EconomíaContrastada con 4 fuentes
Orientación de los medios consultados
Medios progresistas 53%Medios conservadores 47%
El Congreso convalida decretos sobre viudedad, familias y atención a la dependencia
Las medidas incluyen bajas especiales por menopausia y violencia de género, un título para familias monoparentales y financiación estatal para la dependencia en 2027.
Publicado: 19 de noviembre de 2026, 07:57
La Diputación Permanente del Congreso convalidó este miércoles siete decretos leyes aprobados por el Gobierno durante la campaña electoral. Entre ellos figuran normas que amplían el acceso a la pensión de viudedad, crean nuevas bajas laborales, reconocen a las familias monoparentales y refuerzan la financiación del sistema de dependencia.
El decreto de la Seguridad Social, aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de octubre, salió adelante con el apoyo de todos los grupos de la Diputación Permanente salvo Vox. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió que las medidas buscan reforzar la protección y corregir lagunas normativas.
La portavoz del PP, María Mercedes Fernández, criticó que se reforme la Ley General de la Seguridad Social al margen del Pacto de Toledo y cuestionó el recurso del Gobierno al decreto ley. Por Vox, Ricardo Chamorro afirmó que compartía algunas medidas, pero rechazaba otras y defendió la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales.
Viudedad y otras prestaciones
La norma extiende la pensión de viudedad a parejas de hecho con hijos en común que acrediten al menos dos años de convivencia, aunque no estén registradas. También establece un plazo de un año para que soliciten la prestación quienes perdieron a su pareja antes del cambio legal, siempre que cumplan los requisitos.
Hasta ahora podían acceder a la pensión, bajo determinadas condiciones, quienes hubieran mantenido con la persona fallecida un vínculo matrimonial o una pareja de hecho, así como personas separadas que no se hubieran casado de nuevo ni constituido otra unión de hecho.
Respecto a la persona fallecida, se exige que estuviera dada de alta en el régimen general o en una situación asimilada; si no lo estaba, debe acreditar un mínimo de 15 años cotizados. No se exige periodo mínimo de cotización cuando la muerte se debe a un accidente, laboral o no, o a una enfermedad profesional. También pueden dar derecho a la prestación, entre otros supuestos, quienes percibían una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente o tenían derecho a ella.
La pensión equivale con carácter general al 52% de la base reguladora, aunque puede alcanzar el 60% en determinados casos y el 70% si existen cargas familiares y bajos ingresos. Si hay varias personas beneficiarias tras una separación o divorcio, se calcula proporcionalmente al tiempo de convivencia y se garantiza el 40% al cónyuge o pareja de hecho superviviente con derecho. Existen cuantías mínimas legales y la prestación se revaloriza anualmente.
La pensión es compatible con las rentas del trabajo y con una pensión de jubilación o incapacidad permanente. En general, no pueden combinarse dos pensiones de viudedad, salvo que las cotizaciones a los dos regímenes se hayan superpuesto al menos durante 15 años. En España la perciben más de 2,3 millones de personas y su cuantía media fue de 975,7 euros mensuales en julio, según los datos citados de la Seguridad Social.
El decreto crea situaciones especiales de incapacidad temporal para mujeres con patologías incapacitantes asociadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género cuyas lesiones les impidan trabajar. En ambos casos, la prestación se cobrará desde el día siguiente a la baja, sin periodo mínimo de cotización y con una cobertura superior a la de una baja por enfermedad común.
También establece una incapacidad temporal específica para asalariados y autónomos afectados por catástrofes, con el mismo tratamiento que una baja por accidente laboral. La prestación por cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave, conocida como CUME, podrá ser percibida simultánea o alternativamente por ambos progenitores. En determinados supuestos, la protección alcanzará a personas cuidadas de más de 26 años, si tienen reconocida dependencia de grado III o una discapacidad igual o superior al 65%.
La norma amplía la prestación de orfandad cuando la madre haya fallecido por violencia contra la mujer e incrementa las pensiones extraordinarias por terrorismo. Sobre la cuantía de la primera existe una discrepancia: ABC indica que será equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI), mientras que 20 Minutos sostiene que, al igual que las pensiones extraordinarias por terrorismo, no podrá ser inferior a dos salarios mínimos, 2.442 euros en 2026.
Asimismo, se amplía a 19 semanas el subsidio por nacimiento y cuidado de menor para trabajadores del Régimen Especial del Mar, como ya ocurre en el Régimen General.
Familias monoparentales y numerosas
Otro de los decretos crea un título oficial para las familias monoparentales, integradas por una sola persona progenitora y sus hijos, con acceso prioritario a determinadas ayudas y medidas de conciliación. Según el Ministerio de Derechos Sociales, más del 80% de estos hogares están encabezados por mujeres.
