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El juez de Teruel envía el caso Forestalia a la Audiencia Nacional
El magistrado ve conexiones con la investigación de Santiago Pedraz sobre Leire Díez y Antxon Alonso, pero el tribunal aún debe aceptar la inhibición.
Publicado: 18 de noviembre de 2026, 16:21
El juez de Instrucción número 1 de Teruel, Juan José Cortés, ha acordado enviar a la Audiencia Nacional la investigación sobre presuntas irregularidades en las autorizaciones ambientales de proyectos de Forestalia. Considera que las diligencias son una rama de la causa que instruye Santiago Pedraz sobre Leire Díez y Antxon Alonso, conocida también como caso Leire o trama de la SEPI.
El auto, fechado el 17 de noviembre, remite las actuaciones al órgano central de instrucción número 5, que deberá decidir si acepta la inhibición. La resolución puede recurrirse y la acusación popular ejercida por la asociación ADIVE, cuyo abogado es Jorge Piedrafita, estudia hacerlo ante la Audiencia Provincial de Teruel.
Cortés identifica a Forestalia como el vínculo entre las presuntas irregularidades investigadas en el Ministerio para la Transición Ecológica y en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). En ambas causas aparecen la empresa, su fundador, Fernando Samper, y los hermanos Roberto y Eduardo Pérez Águeda, a quienes el juez señala como presuntos testaferros del empresario.
La investigación de la Audiencia Nacional se abrió a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presunta prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Entre sus investigados figuran la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar y socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Según la Guardia Civil, Díez, Fernández y Alonso formaban el grupo Hirurok, expresión que significa «nosotros tres» en euskera. Un atestado de la UCO de noviembre de 2025, aportado a Teruel por la defensa de Samper, situaba a Forestalia y a su fundador como clientes del grupo. El juez plantea que Hirurok habría realizado gestiones para sacar adelante todos o la mayoría de los proyectos de la compañía.
El auto recoge reuniones celebradas entre mayo y julio de 2021 en el domicilio de Samper en Zaragoza, relacionadas con los proyectos renovables de Forestalia y a las que habrían asistido Alonso y Cerdán. La denuncia de Anticorrupción que dio origen al caso Leire ya recogía dos encuentros: uno con Alonso y Fernández y otro, el 12 de julio, al que también habría acudido Cerdán.
Una de las operaciones examinadas afecta a los parques fotovoltaicos Masía I y Masía II, proyectados en Puertomingalvo y Linares de Mora. El 17 de mayo de 2022, Alonso adquirió mediante sociedades que administraba las promotoras Energías Renovables Satet y Energías Renovables Quirón, vinculadas a Forestalia, por 141.000 euros. La compraventa se firmó ante el notario Javier de Lucas Cadenas, investigado en Teruel.
Los proyectos obtuvieron declaraciones de impacto ambiental favorables publicadas en diciembre de 2022 y autorizaciones administrativas previas en abril de 2023. En junio de ese año, una empresa del entorno de Samper pagó 400.000 euros por una opción de compra de las dos sociedades. Según Anticorrupción, el dinero llegó a otra sociedad de Alonso, desde la que salieron transferencias periódicas a Mediaciones Martínez, también propiedad del empresario.
En diciembre de 2024, el entorno de Forestalia recompró las promotoras por 6,8 millones de euros. El juez sitúa la operación al final de un proceso convenido en 2021 y plantea la hipótesis de que los movimientos intermedios sirvieran para obtener fondos destinados a pagos a directivos del ministerio. El auto precisa que un informe policial pendiente deberá confirmar o descartar esa posibilidad.
Las declaraciones ambientales de los dos parques se tramitaron bajo la responsabilidad del entonces subdirector de Evaluación Ambiental del ministerio, Eugenio Domínguez Collado. El juez aprecia sospechas e indicios de que pudo ser destinatario de promesas y dádivas. Según el auto, el notario De Lucas y los hermanos Pérez Águeda intervinieron en operaciones mercantiles y notariales entre Samper y el funcionario, con escrituras de septiembre de 2023.
El magistrado señala que las declaraciones se tramitaron con una rapidez comparativamente superior a la de otros promotores y a cambio de presuntas ventajas económicas. Una pericial de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (Ucoma) detectó graves deficiencias técnicas. Ambos parques tienen pendiente un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Según la Ucoma, Domínguez habría asumido personalmente los expedientes de Forestalia al margen de los técnicos del departamento y habría cobrado al menos 5,2 millones de euros a través de sociedades pantalla, una de ellas administrada por su esposa, Montserrat Heredero. Ella también figura entre los investigados en Teruel. Domínguez y Samper fueron detenidos en marzo en el marco de la operación Perserte.
En las diligencias también aparecen el exconsejero aragonés de Medio Ambiente Alfredo Boné, Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile. La Ucoma sostiene que, desde una consultora que fundaron tras dejar sus cargos, habrían agilizado trámites de Forestalia ante el Inaga y el ministerio.
