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El juez prorroga seis meses la investigación a Zapatero por Plus Ultra
Calama señala que quedan declaraciones e informes pendientes y no descarta que las pesquisas conduzcan a nuevas imputaciones.
Publicado: 12 de noviembre de 2026, 07:50
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha prorrogado hasta el 28 de mayo de 2027 la instrucción del caso Plus Ultra, en el que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado advierte de que las diligencias pendientes podrían dar lugar a nuevas imputaciones o actuaciones que aún no pueden determinarse.
En un auto dictado este miércoles, Calama acuerda ampliar seis meses el plazo de investigación, que vencía el 28 de noviembre, y no descarta futuras prórrogas. La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular dirigida por el PP habían solicitado la extensión.
El juez justifica su decisión por las declaraciones de testigos e investigados que quedan por practicar, el análisis técnico-policial de dispositivos electrónicos y documentación intervenidos y el examen de documentos aportados por las partes o requeridos por el juzgado. También están pendientes informes policiales sobre información solicitada a organismos públicos y entidades bancarias acerca del patrimonio del expresidente y otros investigados.
Entre las comparecencias previstas figuran las de las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, citadas como investigadas, y la de su secretaria, previstas para el 30 de noviembre. Las hijas están investigadas por los cobros obtenidos por una serie de empresas a través de su sociedad What the Fav, que habría desempeñado un papel presuntamente instrumental en la trama. Las declaraciones están señaladas para el día siguiente de las elecciones generales.
La acusación popular también recuerda que el 19 de noviembre están citados como testigos José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la SEPI, y Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.
Otra de las diligencias pendientes es el análisis de la información bancaria requerida en julio a 13 entidades financieras sobre los investigados y las sociedades de su entorno, a petición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF. Una vez depurada en la pieza reservada abierta para ello, la documentación deberá ser estudiada por la Policía e incorporada a las actuaciones principales.
Asimismo, está pendiente la respuesta a la comisión rogatoria enviada en junio a las autoridades de Estados Unidos para poder utilizar como prueba el contenido extraído del teléfono del exdirectivo de Plus Ultra Rodolfo Reyes Rojas. En el dispositivo se encontró el mensaje: «Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás».
Zapatero está investigado por presunto tráfico de influencias en favor de Plus Ultra en relación con el préstamo público de 53 millones de euros obtenido por la aerolínea en 2021. Las pesquisas investigan si el dinero que recibió por consultoría a través de Análisis Relevante era en realidad el pago de una comisión de medio millón de euros por parte de la compañía tras conseguir el rescate. La causa también indaga si el expresidente lideró una organización que habría realizado tráfico de influencias para obtener esa comisión.
El expresidente está investigado además por delito fiscal y supuesto contrabando en relación con las joyas encontradas por la Policía en el registro de su oficina. El juez ha pedido que se identifique al fabricante de las piezas de mayor valor a partir de un punzón con una letra T; para ello podría recabarse, si fuera necesario, la colaboración de Interpol y Europol.
En un auto dictado este miércoles, Calama acuerda ampliar seis meses el plazo de investigación, que vencía el 28 de noviembre, y no descarta futuras prórrogas. La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular dirigida por el PP habían solicitado la extensión.
El juez justifica su decisión por las declaraciones de testigos e investigados que quedan por practicar, el análisis técnico-policial de dispositivos electrónicos y documentación intervenidos y el examen de documentos aportados por las partes o requeridos por el juzgado. También están pendientes informes policiales sobre información solicitada a organismos públicos y entidades bancarias acerca del patrimonio del expresidente y otros investigados.
Entre las comparecencias previstas figuran las de las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, citadas como investigadas, y la de su secretaria, previstas para el 30 de noviembre. Las hijas están investigadas por los cobros obtenidos por una serie de empresas a través de su sociedad What the Fav, que habría desempeñado un papel presuntamente instrumental en la trama. Las declaraciones están señaladas para el día siguiente de las elecciones generales.
La acusación popular también recuerda que el 19 de noviembre están citados como testigos José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la SEPI, y Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.
Otra de las diligencias pendientes es el análisis de la información bancaria requerida en julio a 13 entidades financieras sobre los investigados y las sociedades de su entorno, a petición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF. Una vez depurada en la pieza reservada abierta para ello, la documentación deberá ser estudiada por la Policía e incorporada a las actuaciones principales.
Asimismo, está pendiente la respuesta a la comisión rogatoria enviada en junio a las autoridades de Estados Unidos para poder utilizar como prueba el contenido extraído del teléfono del exdirectivo de Plus Ultra Rodolfo Reyes Rojas. En el dispositivo se encontró el mensaje: «Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás».
Zapatero está investigado por presunto tráfico de influencias en favor de Plus Ultra en relación con el préstamo público de 53 millones de euros obtenido por la aerolínea en 2021. Las pesquisas investigan si el dinero que recibió por consultoría a través de Análisis Relevante era en realidad el pago de una comisión de medio millón de euros por parte de la compañía tras conseguir el rescate. La causa también indaga si el expresidente lideró una organización que habría realizado tráfico de influencias para obtener esa comisión.
El expresidente está investigado además por delito fiscal y supuesto contrabando en relación con las joyas encontradas por la Policía en el registro de su oficina. El juez ha pedido que se identifique al fabricante de las piezas de mayor valor a partir de un punzón con una letra T; para ello podría recabarse, si fuera necesario, la colaboración de Interpol y Europol.