de que parte de la marcha hubiera avanzado. Según los testimonios recogidos por Amnistía, los agentes dispersaron al resto con porras, gases lacrimógenos y pelotas de goma sin que los entrevistados escucharan avisos previos. Los participantes describieron quemazón, irritación y dificultades para respirar y ver en calles cuyas vías de salida estaban limitadas por la presencia policial.

Entre los testimonios figura el de Miguel García, de 26 años, quien relata que quedó atrapado en la calle Leganitos y recibió tres golpes de porra pese a haberse situado contra una pared. Daniel Díaz, de 25 años, recibió el impacto de una pelota de goma en el omóplato. Carlos García, fiscal de 54 años, aseguró que un agente le golpeó en la pierna después de que hubiera indicado que quería coger el metro y un agente le diera paso.

En Barcelona, Amnistía ha pedido explicaciones a la Generalitat sobre un grupo de entre 30 y 40 personas encapuchadas y vestidas de forma similar que fueron identificadas como agentes de paisano por manifestantes. Según los vídeos y testimonios examinados, el grupo exhibió porras extensibles antes de que los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra avanzaran hacia la concentración. La entidad afirma que no tiene constancia de altercados en ese punto antes de la llegada del grupo ni de que esos agentes protagonizaran desórdenes.

La Conselleria d’Interior ha reconocido la presencia de policías de paisano y sostiene que fueron agredidos por manifestantes una vez iniciados los disturbios. Según el departamento, los incidentes posteriores a la manifestación dejaron 52 personas detenidas y 36 agentes heridos. Amnistía también documentó en Cataluña el caso de un hombre golpeado en la rodilla pese a no representar, según la entidad, una amenaza; los Mossos investigan esa actuación.

La organización denuncia asimismo agresiones a periodistas identificados que cubrían las protestas. En Valencia, dos informadores, Raquel y Miguel Ángel, recibieron golpes de porra al terminar un piquete. En Madrid, la reportera Alejandra Martínez Velasco sufrió tres golpes y la rotura de su teléfono; María Escolar denunció que fue empujada por la espalda, y Graciela García recibió golpes pese a levantar el micrófono y gritar que era periodista. La Asociación de la Prensa de Madrid condenó las agresiones a informadores acreditados.

Tras las denuncias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó investigar las incidencias y dio instrucciones para que no se use gas lacrimógeno en manifestaciones. Amnistía valora también el anuncio del ministerio de revisar el uso del espray pimienta, pero pide extender la revisión a las porras, los gases lacrimógenos y las pelotas de goma, incluidos sus protocolos y la formación de los agentes. Reclama además la prohibición de las pelotas de goma, la identificación visible de los policías y garantías para la cobertura periodística.

La entidad afirma que el uso excesivo de la fuerza responde a un patrón que denuncia desde hace más de una década y que ha documentado en al menos diez protestas durante el último año. Ante las elecciones del 29 de noviembre, pide a los partidos que se comprometan con el derecho de protesta pacífica, regulen el uso policial de la fuerza y reformen la Ley de Seguridad Ciudadana conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.