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El Tribunal de Cuentas investigará la compra del ático de Madrid
El órgano rechaza el archivo solicitado por la Comunidad y Planifica y aprecia indicios de que los 6,3 millones pudieron carecer de justificación legal.
Publicado: 13 de noviembre de 2026, 15:43
El Tribunal de Cuentas ha rechazado archivar las actuaciones sobre la compra por 6,3 millones de euros de un ático en Chamberí por parte de la empresa pública Planifica Madrid. El órgano aprecia indicios de que la operación pudo causar un perjuicio a los fondos públicos y ha elevado el caso para que se proponga el nombramiento de un delegado instructor.
En el auto, la consejera María del Rosario García Álvarez considera que la inversión pudo constituir una salida de fondos públicos «carente por completo de justificación legal». La resolución precisa que la decisión no prejuzga la existencia de irregularidades ni de responsabilidades contables, que deberán examinarse durante la investigación.
La Comunidad de Madrid y Planifica habían solicitado el archivo, mientras que la Fiscalía pidió en dos ocasiones que se nombrara un instructor. El Ministerio Público consideró que las alegaciones y la documentación presentadas no desvirtuaban, por el momento, las irregularidades denunciadas. El pasado 8 de octubre, el tribunal había dado cinco días a las tres partes para pronunciarse sobre el nombramiento o el archivo.
El inmueble, situado en el número 35 de la calle General Martínez Campos, se adquirió el 14 de abril de 2026. Tiene unos 485 metros cuadrados, con una terraza de aproximadamente 200 metros cuadrados, y se encuentra frente al piso que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, recibió como donación en vida de su padre y en el que vive su madre.
La resolución señala la aparente falta de una declaración de necesidad y de un encargo formal previos a la adquisición. La memoria con la que la Administración justificó después el destino institucional del inmueble se elaboró el 2 de julio, casi tres meses después de la firma de la compraventa. Los estatutos de Planifica la califican como medio propio de la Comunidad y prevén un encargo previo del Consejo de Gobierno.
El tribunal también plantea dudas sobre si la compra encajaba en los fines de la empresa pública, cuyos estatutos vinculan la adquisición de inmuebles a la actividad administrativa de las consejerías y organismos de la Comunidad. El auto apunta que las características de la vivienda pueden hacerla inadecuada para actividades administrativas y de gobierno.
En sus alegaciones, el Ejecutivo regional sostuvo que necesitaba un inmueble institucional residencial con zonas de trabajo, descanso y alojamiento ocasional para autoridades regionales o en visita oficial. Inicialmente había indicado que se utilizaría como despacho y para reuniones mientras se realizaban obras en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia en la Puerta del Sol.
Planifica y la Comunidad firmaron un contrato de arrendamiento el 28 de julio, pero lo resolvieron de mutuo acuerdo el 15 de septiembre, después de que la Administración comunicara que había desaparecido la necesidad que justificaba el alquiler. El inmueble no llegó a ser utilizado por la Comunidad. El Gobierno regional anunció su venta y dijo que destinaría los fondos a la reconstrucción tras los incendios de la Sierra Oeste.
La investigación también deberá aclarar si hubo sobreprecio. Una primera tasación de Gesvalt, fechada el 13 de febrero, valoró el ático en 6.242.884,19 euros. Las denuncias apuntan además a otros posibles costes y cifran el eventual perjuicio en al menos 437.058 euros.
La Comunidad y Planifica negaron que existiera sobreprecio y aportaron una segunda tasación de Gesvalt, del 15 de octubre, que fijó el valor en 6.320.341,26 euros al incluir unos 105 metros cuadrados de terraza cerrada como superficie interior habitable. Sin embargo, el auto recoge indicios de que ese cerramiento, realizado entre 2007 y 2010, podría no ajustarse a la legalidad urbanística. Un informe arquitectónico aportado al procedimiento apunta a posibles efectos sobre el valor del inmueble y a futuros costes para restituir la legalidad.
Ambas entidades defendieron que la operación se ajustaba a la actividad de Planifica, que su consejero delegado tenía facultades para formalizarla y que no había causado un daño real a las arcas públicas, puesto que el inmueble pasó al patrimonio público. También alegaron que el precio de salida de 6.694.201 euros permitiría recuperar la inversión.
El tribunal señala, no obstante, que la primera licitación quedó desierta y que la falta de ofertas posteriores puede indicar que el mercado no ha asumido el precio fijado. Tras un segundo intento sin comprador, Planifica acordó mantener la venta de forma permanente por el mismo importe, más impuestos.
