SociedadContrastada con 4 fuentes
Orientación de los medios consultados
Medios progresistas 55%Medios conservadores 45%
Barcelona abrió 132 procedimientos por pornografía infantil, muchos por alertas tecnológicas
Entre el 50 % y el 60 % de las causas se iniciaron por denuncias de plataformas, según la Fiscalía
Publicado: 14 de noviembre de 2026, 15:47
La Fiscalía de Barcelona abrió en 2025 un total de 132 procedimientos por pornografía infantil. Entre el 50 % y el 60 % se iniciaron a partir de denuncias de plataformas tecnológicas, según el Ministerio Público.
Las fuentes discrepan sobre la magnitud del aumento respecto a 2024: El Periódico y La Vanguardia lo sitúan en casi un 60 %, mientras que El Nacional.cat lo cifra en un 20 %. El Mundo recoge ambos porcentajes en su artículo. La Vanguardia calcula que en 2024 se abrieron aproximadamente 83 procedimientos. Según la memoria de la Fiscalía citada por El Periódico, en 2024 ya se había registrado un aumento del 20 % respecto a 2023.
En 2025 se formularon 54 escritos de acusación por delitos relacionados con la pornografía infantil y la explotación de menores, frente a los 37 del año anterior. El fiscal responsable de Criminalidad Informática en Barcelona, Roberto Valverde, sostiene que hay más delitos y también más denuncias, y atribuye parte del incremento a una investigación más eficaz por parte de la policía y la Fiscalía. Fuentes del Ministerio Público también lo vinculan a la creación en 2025 de unidades especializadas en víctimas vulnerables y violencia sobre la infancia y la adolescencia, que refuerzan el seguimiento y la atención a las víctimas.
Compañías como Google, Microsoft y Meta disponen de sistemas automatizados que detectan material de abuso sexual infantil almacenado o enviado a través de sus servicios y lo comunican a las autoridades. La Fiscalía también recurre a ellas para solicitar información o el cierre y la eliminación de archivos y grupos que difunden ese contenido. Telegram se sumó a la colaboración en investigaciones de delitos hace aproximadamente un año, después de haberse mostrado reacia.
Las plataformas facilitan datos básicos de los suscriptores cuando se les requieren, aunque para obtener información más extensa suele ser necesario acudir a comisiones rogatorias, un trámite más lento. Después es preciso comprobar si la persona identificada ha difundido o creado el material. Valverde advierte de la complejidad de estas causas, cuyos procedimientos pueden demorarse dos o tres años.
La tenencia y distribución de material detectado en servicios en la nube o plataformas de mensajería es la modalidad más habitual. También se investigan el intercambio de archivos en red y, con menor frecuencia, la producción de contenido. Algunas causas afectan a personas que contactan con menores para obtener imágenes con las que elaborar pornografía infantil.
La mayoría de los investigados son hombres; Valverde afirma que el 99 % de los autores son hombres. No hay, sin embargo, un perfil único. Entre ellos pueden encontrarse familiares, conocidos, monitores o compañeros de las víctimas, así como personas que contactan con menores por redes sociales. Las víctimas pueden ser de Catalunya o de fuera.
La memoria recoge además tres procedimientos por el uso de inteligencia artificial para generar imágenes de cuerpos desnudos que simulan menores y otras dos denuncias que no llegaron a judicializarse.
En cuanto al ciberacoso sexual a menores o grooming —el contacto de adultos con menores de 16 años por internet con fines sexuales—, en 2025 se abrieron 24 procedimientos, un tercio menos que el año anterior, y se formularon 15 escritos de acusación, una cifra ligeramente superior a la de los últimos años.
En Barcelona no hay procedimientos abiertos contra las compañías tecnológicas por su presunta responsabilidad en la distribución de contenidos de abuso a menores, según fuentes del Ministerio Público. En paralelo, la Fiscalía General del Estado informó el viernes de que había denunciado a TikTok ante los juzgados tras recibir un informe de la fundación Maldita.es. La entidad detectó en la plataforma más de mil vídeos de abuso sexual infantil, con más de 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden ese material, de los que más de 7.000 operan en castellano. El Gobierno ha anunciado que estudia sancionar o restringir la plataforma.
En conjunto, la sección de delitos informáticos de Barcelona registró 213 procedimientos en 2025, un 60 % más que en 2024. También se iniciaron 114 procedimientos por delitos contra la libertad cometidos mediante medios telemáticos, la mayoría por coacciones. Según Valverde, la mitad de los casos se sitúan en el ámbito de la violencia sobre la mujer; el fiscal señala además un aumento de los quebrantamientos de medidas cautelares y once escritos de acusación por estos hechos.
Las estafas informáticas sumaron 2.097 procedimientos en Barcelona y las secciones territoriales de la provincia. La mayoría no se resuelven por falta de autor conocido. Los Mossos d’Esquadra han creado una unidad específica de ciberinteligencia ante el aumento de estas estafas.
