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Bravo promete elevar el salario medio a 50.000 euros en dos legislaturas
Cuerpo cuestiona la concreción de la propuesta del PP en un debate electoral que también abordó la vivienda, las pensiones y las infraestructuras.
Publicado: 14 de noviembre de 2026, 15:53
El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, prometió este viernes que el salario medio en España pasará de unos 30.000 a 50.000 euros en dos legislaturas si Alberto Núñez Feijóo llega a la Presidencia del Gobierno. El vicepresidente primero y representante del PSOE, Carlos Cuerpo, cuestionó que el dirigente popular no explicara qué medidas concretas permitirían alcanzar esa cifra.
Ambos participaron en el primer debate de la campaña para las elecciones del 29 de noviembre, moderado por Ana Pastor en La Sexta. También intervinieron el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, por Frente Amplio, y el representante de Vox José María Figaredo. El encuentro abordó, entre otros asuntos, los salarios, la vivienda, las pensiones y las infraestructuras ferroviarias.
Bravo vinculó el objetivo salarial a la mejora de la productividad, la competitividad, las infraestructuras y la gestión, pero no precisó reformas legislativas o fiscales concretas durante el debate. Cuerpo le reprochó que presentara deseos sin explicar cómo cumplirlos y consideró que su planteamiento era «delirante».
El representante del PP defendió además que el salario mínimo se fije mediante un acuerdo entre patronal y sindicatos y que tenga un carácter residual, porque el objetivo debe ser que la gran mayoría de los españoles cobre más. Cuerpo le respondió que ese no es el mecanismo establecido por la normativa. Bravo sostuvo que era la costumbre anterior.
El dirigente popular también se dirigió a los jóvenes para preguntarles si vivían mejor que ocho años atrás. Afirmó que una cesta de la compra que entonces costaba 100 euros cuesta ahora 140 y que antes podían aspirar a comprar una vivienda y ahora a alquilar una habitación. Según explicó, el cambio que propone Feijóo busca que puedan emanciparse antes de los 30 años.
En materia de vivienda, Bravo detalló que 400.000 de las viviendas que Feijóo ha prometido construir en cuatro años serían sociales. Añadió que el PP modificaría la ley del suelo y aprobaría una ley antiocupas para dar seguridad jurídica a los propietarios.
Bustinduy celebró la aprobación por la Diputación Permanente del decreto de vivienda, que prorroga los alquileres hasta 2029, y calculó que el inquilino medio ahorrará unos 10.000 euros anuales. Propuso también un impuesto a la acumulación de viviendas para quienes tengan más de cuatro casas, con el que, a su juicio, se liberarían cerca de 1,3 millones de viviendas. Anunció asimismo un nuevo impuesto a las fortunas superiores a 50 millones de euros.
Cuerpo criticó la intención del PP de derogar el decreto de vivienda y defendió que la medida del Gobierno permite a personas con salarios de hasta 30.000 euros ahorrar hasta 3.000 euros al año en el IRPF. Frente a ello, sostuvo que la deflactación del impuesto propuesta por los populares les supondría un ahorro máximo de 300 euros anuales.
Figaredo atribuyó los problemas de vivienda al crecimiento de la demanda y a la inmigración y propuso la remigración o retorno de migrantes. Bustinduy le acusó de utilizar la inmigración para provocar miedo y desviar la atención de la concentración de riqueza.
El ministro también aludió al ático adquirido por la Comunidad de Madrid por casi siete millones de euros y dijo que se compró mientras se expulsa a madrileños de sus barrios. Bravo respondió que Ayuso está vigilada y que a la gente le preocupaba su propia vivienda, no la de la presidenta madrileña.
El debate se abrió con la situación de las infraestructuras tras los accidentes ferroviarios de Adamuz, Urda y Lérida. Cuerpo consideró asumidas las responsabilidades políticas con la dimisión del ministro Óscar Puente, recordó las medidas recientes de refuerzo de la seguridad y anunció una comisión técnica para elaborar un libro blanco con recomendaciones y un análisis del sistema ferroviario. Su propuesta es que ese trabajo pueda conducir a un pacto de Estado en infraestructuras.
Bravo reclamó una auditoría de todas las infraestructuras, un plan de choque y un análisis de las inversiones necesarias a medio y largo plazo. También acusó al Gobierno de incumplir la Ley de Movilidad, que, según dijo, ya preveía un diagnóstico de la situación. Figaredo pidió igualmente una auditoría y más inversión, sin dar cifras, y criticó la actuación del Ejecutivo desde el accidente de Adamuz.
Bustinduy propuso destinar a la red ferroviaria los 13.000 millones de euros previstos para ampliar los aeropuertos de AENA. También criticó el modelo turístico que, según sostuvo, convierte las ciudades en parques temáticos.
Sobre las pensiones, Bravo aseguró que Feijóo las actualizará y acusó a Cuerpo de ocultar que la normativa vigente permite que cada tres años, si cambian las condiciones, se puedan bajar las nóminas de los jubilados o subir las cotizaciones. El vicepresidente respondió que el crecimiento hace innecesario adoptar medidas y reprochó al PP sus votos contra la reforma de pensiones y contra algunos decretos para revalorizarlas con el IPC.
