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El PSOE presenta su programa para el 29‑N con la vivienda como prioridad

Sánchez propone movilizar anualmente el 1% del PIB para vivienda, nuevos impuestos y un pacto de seguridad ferroviaria.

Publicado: 15 de noviembre de 2026, 19:00

El PSOE ha presentado este domingo su programa para las elecciones generales del 29 de noviembre, con 500 compromisos que sitúan el acceso a la vivienda entre las prioridades de la próxima legislatura. El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, avanzó algunas de las medidas en un mitin en Alcorcón (Madrid), entre ellas un impuesto progresivo a determinadas viviendas de grandes propietarios y fondos de inversión.

El documento, titulado «La fuerza de seguir avanzando» y elaborado bajo la dirección de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, incluye también propuestas sobre fiscalidad, cuidados, empleo, pensiones, igualdad, financiación autonómica y seguridad ferroviaria. Sánchez pidió la movilización del electorado y fijó como objetivo una participación del 75% y los 176 diputados que dan la mayoría absoluta.

En vivienda, los socialistas prometen movilizar cada año el equivalente al 1% del PIB, con participación de las administraciones y del ICO a través del Fondo España Crece, aunque no detallan el reparto de las aportaciones. Proponen reformar la Constitución para que la vivienda sea un derecho fundamental exigible ante los poderes públicos; actualmente está recogida entre los principios rectores.

El programa plantea crear, mediante construcción y adquisición, un parque público estatal de 100.000 viviendas gestionado por CASA 47 para venta o alquiler estable a precio asequible. Sus ingresos se reinvertirían en nuevas actuaciones de vivienda. Sánchez fijó además el objetivo de que el parque público alcance el 6% de la oferta. En 2021 había anunciado un plan de 100.000 viviendas de alquiler asequible con promoción pública y colaboración privada, y en 2023 el PSOE elevó su promesa electoral a 183.000.

Para aumentar la oferta, el partido prevé más de 25.000 millones de euros del ICO en avales, préstamos y financiación, más de 4.700 millones del Plan Social del Clima para construcción o rehabilitación sostenible y 400 millones anuales para proyectos de vivienda con impacto social. También propone rehabilitar otras 550.000 viviendas y ampliar la dotación del programa TuCasa si se agotan los 10.000 millones de su línea de préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para adquirir una primera vivienda.

El PSOE quiere destinar el 1% de la licitación anual de obra pública a un fondo de adquisición de vivienda protegida y asequible, y que al menos una cuarta parte de las nuevas viviendas tenga protección pública permanente. Plantea un banco estatal de suelo público para proveedores sociales y cooperativas, una ley de sostenibilidad y movilización del suelo y el impulso de la construcción industrializada. También propone alojamientos para trabajadores desplazados y la comunidad universitaria, así como modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos puedan decidir sobre aumentos de edificabilidad en sus barrios.

En el mercado del alquiler, el programa propone ampliar con carácter general la duración de los contratos, sin precisar cuánto, y congelar temporalmente las rentas superiores a los índices de referencia en zonas tensionadas. La congelación de la actualización anual de esas rentas ya está aprobada hasta finales de 2027 en el decreto de vivienda convalidado esta semana. El PSOE plantea que el Ministerio de Vivienda identifique y publique un mapa de zonas tensionadas.

Entre las medidas figuran una garantía pública para jóvenes en forma de seguro de impago, deducciones para inquilinos y bonificaciones para propietarios que reduzcan el alquiler. Un servicio público de intermediación garantizaría el cobro, cubriría incidencias y apoyaría la gestión para incorporar viviendas vacías al mercado asequible. El programa no concreta los requisitos ni las cuantías de estas medidas.

El impuesto progresivo anunciado por Sánchez gravaría las viviendas de grandes propietarios y fondos que no se destinen al alquiler residencial asequible, incluidas las vacías, las turísticas y las alquiladas a precios abusivos. El PSOE propone mantener las limitaciones a la compra de viviendas por fondos especulativos, gravar los solares residenciales sin uso, crear registros de precios y de fondos de inversión y socimis y reforzar las inspecciones contra el fraude en alquileres de corta duración. También permitiría a los ayuntamientos aplicar recargos a las estancias en viviendas turísticas y dedicar los ingresos, entre otros fines, a políticas de vivienda.

Los socialistas defienden mantener la protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, con un mecanismo para emergencias y con el coste asumido por las administraciones, no por los pequeños propietarios. Prometen asistencia jurídica gratuita a víctimas de abusos inmobiliarios, con prioridad en zonas tensionadas y para inquilinos de viviendas asequibles adquiridas por fondos. También plantean combatir las mafias de la ocupación y dotar de recursos a los juzgados de guardia.

Tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, el PSOE propone un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, la Atención a las Víctimas y la Justicia, con asociaciones de víctimas, trabajadores, organizaciones sociales y fuerzas políticas. Partiría de una auditoría o libro blanco que una nueva comisión técnica elaboraría en dos meses, con expertos ferroviarios y de otros sectores como el aeronáutico.

El programa compromete unos 19.000 millones de euros entre 2026 y 2030 para la conservación y el mantenimiento de la red; parte de esa cantidad ya figura en convenios aprobados entre el Estado, Adif y Adif Alta Velocidad. Plantea tramitar como ley las medidas urgentes de seguridad operacional, consolidar una dirección técnica en Adif y Renfe y reforzar las plantillas de circulación, mantenimiento y seguridad. También propone atención a víctimas y familias mediante el Defensor de Víctimas de Accidentes Colectivos.

Entre las medidas técnicas incluye poner en servicio el sistema ERTMS de nivel 2 en la línea Madrid-Sevilla, fijar un calendario para el resto de la red y establecer una doble verificación de las órdenes de circulación en los centros de control. Promete modernizar Cercanías y Media Distancia y culminar los corredores Mediterráneo y Atlántico.

