PolíticaContrastada con 15 fuentes
Progresista 53.6%Conservador 46.4%
Crisis en el PSOE tras el accidente ferroviario de Urda y presión sobre Óscar Puente
El Gobierno aprobará ayudas para las víctimas mientras crece la presión para que dimita el ministro de Transportes.
Publicado: 1 de noviembre de 2026, 19:30
El accidente ferroviario de Urda, ocurrido el 28 de octubre y que ha dejado 69 muertos, ha desatado una crisis política en el seno del PSOE y ha puesto a su ministro de Transportes, Óscar Puente, en el punto de mira. Desde el incidente, que se suma a otro muy grave ocurrido en Adamuz en enero de este año, varios partidos han exigido su dimisión o cese antes de su testimonio programado en el Congreso.
La presión para que Puente dimita proviene no solo de la oposición, compuesta por el Partido Popular (PP) y Vox, sino también de sus socios de gobierno, incluyendo a Podemos y el BNG. Varios líderes de estas formaciones han señalado que Puente tiene una responsabilidad política que no puede eludir, a pesar de que él ha rechazado la idea de dejar su cargo. La coordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, declaró que Puente "debe dimitir porque la gente necesita que alguien asuma la responsabilidad política".
En un contexto electoral complejo, donde las elecciones generales se celebrarán en un mes, el PSOE ha visto cómo su agenda de campaña optimista se ha convertido en un duelo por las víctimas del accidente. Dirigentes socialistas han hablado de un ambiente de desánimo y preocupación ante la posibilidad de un impacto negativo en los resultados electorales. En este sentido, algunos ya expresan que la campaña electoral ha quedado comprometida por la tragedia.
Mientras tanto, el Gobierno ha anunciado que el martes se aprobará un real decreto con ayudas para los afectados por el accidente. Las indemnizaciones serán similares a las dispuestas tras el anterior accidente de Adamuz, que ya incluyó compensaciones directas de aproximadamente 210.000 euros por fallecido. Las familias de las víctimas de Urda tendrán derecho a un pago mínimo de 72.000 euros, según han confirmado fuentes gubernamentales.
Óscar Puente se prepara para presentar un informe en el Consejo de Ministros, donde también se abordarán estas ayudas y su plan para recuperar la confianza en el sistema ferroviario tras la crisis de seguridad evidenciada por estos accidentes. La presión se intensifica además porque han sido varios los partidos que han confirmado su intención de personarse en la causa judicial que investiga el accidente. El PP y Vox han anunciado que actuarán como acusación popular para exigir aclaraciones y responsabilidades de lo ocurrido.
Desde el PP, su vicesecretaria, Alma Ezcurra, indicó que la tragedia es atribuible a "años de mala gestión" y cuestionó el silencio del Gobierno ante el sufrimiento de las víctimas. Además, mostró su descontento con la difusión en medios de las conversaciones de los maquinistas y advirtió que el sistema de seguridad no debe permitir que un error humano lleve a tragedias de esta magnitud.
En este clima de tensión política, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la continuidad de Puente, lo que ha generado mayores críticas dentro y fuera del PSOE, considerando que el ministro debería asumir responsabilidades en este delicado contexto.
Así, la situación continúa desarrollándose con la mirada atenta tanto al desenlace de las investigaciones como a la respuesta política del Gobierno frente a una crisis que amenaza con cambiar el rumbo electoral en las próximas semanas.
La presión para que Puente dimita proviene no solo de la oposición, compuesta por el Partido Popular (PP) y Vox, sino también de sus socios de gobierno, incluyendo a Podemos y el BNG. Varios líderes de estas formaciones han señalado que Puente tiene una responsabilidad política que no puede eludir, a pesar de que él ha rechazado la idea de dejar su cargo. La coordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, declaró que Puente "debe dimitir porque la gente necesita que alguien asuma la responsabilidad política".
En un contexto electoral complejo, donde las elecciones generales se celebrarán en un mes, el PSOE ha visto cómo su agenda de campaña optimista se ha convertido en un duelo por las víctimas del accidente. Dirigentes socialistas han hablado de un ambiente de desánimo y preocupación ante la posibilidad de un impacto negativo en los resultados electorales. En este sentido, algunos ya expresan que la campaña electoral ha quedado comprometida por la tragedia.
Mientras tanto, el Gobierno ha anunciado que el martes se aprobará un real decreto con ayudas para los afectados por el accidente. Las indemnizaciones serán similares a las dispuestas tras el anterior accidente de Adamuz, que ya incluyó compensaciones directas de aproximadamente 210.000 euros por fallecido. Las familias de las víctimas de Urda tendrán derecho a un pago mínimo de 72.000 euros, según han confirmado fuentes gubernamentales.
Óscar Puente se prepara para presentar un informe en el Consejo de Ministros, donde también se abordarán estas ayudas y su plan para recuperar la confianza en el sistema ferroviario tras la crisis de seguridad evidenciada por estos accidentes. La presión se intensifica además porque han sido varios los partidos que han confirmado su intención de personarse en la causa judicial que investiga el accidente. El PP y Vox han anunciado que actuarán como acusación popular para exigir aclaraciones y responsabilidades de lo ocurrido.
Desde el PP, su vicesecretaria, Alma Ezcurra, indicó que la tragedia es atribuible a "años de mala gestión" y cuestionó el silencio del Gobierno ante el sufrimiento de las víctimas. Además, mostró su descontento con la difusión en medios de las conversaciones de los maquinistas y advirtió que el sistema de seguridad no debe permitir que un error humano lleve a tragedias de esta magnitud.
En este clima de tensión política, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la continuidad de Puente, lo que ha generado mayores críticas dentro y fuera del PSOE, considerando que el ministro debería asumir responsabilidades en este delicado contexto.
Así, la situación continúa desarrollándose con la mirada atenta tanto al desenlace de las investigaciones como a la respuesta política del Gobierno frente a una crisis que amenaza con cambiar el rumbo electoral en las próximas semanas.