La causa de Teruel se abrió en 2024 tras una denuncia de Teruel Existe sobre la tramitación de 52 proyectos renovables en la provincia, entre ellos el Clúster del Maestrazgo. Forestalia vendió este proyecto eólico por 500 millones de euros a un fondo danés, que todavía no ha comenzado su construcción.
El juez considera que el presunto delito ambiental que dio inicialmente la competencia a Teruel fue una anticipación de la parte denunciante, puesto que aún no se han iniciado obras con incidencia en la provincia. A su juicio, las decisiones presuntamente delictivas se habrían tomado en Madrid y Zaragoza. Descarta dividir la causa entre ambas ciudades por la unidad de los hechos y sitúa el posible cohecho, que considera el delito más grave, en el ministerio.
Aunque las diligencias llevan abiertas desde 2024, ninguno de los investigados ha declarado judicialmente. Cortés supeditó las comparecencias a un informe de la Ucoma que considera fundamental. La inhibición, anunciada desde febrero, se aplazó hasta que la Audiencia Provincial desestimó recursos pendientes. Quedará para el órgano competente la continuación de las diligencias y lo que resulte de la apelación contra la decisión del juez de agosto de no admitir una ampliación de la denuncia por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
El auto también menciona instalaciones de Albarracín y los proyectos de L’Eliana, que no se autorizó por caducidad, y Begués, cuyo trazado quedó desvirtuado al no llegar la línea a su destino previsto. El juez considera que las periciales sobre estos dos últimos refuerzan la presunta arbitrariedad de las declaraciones ambientales, aunque da especial relevancia a la de Masía I y II. Deja abierta la posibilidad de ampliar la investigación a otras instalaciones si los informes policiales pendientes revelan nuevos indicios.
ADIVE sostiene que las conexiones personales o empresariales no deben llevar automáticamente a reunir las causas y pide tener en cuenta la relación de los hechos con Aragón. También reclama que el traslado no retrase las diligencias pendientes.
En otra línea del caso Leire, se investigan gestiones de Vicente Fernández ante SEPIDES, dependiente de la SEPI, para favorecer la financiación pública solicitada por Forestalia y Arapellet. En mensajes intervenidos, Fernández hablaba de cobrar 200.000 euros si había éxito, aunque Anticorrupción admite que no ha podido acreditar ese pago.
Además, el PSOE ha remitido este miércoles a Pedraz la lista de despachos de abogados y consultoras que contrató entre 2021 y 2025. El juez analiza si esa facturación ocultó pagos para sufragar supuestas maniobras de Leire Díez dirigidas a boicotear causas judiciales incómodas para el Gobierno y el partido. A petición del abogado socialista, Pedraz ha incorporado la documentación a una pieza secreta, accesible para la Fiscalía Anticorrupción.
El auto, fechado el 17 de noviembre, remite las actuaciones al órgano central de instrucción número 5, que deberá decidir si acepta la inhibición. La resolución puede recurrirse y la acusación popular ejercida por la asociación ADIVE, cuyo abogado es Jorge Piedrafita, estudia hacerlo ante la Audiencia Provincial de Teruel.
Cortés identifica a Forestalia como el vínculo entre las presuntas irregularidades investigadas en el Ministerio para la Transición Ecológica y en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). En ambas causas aparecen la empresa, su fundador, Fernando Samper, y los hermanos Roberto y Eduardo Pérez Águeda, a quienes el juez señala como presuntos testaferros del empresario.
La investigación de la Audiencia Nacional se abrió a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presunta prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Entre sus investigados figuran la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar y socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Según la Guardia Civil, Díez, Fernández y Alonso formaban el grupo Hirurok, expresión que significa «nosotros tres» en euskera. Un atestado de la UCO de noviembre de 2025, aportado a Teruel por la defensa de Samper, situaba a Forestalia y a su fundador como clientes del grupo. El juez plantea que Hirurok habría realizado gestiones para sacar adelante todos o la mayoría de los proyectos de la compañía.
El auto recoge reuniones celebradas entre mayo y julio de 2021 en el domicilio de Samper en Zaragoza, relacionadas con los proyectos renovables de Forestalia y a las que habrían asistido Alonso y Cerdán. La denuncia de Anticorrupción que dio origen al caso Leire ya recogía dos encuentros: uno con Alonso y Fernández y otro, el 12 de julio, al que también habría acudido Cerdán.
Una de las operaciones examinadas afecta a los parques fotovoltaicos Masía I y Masía II, proyectados en Puertomingalvo y Linares de Mora. El 17 de mayo de 2022, Alonso adquirió mediante sociedades que administraba las promotoras Energías Renovables Satet y Energías Renovables Quirón, vinculadas a Forestalia, por 141.000 euros. La compraventa se firmó ante el notario Javier de Lucas Cadenas, investigado en Teruel.
