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El Obispado de Mallorca aparta a un párroco tras una alerta por presuntos tocamientos
Joan Pons Payeras, de 73 años, ha sido trasladado a Barcelona; la mujer adulta que habría sufrido los hechos no ha presentado denuncia formal.
Publicado: 6 de noviembre de 2026, 16:05
El Obispado de Mallorca ha apartado de sus responsabilidades pastorales a Joan Pons Payeras, párroco de Santa Maria del Camí y Alaró, tras conocer una alerta sobre presuntos tocamientos de índole sexual a una mujer migrante adulta. La parroquia de Santa Maria le prestaba un servicio de acogida. La mujer contó lo sucedido a una trabajadora social, que informó a la diócesis.
La afectada no ha presentado una denuncia ante las autoridades policiales o judiciales ni ha realizado, según el Obispado, una declaración oficial ante el tribunal eclesiástico. La institución afirma que ha actuado conforme a sus protocolos vigentes y que considera proporcionada la medida adoptada. El obispo, Sebastià Taltavull, le ha prohibido oficiar misa en las dos parroquias. Pons ha sido trasladado a Barcelona, donde, según la versión oficial, ampliará sus conocimientos teológicos. La diócesis señala que, por ahora, no considera necesario tomar otras medidas, aunque se compromete a colaborar si aparecen nuevos datos y a contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Pons, natural de Búger, es autor de libros de historia e investigación local y religiosa. En 2015 ya fue apartado temporalmente cuando era rector en sa Pobla, tras sospechas de abusos sexuales a un antiguo monaguillo, un hombre adulto de 38 años. Los hechos se habrían producido entre agosto y diciembre del año anterior. El Tribunal Eclesiástico de Mallorca abrió entonces un proceso informativo conforme a la normativa canónica. Pons puso su cargo a disposición del obispo de entonces, Javier Salinas, quien aceptó su renuncia. El caso terminó archivado porque no se pudieron concretar los hechos y el Obispado le permitió recuperar la actividad pastoral. No volvió a sa Pobla y fue destinado a Santa Maria y Alaró; en aquella ocasión también se trasladó a Barcelona para ampliar sus estudios de teología. La diócesis ha nombrado para sustituirlo a Josep Ramon Ortega, rector de Binissalem y Consell, quien asumirá también la parroquia de Alaró con la ayuda de varios vicarios.
La diócesis ha afrontado otros casos de abusos atribuidos a integrantes del clero. Pere Barceló, antiguo párroco de Can Picafort, fue el primer religioso expulsado del sacerdocio en España por un caso de pederastia, en 2013. En 2016 fue condenado a seis años de prisión por agredir sexualmente de forma reiterada a una monaguilla de diez años entre 1997 y 1998. En julio de 2025, la Audiencia Provincial de Balears lo condenó a dos años y un día de cárcel por abusar de otra menor, que tenía entre seis y siete años cuando acudía a catequesis; el Tribunal Superior de Justicia de Balears confirmó esta segunda condena.
En 2024 trascendió el caso de Guillem Feliu i Ramis, sacerdote diocesano que ejercía en Génova y era capellán de la iglesia de la Bonanova. Pesaban sobre él dos denuncias por presuntos abusos sexuales a menores en el colegio religioso de Sant Pere, en el barrio palmesano de Es Rafal, años atrás. Feliu murió antes de que los hechos pudieran esclarecerse judicialmente y no llegó a determinarse su responsabilidad.
Otro procedimiento que ha tenido recorrido judicial es el caso de un sacerdote diocesano de Mallorca y dos jesuitas vinculados al convento de Montesión, investigados por presuntos abusos sexuales y violaciones a una mujer con discapacidad durante más de tres décadas. La denunciante tiene actualmente 55 años. En junio de 2024, el sacerdote diocesano reconoció ante una jueza que había mantenido relaciones sexuales con ella, pero sostuvo que fueron consentidas y cuando la mujer ya era adulta. En octubre de 2025, uno de los jesuitas investigados contactó telefónicamente con la denunciante y reconoció parte de los hechos, según una grabación. La investigación estaba entonces en manos del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma.
