EconomíaContrastada con 15 fuentes
Progresista 54.3%Conservador 45.7%
El Gobierno obliga a almacenar el 12% del aceite de oliva desde noviembre
La retirada temporal afecta a unas 188.000 toneladas y se mantendrá hasta el 30 de septiembre de 2027.
Publicado: 6 de noviembre de 2026, 15:41
El Ministerio de Agricultura ha activado por primera vez el mecanismo de retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado. La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado este viernes 6 de noviembre, obliga a las almazaras a almacenar el 12% de la producción que declaren mensualmente, en instalaciones propias o ajenas. La medida se aplicará a la producción declarada desde noviembre —no a la de octubre— y el aceite deberá permanecer almacenado hasta el 30 de septiembre de 2027. En conjunto, se calcula que quedarán temporalmente fuera del mercado unas 188.000 toneladas.
El Ministerio justifica la decisión por el volumen de existencias iniciales y las previsiones de cosecha, y afirma que busca prevenir distorsiones y estabilizar el mercado. Las comunidades autónomas estiman que la producción de la campaña 2026/2027 alcanzará 1.602.596 toneladas, un 23% más que la anterior —un 22,7% según otra estimación— y la cuarta mayor del registro histórico. Agricultura atribuye el aumento a las temperaturas suaves y las lluvias abundantes de la pasada primavera, que favorecieron la floración y el cuajado del fruto en las principales zonas olivareras.
A esa previsión se añaden 357.040 toneladas de existencias iniciales, un 23,3% más que en la campaña precedente, según los datos de los operadores recogidos por el Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO) y publicados por el Ministerio el 28 de octubre. La disponibilidad resultante se aproxima a 1,96 millones de toneladas. La resolución señala que se cumple el umbral técnico para activar el mecanismo: la suma de la producción prevista y las existencias de enlace alcanza el 120% de la producción media de las seis campañas anteriores. La Vanguardia cifra en 1,84 millones de toneladas el umbral para esta campaña.
Hay una diferencia en la descripción de ese criterio: ara indica que la comparación se hace con la media de los dos ejercicios de mayor comercialización de las seis últimas campañas, mientras que, por ejemplo, 20 Minutos y EFE la describen como el 120% de la producción media de las seis campañas anteriores.
La retirada se aplicará progresivamente según las declaraciones mensuales de cada almazara. Los productores podrán elegir libremente qué categoría de aceite almacenan y utilizar depósitos propios o de terceros. La norma exige que el producto quede identificado y sujeto a trazabilidad y control administrativo. La producción mensual y las existencias finales deberán declararse por los cauces habituales del SIMO, conforme al Real Decreto 861/2018. Los operadores tendrán que aportar la documentación requerida y facilitar inspecciones sobre el terreno.
Un grupo técnico coordinado por el Ministerio aprobará el plan de control, que ejecutarán las comunidades autónomas dentro de sus competencias. La resolución podrá modificarse a partir del 31 de diciembre de 2026, en función de la evolución de la producción. La medida no contempla una compensación económica de la Administración a los productores.
El mecanismo está previsto en la normativa de comercialización y se apoya en el Reglamento europeo 1308/2013, cuyo artículo 167 bis permite establecer normas para regular la oferta de aceite de oliva. La resolución desarrolla la orden ministerial de comercialización publicada a finales de octubre. El mecanismo ya figuraba en la normativa de la campaña 2025/2026, pero no llegó a aplicarse entonces porque no se dieron las condiciones de sobreoferta. La regulación establece un máximo de retirada del 20% de la producción estimada; el porcentaje fijado ahora es del 12%.
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias habían reclamado la activación de la medida y expresaron su satisfacción. El ministro Luis Planas sostuvo que el almacenamiento contribuirá a ordenar el mercado y será una garantía para la retribución de los olivicultores. También lo calificó de medida extraordinaria y temporal, compatible con la normativa europea. El sector productor venía alertando del descenso de las cotizaciones y del aumento de los costes: COAG cifró en 4,70 euros por kilo el coste de producción en olivar tradicional y en 5,30 euros en olivar de sierra, un 57% más que en 2020 por el encarecimiento del gasóleo y los fertilizantes.
