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Cinco países de la UE preparan con Ruanda un centro para migrantes
El proyecto piloto acogería a personas con el asilo denegado, mientras Bruselas estudia si podría aportar financiación.
Publicado: 16 de noviembre de 2026, 16:20
Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Austria y Grecia preparan con Ruanda la apertura de un centro para trasladar a personas a las que se haya denegado el asilo en la Unión Europea y que estén pendientes de su retorno. La Comisión Europea ha celebrado la iniciativa, aunque espera conocer sus detalles para evaluarla.
Las fuentes discrepan sobre el estado del pacto: La Razón y La Vanguardia hablan de un acuerdo con Ruanda, mientras que 20 Minutos sostiene que todavía se ultima y no se ha anunciado oficialmente. El Gobierno ruandés ya había informado en agosto de contactos con países europeos.
La intención es poner en marcha a principios de 2027 una prueba piloto con unas 100 plazas y rotación continua. Según fuentes diplomáticas, cada uno de los cinco países podría enviar alrededor de 20 personas. El plan se dirigiría a hombres y mujeres que hayan agotado las vías legales para permanecer en Europa y rechacen regresar voluntariamente a sus países de origen, con independencia de su nacionalidad o de que tengan vínculos con Ruanda. No se trasladaría a quienes aún esperan una respuesta a su solicitud de asilo. La propuesta excluiría a personas con hijos menores y a menores no acompañados.
El centro proyectado tendría las puertas abiertas. Los promotores prevén que las personas trasladadas reciban un permiso de residencia legal en Ruanda, acceso al mercado laboral, formación y vivienda, además de asistencia para regresar a sus países o a un tercer Estado donde tengan residencia legal. Estiman que la estancia no superaría los dos meses.
Los impulsores pretenden comprobar la viabilidad operativa y jurídica del proyecto. Según su interpretación, la responsabilidad legal bajo la legislación europea terminaría con el traslado a Ruanda, donde las personas quedarían bajo jurisdicción del país africano. La Comisión Europea participaría formalmente como observadora.
El coste aún no se ha concretado. Los países interesados sostienen que asumirían principalmente los gastos de manutención en Ruanda y que estos serían inferiores a los de Europa. A cambio, Ruanda firmaría acuerdos preferentes de inversión y desarrollo con los cinco Estados.
La Comisión ha señalado que ha seguido de cerca los trabajos preparatorios y las medidas previstas para garantizar los derechos humanos, incluida la colaboración con organismos de Naciones Unidas. Su portavoz de Interior afirmó que la iniciativa puede contribuir a mejorar los retornos y abordar la migración irregular respetando el derecho europeo e internacional.
Bruselas analizará cada caso antes de decidir si puede aportar financiación. Según el portavoz, en principio corresponde a los Estados miembros financiar los centros, aunque la UE podría apoyar medidas complementarias.
El proyecto se ampara en el nuevo reglamento europeo de retornos, aprobado en octubre, que permite establecer acuerdos con terceros países. España votó contra la reforma por sus dudas legales sobre estos centros; Francia también se ha opuesto al modelo. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, había pedido previamente a los líderes de los Veintisiete que se abrieran a ideas innovadoras en materia migratoria.
El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, sostiene que la medida pretende transmitir a quienes buscan una vida mejor en Europa que la solicitud de asilo no es una vía rápida hacia la residencia permanente.
El proyecto se distingue del acuerdo de Italia con Albania, cuyos centros estaban concebidos para tramitar solicitudes de asilo y que ha encontrado obstáculos judiciales. Reino Unido también intentó trasladar a solicitantes de asilo a Ruanda para que sus peticiones se tramitaran allí, pero su Tribunal Supremo declaró ilegal el plan y el Gobierno laborista lo canceló tras llegar al poder en 2024. Dinamarca había intentado anteriormente una iniciativa similar, que quedó congelada.
Ruanda, gobernada por Paul Kagame desde 2000, está considerada un tercer país seguro por la UE. El país ha registrado avances en reconstrucción tras el genocidio de 1994, seguridad, crecimiento económico, sanidad e igualdad de género. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Freedom House denuncian restricciones a las libertades políticas y de expresión, persecución de periodistas y activistas, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y falta de independencia judicial. También señalan desalojos forzosos y abusos en el conflicto de la República Democrática del Congo, donde se acusa a Ruanda de apoyar al grupo rebelde M23, algo que su Gobierno rechaza.
Amnistía Internacional cuestiona además que Ruanda haya demostrado capacidad para garantizar procedimientos justos y protección adecuada a personas trasladadas por otros países. Human Rights Watch ha criticado la falta de transparencia y garantías del acuerdo firmado en 2025 para recibir a cientos de deportados de Estados Unidos.