En cuidados, el PSOE recupera la propuesta de una prestación de la Seguridad Social que cubra cuatro semanas del permiso parental para hijos menores de ocho años con el 100% de la base reguladora. También plantea una semana adicional para el segundo progenitor cuando ambos disfruten sus permisos de nacimiento de forma no solapada y una prestación estatal de 200 euros mensuales por cada hijo menor de edad, con diseño fiscal redistributivo y protección adicional para hogares de renta baja. La ayuda por crianza fue impulsada por Sumar en la legislatura anterior, sin que llegara a aprobarse.

El programa incorpora al Código Civil una «unión de amistad» para personas que asuman un compromiso mutuo de cuidados sin ser pareja o familia. Sánchez explicó que permitiría reconocer derechos de cuidado, incluidos permisos laborales por enfermedad o fallecimiento. Para los autónomos, prometió seguir avanzando en la cotización por ingresos reales y mantener el apoyo por cese de actividad y cuidados.

En empleo, los socialistas proponen completar la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales y promover avances hacia las 35 mediante negociación colectiva, sin pérdida salarial. También quieren fijar por ley el salario mínimo por encima del 60% del salario medio, implantar un registro horario digital y reforzar la Inspección de Trabajo. El programa plantea reformar el despido improcedente, recuperar los salarios de tramitación en los supuestos legalmente establecidos e integrar las mutuas colaboradoras en la gestión pública de la Seguridad Social.

El PSOE promete blindar en la Constitución el sistema público de pensiones y su revalorización conforme al IPC, reforzar el complemento por hijos y reconocer un año adicional de cotización por descendiente para reducir la brecha de género. Propone estudiar mejoras en los coeficientes reductores por penosidad y en las penalizaciones por jubilación anticipada involuntaria, especialmente para carreras largas de cotización. También plantea una prestación por incapacidad temporal para trabajadores con procesos oncológicos del 75% de la base reguladora desde el inicio de la baja.

En fiscalidad, propone mantener los tipos del 19% para los primeros 6.000 euros de rentas del capital y del 21% hasta 50.000 euros, y elevar progresivamente los superiores hasta un máximo del 35% para rentas de más de 300.000 euros. Quiere aumentar la tributación de las grandes tecnológicas, duplicar la tasa Tobin hasta el 0,4% y gravar viajes de lujo de elevada huella de carbono, incluidos jets privados, megayates y billetes en clase business. Una ley de salarios justos elevaría la tributación de las empresas cotizadas cuando la remuneración de su principal ejecutivo supere en más de 100 veces la mediana de la plantilla.

El documento incluye una deducción estatal en el IRPF vinculada a la evolución de los precios y dirigida progresivamente a rentas medias y bajas, así como un bono social único y automático que integraría ayudas de electricidad, calefacción, transporte, telecomunicaciones y agua. También propone una ayuda de hasta 200 euros anuales para el dentista y reforzar la CNMC para vigilar que las rebajas del IVA de alimentos básicos lleguen al precio final.

En igualdad, el PSOE plantea blindar el derecho al aborto mediante la reforma del artículo 43 de la Constitución, aprobar una ley orgánica contra la violencia vicaria y tipificar como delito específico la creación y difusión de deepfakes sexuales. Propone una nueva estrategia contra las violencias machistas, formación obligatoria para operadores jurídicos y fuerzas de seguridad, ampliar hasta los 26 años las ayudas a huérfanos de violencia de género y crear una red de salud mental especializada en trauma y violencia machista.

El programa incluye leyes orgánicas contra la trata y abolicionista del sistema prostitucional, con la prohibición de todas las formas de proxenetismo. También propone reforzar la prohibición de la gestación por sustitución, aprobar una ley de familias que reconozca su diversidad, penalizar las llamadas terapias de conversión y garantizar la continuidad de los tratamientos hormonales de las personas trans. Aspira a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres al 5% en 2030.

En financiación territorial, el PSOE promete impulsar el modelo autonómico aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con 21.000 millones de euros adicionales para las comunidades. El sistema, originado en el acuerdo de ERC y PSC para la investidura de Salvador Illa, contó con el rechazo de la mayoría de comunidades, incluidas Asturias y Castilla-La Mancha. También propone avanzar en la asunción estatal de 83.000 millones de deuda autonómica y actualizar el Fondo de Compensación Interterritorial.

Los socialistas se comprometen a seguir impulsando el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea, promover su enseñanza en el exterior y extender su uso en la atención de la Administración General del Estado donde son oficiales. El programa recupera asimismo la sustitución de la ley de seguridad ciudadana de 2015, propone rebajar la edad de voto a 16 años y crear un escaño ciudadano sin voto en Congreso y Senado para que la sociedad civil pueda preguntar al Gobierno y presentar iniciativas.

En materia institucional plantea suprimir los aforamientos para delitos ajenos al cargo, fijar un mandato de cinco años para el fiscal general y aprobar una ley orgánica de integridad pública, una estrategia anticorrupción y una agencia independiente que coordine la supervisión y proteja a los denunciantes. Para las redes sociales propone una edad mínima de 16 años y hacer invisibles a los menores ante adultos desconocidos.

El programa defiende un plan de integración y ciudadanía para 2026-2030 con 500 millones iniciales, más vías legales de protección internacional y una acogida reforzada para menores migrantes que llegan solos. En energía fija el objetivo de un 81% de electricidad renovable en 2030 y mantiene el calendario de cierre nuclear hasta 2035. En política exterior plantea un impuesto mínimo global a las grandes fortunas, que España sea observadora del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y alcanzar el 0,7% de la renta nacional bruta en ayuda oficial al desarrollo.