Los precios en origen citados por distintas fuentes reflejan ese descenso, aunque corresponden a indicadores y unidades diferentes. Poolred registró una caída del 6% en el último mes; el Observatorio de Infaoliva situó el precio medio del virgen extra en 3,2 euros por litro y el del virgen en 2,8 euros. Otras referencias del sector situaron el virgen extra en torno a los tres euros por kilo, frente a los cinco euros que se señalan como referencia para cubrir los costes. En la semana 41, el virgen extra se pagaba en España a 331,86 euros por cada 100 kilos, un 22% menos que en la misma semana de 2025 y un 4,37% menos que cuatro semanas antes; el aceite virgen cotizaba a 306,99 euros por cada 100 kilos.
La decisión no cuenta con el respaldo de toda la cadena. Las patronales de industriales y envasadores Anierac, Asoliva e Infaoliva sostienen que la retirada puede perjudicar la competitividad y reclaman abordar de forma estructural la producción y la comercialización. La industria también ha anunciado que recurrirá la norma. Unió de Pagesos, cuyo responsable del sector aceitero, Jordi Pascual, había alertado de que los precios eran inasumibles para muchas explotaciones, se opuso a la medida y cuestionó que se inmovilice aceite que podía destinarse a la exportación.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia expresó reservas en un informe publicado en octubre, fechado el 5 de ese mes según una de las informaciones. El organismo planteó posibles efectos sobre los precios, la variedad de productos y los incentivos para mejorar la calidad, y recomendó reforzar la justificación con datos de demanda y flujos comerciales y precisar cómo se calcula el porcentaje de retirada. También advirtió de posibles cambios en las diferencias de cotización entre categorías. Agricultura defiende que la medida no provocará desabastecimiento ni encarecimientos artificiales y que el aceite volverá al mercado al terminar el periodo de almacenamiento.
Las organizaciones de consumidores también criticaron la decisión. Facua la calificó de «escandalosa» y su portavoz, Rubén Sánchez, reprochó al Gobierno su actuación cuando los precios al consumidor estaban disparados. La OCU, por medio de su portavoz Enrique García, dijo ser crítica con la medida y señaló que, según sus datos, el aceite seguía entre un 45% y un 48% más caro que en las cosechas de 2020 y 2021.
Entre los antecedentes citados por el sector figuran las importaciones de 95.000 toneladas procedentes de terceros países, entre ellas 70.000 de Túnez y 19.000 de Marruecos bajo cupos europeos libres de aranceles, que el sector denunció que saturaban el almacenamiento interno y acentuaban el desplome. También hubo una tractorada en Madrid el 28 de octubre. En un contexto anterior de sequía, hace tres años se cosechó alrededor de un millón de toneladas de aceitunas y el precio del litro de aceite llegó a diez euros; ara señala que la mayoría de las botellas de un litro de aceite de oliva en los supermercados todavía rondan ese importe y plantea como posible explicación que sigan vendiéndose botellas compradas a un precio alto en años anteriores.
El Ministerio justifica la decisión por el volumen de existencias iniciales y las previsiones de cosecha, y afirma que busca prevenir distorsiones y estabilizar el mercado. Las comunidades autónomas estiman que la producción de la campaña 2026/2027 alcanzará 1.602.596 toneladas, un 23% más que la anterior —un 22,7% según otra estimación— y la cuarta mayor del registro histórico. Agricultura atribuye el aumento a las temperaturas suaves y las lluvias abundantes de la pasada primavera, que favorecieron la floración y el cuajado del fruto en las principales zonas olivareras.
A esa previsión se añaden 357.040 toneladas de existencias iniciales, un 23,3% más que en la campaña precedente, según los datos de los operadores recogidos por el Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO) y publicados por el Ministerio el 28 de octubre. La disponibilidad resultante se aproxima a 1,96 millones de toneladas. La resolución señala que se cumple el umbral técnico para activar el mecanismo: la suma de la producción prevista y las existencias de enlace alcanza el 120% de la producción media de las seis campañas anteriores. La Vanguardia cifra en 1,84 millones de toneladas el umbral para esta campaña.
Hay una diferencia en la descripción de ese criterio: ara indica que la comparación se hace con la media de los dos ejercicios de mayor comercialización de las seis últimas campañas, mientras que, por ejemplo, 20 Minutos y EFE la describen como el 120% de la producción media de las seis campañas anteriores.
La retirada se aplicará progresivamente según las declaraciones mensuales de cada almazara. Los productores podrán elegir libremente qué categoría de aceite almacenan y utilizar depósitos propios o de terceros. La norma exige que el producto quede identificado y sujeto a trazabilidad y control administrativo. La producción mensual y las existencias finales deberán declararse por los cauces habituales del SIMO, conforme al Real Decreto 861/2018. Los operadores tendrán que aportar la documentación requerida y facilitar inspecciones sobre el terreno.
