El Supremo rechaza suspender el voto de los hijos de nacionalizados

El Tribunal Supremo ha rechazado extender la suspensión cautelar del derecho de voto a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática de 2022 o por la Ley de Memoria Histórica de 2007. La decisión permite que puedan votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, después de que Vox e Iustitia Europa solicitaran extenderles la suspensión cautelar del voto.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que, a tres semanas de los comicios, tiene serias dudas de que pueda ejecutarse a tiempo una revisión del censo que afectaría a 189.678 personas. En otra resolución, el tribunal ha rechazado las alegaciones de asociaciones y particulares contra la suspensión ya acordada para 162.454 nacionalizados por la vía de la Ley de Memoria Democrática de 2022.

Los 189.678 inscritos corresponden a un apartado de la ley que permite adquirir la nacionalidad a los hijos mayores de edad de quienes la obtuvieron por determinadas disposiciones de la norma de 2022 o por la Ley de Memoria Histórica de 2007. La cifra incluye, por tanto, a hijos de nacionalizados por la ley de 2007, que no está afectada por el procedimiento. Según la Abogacía del Estado, no se dispone de un desglose entre ambas vías y los descendientes de beneficiarios de la norma de 2007 no son un grupo residual.

La mayoría de la Sala aprecia una conexión entre la inscripción censal de los progenitores afectados por la suspensión y la de sus hijos. Sin embargo, advierte de que la nueva petición se presentó con más de la mitad del periodo electoral transcurrido, a una semana del inicio de la campaña y a dos semanas del comienzo del depósito del voto en urna en los consulados. Una revisión en ese momento, sostiene, sería contraria a la seguridad jurídica y la estabilidad electoral y podría causar una «perturbación grave de los intereses generales».

El tribunal señala que la ampliación habría exigido identificar a los afectados, trasladar la información al censo, darles audiencia y resolver eventuales reclamaciones, además de custodiar documentación electoral. Recuerda que las juntas electorales, la Oficina del Censo Electoral y los consulados están ejecutando las medidas anteriores. En un informe del 28 de octubre, la oficina indicó que aún quedaban 30.482 registros por identificar para cumplirlas.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado se habían opuesto a la ampliación. No obstante, el Supremo rechaza el argumento de la Abogacía sobre la escasa incidencia electoral del colectivo, basado en la participación del voto exterior en comicios anteriores: considera que no puede conocerse de antemano la participación y que el grupo es mayor que el afectado por la suspensión vigente.

La decisión cuenta con el voto discrepante del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero, quien considera que debía extenderse la cautelar para mantener la coherencia con las resoluciones anteriores y que la Administración podía hacer las comprobaciones dentro de los plazos. María Alicia Millán apoya el rechazo, pero discrepa de la fundamentación: entiende que la petición excedía el objeto original del recurso y que conocer la dimensión del colectivo no suponía un cambio de circunstancias que justificara modificar las medidas.

La suspensión que sigue vigente fue acordada el 10 de septiembre y confirmada el 12 de octubre. Afecta a personas inscritas en el CERA que adquirieron la nacionalidad por la vía de la disposición de la Ley de Memoria Democrática relativa a descendientes de españoles que perdieron o a cuya nacionalidad renunciaron como consecuencia del exilio. De 163.355 personas nacionalizadas por esa vía, 901 aportaron certificaciones consulares que acreditaban la condición de exiliados de sus ascendientes y quedaron fuera de la suspensión.

El litigio se refiere a una instrucción de Justicia de 2022 que presumía la condición de exiliados de los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, si se acreditaba su salida. Vox e Iustitia Europa cuestionaron la instrucción y pidieron medidas cautelares. El Supremo aprecia indicios de presuntas irregularidades en la configuración del censo y sostiene que la distribución de los afectados por las circunscripciones podría influir en el resultado electoral. Entre los datos citados figura que, según una certificación consular, ninguno de los 17.775 expedientes aprobados en Buenos Aires incluía prueba del exilio.

El tribunal subraya que la medida es temporal y suspende el ejercicio del voto, pero no la titularidad del derecho. Millán también ha votado contra mantener esa suspensión: considera que privar a los afectados de votar en unos comicios ya convocados les causa un perjuicio irreversible y que su posible incidencia en el resultado no justifica por sí sola la cautelar. Según la magistrada, representan aproximadamente el 0,42 % de los 38.728.356 electores del censo aplicable.

Fuentes del Gobierno han celebrado el rechazo a la ampliación, en línea con la posición de la Abogacía del Estado, pero lamentan que el mismo razonamiento no se haya aplicado a quienes siguen con el voto suspendido. El Ejecutivo espera que la decisión definitiva ampare sus derechos y acusa a Vox e Iustitia Europa de intentar suprimir derechos y sembrar dudas sobre el resultado electoral. Por su parte, Iustitia Europa destaca que el tribunal reconoce la conexión entre ambos colectivos y que la legalidad de las inscripciones queda pendiente de examen.