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Bélgica aprueba registros domiciliarios para detener a migrantes en situación irregular
La ley exige autorización judicial y ha provocado protestas de organizaciones humanitarias y la oposición de varios alcaldes.
Publicado: 7 de noviembre de 2026, 07:46
El Parlamento belga ha aprobado una ley que permitirá a la policía entrar en domicilios para detener a determinadas personas migrantes en situación irregular. La norma, impulsada por la ministra de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt, reforma la Ley de Extranjería de 1980 y exige una orden de un juez de instrucción.
Los agentes estarán acompañados por personal de la oficina de inmigración y podrán solicitar la ayuda de un cerrajero si es necesario. La entrada podrá producirse tanto en el domicilio de la persona buscada como en otra residencia en la que viva, incluso si hay menores presentes.
Las fuentes discrepan sobre los requisitos y el horario de los registros. ABC indica que afectarán a personas sujetas a una orden de expulsión o que puedan representar una amenaza para el orden público y la seguridad nacional. ara señala que solo se aplicarán a quienes hayan ignorado previamente una orden de expulsión, mientras que La Vanguardia sostiene que deberán concurrir la negativa a cumplir la orden y una amenaza para la seguridad nacional y el orden público.
En cuanto al horario, ara afirma que las visitas podrán realizarse entre las cinco de la madrugada y las nueve de la noche; La Vanguardia las sitúa entre las cinco y las nueve de la mañana. El Gobierno federal sostiene que la ley solo afectará a migrantes que supongan una amenaza para la seguridad y el orden público.
La ley salió adelante tras unas diez horas de debate, con el apoyo de los cinco grupos que integran la mayoría gubernamental. El partido centrista Les Engagés, miembro de la coalición, incorporó enmiendas para proteger a los menores. La formación ultraderechista Vlaams Belang se abstuvo al considerar que la medida era demasiado permisiva.
Van Bossuyt calificó la ley de histórica y defendió que los servicios puedan intervenir cuando una persona represente un peligro para la sociedad. La ministra rechazó que se trate de una caza de brujas contra las personas indocumentadas y consideró engañosa la comparación con la agencia migratoria estadounidense ICE. Entre los ejemplos citados por el Gobierno figuran violadores condenados que han cumplido sus penas y predicadores del odio sin derecho de residencia.
Organizaciones de derechos humanos y de ayuda a migrantes han criticado la norma por sus posibles efectos sobre las libertades civiles, la privacidad y la Constitución belga. Amnistía Internacional Bélgica considera que equipara erróneamente la situación de indocumentado con la criminalidad. Dinushika Dissanayake, subdirectora regional de Amnistía Internacional, advirtió de que la medida desalentará a quienes ofrecen alojamiento, comida y apoyo a comunidades migrantes. Chiara Catelli, activista de la Plataforma de Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados (PICUM), denunció el impacto de las entradas forzosas en familias y niños.
La directora de Coordinación e Iniciativas para Refugiados y Extranjeros (CIRE), Sotieta Ngo, consideró la medida un ataque contra la dignidad humana y la solidaridad. Durante la aprobación del texto, un grupo de activistas que exhibía un cartel contra lo que denominaban el «ICE belga» fue expulsado de la cámara baja.
El miércoles por la noche, unas 3.000 personas formaron una cadena humana alrededor del Palacio de Justicia de Bruselas en protesta por el proyecto. También se han organizado más de 50 manifestaciones y concentraciones en localidades de todo el país. Los alcaldes de Lovaina y Walhain han anunciado que se opondrán a los registros en sus municipios.
Un compañero de partido y antecesor de Van Bossuyt ya intentó aprobar una iniciativa similar en 2017, pero encontró una fuerte oposición. Bart De Wever pertenece al partido nacionalista flamenco N-VA.
La aprobación coincide con una crisis en la coalición de cinco partidos encabezada por De Wever. El primer ministro presentó el lunes su dimisión al rey Felipe tras fracasar las negociaciones presupuestarias sobre los recortes para contener el déficit. Después de consultar a los líderes políticos, el monarca la rechazó el viernes y le encargó retomar las conversaciones y presentarle resultados el 16 de noviembre. Los cinco socios se comprometieron a hacer concesiones.
