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El Supremo aplica la amnistía a Clara Ponsatí y archiva la causa por desobediencia
La Sala Penal extingue su responsabilidad por el 1-O tras una petición presentada en junio de 2024.
Publicado: 6 de noviembre de 2026, 07:52
El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a Clara Ponsatí por el delito de desobediencia relacionado con el referéndum del 1 de octubre de 2017 y ha archivado definitivamente la causa. En un auto, la Sala de lo Penal declara amnistiados los actos atribuidos a la exconsellera de Educación y extinguida su responsabilidad penal. La resolución sostiene que el delito encaja en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2024, conforme a la interpretación del Tribunal Constitucional, que avaló la norma en el verano de 2025.
La defensa de Ponsatí, ejercida por Gonzalo Boye, pidió la aplicación de la ley en junio de 2024. También la solicitaron la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El Supremo había paralizado la aplicación de la amnistía mientras planteaba una cuestión de inconstitucionalidad, y la decisión llega más de un año después de que el Constitucional la resolviera. Ponsatí no llegó a ser juzgada: en septiembre de 2023 la Fiscalía pidió llevarla a juicio por desobediencia grave, pero la vista oral nunca se celebró, también condicionada por las negociaciones para la aprobación de la ley de amnistía.
La resolución se conoce unas tres semanas después de que el Tribunal de Cuentas aplicara la amnistía a 35 antiguos altos cargos del Govern por los gastos del procés, entre ellos Ponsatí. La exconsellera reaccionó en X: “Están revolviendo carpetas y les ha salido mi caso al fondo de un rincón”. También escribió: “No haré el ridículo diciéndoos que esto es una victoria, porque no lo es”.
Ponsatí formó parte del Govern de Carles Puigdemont y salió hacia Bélgica el 30 de octubre de 2017, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Después residió en Escocia y fue eurodiputada por Junts. Regresó por sorpresa a Catalunya en marzo de 2023, tras unos cinco años y medio fuera de España. Los Mossos d’Esquadra la detuvieron y el juez instructor del Supremo, Pablo Llarena, la dejó en libertad tras tomarle declaración, ya que la desobediencia no conlleva penas de prisión. Durante su estancia en el extranjero, Llarena intentó sin éxito su extradición; Ponsatí alegó inmunidad parlamentaria para no comparecer ante el juez.
El Supremo ya había aplicado la amnistía por desobediencia a la exconsellera Meritxell Serret, condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por su participación en la organización del referéndum. A finales de octubre, el alto tribunal también amnistió por malversación a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva, que tenían inhabilitaciones vigentes hasta 2030 o 2031. Los cuatro habían salido de prisión años antes tras recibir indultos.
La Sala de lo Penal tiene pendiente resolver la aplicación de la amnistía al expresidente Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Llarena ha revocado el procesamiento que dictó en 2018, ha cerrado el sumario y ha levantado las órdenes de detención en España; ahora corresponde a Manuel Marchena dictar el archivo definitivo de esa causa. Ponsatí había sido una de las investigadas junto a ellos por su papel en el 1-O.
La defensa de Ponsatí, ejercida por Gonzalo Boye, pidió la aplicación de la ley en junio de 2024. También la solicitaron la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El Supremo había paralizado la aplicación de la amnistía mientras planteaba una cuestión de inconstitucionalidad, y la decisión llega más de un año después de que el Constitucional la resolviera. Ponsatí no llegó a ser juzgada: en septiembre de 2023 la Fiscalía pidió llevarla a juicio por desobediencia grave, pero la vista oral nunca se celebró, también condicionada por las negociaciones para la aprobación de la ley de amnistía.
La resolución se conoce unas tres semanas después de que el Tribunal de Cuentas aplicara la amnistía a 35 antiguos altos cargos del Govern por los gastos del procés, entre ellos Ponsatí. La exconsellera reaccionó en X: “Están revolviendo carpetas y les ha salido mi caso al fondo de un rincón”. También escribió: “No haré el ridículo diciéndoos que esto es una victoria, porque no lo es”.
Ponsatí formó parte del Govern de Carles Puigdemont y salió hacia Bélgica el 30 de octubre de 2017, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Después residió en Escocia y fue eurodiputada por Junts. Regresó por sorpresa a Catalunya en marzo de 2023, tras unos cinco años y medio fuera de España. Los Mossos d’Esquadra la detuvieron y el juez instructor del Supremo, Pablo Llarena, la dejó en libertad tras tomarle declaración, ya que la desobediencia no conlleva penas de prisión. Durante su estancia en el extranjero, Llarena intentó sin éxito su extradición; Ponsatí alegó inmunidad parlamentaria para no comparecer ante el juez.
El Supremo ya había aplicado la amnistía por desobediencia a la exconsellera Meritxell Serret, condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por su participación en la organización del referéndum. A finales de octubre, el alto tribunal también amnistió por malversación a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva, que tenían inhabilitaciones vigentes hasta 2030 o 2031. Los cuatro habían salido de prisión años antes tras recibir indultos.
La Sala de lo Penal tiene pendiente resolver la aplicación de la amnistía al expresidente Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Llarena ha revocado el procesamiento que dictó en 2018, ha cerrado el sumario y ha levantado las órdenes de detención en España; ahora corresponde a Manuel Marchena dictar el archivo definitivo de esa causa. Ponsatí había sido una de las investigadas junto a ellos por su papel en el 1-O.