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Condenan a Alvise a indemnizar a un hombre por difundir una falsa acusación
La Audiencia de Bizkaia confirma además una indemnización de 15.000 euros a cargo de una empresa editora por la misma información.
Publicado: 14 de noviembre de 2026, 07:49
La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta, Luis «Alvise» Pérez, a indemnizar con 20.000 euros a un hombre al que acusó falsamente de transportar explosivos en un vehículo hacia Madrid. El tribunal considera que incurrió en una intromisión ilegítima en sus derechos al honor y a la propia imagen.
La sentencia de la Sección Quinta, fechada el 2 de octubre y hecha pública el viernes 13 de noviembre, revoca la absolución dictada inicialmente por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Barakaldo. Contra el fallo cabe recurso de casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
Los hechos se remontan al 17 de noviembre de 2023, cuando la Ertzaintza distribuyó entre los cuerpos de seguridad una comunicación interna sobre la posible circulación de un Peugeot 308 negro que podría dirigirse a Madrid con un artefacto explosivo. El aviso incluía la matrícula y los datos del conductor, pero advertía expresamente de que la información «NO ESTÁ CONTRASTADA» y requería una comprobación preventiva. Unas horas después se comprobó que era falsa.
El canal de Telegram de Pérez difundió el nombre completo y la fotografía del afectado, así como la matrícula del vehículo, y lo relacionó con una posible amenaza de terrorismo islámico. El canal tenía entonces unos 368.000 suscriptores y la publicación superó las 227.100 visualizaciones.
Según la sentencia, Pérez no se limitó a trasladar la alerta: afirmó que una «Fuente de Alto Nivel confirma la información e identidad del responsable» y añadió que el hombre era presuntamente un paciente fugado de un centro psiquiátrico. La Audiencia considera que esas aportaciones presentaron como confirmada una sospecha que la policía había advertido que no estaba verificada, por lo que descarta aplicar la doctrina del reportaje neutral.
El tribunal destaca la gravedad de la acusación y el descrédito personal y social que podía causar, así como la difusión de la imagen del afectado. La sentencia recoge también graves perjuicios personales y profesionales y daños psicológicos acreditados mediante un informe.
Además de pagar la indemnización, Pérez deberá retirar la publicación de forma inmediata y definitiva de todos sus canales y difundir la parte dispositiva del fallo en Telegram con visibilidad destacada durante siete días.
La Audiencia confirma asimismo la condena a Dos Mil Palabras S.L., empresa editora que deberá pagar otros 15.000 euros al demandante. El tribunal aprecia falta de diligencia profesional en una noticia propia que difundió la fotografía y datos identificativos del hombre y omitió el aviso policial de que la información no estaba contrastada. Aunque la alerta tenía interés general por su relación con la seguridad colectiva, los magistrados consideran que debía comprobarse antes de divulgar una acusación de esa gravedad.
La empresa rectificó tras confirmarse que se trataba de una falsa alarma. La Audiencia tiene en cuenta esa rectificación para moderar la indemnización, pero concluye que no elimina la intromisión ya consumada. La sentencia también obliga a retirar la noticia y publicar el fallo condenatorio.
Por otra parte, el tribunal mantiene la absolución de otros dos particulares que compartieron enlaces a informaciones periodísticas sin añadir afirmaciones propias ni conocer el contenido de la comunicación interna de la Ertzaintza.
La sentencia de la Sección Quinta, fechada el 2 de octubre y hecha pública el viernes 13 de noviembre, revoca la absolución dictada inicialmente por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Barakaldo. Contra el fallo cabe recurso de casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
Los hechos se remontan al 17 de noviembre de 2023, cuando la Ertzaintza distribuyó entre los cuerpos de seguridad una comunicación interna sobre la posible circulación de un Peugeot 308 negro que podría dirigirse a Madrid con un artefacto explosivo. El aviso incluía la matrícula y los datos del conductor, pero advertía expresamente de que la información «NO ESTÁ CONTRASTADA» y requería una comprobación preventiva. Unas horas después se comprobó que era falsa.
El canal de Telegram de Pérez difundió el nombre completo y la fotografía del afectado, así como la matrícula del vehículo, y lo relacionó con una posible amenaza de terrorismo islámico. El canal tenía entonces unos 368.000 suscriptores y la publicación superó las 227.100 visualizaciones.
Según la sentencia, Pérez no se limitó a trasladar la alerta: afirmó que una «Fuente de Alto Nivel confirma la información e identidad del responsable» y añadió que el hombre era presuntamente un paciente fugado de un centro psiquiátrico. La Audiencia considera que esas aportaciones presentaron como confirmada una sospecha que la policía había advertido que no estaba verificada, por lo que descarta aplicar la doctrina del reportaje neutral.
El tribunal destaca la gravedad de la acusación y el descrédito personal y social que podía causar, así como la difusión de la imagen del afectado. La sentencia recoge también graves perjuicios personales y profesionales y daños psicológicos acreditados mediante un informe.
Además de pagar la indemnización, Pérez deberá retirar la publicación de forma inmediata y definitiva de todos sus canales y difundir la parte dispositiva del fallo en Telegram con visibilidad destacada durante siete días.
La Audiencia confirma asimismo la condena a Dos Mil Palabras S.L., empresa editora que deberá pagar otros 15.000 euros al demandante. El tribunal aprecia falta de diligencia profesional en una noticia propia que difundió la fotografía y datos identificativos del hombre y omitió el aviso policial de que la información no estaba contrastada. Aunque la alerta tenía interés general por su relación con la seguridad colectiva, los magistrados consideran que debía comprobarse antes de divulgar una acusación de esa gravedad.
La empresa rectificó tras confirmarse que se trataba de una falsa alarma. La Audiencia tiene en cuenta esa rectificación para moderar la indemnización, pero concluye que no elimina la intromisión ya consumada. La sentencia también obliga a retirar la noticia y publicar el fallo condenatorio.
Por otra parte, el tribunal mantiene la absolución de otros dos particulares que compartieron enlaces a informaciones periodísticas sin añadir afirmaciones propias ni conocer el contenido de la comunicación interna de la Ertzaintza.