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El Gobierno refuerza la seguridad ferroviaria y crea un defensor de víctimas

Las medidas llegan durante la primera jornada de huelga de maquinistas y amplían la protección laboral y la atención a los afectados por accidentes de transporte colectivo.

Publicado: 10 de noviembre de 2026, 15:50

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley para reforzar la seguridad ferroviaria y la protección social de los trabajadores del sector. La norma reconoce su derecho a detener un tren o no iniciar la marcha ante un riesgo grave e inminente, precisa el cómputo de los tiempos de conducción y amplía el acceso a la jubilación anticipada.

El Ejecutivo también ha creado, mediante un real decreto, la figura del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, que coordinará la asistencia a los afectados y sus familiares de forma permanente.

Las medidas llegan en la primera jornada de huelga de maquinistas de Renfe, convocada por el sindicato Semaf, y después de las reuniones mantenidas desde la semana pasada con el vicepresidente primero, encargado del Ministerio de Transportes, Carlos Cuerpo. Los paros han afectado a los servicios de Cercanías de Madrid y Rodalies, con un seguimiento que ha desbordado los servicios mínimos establecidos. También están convocadas huelgas el 12 y el 17 de noviembre; la de este último día se extenderá a Iryo, Ouigo y prácticamente todo el sector ferroviario.

Según Transportes, la norma busca responder a las reivindicaciones sindicales planteadas tras el accidente de Urda, en Toledo, donde murieron 69 personas hace dos semanas. El real decreto-ley deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso en un plazo de 30 días.

El texto incorpora a la Ley del Sector Ferroviario un capítulo sobre comunicación de riesgos y protección del personal. Los trabajadores podrán adoptar medidas necesarias y proporcionadas ante un riesgo grave e inminente, como detener un tren o decidir no arrancarlo, y deberán comunicarlas sin demora a los agentes correspondientes.

El personal con funciones de seguridad operacional podrá comunicar riesgos mediante canales internos o sistemas públicos que garanticen la confidencialidad. La norma prevé que no haya sanciones cuando la información se comunique previamente, se cese la conducta infractora y se colabore plenamente con la investigación. También protege frente a represalias laborales o sanciones a quienes comuniquen riesgos o actúen para preservar la seguridad, salvo en casos de actuación dolosa, mala fe o negligencia grave.

En cuanto a los tiempos de conducción, se computarán las maniobras que impliquen manejar un vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las que el maquinista siga siendo responsable del vehículo y atento a la circulación o las maniobras. También se contabilizará íntegramente cada periodo inferior a 45 minutos entre el cese de la conducción y su reanudación por el mismo maquinista, incluso si ha dejado de ser responsable del vehículo o realiza otras tareas.

Las interrupciones de 45 minutos o más también contarán como conducción cuando se produzcan durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones. En los casos excepcionales de conducción por parejas, con un maquinista habilitado para el vehículo y otro para la infraestructura, el tiempo computará simultáneamente para ambos. La norma incluye asimismo el tiempo trabajado en vías e infraestructuras distintas de la principal, incluido el manejo de maquinaria de infraestructura o vehículos de maniobras.

El decreto refuerza las facultades de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Las personas y entidades supervisadas deberán facilitar el acceso a instalaciones, trenes y equipos necesarios para las inspecciones, incluso cuando pertenezcan a otra entidad ferroviaria.

En materia de jubilación, se extiende la aplicación de coeficientes reductores al personal de empresas que operan en líneas interoperables o en la Red Ferroviaria de Interés General, para equiparar a quienes desempeñan las mismas funciones en actividades excepcionalmente penosas o peligrosas. El Gobierno revisará esos coeficientes junto a los sindicatos para estudiar la inclusión de otras categorías expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres.

CCOO considera importantes los avances, pero insuficientes, y mantiene que la huelga del 17 de noviembre es necesaria. Entre sus reivindicaciones pendientes cita la regulación de los tiempos de actividad de los responsables de circulación, la verificación cruzada en situaciones de explotación degradada, más formación y reciclaje profesional y una dotación mínima de personal a bordo.

Defensor de las víctimas

La nueva figura de Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo será estable, tendrá rango de subsecretario y dependerá del Ministerio de Transportes. Coordinará la atención desde el momento del accidente y a medio y largo plazo, también después de la retirada de los dispositivos de emergencia, para garantizar asistencia psicológica, social y jurídica continuada.

Actuará en accidentes de transporte colectivo de viajeros de titularidad o competencia estatal por ferrocarril, aviación comercial, transporte marítimo de pasaje y autobús. Su labor podrá extenderse a servicios autonómicos y locales mediante acuerdos con las administraciones competentes. La norma define como víctimas no solo a quienes fallecen, desaparecen o resultan heridos, sino también a quienes sufren daños psicológicos, sus familiares, allegados y dependientes, en la medida en que el accidente les afecte directamente.

El defensor podrá requerir información y reclamar respuestas a otros organismos. No sustituirá a ninguna institución y respetará la independencia de la autoridad de investigación técnica de accidentes, la función de los tribunales y las competencias autonómicas y municipales. Contará con una oficina de rango de dirección general, una secretaría general, una subdirección de atención a las víctimas y un gabinete técnico. Su nombramiento corresponderá al Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Transportes.

En los tres meses posteriores a su nombramiento, presentará con la participación de las asociaciones un proyecto de mejora del marco normativo de atención a las víctimas, que abordará la estructura institucional y la colaboración entre administraciones y entidades. La creación de esta figura era un compromiso con los afectados por el accidente de Adamuz, en Córdoba. Cuerpo recibe también este martes a las víctimas del accidente de Angrois de 2013.