La norma prevé revisar los requisitos y umbrales de renta de ayudas vinculadas al nacimiento, cuidado y crianza, y adaptar el ingreso mínimo vital para evitar discriminaciones. También contempla trato preferente en becas, formación e inserción laboral, horarios formativos compatibles con el cuidado de menores, bonificaciones y exenciones en transporte y en actividades culturales, deportivas y de ocio.
Se presta especial atención a hogares vulnerables, en particular a madres víctimas de violencia de género o sexual y a familias monoparentales con hijos que tengan reconocida una dependencia de grado III. Entre los ejemplos de beneficios fiscales figura una deducción de 100 euros mensuales para una madre sola con dos hijos menores e ingresos netos anuales de 24.000 euros.
Las familias monoparentales con dos hijos podrán acceder a los beneficios de familia numerosa, al igual que los hogares con dos hijos en los que uno de los progenitores tenga una discapacidad de al menos el 33%. La categoría especial de familia numerosa pasa a reconocerse con cuatro hijos, frente a los cinco exigidos con carácter general hasta ahora.
También podrán acceder a esa categoría las familias con tres hijos cuya renta anual por miembro no supere el 150% del IPREM. Según los cálculos del ministerio, el umbral equivale a unos ingresos familiares inferiores a 63.000 euros anuales, incluidas las pagas extraordinarias. Una familia con tres hijos e ingresos netos de 36.000 euros podrá deducirse 1.200 euros al año con esa consideración.
El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que anticipa cantidades ante el incumplimiento de obligaciones económicas hacia los hijos, eleva de 100 a 300 euros mensuales el anticipo máximo por beneficiario. Su protección se extenderá a mayores de edad con discapacidad de al menos el 65% o dependencia reconocida. Además, se agilizarán los trámites urgentes en situaciones de especial vulnerabilidad económica o cuando la solicitante sea víctima de violencia de género.
Financiación y servicios de dependencia
Un segundo decreto del Ministerio de Derechos Sociales habilita recursos para que la aportación estatal al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia alcance los 7.240 millones de euros en 2027, sumando los niveles mínimo y acordado de financiación. Según el ministerio, la cifra supone un aumento del 124% respecto a 2023 y permitirá que el Estado asuma el 50% de la financiación total del sistema.
La norma fija cuantías mensuales mínimas de protección de 90 euros para la dependencia moderada, 260 para la severa y 660 para la gran dependencia. También adapta servicios y prestaciones a la reforma de la ley de dependencia aprobada este año.
La teleasistencia se extenderá a todas las personas con dependencia reconocida, sea cual sea su grado, durante las 24 horas de los 365 días del año y será compatible con las demás prestaciones. La ayuda a domicilio incluirá apoyos en el entorno comunitario y varias personas podrán compartir determinados servicios, siempre que ello no reduzca la intensidad asistencial que corresponde a cada una.
El decreto de la Seguridad Social, aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de octubre, salió adelante con el apoyo de todos los grupos de la Diputación Permanente salvo Vox. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió que las medidas buscan reforzar la protección y corregir lagunas normativas.
La portavoz del PP, María Mercedes Fernández, criticó que se reforme la Ley General de la Seguridad Social al margen del Pacto de Toledo y cuestionó el recurso del Gobierno al decreto ley. Por Vox, Ricardo Chamorro afirmó que compartía algunas medidas, pero rechazaba otras y defendió la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales.
Viudedad y otras prestaciones
La norma extiende la pensión de viudedad a parejas de hecho con hijos en común que acrediten al menos dos años de convivencia, aunque no estén registradas. También establece un plazo de un año para que soliciten la prestación quienes perdieron a su pareja antes del cambio legal, siempre que cumplan los requisitos.
Hasta ahora podían acceder a la pensión, bajo determinadas condiciones, quienes hubieran mantenido con la persona fallecida un vínculo matrimonial o una pareja de hecho, así como personas separadas que no se hubieran casado de nuevo ni constituido otra unión de hecho.
Respecto a la persona fallecida, se exige que estuviera dada de alta en el régimen general o en una situación asimilada; si no lo estaba, debe acreditar un mínimo de 15 años cotizados. No se exige periodo mínimo de cotización cuando la muerte se debe a un accidente, laboral o no, o a una enfermedad profesional. También pueden dar derecho a la prestación, entre otros supuestos, quienes percibían una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente o tenían derecho a ella.
La pensión equivale con carácter general al 52% de la base reguladora, aunque puede alcanzar el 60% en determinados casos y el 70% si existen cargas familiares y bajos ingresos. Si hay varias personas beneficiarias tras una separación o divorcio, se calcula proporcionalmente al tiempo de convivencia y se garantiza el 40% al cónyuge o pareja de hecho superviviente con derecho. Existen cuantías mínimas legales y la prestación se revaloriza anualmente.
