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El juez Llarena cierra el caso Puigdemont y facilita su amnistía
La decisión del magistrado implica el fin del procesamiento y la posibilidad de retorno del expresident.
Publicado: 3 de noviembre de 2026, 15:45
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha cerrado el sumario contra el expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, lo que permite la aplicación de la amnistía y les exime de cualquier responsabilidad penal. Esta decisión llega después de años de investigación por el llamado ‘procés’ y de la reforma legislativa que ha establecido el marco para la amnistía.
Con esta acción, notificada este martes, el magistrado establece que el procesamiento, que databa de marzo de 2018, queda sin efecto. Llarena ha declarado concluido el sumario y ha remitiendo la causa a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que es quien deberá formalmente decretar el sobreseimiento o archivo del proceso por la aplicación de la ley de amnistía. Esta ley, aprobada en 2024, ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional de manera que considera que la malversación de fondos públicos, en este contexto, puede ser amnistiable.
El auto de Llarena destaca que "subsisten los indicios delictivos" que llevaron al inicial procesamiento, dado que se les acusa de haber utilizado fondos públicos para organizar el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, desobedeciendo las resoluciones del Tribunal Constitucional. Sin embargo, con la aplicación de la ley de amnistía, el magistrado señala que no se puede continuar con la persecución penal, y se remite a la doctrina del Tribunal Constitucional que ha avalado la amnistía en estos casos.
Esta decisión también ratifica la posibilidad del regreso a España de Puigdemont, quien había mantenido una postura cautelosa al no querer regresar hasta que se garantizara la aplicación efectiva de la amnistía. Con el levantamiento de las órdenes de detención que estaban vigentes contra él y los otros dos exconsellers, se elimina uno de los últimos obstáculos jurídicos para su retorno.
En el contexto de la resolución, Llarena menciona que la finalización del proceso judicial es solo un trámite formal y considera que no existen más obstáculos tras la amnistía ya aplicada a otros líderes independentistas, como el expresidente de ERC, Oriol Junqueras. Se prevé que la Sala de lo Penal resuelva el eventual sobreseimiento libre de manera casi inmediata, dado que es un procedimiento que ha sido facilitado por los cambios en la legislación.
Este cierre del caso representa un hito significativo en el desenlace del proceso judicial relacionado con el independentismo catalán. A pesar de que el juez ha hecho hincapié en los indicios de implicación de los acusados en los delitos que se les imputaban, su decisión de archivar el caso evidencia un cambio en la dirección judicial respecto a la situación política de los líderes independentistas y su consecuente amnistía.
Con esta acción, notificada este martes, el magistrado establece que el procesamiento, que databa de marzo de 2018, queda sin efecto. Llarena ha declarado concluido el sumario y ha remitiendo la causa a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que es quien deberá formalmente decretar el sobreseimiento o archivo del proceso por la aplicación de la ley de amnistía. Esta ley, aprobada en 2024, ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional de manera que considera que la malversación de fondos públicos, en este contexto, puede ser amnistiable.
El auto de Llarena destaca que "subsisten los indicios delictivos" que llevaron al inicial procesamiento, dado que se les acusa de haber utilizado fondos públicos para organizar el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, desobedeciendo las resoluciones del Tribunal Constitucional. Sin embargo, con la aplicación de la ley de amnistía, el magistrado señala que no se puede continuar con la persecución penal, y se remite a la doctrina del Tribunal Constitucional que ha avalado la amnistía en estos casos.
Esta decisión también ratifica la posibilidad del regreso a España de Puigdemont, quien había mantenido una postura cautelosa al no querer regresar hasta que se garantizara la aplicación efectiva de la amnistía. Con el levantamiento de las órdenes de detención que estaban vigentes contra él y los otros dos exconsellers, se elimina uno de los últimos obstáculos jurídicos para su retorno.
En el contexto de la resolución, Llarena menciona que la finalización del proceso judicial es solo un trámite formal y considera que no existen más obstáculos tras la amnistía ya aplicada a otros líderes independentistas, como el expresidente de ERC, Oriol Junqueras. Se prevé que la Sala de lo Penal resuelva el eventual sobreseimiento libre de manera casi inmediata, dado que es un procedimiento que ha sido facilitado por los cambios en la legislación.
Este cierre del caso representa un hito significativo en el desenlace del proceso judicial relacionado con el independentismo catalán. A pesar de que el juez ha hecho hincapié en los indicios de implicación de los acusados en los delitos que se les imputaban, su decisión de archivar el caso evidencia un cambio en la dirección judicial respecto a la situación política de los líderes independentistas y su consecuente amnistía.