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El TSJC avala la retirada de licencias a pisos turísticos en Barcelona
Se confirman las decisiones del Ayuntamiento sobre 78 de las 120 licencias en el bloque Tarragona.
Publicado: 4 de noviembre de 2026, 15:46
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha respaldado la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de retirar la licencia de vivienda de uso turístico a 72 pisos de un bloque en la calle Tarragona, parte de un proceso judicial complejo que refleja las tensiones entre el uso residencial y turístico de la vivienda en la ciudad. Este dictamen se origina en un conflicto que surgió tras una resolución judicial que permitió a la inmobiliaria Gallardo, propietaria del edificio, obtener licencias para abrir hasta 120 pisos turísticos, un hecho que intensificó la gentrificación y la expulsión de residentes del barrio.
El Ayuntamiento inició el procedimiento de retirada de licencias cuando constató que los pisos estaban alquilados a largo plazo a los inquilinos, lo que contraviene el requisito de "inmediata disponibilidad" previsto por la ley de turismo de Cataluña. Según la resolución del tribunal, la propiedad no cumple con este requisito porque los inmuebles estaban alquilados al momento de la concesión de la licencia. La decisión judicial, aunque referida a un solo piso, establece un precedente que puede tener implicaciones para el resto de los casos en este bloque y otros similares en Barcelona.
La inmobiliaria Gallardo había tomado medidas para sustituir a inquilinos por turistas, lo que llevó a los vecinos a organizarse a través del Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya (SHSC). Este sindicato ha destacado la importancia de la colaboración entre los vecinos y el trabajo colectivo en la defensa de sus derechos. Tras una serie de maniobras jurídicas, lograron interceder en el proceso y han conseguido que el tribunal valide la actuación del Ayuntamiento en esta materia.
La portavoz del SHSC, Rebeca Pérez, ha enfatizado que esta decisión representa una victoria significativa para los inquilinos que temían ser desplazados de sus hogares. Pérez afirmaba que, si no hubiera sido por la organización vecinal, la situación podría haber desembocado en la expulsión de familias y en la creación de lo que describió como "hoteles encubiertos" en el área.
El dictamen del TSJC, que los afectados pueden apelar ante el Tribunal Supremo, se produce en un contexto en el que el Ayuntamiento busca redefinir la normativa sobre el alquiler turístico y planificar la extinción de dichas licencias antes de 2028. Sin embargo, todavía hay un camino por recorrer, ya que la batalla legal podría continuar ante el máximo tribunal del país.
Los vecinos del bloque han expresado su esperanza de que estas resoluciones se traduzcan en una mejora de su calidad de vida y en una mayor estabilidad habitacional. Enrique Núñez, un residente, ha comentado sobre las dificultades que implica la convivencia con pisos turísticos, refiriéndose a incidentes de incivismo y disturbios ocasionados por esos alquileres.
En el transcurso de este conflicto, se han generado sentimientos encontrados, con algunos residentes confiando en que la presión colectiva y la atención mediática logren frenar el avance del modelo turístico que amenaza el tejido residencial de Barcelona. La batalla por el uso de la vivienda en la ciudad continúa, mientras los inquilinos celebran un avance en su lucha por la permanencia y la regulación adecuada de los alquileres turísticos.
El Ayuntamiento inició el procedimiento de retirada de licencias cuando constató que los pisos estaban alquilados a largo plazo a los inquilinos, lo que contraviene el requisito de "inmediata disponibilidad" previsto por la ley de turismo de Cataluña. Según la resolución del tribunal, la propiedad no cumple con este requisito porque los inmuebles estaban alquilados al momento de la concesión de la licencia. La decisión judicial, aunque referida a un solo piso, establece un precedente que puede tener implicaciones para el resto de los casos en este bloque y otros similares en Barcelona.
La inmobiliaria Gallardo había tomado medidas para sustituir a inquilinos por turistas, lo que llevó a los vecinos a organizarse a través del Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya (SHSC). Este sindicato ha destacado la importancia de la colaboración entre los vecinos y el trabajo colectivo en la defensa de sus derechos. Tras una serie de maniobras jurídicas, lograron interceder en el proceso y han conseguido que el tribunal valide la actuación del Ayuntamiento en esta materia.
La portavoz del SHSC, Rebeca Pérez, ha enfatizado que esta decisión representa una victoria significativa para los inquilinos que temían ser desplazados de sus hogares. Pérez afirmaba que, si no hubiera sido por la organización vecinal, la situación podría haber desembocado en la expulsión de familias y en la creación de lo que describió como "hoteles encubiertos" en el área.
El dictamen del TSJC, que los afectados pueden apelar ante el Tribunal Supremo, se produce en un contexto en el que el Ayuntamiento busca redefinir la normativa sobre el alquiler turístico y planificar la extinción de dichas licencias antes de 2028. Sin embargo, todavía hay un camino por recorrer, ya que la batalla legal podría continuar ante el máximo tribunal del país.
Los vecinos del bloque han expresado su esperanza de que estas resoluciones se traduzcan en una mejora de su calidad de vida y en una mayor estabilidad habitacional. Enrique Núñez, un residente, ha comentado sobre las dificultades que implica la convivencia con pisos turísticos, refiriéndose a incidentes de incivismo y disturbios ocasionados por esos alquileres.
En el transcurso de este conflicto, se han generado sentimientos encontrados, con algunos residentes confiando en que la presión colectiva y la atención mediática logren frenar el avance del modelo turístico que amenaza el tejido residencial de Barcelona. La batalla por el uso de la vivienda en la ciudad continúa, mientras los inquilinos celebran un avance en su lucha por la permanencia y la regulación adecuada de los alquileres turísticos.