Un grupo técnico coordinado por el Ministerio aprobará el plan de control, que ejecutarán las comunidades autónomas dentro de sus competencias. La resolución podrá modificarse a partir del 31 de diciembre de 2026, en función de la evolución de la producción. La medida no contempla una compensación económica de la Administración a los productores.
El mecanismo está previsto en la normativa de comercialización y se apoya en el Reglamento europeo 1308/2013, cuyo artículo 167 bis permite establecer normas para regular la oferta de aceite de oliva. La resolución desarrolla la orden ministerial de comercialización publicada a finales de octubre. El mecanismo ya figuraba en la normativa de la campaña 2025/2026, pero no llegó a aplicarse entonces porque no se dieron las condiciones de sobreoferta. La regulación establece un máximo de retirada del 20% de la producción estimada; el porcentaje fijado ahora es del 12%.
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias habían reclamado la activación de la medida y expresaron su satisfacción. El ministro Luis Planas sostuvo que el almacenamiento contribuirá a ordenar el mercado y será una garantía para la retribución de los olivicultores. También lo calificó de medida extraordinaria y temporal, compatible con la normativa europea. El sector productor venía alertando del descenso de las cotizaciones y del aumento de los costes: COAG cifró en 4,70 euros por kilo el coste de producción en olivar tradicional y en 5,30 euros en olivar de sierra, un 57% más que en 2020 por el encarecimiento del gasóleo y los fertilizantes.
Los precios en origen citados por distintas fuentes reflejan ese descenso, aunque corresponden a indicadores y unidades diferentes. Poolred registró una caída del 6% en el último mes; el Observatorio de Infaoliva situó el precio medio del virgen extra en 3,2 euros por litro y el del virgen en 2,8 euros. Otras referencias del sector situaron el virgen extra en torno a los tres euros por kilo, frente a los cinco euros que se señalan como referencia para cubrir los costes. En la semana 41, el virgen extra se pagaba en España a 331,86 euros por cada 100 kilos, un 22% menos que en la misma semana de 2025 y un 4,37% menos que cuatro semanas antes; el aceite virgen cotizaba a 306,99 euros por cada 100 kilos.
La decisión no cuenta con el respaldo de toda la cadena. Las patronales de industriales y envasadores Anierac, Asoliva e Infaoliva sostienen que la retirada puede perjudicar la competitividad y reclaman abordar de forma estructural la producción y la comercialización. La industria también ha anunciado que recurrirá la norma. Unió de Pagesos, cuyo responsable del sector aceitero, Jordi Pascual, había alertado de que los precios eran inasumibles para muchas explotaciones, se opuso a la medida y cuestionó que se inmovilice aceite que podía destinarse a la exportación.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia expresó reservas en un informe publicado en octubre, fechado el 5 de ese mes según una de las informaciones. El organismo planteó posibles efectos sobre los precios, la variedad de productos y los incentivos para mejorar la calidad, y recomendó reforzar la justificación con datos de demanda y flujos comerciales y precisar cómo se calcula el porcentaje de retirada. También advirtió de posibles cambios en las diferencias de cotización entre categorías. Agricultura defiende que la medida no provocará desabastecimiento ni encarecimientos artificiales y que el aceite volverá al mercado al terminar el periodo de almacenamiento.
Las organizaciones de consumidores también criticaron la decisión. Facua la calificó de «escandalosa» y su portavoz, Rubén Sánchez, reprochó al Gobierno su actuación cuando los precios al consumidor estaban disparados. La OCU, por medio de su portavoz Enrique García, dijo ser crítica con la medida y señaló que, según sus datos, el aceite seguía entre un 45% y un 48% más caro que en las cosechas de 2020 y 2021.
Entre los antecedentes citados por el sector figuran las importaciones de 95.000 toneladas procedentes de terceros países, entre ellas 70.000 de Túnez y 19.000 de Marruecos bajo cupos europeos libres de aranceles, que el sector denunció que saturaban el almacenamiento interno y acentuaban el desplome. También hubo una tractorada en Madrid el 28 de octubre. En un contexto anterior de sequía, hace tres años se cosechó alrededor de un millón de toneladas de aceitunas y el precio del litro de aceite llegó a diez euros; ara señala que la mayoría de las botellas de un litro de aceite de oliva en los supermercados todavía rondan ese importe y plantea como posible explicación que sigan vendiéndose botellas compradas a un precio alto en años anteriores.