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Chambers niega financiar el terrorismo y rechaza su extradición a Estados Unidos
La Fiscalía española apoya la entrega del heredero de Cox Enterprises, mientras Chambers atribuye la reclamación a una persecución política por su activismo propalestino.
Publicado: 13 de noviembre de 2026, 15:54
James ‘Fergie’ Cox Chambers Jr. ha negado este viernes ante la Audiencia Nacional haber financiado a organizaciones terroristas o participado en acciones violentas y se ha opuesto a su extradición a Estados Unidos. El heredero de Cox Enterprises, detenido en Ibiza el 10 de julio y en prisión desde entonces, sostiene que la reclamación responde a una persecución política impulsada por el Gobierno de Donald Trump.
La Fiscalía española considera, por el contrario, que se cumplen los requisitos para la entrega. El fiscal Juan Hernández Villalba ha sostenido que la defensa intenta minimizar unos hechos que, examinados conjuntamente, revelarían una actuación coordinada de apoyo a organizaciones terroristas. Ha señalado que corresponde a las autoridades estadounidenses determinar si la actividad tiene carácter terrorista.
Estados Unidos reclama a Chambers por blanqueo internacional de capitales, disturbios y conspiración para provocar disturbios. La acusación por blanqueo se refiere a transferencias realizadas presuntamente con intención de promover actividades ilícitas, entre ellas la prestación de apoyo material o recursos a organizaciones terroristas extranjeras. Por ese delito se enfrenta a un máximo de 20 años de prisión y una multa de 500.000 dólares; para cada uno de los otros dos delitos se prevé una pena máxima de cinco años.
Según el informe de la Fiscalía, que recoge los motivos de la reclamación estadounidense, Chambers efectuó diez transferencias entre marzo de 2024 y abril de 2025 desde Bank of America a un banco tunecino. El informe sostiene que pretendía utilizar esos fondos para promover actividades ilícitas y acciones violentas en beneficio de Hamás, incluso mediante pagos a supuestas organizaciones benéficas.
La defensa ha presentado una pericial económica para sostener que las transferencias eran legales y correspondían a fondos propios enviados a sus cuentas al trasladar su residencia a Túnez. Chambers ha explicado que se mudó con su familia porque no quería seguir vinculado a Estados Unidos por su política respecto a Palestina y ha negado que estuviera huido. También ha dicho que realizó donaciones a un equipo de fútbol tunecino que su país considera sospechosas.
El activista ha declarado que vendió todas sus acciones de la empresa familiar en 2023 y creó una fundación para apoyar la causa palestina y otras iniciativas. Ha asegurado que las decisiones se tomaban junto a otras personas y que se verificaba que las entidades beneficiarias no estuvieran sancionadas por Estados Unidos. Según su declaración, los fondos destinados a la causa palestina fueron a asociaciones de estudiantes, organizaciones sanitarias y organizaciones de presos palestinos.
Chambers ha reconocido su participación en tres protestas contra la empresa armamentística israelí Elbit: dos en Cambridge y otra en New Hampshire. Ha explicado que en una bloqueó la entrada con un candado de bicicleta y que en las otras se cortó el acceso a instalaciones de la compañía. Ha negado haber causado daños, cometido actos violentos o provocado incendios, y ha afirmado que Palestine Action, organización que impulsaba las protestas y a la que apoyó, no estaba sancionada por Estados Unidos cuando participó en ellas.
También ha admitido que pagó fianzas de personas detenidas en las protestas. Ha defendido que las fianzas elevadas se utilizan para reprimir a manifestantes y ha señalado que anteriormente pagó las de personas arrestadas en protestas tras la muerte de George Floyd.
La documentación estadounidense atribuye a las protestas contra Elbit incendios y situaciones de riesgo que llevaron a vigilantes a desenfundar sus armas. Según esa documentación, otros acusados fueron condenados a unos 60 días de prisión. El fiscal ha sostenido que, incluso si se aceptara la objeción de la defensa sobre la traducción de términos relacionados con los incendios, hubo daños significativos y riesgo para terceros.
El abogado Aitor Martínez, del despacho Ilocad del exjuez Baltasar Garzón, ha alegado que los hechos no encajan en delitos de terrorismo y que las protestas y la conspiración para realizarlas no alcanzan las penas mínimas exigidas para la extradición. También ha denunciado defectos en la traducción de la documentación, la ausencia de una acusación formal ante un gran jurado, un registro del domicilio sin aviso al letrado y el envío del móvil de su cliente a Estados Unidos.
La Fiscalía mantiene que existe doble incriminación, que las penas superan el año de prisión, que los hechos no han prescrito y que la reclamación no se refiere a un delito político ni militar. En su informe previo consideró que los hechos encajan en delitos españoles de financiación del terrorismo, daños y desórdenes públicos terroristas e integración en grupo terrorista.
El tribunal presidido por Fernando Andreu deberá resolver sobre la entrega. Su decisión podrá recurrirse ante el pleno de la Sala de lo Penal. Si se acuerda finalmente la extradición, el Gobierno tendrá la última palabra y podría negarse a ejecutarla; la petición de asilo presentada por Chambers también podría paralizarla.
