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Desalojo de acampadas por la vivienda en Lisboa y Oporto deja trece detenidos y heridos
Las intervenciones policiales han generado críticas y un pedido de explicaciones al Gobierno.
Publicado: 1 de noviembre de 2026, 19:33
En la madrugada del domingo, la Policía de Seguridad Pública (PSP) de Portugal desaloja acampadas por el derecho a la vivienda en Lisboa y Oporto, resultando en trece detenidos y varios heridos. Esta acción se llevó a cabo simultáneamente en la plaza del Rossio, en Lisboa, y en la plaza João I, en Oporto, donde los participantes habían instalado tiendas tras manifestaciones que tuvieron lugar el sábado.
Conforme al balance ofrecido por la policía, seis de los detenidos fueron arrestados en Lisboa y siete en Oporto, todos acusados de desobedecer órdenes de dispersión. Durante las intervenciones, trece agentes resultaron heridos, con ocho de ellos necesitando atención hospitalaria, todos en Oporto. Los organizadores de la acampada también informaron de varios heridos entre los manifestantes, aunque un balance consolidado no estaba disponible esa mañana; en Lisboa se registraron al menos seis heridos.
Los siete detenidos en Oporto han quedado en libertad bajo condición de comparecer ante un tribunal el lunes. La defensa de los manifestantes anunció su intención de presentar una denuncia penal contra el ministro de Administración Interna, Luis Neves, y el director de la PSP, Pedro Moura. Estas acciones provocaron que el presidente de la República, António José Seguro, exigiera una explicación al Gobierno sobre la intervención policial.
La PSP justificó su actuación afirmando que se estaba restableciendo la legalidad en espacios públicos ocupados sin autorización, señalando también que algunos manifestantes lanzaron objetos como botellas, pintura y material pirotécnico hacia los agentes. Sin embargo, un abogado de los detenidos consideró que la respuesta policial fue desproporcionada, tanto en número de efectivos como en la forma de actuar.
Durante la desalojo, se reportó que un cámara de televisión recibió golpes por parte de la policía, lo que ha generado mayor atención mediática y crítica pública. Antes del desalojo, se había realizado una marcha en Lisboa que reunió a más de un millar de personas clamando por soluciones a la crisis habitacional del país. Este evento transcurrió en un ambiente festivo y sin incidentes, con los manifestantes pidiendo la retirada de una reforma gubernamental sobre la legislación de alquileres.
Las acampadas han sido parte de una protesta más amplia contra las crecientes dificultades de acceso a la vivienda en Portugal y se han llevado a cabo de manera intermitente durante las últimas tres semanas. Las reivindicaciones incluyen la oposición a desahucios sin alternativa, límites a los alquileres y la necesidad de aumentar el parque de vivienda pública. A pesar de la presión social, el primer ministro, Luís Montenegro, ha descartado retirar la reforma, aunque ha indicado que podría haber modificaciones antes de su definitiva votación.
Las intervenciones de la policía han desencadenado un intenso debate sobre la respuesta del Gobierno a las movilizaciones por la vivienda, un tema que ha cobrado cada vez más relevancia en el contexto político del país.
Conforme al balance ofrecido por la policía, seis de los detenidos fueron arrestados en Lisboa y siete en Oporto, todos acusados de desobedecer órdenes de dispersión. Durante las intervenciones, trece agentes resultaron heridos, con ocho de ellos necesitando atención hospitalaria, todos en Oporto. Los organizadores de la acampada también informaron de varios heridos entre los manifestantes, aunque un balance consolidado no estaba disponible esa mañana; en Lisboa se registraron al menos seis heridos.
Los siete detenidos en Oporto han quedado en libertad bajo condición de comparecer ante un tribunal el lunes. La defensa de los manifestantes anunció su intención de presentar una denuncia penal contra el ministro de Administración Interna, Luis Neves, y el director de la PSP, Pedro Moura. Estas acciones provocaron que el presidente de la República, António José Seguro, exigiera una explicación al Gobierno sobre la intervención policial.
La PSP justificó su actuación afirmando que se estaba restableciendo la legalidad en espacios públicos ocupados sin autorización, señalando también que algunos manifestantes lanzaron objetos como botellas, pintura y material pirotécnico hacia los agentes. Sin embargo, un abogado de los detenidos consideró que la respuesta policial fue desproporcionada, tanto en número de efectivos como en la forma de actuar.
Durante la desalojo, se reportó que un cámara de televisión recibió golpes por parte de la policía, lo que ha generado mayor atención mediática y crítica pública. Antes del desalojo, se había realizado una marcha en Lisboa que reunió a más de un millar de personas clamando por soluciones a la crisis habitacional del país. Este evento transcurrió en un ambiente festivo y sin incidentes, con los manifestantes pidiendo la retirada de una reforma gubernamental sobre la legislación de alquileres.
Las acampadas han sido parte de una protesta más amplia contra las crecientes dificultades de acceso a la vivienda en Portugal y se han llevado a cabo de manera intermitente durante las últimas tres semanas. Las reivindicaciones incluyen la oposición a desahucios sin alternativa, límites a los alquileres y la necesidad de aumentar el parque de vivienda pública. A pesar de la presión social, el primer ministro, Luís Montenegro, ha descartado retirar la reforma, aunque ha indicado que podría haber modificaciones antes de su definitiva votación.
Las intervenciones de la policía han desencadenado un intenso debate sobre la respuesta del Gobierno a las movilizaciones por la vivienda, un tema que ha cobrado cada vez más relevancia en el contexto político del país.