Chiara Catelli, de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, ha advertido de que los trasladados podrían quedar sin redes de apoyo y enfrentarse a indigencia, explotación o deportaciones en cadena.
Las fuentes discrepan sobre el estado del pacto: La Razón y La Vanguardia hablan de un acuerdo con Ruanda, mientras que 20 Minutos sostiene que todavía se ultima y no se ha anunciado oficialmente. El Gobierno ruandés ya había informado en agosto de contactos con países europeos.
La intención es poner en marcha a principios de 2027 una prueba piloto con unas 100 plazas y rotación continua. Según fuentes diplomáticas, cada uno de los cinco países podría enviar alrededor de 20 personas. El plan se dirigiría a hombres y mujeres que hayan agotado las vías legales para permanecer en Europa y rechacen regresar voluntariamente a sus países de origen, con independencia de su nacionalidad o de que tengan vínculos con Ruanda. No se trasladaría a quienes aún esperan una respuesta a su solicitud de asilo. La propuesta excluiría a personas con hijos menores y a menores no acompañados.
El centro proyectado tendría las puertas abiertas. Los promotores prevén que las personas trasladadas reciban un permiso de residencia legal en Ruanda, acceso al mercado laboral, formación y vivienda, además de asistencia para regresar a sus países o a un tercer Estado donde tengan residencia legal. Estiman que la estancia no superaría los dos meses.
Los impulsores pretenden comprobar la viabilidad operativa y jurídica del proyecto. Según su interpretación, la responsabilidad legal bajo la legislación europea terminaría con el traslado a Ruanda, donde las personas quedarían bajo jurisdicción del país africano. La Comisión Europea participaría formalmente como observadora.
El coste aún no se ha concretado. Los países interesados sostienen que asumirían principalmente los gastos de manutención en Ruanda y que estos serían inferiores a los de Europa. A cambio, Ruanda firmaría acuerdos preferentes de inversión y desarrollo con los cinco Estados.
La Comisión ha señalado que ha seguido de cerca los trabajos preparatorios y las medidas previstas para garantizar los derechos humanos, incluida la colaboración con organismos de Naciones Unidas. Su portavoz de Interior afirmó que la iniciativa puede contribuir a mejorar los retornos y abordar la migración irregular respetando el derecho europeo e internacional.
Bruselas analizará cada caso antes de decidir si puede aportar financiación. Según el portavoz, en principio corresponde a los Estados miembros financiar los centros, aunque la UE podría apoyar medidas complementarias.
El proyecto se ampara en el nuevo reglamento europeo de retornos, aprobado en octubre, que permite establecer acuerdos con terceros países. España votó contra la reforma por sus dudas legales sobre estos centros; Francia también se ha opuesto al modelo. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, había pedido previamente a los líderes de los Veintisiete que se abrieran a ideas innovadoras en materia migratoria.
El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, sostiene que la medida pretende transmitir a quienes buscan una vida mejor en Europa que la solicitud de asilo no es una vía rápida hacia la residencia permanente.
El proyecto se distingue del acuerdo de Italia con Albania, cuyos centros estaban concebidos para tramitar solicitudes de asilo y que ha encontrado obstáculos judiciales. Reino Unido también intentó trasladar a solicitantes de asilo a Ruanda para que sus peticiones se tramitaran allí, pero su Tribunal Supremo declaró ilegal el plan y el Gobierno laborista lo canceló tras llegar al poder en 2024. Dinamarca había intentado anteriormente una iniciativa similar, que quedó congelada.
Ruanda, gobernada por Paul Kagame desde 2000, está considerada un tercer país seguro por la UE. El país ha registrado avances en reconstrucción tras el genocidio de 1994, seguridad, crecimiento económico, sanidad e igualdad de género. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Freedom House denuncian restricciones a las libertades políticas y de expresión, persecución de periodistas y activistas, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y falta de independencia judicial. También señalan desalojos forzosos y abusos en el conflicto de la República Democrática del Congo, donde se acusa a Ruanda de apoyar al grupo rebelde M23, algo que su Gobierno rechaza.
Amnistía Internacional cuestiona además que Ruanda haya demostrado capacidad para garantizar procedimientos justos y protección adecuada a personas trasladadas por otros países. Human Rights Watch ha criticado la falta de transparencia y garantías del acuerdo firmado en 2025 para recibir a cientos de deportados de Estados Unidos.
Chiara Catelli, de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, ha advertido de que los trasladados podrían quedar sin redes de apoyo y enfrentarse a indigencia, explotación o deportaciones en cadena.