Los proyectos obtuvieron declaraciones de impacto ambiental favorables publicadas en diciembre de 2022 y autorizaciones administrativas previas en abril de 2023. En junio de ese año, una empresa del entorno de Samper pagó 400.000 euros por una opción de compra de las dos sociedades. Según Anticorrupción, el dinero llegó a otra sociedad de Alonso, desde la que salieron transferencias periódicas a Mediaciones Martínez, también propiedad del empresario.
En diciembre de 2024, el entorno de Forestalia recompró las promotoras por 6,8 millones de euros. El juez sitúa la operación al final de un proceso convenido en 2021 y plantea la hipótesis de que los movimientos intermedios sirvieran para obtener fondos destinados a pagos a directivos del ministerio. El auto precisa que un informe policial pendiente deberá confirmar o descartar esa posibilidad.
Las declaraciones ambientales de los dos parques se tramitaron bajo la responsabilidad del entonces subdirector de Evaluación Ambiental del ministerio, Eugenio Domínguez Collado. El juez aprecia sospechas e indicios de que pudo ser destinatario de promesas y dádivas. Según el auto, el notario De Lucas y los hermanos Pérez Águeda intervinieron en operaciones mercantiles y notariales entre Samper y el funcionario, con escrituras de septiembre de 2023.
El magistrado señala que las declaraciones se tramitaron con una rapidez comparativamente superior a la de otros promotores y a cambio de presuntas ventajas económicas. Una pericial de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (Ucoma) detectó graves deficiencias técnicas. Ambos parques tienen pendiente un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Según la Ucoma, Domínguez habría asumido personalmente los expedientes de Forestalia al margen de los técnicos del departamento y habría cobrado al menos 5,2 millones de euros a través de sociedades pantalla, una de ellas administrada por su esposa, Montserrat Heredero. Ella también figura entre los investigados en Teruel. Domínguez y Samper fueron detenidos en marzo en el marco de la operación Perserte.
En las diligencias también aparecen el exconsejero aragonés de Medio Ambiente Alfredo Boné, Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile. La Ucoma sostiene que, desde una consultora que fundaron tras dejar sus cargos, habrían agilizado trámites de Forestalia ante el Inaga y el ministerio.
La causa de Teruel se abrió en 2024 tras una denuncia de Teruel Existe sobre la tramitación de 52 proyectos renovables en la provincia, entre ellos el Clúster del Maestrazgo. Forestalia vendió este proyecto eólico por 500 millones de euros a un fondo danés, que todavía no ha comenzado su construcción.
El juez considera que el presunto delito ambiental que dio inicialmente la competencia a Teruel fue una anticipación de la parte denunciante, puesto que aún no se han iniciado obras con incidencia en la provincia. A su juicio, las decisiones presuntamente delictivas se habrían tomado en Madrid y Zaragoza. Descarta dividir la causa entre ambas ciudades por la unidad de los hechos y sitúa el posible cohecho, que considera el delito más grave, en el ministerio.
Aunque las diligencias llevan abiertas desde 2024, ninguno de los investigados ha declarado judicialmente. Cortés supeditó las comparecencias a un informe de la Ucoma que considera fundamental. La inhibición, anunciada desde febrero, se aplazó hasta que la Audiencia Provincial desestimó recursos pendientes. Quedará para el órgano competente la continuación de las diligencias y lo que resulte de la apelación contra la decisión del juez de agosto de no admitir una ampliación de la denuncia por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
El auto también menciona instalaciones de Albarracín y los proyectos de L’Eliana, que no se autorizó por caducidad, y Begués, cuyo trazado quedó desvirtuado al no llegar la línea a su destino previsto. El juez considera que las periciales sobre estos dos últimos refuerzan la presunta arbitrariedad de las declaraciones ambientales, aunque da especial relevancia a la de Masía I y II. Deja abierta la posibilidad de ampliar la investigación a otras instalaciones si los informes policiales pendientes revelan nuevos indicios.
ADIVE sostiene que las conexiones personales o empresariales no deben llevar automáticamente a reunir las causas y pide tener en cuenta la relación de los hechos con Aragón. También reclama que el traslado no retrase las diligencias pendientes.
En otra línea del caso Leire, se investigan gestiones de Vicente Fernández ante SEPIDES, dependiente de la SEPI, para favorecer la financiación pública solicitada por Forestalia y Arapellet. En mensajes intervenidos, Fernández hablaba de cobrar 200.000 euros si había éxito, aunque Anticorrupción admite que no ha podido acreditar ese pago.
Además, el PSOE ha remitido este miércoles a Pedraz la lista de despachos de abogados y consultoras que contrató entre 2021 y 2025. El juez analiza si esa facturación ocultó pagos para sufragar supuestas maniobras de Leire Díez dirigidas a boicotear causas judiciales incómodas para el Gobierno y el partido. A petición del abogado socialista, Pedraz ha incorporado la documentación a una pieza secreta, accesible para la Fiscalía Anticorrupción.