En su intervención final, Chambers lamentó haber permanecido en prisión sin poder asistir al funeral de su abuela ni acompañar a su esposa embarazada, que tiene previsto dar a luz en marzo. Su madre y su cuñado asistieron a la vista.
La Fiscalía española considera, por el contrario, que se cumplen los requisitos para la entrega. El fiscal Juan Hernández Villalba ha sostenido que la defensa intenta minimizar unos hechos que, examinados conjuntamente, revelarían una actuación coordinada de apoyo a organizaciones terroristas. Ha señalado que corresponde a las autoridades estadounidenses determinar si la actividad tiene carácter terrorista.
Estados Unidos reclama a Chambers por blanqueo internacional de capitales, disturbios y conspiración para provocar disturbios. La acusación por blanqueo se refiere a transferencias realizadas presuntamente con intención de promover actividades ilícitas, entre ellas la prestación de apoyo material o recursos a organizaciones terroristas extranjeras. Por ese delito se enfrenta a un máximo de 20 años de prisión y una multa de 500.000 dólares; para cada uno de los otros dos delitos se prevé una pena máxima de cinco años.
Según el informe de la Fiscalía, que recoge los motivos de la reclamación estadounidense, Chambers efectuó diez transferencias entre marzo de 2024 y abril de 2025 desde Bank of America a un banco tunecino. El informe sostiene que pretendía utilizar esos fondos para promover actividades ilícitas y acciones violentas en beneficio de Hamás, incluso mediante pagos a supuestas organizaciones benéficas.
La defensa ha presentado una pericial económica para sostener que las transferencias eran legales y correspondían a fondos propios enviados a sus cuentas al trasladar su residencia a Túnez. Chambers ha explicado que se mudó con su familia porque no quería seguir vinculado a Estados Unidos por su política respecto a Palestina y ha negado que estuviera huido. También ha dicho que realizó donaciones a un equipo de fútbol tunecino que su país considera sospechosas.
El activista ha declarado que vendió todas sus acciones de la empresa familiar en 2023 y creó una fundación para apoyar la causa palestina y otras iniciativas. Ha asegurado que las decisiones se tomaban junto a otras personas y que se verificaba que las entidades beneficiarias no estuvieran sancionadas por Estados Unidos. Según su declaración, los fondos destinados a la causa palestina fueron a asociaciones de estudiantes, organizaciones sanitarias y organizaciones de presos palestinos.
Chambers ha reconocido su participación en tres protestas contra la empresa armamentística israelí Elbit: dos en Cambridge y otra en New Hampshire. Ha explicado que en una bloqueó la entrada con un candado de bicicleta y que en las otras se cortó el acceso a instalaciones de la compañía. Ha negado haber causado daños, cometido actos violentos o provocado incendios, y ha afirmado que Palestine Action, organización que impulsaba las protestas y a la que apoyó, no estaba sancionada por Estados Unidos cuando participó en ellas.
También ha admitido que pagó fianzas de personas detenidas en las protestas. Ha defendido que las fianzas elevadas se utilizan para reprimir a manifestantes y ha señalado que anteriormente pagó las de personas arrestadas en protestas tras la muerte de George Floyd.
La documentación estadounidense atribuye a las protestas contra Elbit incendios y situaciones de riesgo que llevaron a vigilantes a desenfundar sus armas. Según esa documentación, otros acusados fueron condenados a unos 60 días de prisión. El fiscal ha sostenido que, incluso si se aceptara la objeción de la defensa sobre la traducción de términos relacionados con los incendios, hubo daños significativos y riesgo para terceros.
El abogado Aitor Martínez, del despacho Ilocad del exjuez Baltasar Garzón, ha alegado que los hechos no encajan en delitos de terrorismo y que las protestas y la conspiración para realizarlas no alcanzan las penas mínimas exigidas para la extradición. También ha denunciado defectos en la traducción de la documentación, la ausencia de una acusación formal ante un gran jurado, un registro del domicilio sin aviso al letrado y el envío del móvil de su cliente a Estados Unidos.
La Fiscalía mantiene que existe doble incriminación, que las penas superan el año de prisión, que los hechos no han prescrito y que la reclamación no se refiere a un delito político ni militar. En su informe previo consideró que los hechos encajan en delitos españoles de financiación del terrorismo, daños y desórdenes públicos terroristas e integración en grupo terrorista.
El tribunal presidido por Fernando Andreu deberá resolver sobre la entrega. Su decisión podrá recurrirse ante el pleno de la Sala de lo Penal. Si se acuerda finalmente la extradición, el Gobierno tendrá la última palabra y podría negarse a ejecutarla; la petición de asilo presentada por Chambers también podría paralizarla.
En su intervención final, Chambers lamentó haber permanecido en prisión sin poder asistir al funeral de su abuela ni acompañar a su esposa embarazada, que tiene previsto dar a luz en marzo. Su madre y su cuñado asistieron a la vista.