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El juez autoriza investigar las cuentas de Zapatero, su familia y su secretaria
La UDEF ampliará la información sobre las cuentas en el marco del caso Plus Ultra.
Publicado: 29 de julio de 2026, 19:32 · actualizado: 30 de julio de 2026, 09:01
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha autorizado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a realizar una investigación exhaustiva sobre las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, así como de sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y su secretaria, María Gertrudis Alcázar. Esta decisión responde a la petición de la UDEF de la Policía Nacional y autoriza a los agentes a "ampliar la información que consideren pertinente" sobre estas cuentas bancarias. Esta medida se enmarca en el caso Plus Ultra, que investiga presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y corrupción.
El magistrado requiere a la UDEF el acceso a información de más de 60 cuentas en más de diez entidades bancarias desde el 1 de enero de 2020. La investigación busca despejar las presuntas irregularidades en el rescate del gobierno español de la aerolínea Plus Ultra, que ascendió a 53 millones de euros durante la pandemia, donde el juez sitúa a Zapatero como líder de una supuesta red de tráfico de influencias, de la cual también se habrían beneficiado económicamente.
Según los informes policiales, se ha identificado que la UDEF ha recibido datos tributarios de los investigados y que los flujos de dinero han mostrado irregularidades que justifican la necesidad de acceso a la información bancaria. En particular, las hijas de Zapatero administran una empresa llamada Whathefav, considerada como principal receptora de los fondos que, según la UDEF, provendrían del entramado societario que incluye a Julio Martínez Martínez, amigo y socio de Zapatero, quien es considerado como su testaferro.
Uno de los aspectos más destacados de la investigación es la reciente compra de una vivienda por parte de Gertrudis Alcázar, que costó 132.055 euros y fue adquirida sin hipoteca. Los pagos se realizaron a través de transferencias periódicas entre marzo de 2021 y junio de 2023. La UDEF indica que no ha encontrado operaciones que expliquen su capacidad económica para realizar tal compra, lo que ha llevado al juez a considerar necesario analizar más a fondo su patrimonio.
El juez Calama ha subrayado que Alcázar ha tenido un "rol relevante" dentro de la supuesta organización, interviniendo en las comunicaciones y la documentación del entorno de Zapatero. A pesar de que hasta el momento no se han detectado transferencias directas a ella desde el entramado investigado, su cercanía al expresidente y su participación en la logística del mismo han llevado a solicitar la ampliación del análisis sobre su situación patrimonial.
Además de las cuentas de Zapatero y su familia, la investigación incluye también las cuentas de al menos 27 sociedades vinculadas a Julio Martínez, su socio y propietario de la empresa Análisis Relevante, investigada por supuestos pagos en torno al expresidente a cambio, presuntamente, de su mediación en el rescate.
Los informes mencionan que la operativa diseñada por este entramado persigue ocultar el origen y destino de los fondos, a través de contratos de asesoría simulados utilizados para justificar los pagos a Zapatero y sus contrapartes.
La investigación en torno al caso Plus Ultra también examina los pagos recibidos por Zapatero de diferentes empresas desde el 2020 hasta el presente, que suman cifras que ascienden a cientos de miles de euros, correspondientes a supuestos servicios profesionales. Se pone especial atención a un pago vinculado a una presunta influencia en el ejercicio de actividades ante autoridades de varios países, lo que podría agravar la situación de los implicados. El avance en esta investigación está generando un alto impacto mediático y judicial, dada la relevancia de los nombres involucrados y la posibilidad de que se validen las sospechas sobre una red de corrupción relacionada con el liderazgo de Zapatero.
El magistrado requiere a la UDEF el acceso a información de más de 60 cuentas en más de diez entidades bancarias desde el 1 de enero de 2020. La investigación busca despejar las presuntas irregularidades en el rescate del gobierno español de la aerolínea Plus Ultra, que ascendió a 53 millones de euros durante la pandemia, donde el juez sitúa a Zapatero como líder de una supuesta red de tráfico de influencias, de la cual también se habrían beneficiado económicamente.
Según los informes policiales, se ha identificado que la UDEF ha recibido datos tributarios de los investigados y que los flujos de dinero han mostrado irregularidades que justifican la necesidad de acceso a la información bancaria. En particular, las hijas de Zapatero administran una empresa llamada Whathefav, considerada como principal receptora de los fondos que, según la UDEF, provendrían del entramado societario que incluye a Julio Martínez Martínez, amigo y socio de Zapatero, quien es considerado como su testaferro.
Uno de los aspectos más destacados de la investigación es la reciente compra de una vivienda por parte de Gertrudis Alcázar, que costó 132.055 euros y fue adquirida sin hipoteca. Los pagos se realizaron a través de transferencias periódicas entre marzo de 2021 y junio de 2023. La UDEF indica que no ha encontrado operaciones que expliquen su capacidad económica para realizar tal compra, lo que ha llevado al juez a considerar necesario analizar más a fondo su patrimonio.
El juez Calama ha subrayado que Alcázar ha tenido un "rol relevante" dentro de la supuesta organización, interviniendo en las comunicaciones y la documentación del entorno de Zapatero. A pesar de que hasta el momento no se han detectado transferencias directas a ella desde el entramado investigado, su cercanía al expresidente y su participación en la logística del mismo han llevado a solicitar la ampliación del análisis sobre su situación patrimonial.
Además de las cuentas de Zapatero y su familia, la investigación incluye también las cuentas de al menos 27 sociedades vinculadas a Julio Martínez, su socio y propietario de la empresa Análisis Relevante, investigada por supuestos pagos en torno al expresidente a cambio, presuntamente, de su mediación en el rescate.
Los informes mencionan que la operativa diseñada por este entramado persigue ocultar el origen y destino de los fondos, a través de contratos de asesoría simulados utilizados para justificar los pagos a Zapatero y sus contrapartes.
La investigación en torno al caso Plus Ultra también examina los pagos recibidos por Zapatero de diferentes empresas desde el 2020 hasta el presente, que suman cifras que ascienden a cientos de miles de euros, correspondientes a supuestos servicios profesionales. Se pone especial atención a un pago vinculado a una presunta influencia en el ejercicio de actividades ante autoridades de varios países, lo que podría agravar la situación de los implicados. El avance en esta investigación está generando un alto impacto mediático y judicial, dada la relevancia de los nombres involucrados y la posibilidad de que se validen las sospechas sobre una red de corrupción relacionada con el liderazgo de Zapatero.