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Diecisiete pescadores ecuatorianos demandan a Estados Unidos por un ataque con drones

La demanda reclama una indemnización por el bombardeo de su barco y su posterior detención; el Pentágono y el Comando Sur niegan su participación.

Publicado: 18 de noviembre de 2026, 08:14

Diecisiete pescadores ecuatorianos han presentado una demanda ante una corte federal de Pensilvania contra el Gobierno de Donald Trump, al que acusan de atacar su embarcación con drones militares y de secuestrarlos y torturarlos después. Los hechos denunciados ocurrieron el 17 de marzo, cuando regresaban a Manta, en Ecuador, tras dos semanas de pesca frente a las islas Galápagos.

La acción judicial, presentada el lunes 16 de noviembre, reclama una indemnización por las lesiones y la pérdida de la embarcación, de la que dependía el sustento de los tripulantes. También pide al tribunal que ordene al Gobierno estadounidense poner fin a los ataques en el Caribe y el Pacífico. La demanda acusa al Gobierno de detención ilegal, agresión, lesiones, destrucción de la propiedad y de haber causado intencionadamente angustia emocional.

Según el escrito, el pesquero Negra Francisca Duarte II fue interceptado antes del ataque por la Armada ecuatoriana, que lo inspeccionó durante unas tres horas y permitió que continuara su ruta. La demanda sostiene que después dos drones armados lanzaron bombas que incendiaron la embarcación. Los pescadores Jordy Alexander Flores y Leonel Alberto Pilay sufrieron heridas graves, con quemaduras en piernas, brazos y espalda.

La tripulación saltó al agua y alcanzó unos botes de emergencia, con los que llegó hasta un barco azul. Allí, según la denuncia, había personas armadas que hablaban inglés; algunas vestían uniformes de camuflaje con la bandera estadounidense y otras llevaban chalecos salvavidas identificados con las palabras «US Coast Guard».

Flores recibió atención médica, mientras que al resto de los pescadores les ataron las manos y les cubrieron la cabeza con una bolsa negra, sostiene la demanda. Flores afirma que, mientras era atendido, varios tripulantes le dijeron a través de un traductor que ellos habían atacado el pesquero. Los demandantes fueron trasladados posteriormente a El Salvador y permanecieron privados de libertad hasta finales de marzo.

El abogado estadounidense Daniel M. Kovalik, que representa a los pescadores junto al ecuatoriano Jorge Chiriboga Dávalos, aseguró en una rueda de prensa virtual que dispone de pruebas que apuntan a la participación directa de Estados Unidos. También afirmó que ninguno de los tripulantes pertenecía a grupos de narcotráfico o terrorismo ni estaba vinculado a ellos. La demanda sostiene que todos sufren un trauma psicológico severo y atraviesan dificultades económicas tras la destrucción del barco.

El Pentágono y el Comando Sur estadounidense han negado estar implicados en el ataque concreto contra el pesquero. La demanda lo vincula con la Operación Lanza del Sur, campaña de ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que, según la organización WOLA, ha dejado al menos 227 muertos. Estados Unidos sostiene que la operación combate el narcoterrorismo y el Pentágono ha defendido los ataques como una protección de sus intereses nacionales.

Human Rights Watch ha señalado que entre enero y marzo de este año al menos tres embarcaciones habrían sido atacadas presuntamente por fuerzas estadounidenses y que una de ellas sigue desaparecida. La organización también indicó que, de 160 pescadores interceptados entre agosto y septiembre, 110 fueron liberados sin cargos y otros 50 esperan juicio.

Hay otras demandas por presuntas acciones militares contra embarcaciones civiles. En octubre, familiares de dos hombres de Trinidad y Tobago muertos en un ataque con misil frente a las costas de la isla demandaron al Gobierno estadounidense en Massachusetts. Kovalik también presentó una demanda por un ataque que presuntamente mató a un pescador colombiano el año anterior.

El caso vuelve a poner en el centro del debate la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos contra organizaciones transnacionales vinculadas al narcotráfico. El Gobierno de Noboa ha desmentido en los últimos días las versiones de organizaciones que afirman que Washington utiliza la base militar de Taura para sus operaciones. Quito sostiene que los acuerdos vigentes permiten tareas conjuntas, incrementadas en las últimas semanas, y la permanencia de militares estadounidenses en Ecuador hasta 180 días sin visado y con inmunidad migratoria. Un año antes, los ecuatorianos rechazaron en referéndum una propuesta para instalar bases militares extranjeras en el país.