La iniciativa se produce meses después de que la Comisión, los países y el Parlamento Europeo dieran luz verde a un reglamento de retornos que abre la puerta a crear centros de migrantes fuera de la Unión Europea, amplía los periodos de detención, refuerza los controles policiales y permite enviar a menores a centros de expulsión.
Los agentes estarán acompañados por personal de la oficina de inmigración y podrán solicitar la ayuda de un cerrajero si es necesario. La entrada podrá producirse tanto en el domicilio de la persona buscada como en otra residencia en la que viva, incluso si hay menores presentes.
Las fuentes discrepan sobre los requisitos y el horario de los registros. ABC indica que afectarán a personas sujetas a una orden de expulsión o que puedan representar una amenaza para el orden público y la seguridad nacional. ara señala que solo se aplicarán a quienes hayan ignorado previamente una orden de expulsión, mientras que La Vanguardia sostiene que deberán concurrir la negativa a cumplir la orden y una amenaza para la seguridad nacional y el orden público.
En cuanto al horario, ara afirma que las visitas podrán realizarse entre las cinco de la madrugada y las nueve de la noche; La Vanguardia las sitúa entre las cinco y las nueve de la mañana. El Gobierno federal sostiene que la ley solo afectará a migrantes que supongan una amenaza para la seguridad y el orden público.
La ley salió adelante tras unas diez horas de debate, con el apoyo de los cinco grupos que integran la mayoría gubernamental. El partido centrista Les Engagés, miembro de la coalición, incorporó enmiendas para proteger a los menores. La formación ultraderechista Vlaams Belang se abstuvo al considerar que la medida era demasiado permisiva.
Van Bossuyt calificó la ley de histórica y defendió que los servicios puedan intervenir cuando una persona represente un peligro para la sociedad. La ministra rechazó que se trate de una caza de brujas contra las personas indocumentadas y consideró engañosa la comparación con la agencia migratoria estadounidense ICE. Entre los ejemplos citados por el Gobierno figuran violadores condenados que han cumplido sus penas y predicadores del odio sin derecho de residencia.
Organizaciones de derechos humanos y de ayuda a migrantes han criticado la norma por sus posibles efectos sobre las libertades civiles, la privacidad y la Constitución belga. Amnistía Internacional Bélgica considera que equipara erróneamente la situación de indocumentado con la criminalidad. Dinushika Dissanayake, subdirectora regional de Amnistía Internacional, advirtió de que la medida desalentará a quienes ofrecen alojamiento, comida y apoyo a comunidades migrantes. Chiara Catelli, activista de la Plataforma de Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados (PICUM), denunció el impacto de las entradas forzosas en familias y niños.
La directora de Coordinación e Iniciativas para Refugiados y Extranjeros (CIRE), Sotieta Ngo, consideró la medida un ataque contra la dignidad humana y la solidaridad. Durante la aprobación del texto, un grupo de activistas que exhibía un cartel contra lo que denominaban el «ICE belga» fue expulsado de la cámara baja.
El miércoles por la noche, unas 3.000 personas formaron una cadena humana alrededor del Palacio de Justicia de Bruselas en protesta por el proyecto. También se han organizado más de 50 manifestaciones y concentraciones en localidades de todo el país. Los alcaldes de Lovaina y Walhain han anunciado que se opondrán a los registros en sus municipios.
Un compañero de partido y antecesor de Van Bossuyt ya intentó aprobar una iniciativa similar en 2017, pero encontró una fuerte oposición. Bart De Wever pertenece al partido nacionalista flamenco N-VA.
La aprobación coincide con una crisis en la coalición de cinco partidos encabezada por De Wever. El primer ministro presentó el lunes su dimisión al rey Felipe tras fracasar las negociaciones presupuestarias sobre los recortes para contener el déficit. Después de consultar a los líderes políticos, el monarca la rechazó el viernes y le encargó retomar las conversaciones y presentarle resultados el 16 de noviembre. Los cinco socios se comprometieron a hacer concesiones.
La iniciativa se produce meses después de que la Comisión, los países y el Parlamento Europeo dieran luz verde a un reglamento de retornos que abre la puerta a crear centros de migrantes fuera de la Unión Europea, amplía los periodos de detención, refuerza los controles policiales y permite enviar a menores a centros de expulsión.