Por otra parte, un informe del Defensor del Pueblo identificó al menos a 18 posibles víctimas de abusos por parte del clero en la diócesis y en otros centros religiosos de la isla. Esa cifra se refiere a víctimas y no implica que estuvieran involucrados 18 sacerdotes.
La afectada no ha presentado una denuncia ante las autoridades policiales o judiciales ni ha realizado, según el Obispado, una declaración oficial ante el tribunal eclesiástico. La institución afirma que ha actuado conforme a sus protocolos vigentes y que considera proporcionada la medida adoptada. El obispo, Sebastià Taltavull, le ha prohibido oficiar misa en las dos parroquias. Pons ha sido trasladado a Barcelona, donde, según la versión oficial, ampliará sus conocimientos teológicos. La diócesis señala que, por ahora, no considera necesario tomar otras medidas, aunque se compromete a colaborar si aparecen nuevos datos y a contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Pons, natural de Búger, es autor de libros de historia e investigación local y religiosa. En 2015 ya fue apartado temporalmente cuando era rector en sa Pobla, tras sospechas de abusos sexuales a un antiguo monaguillo, un hombre adulto de 38 años. Los hechos se habrían producido entre agosto y diciembre del año anterior. El Tribunal Eclesiástico de Mallorca abrió entonces un proceso informativo conforme a la normativa canónica. Pons puso su cargo a disposición del obispo de entonces, Javier Salinas, quien aceptó su renuncia. El caso terminó archivado porque no se pudieron concretar los hechos y el Obispado le permitió recuperar la actividad pastoral. No volvió a sa Pobla y fue destinado a Santa Maria y Alaró; en aquella ocasión también se trasladó a Barcelona para ampliar sus estudios de teología. La diócesis ha nombrado para sustituirlo a Josep Ramon Ortega, rector de Binissalem y Consell, quien asumirá también la parroquia de Alaró con la ayuda de varios vicarios.
La diócesis ha afrontado otros casos de abusos atribuidos a integrantes del clero. Pere Barceló, antiguo párroco de Can Picafort, fue el primer religioso expulsado del sacerdocio en España por un caso de pederastia, en 2013. En 2016 fue condenado a seis años de prisión por agredir sexualmente de forma reiterada a una monaguilla de diez años entre 1997 y 1998. En julio de 2025, la Audiencia Provincial de Balears lo condenó a dos años y un día de cárcel por abusar de otra menor, que tenía entre seis y siete años cuando acudía a catequesis; el Tribunal Superior de Justicia de Balears confirmó esta segunda condena.
En 2024 trascendió el caso de Guillem Feliu i Ramis, sacerdote diocesano que ejercía en Génova y era capellán de la iglesia de la Bonanova. Pesaban sobre él dos denuncias por presuntos abusos sexuales a menores en el colegio religioso de Sant Pere, en el barrio palmesano de Es Rafal, años atrás. Feliu murió antes de que los hechos pudieran esclarecerse judicialmente y no llegó a determinarse su responsabilidad.
Otro procedimiento que ha tenido recorrido judicial es el caso de un sacerdote diocesano de Mallorca y dos jesuitas vinculados al convento de Montesión, investigados por presuntos abusos sexuales y violaciones a una mujer con discapacidad durante más de tres décadas. La denunciante tiene actualmente 55 años. En junio de 2024, el sacerdote diocesano reconoció ante una jueza que había mantenido relaciones sexuales con ella, pero sostuvo que fueron consentidas y cuando la mujer ya era adulta. En octubre de 2025, uno de los jesuitas investigados contactó telefónicamente con la denunciante y reconoció parte de los hechos, según una grabación. La investigación estaba entonces en manos del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma.
Por otra parte, un informe del Defensor del Pueblo identificó al menos a 18 posibles víctimas de abusos por parte del clero en la diócesis y en otros centros religiosos de la isla. Esa cifra se refiere a víctimas y no implica que estuvieran involucrados 18 sacerdotes.