En el tramo económico, Bustinduy acusó a Bravo de permitir que los beneficios y dividendos alcancen máximos mientras no suben los salarios. PP y Vox anunciaron que bajarían impuestos y criticaron que España tenga peores infraestructuras pese a registrar la mayor recaudación fiscal de su historia.
Ambos participaron en el primer debate de la campaña para las elecciones del 29 de noviembre, moderado por Ana Pastor en La Sexta. También intervinieron el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, por Frente Amplio, y el representante de Vox José María Figaredo. El encuentro abordó, entre otros asuntos, los salarios, la vivienda, las pensiones y las infraestructuras ferroviarias.
Bravo vinculó el objetivo salarial a la mejora de la productividad, la competitividad, las infraestructuras y la gestión, pero no precisó reformas legislativas o fiscales concretas durante el debate. Cuerpo le reprochó que presentara deseos sin explicar cómo cumplirlos y consideró que su planteamiento era «delirante».
El representante del PP defendió además que el salario mínimo se fije mediante un acuerdo entre patronal y sindicatos y que tenga un carácter residual, porque el objetivo debe ser que la gran mayoría de los españoles cobre más. Cuerpo le respondió que ese no es el mecanismo establecido por la normativa. Bravo sostuvo que era la costumbre anterior.
El dirigente popular también se dirigió a los jóvenes para preguntarles si vivían mejor que ocho años atrás. Afirmó que una cesta de la compra que entonces costaba 100 euros cuesta ahora 140 y que antes podían aspirar a comprar una vivienda y ahora a alquilar una habitación. Según explicó, el cambio que propone Feijóo busca que puedan emanciparse antes de los 30 años.
En materia de vivienda, Bravo detalló que 400.000 de las viviendas que Feijóo ha prometido construir en cuatro años serían sociales. Añadió que el PP modificaría la ley del suelo y aprobaría una ley antiocupas para dar seguridad jurídica a los propietarios.
Bustinduy celebró la aprobación por la Diputación Permanente del decreto de vivienda, que prorroga los alquileres hasta 2029, y calculó que el inquilino medio ahorrará unos 10.000 euros anuales. Propuso también un impuesto a la acumulación de viviendas para quienes tengan más de cuatro casas, con el que, a su juicio, se liberarían cerca de 1,3 millones de viviendas. Anunció asimismo un nuevo impuesto a las fortunas superiores a 50 millones de euros.
Cuerpo criticó la intención del PP de derogar el decreto de vivienda y defendió que la medida del Gobierno permite a personas con salarios de hasta 30.000 euros ahorrar hasta 3.000 euros al año en el IRPF. Frente a ello, sostuvo que la deflactación del impuesto propuesta por los populares les supondría un ahorro máximo de 300 euros anuales.
Figaredo atribuyó los problemas de vivienda al crecimiento de la demanda y a la inmigración y propuso la remigración o retorno de migrantes. Bustinduy le acusó de utilizar la inmigración para provocar miedo y desviar la atención de la concentración de riqueza.
El ministro también aludió al ático adquirido por la Comunidad de Madrid por casi siete millones de euros y dijo que se compró mientras se expulsa a madrileños de sus barrios. Bravo respondió que Ayuso está vigilada y que a la gente le preocupaba su propia vivienda, no la de la presidenta madrileña.
El debate se abrió con la situación de las infraestructuras tras los accidentes ferroviarios de Adamuz, Urda y Lérida. Cuerpo consideró asumidas las responsabilidades políticas con la dimisión del ministro Óscar Puente, recordó las medidas recientes de refuerzo de la seguridad y anunció una comisión técnica para elaborar un libro blanco con recomendaciones y un análisis del sistema ferroviario. Su propuesta es que ese trabajo pueda conducir a un pacto de Estado en infraestructuras.
Bravo reclamó una auditoría de todas las infraestructuras, un plan de choque y un análisis de las inversiones necesarias a medio y largo plazo. También acusó al Gobierno de incumplir la Ley de Movilidad, que, según dijo, ya preveía un diagnóstico de la situación. Figaredo pidió igualmente una auditoría y más inversión, sin dar cifras, y criticó la actuación del Ejecutivo desde el accidente de Adamuz.
Bustinduy propuso destinar a la red ferroviaria los 13.000 millones de euros previstos para ampliar los aeropuertos de AENA. También criticó el modelo turístico que, según sostuvo, convierte las ciudades en parques temáticos.
Sobre las pensiones, Bravo aseguró que Feijóo las actualizará y acusó a Cuerpo de ocultar que la normativa vigente permite que cada tres años, si cambian las condiciones, se puedan bajar las nóminas de los jubilados o subir las cotizaciones. El vicepresidente respondió que el crecimiento hace innecesario adoptar medidas y reprochó al PP sus votos contra la reforma de pensiones y contra algunos decretos para revalorizarlas con el IPC.
En el tramo económico, Bustinduy acusó a Bravo de permitir que los beneficios y dividendos alcancen máximos mientras no suben los salarios. PP y Vox anunciaron que bajarían impuestos y criticaron que España tenga peores infraestructuras pese a registrar la mayor recaudación fiscal de su historia.