Valverde también alerta del incremento de ciberataques que bloquean bases de datos de empresas e instituciones públicas a cambio de criptomonedas. Según el fiscal, los Mossos reciben una o dos denuncias al mes. La colaboración judicial europea a través de Eurojust ha permitido avanzar en las investigaciones. A veces, se descubre que los autores son de distintos países y hay que determinar qué órgano debe juzgarlos.
Las fuentes discrepan sobre la magnitud del aumento respecto a 2024: El Periódico y La Vanguardia lo sitúan en casi un 60 %, mientras que El Nacional.cat lo cifra en un 20 %. El Mundo recoge ambos porcentajes en su artículo. La Vanguardia calcula que en 2024 se abrieron aproximadamente 83 procedimientos. Según la memoria de la Fiscalía citada por El Periódico, en 2024 ya se había registrado un aumento del 20 % respecto a 2023.
En 2025 se formularon 54 escritos de acusación por delitos relacionados con la pornografía infantil y la explotación de menores, frente a los 37 del año anterior. El fiscal responsable de Criminalidad Informática en Barcelona, Roberto Valverde, sostiene que hay más delitos y también más denuncias, y atribuye parte del incremento a una investigación más eficaz por parte de la policía y la Fiscalía. Fuentes del Ministerio Público también lo vinculan a la creación en 2025 de unidades especializadas en víctimas vulnerables y violencia sobre la infancia y la adolescencia, que refuerzan el seguimiento y la atención a las víctimas.
Compañías como Google, Microsoft y Meta disponen de sistemas automatizados que detectan material de abuso sexual infantil almacenado o enviado a través de sus servicios y lo comunican a las autoridades. La Fiscalía también recurre a ellas para solicitar información o el cierre y la eliminación de archivos y grupos que difunden ese contenido. Telegram se sumó a la colaboración en investigaciones de delitos hace aproximadamente un año, después de haberse mostrado reacia.
Las plataformas facilitan datos básicos de los suscriptores cuando se les requieren, aunque para obtener información más extensa suele ser necesario acudir a comisiones rogatorias, un trámite más lento. Después es preciso comprobar si la persona identificada ha difundido o creado el material. Valverde advierte de la complejidad de estas causas, cuyos procedimientos pueden demorarse dos o tres años.
La tenencia y distribución de material detectado en servicios en la nube o plataformas de mensajería es la modalidad más habitual. También se investigan el intercambio de archivos en red y, con menor frecuencia, la producción de contenido. Algunas causas afectan a personas que contactan con menores para obtener imágenes con las que elaborar pornografía infantil.
La mayoría de los investigados son hombres; Valverde afirma que el 99 % de los autores son hombres. No hay, sin embargo, un perfil único. Entre ellos pueden encontrarse familiares, conocidos, monitores o compañeros de las víctimas, así como personas que contactan con menores por redes sociales. Las víctimas pueden ser de Catalunya o de fuera.
La memoria recoge además tres procedimientos por el uso de inteligencia artificial para generar imágenes de cuerpos desnudos que simulan menores y otras dos denuncias que no llegaron a judicializarse.
En cuanto al ciberacoso sexual a menores o grooming —el contacto de adultos con menores de 16 años por internet con fines sexuales—, en 2025 se abrieron 24 procedimientos, un tercio menos que el año anterior, y se formularon 15 escritos de acusación, una cifra ligeramente superior a la de los últimos años.
En Barcelona no hay procedimientos abiertos contra las compañías tecnológicas por su presunta responsabilidad en la distribución de contenidos de abuso a menores, según fuentes del Ministerio Público. En paralelo, la Fiscalía General del Estado informó el viernes de que había denunciado a TikTok ante los juzgados tras recibir un informe de la fundación Maldita.es. La entidad detectó en la plataforma más de mil vídeos de abuso sexual infantil, con más de 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden ese material, de los que más de 7.000 operan en castellano. El Gobierno ha anunciado que estudia sancionar o restringir la plataforma.
En conjunto, la sección de delitos informáticos de Barcelona registró 213 procedimientos en 2025, un 60 % más que en 2024. También se iniciaron 114 procedimientos por delitos contra la libertad cometidos mediante medios telemáticos, la mayoría por coacciones. Según Valverde, la mitad de los casos se sitúan en el ámbito de la violencia sobre la mujer; el fiscal señala además un aumento de los quebrantamientos de medidas cautelares y once escritos de acusación por estos hechos.
Las estafas informáticas sumaron 2.097 procedimientos en Barcelona y las secciones territoriales de la provincia. La mayoría no se resuelven por falta de autor conocido. Los Mossos d’Esquadra han creado una unidad específica de ciberinteligencia ante el aumento de estas estafas.
Valverde también alerta del incremento de ciberataques que bloquean bases de datos de empresas e instituciones públicas a cambio de criptomonedas. Según el fiscal, los Mossos reciben una o dos denuncias al mes. La colaboración judicial europea a través de Eurojust ha permitido avanzar en las investigaciones. A veces, se descubre que los autores son de distintos países y hay que determinar qué órgano debe juzgarlos.