La pensión es compatible con las rentas del trabajo y con una pensión de jubilación o incapacidad permanente. En general, no pueden combinarse dos pensiones de viudedad, salvo que las cotizaciones a los dos regímenes se hayan superpuesto al menos durante 15 años. En España la perciben más de 2,3 millones de personas y su cuantía media fue de 975,7 euros mensuales en julio, según los datos citados de la Seguridad Social.
El decreto crea situaciones especiales de incapacidad temporal para mujeres con patologías incapacitantes asociadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género cuyas lesiones les impidan trabajar. En ambos casos, la prestación se cobrará desde el día siguiente a la baja, sin periodo mínimo de cotización y con una cobertura superior a la de una baja por enfermedad común.
También establece una incapacidad temporal específica para asalariados y autónomos afectados por catástrofes, con el mismo tratamiento que una baja por accidente laboral. La prestación por cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave, conocida como CUME, podrá ser percibida simultánea o alternativamente por ambos progenitores. En determinados supuestos, la protección alcanzará a personas cuidadas de más de 26 años, si tienen reconocida dependencia de grado III o una discapacidad igual o superior al 65%.
La norma amplía la prestación de orfandad cuando la madre haya fallecido por violencia contra la mujer e incrementa las pensiones extraordinarias por terrorismo. Sobre la cuantía de la primera existe una discrepancia: ABC indica que será equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI), mientras que 20 Minutos sostiene que, al igual que las pensiones extraordinarias por terrorismo, no podrá ser inferior a dos salarios mínimos, 2.442 euros en 2026.
Asimismo, se amplía a 19 semanas el subsidio por nacimiento y cuidado de menor para trabajadores del Régimen Especial del Mar, como ya ocurre en el Régimen General.
Familias monoparentales y numerosas
Otro de los decretos crea un título oficial para las familias monoparentales, integradas por una sola persona progenitora y sus hijos, con acceso prioritario a determinadas ayudas y medidas de conciliación. Según el Ministerio de Derechos Sociales, más del 80% de estos hogares están encabezados por mujeres.
La norma prevé revisar los requisitos y umbrales de renta de ayudas vinculadas al nacimiento, cuidado y crianza, y adaptar el ingreso mínimo vital para evitar discriminaciones. También contempla trato preferente en becas, formación e inserción laboral, horarios formativos compatibles con el cuidado de menores, bonificaciones y exenciones en transporte y en actividades culturales, deportivas y de ocio.
Se presta especial atención a hogares vulnerables, en particular a madres víctimas de violencia de género o sexual y a familias monoparentales con hijos que tengan reconocida una dependencia de grado III. Entre los ejemplos de beneficios fiscales figura una deducción de 100 euros mensuales para una madre sola con dos hijos menores e ingresos netos anuales de 24.000 euros.
Las familias monoparentales con dos hijos podrán acceder a los beneficios de familia numerosa, al igual que los hogares con dos hijos en los que uno de los progenitores tenga una discapacidad de al menos el 33%. La categoría especial de familia numerosa pasa a reconocerse con cuatro hijos, frente a los cinco exigidos con carácter general hasta ahora.
También podrán acceder a esa categoría las familias con tres hijos cuya renta anual por miembro no supere el 150% del IPREM. Según los cálculos del ministerio, el umbral equivale a unos ingresos familiares inferiores a 63.000 euros anuales, incluidas las pagas extraordinarias. Una familia con tres hijos e ingresos netos de 36.000 euros podrá deducirse 1.200 euros al año con esa consideración.
El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que anticipa cantidades ante el incumplimiento de obligaciones económicas hacia los hijos, eleva de 100 a 300 euros mensuales el anticipo máximo por beneficiario. Su protección se extenderá a mayores de edad con discapacidad de al menos el 65% o dependencia reconocida. Además, se agilizarán los trámites urgentes en situaciones de especial vulnerabilidad económica o cuando la solicitante sea víctima de violencia de género.
Financiación y servicios de dependencia
Un segundo decreto del Ministerio de Derechos Sociales habilita recursos para que la aportación estatal al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia alcance los 7.240 millones de euros en 2027, sumando los niveles mínimo y acordado de financiación. Según el ministerio, la cifra supone un aumento del 124% respecto a 2023 y permitirá que el Estado asuma el 50% de la financiación total del sistema.
La norma fija cuantías mensuales mínimas de protección de 90 euros para la dependencia moderada, 260 para la severa y 660 para la gran dependencia. También adapta servicios y prestaciones a la reforma de la ley de dependencia aprobada este año.
La teleasistencia se extenderá a todas las personas con dependencia reconocida, sea cual sea su grado, durante las 24 horas de los 365 días del año y será compatible con las demás prestaciones. La ayuda a domicilio incluirá apoyos en el entorno comunitario y varias personas podrán compartir determinados servicios, siempre que ello no reduzca la intensidad asistencial que corresponde a cada una.