La actuación reúne siete denuncias, entre ellas las de PSOE, Más Madrid y particulares. El abogado Francisco Javier Flores, que presentó la primera denuncia, criticó que la Comunidad solicitara el archivo y advirtió de que, si se ha perdido dinero público, quienes decidieron la compra deberán responder por ello.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue preguntado por el coste del ático en una entrevista en el pódcast de Jordi Wild. En su respuesta preguntó cuánto había costado la delegación de la Generalitat en Madrid, sin ofrecer una cifra ni pronunciarse sobre la compra.
En el auto, la consejera María del Rosario García Álvarez considera que la inversión pudo constituir una salida de fondos públicos «carente por completo de justificación legal». La resolución precisa que la decisión no prejuzga la existencia de irregularidades ni de responsabilidades contables, que deberán examinarse durante la investigación.
La Comunidad de Madrid y Planifica habían solicitado el archivo, mientras que la Fiscalía pidió en dos ocasiones que se nombrara un instructor. El Ministerio Público consideró que las alegaciones y la documentación presentadas no desvirtuaban, por el momento, las irregularidades denunciadas. El pasado 8 de octubre, el tribunal había dado cinco días a las tres partes para pronunciarse sobre el nombramiento o el archivo.
El inmueble, situado en el número 35 de la calle General Martínez Campos, se adquirió el 14 de abril de 2026. Tiene unos 485 metros cuadrados, con una terraza de aproximadamente 200 metros cuadrados, y se encuentra frente al piso que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, recibió como donación en vida de su padre y en el que vive su madre.
La resolución señala la aparente falta de una declaración de necesidad y de un encargo formal previos a la adquisición. La memoria con la que la Administración justificó después el destino institucional del inmueble se elaboró el 2 de julio, casi tres meses después de la firma de la compraventa. Los estatutos de Planifica la califican como medio propio de la Comunidad y prevén un encargo previo del Consejo de Gobierno.
El tribunal también plantea dudas sobre si la compra encajaba en los fines de la empresa pública, cuyos estatutos vinculan la adquisición de inmuebles a la actividad administrativa de las consejerías y organismos de la Comunidad. El auto apunta que las características de la vivienda pueden hacerla inadecuada para actividades administrativas y de gobierno.
En sus alegaciones, el Ejecutivo regional sostuvo que necesitaba un inmueble institucional residencial con zonas de trabajo, descanso y alojamiento ocasional para autoridades regionales o en visita oficial. Inicialmente había indicado que se utilizaría como despacho y para reuniones mientras se realizaban obras en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia en la Puerta del Sol.
Planifica y la Comunidad firmaron un contrato de arrendamiento el 28 de julio, pero lo resolvieron de mutuo acuerdo el 15 de septiembre, después de que la Administración comunicara que había desaparecido la necesidad que justificaba el alquiler. El inmueble no llegó a ser utilizado por la Comunidad. El Gobierno regional anunció su venta y dijo que destinaría los fondos a la reconstrucción tras los incendios de la Sierra Oeste.
La investigación también deberá aclarar si hubo sobreprecio. Una primera tasación de Gesvalt, fechada el 13 de febrero, valoró el ático en 6.242.884,19 euros. Las denuncias apuntan además a otros posibles costes y cifran el eventual perjuicio en al menos 437.058 euros.
La Comunidad y Planifica negaron que existiera sobreprecio y aportaron una segunda tasación de Gesvalt, del 15 de octubre, que fijó el valor en 6.320.341,26 euros al incluir unos 105 metros cuadrados de terraza cerrada como superficie interior habitable. Sin embargo, el auto recoge indicios de que ese cerramiento, realizado entre 2007 y 2010, podría no ajustarse a la legalidad urbanística. Un informe arquitectónico aportado al procedimiento apunta a posibles efectos sobre el valor del inmueble y a futuros costes para restituir la legalidad.
Ambas entidades defendieron que la operación se ajustaba a la actividad de Planifica, que su consejero delegado tenía facultades para formalizarla y que no había causado un daño real a las arcas públicas, puesto que el inmueble pasó al patrimonio público. También alegaron que el precio de salida de 6.694.201 euros permitiría recuperar la inversión.
El tribunal señala, no obstante, que la primera licitación quedó desierta y que la falta de ofertas posteriores puede indicar que el mercado no ha asumido el precio fijado. Tras un segundo intento sin comprador, Planifica acordó mantener la venta de forma permanente por el mismo importe, más impuestos.
La actuación reúne siete denuncias, entre ellas las de PSOE, Más Madrid y particulares. El abogado Francisco Javier Flores, que presentó la primera denuncia, criticó que la Comunidad solicitara el archivo y advirtió de que, si se ha perdido dinero público, quienes decidieron la compra deberán responder por ello.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue preguntado por el coste del ático en una entrevista en el pódcast de Jordi Wild. En su respuesta preguntó cuánto había costado la delegación de la Generalitat en Madrid, sin ofrecer una cifra ni pronunciarse sobre la compra.