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Estado y Generalitat acuerdan un órgano aeroportuario y avanzan en Rodalies
La comisión bilateral también pacta actuaciones en la AP-7 y la AP-2 y un impulso a la línea orbital ferroviaria.
Publicado: 13 de noviembre de 2026, 07:54
El Gobierno y la Generalitat han acordado crear un órgano bilateral para aumentar la participación catalana en las decisiones estratégicas sobre los aeropuertos de Cataluña. En la reunión celebrada este jueves en Barcelona, las dos administraciones también avanzaron en los trabajos para traspasar la infraestructura de la R1 de Rodalies, aunque sin culminar el proceso.
La comisión bilateral, la cuarta de la legislatura, estuvo presidida en el Palau de la Generalitat por el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez. El encuentro se celebró antes del inicio de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El nuevo Órgano Bilateral Aeroportuario tendrá cuatro representantes de cada administración, una presidencia rotatoria anual y adoptará sus acuerdos por consenso. Su ámbito comprenderá los aeropuertos de Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus y Sabadell.
La Generalitat podrá formular propuestas antes de la elaboración de los planes directores, participar en la preparación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y emitir informes preceptivos antes de que el Ministerio de Transportes apruebe esos planes. El órgano podrá plantear iniciativas sobre conectividad, inversiones e intermodalidad, promover rutas e impulsar medidas de descarbonización.
El acuerdo no supone un traspaso de competencias ni la cogestión de los aeropuertos. Aena, que no formará parte del órgano, mantendrá la gestión y su autonomía operativa. La primera tarea será analizar las inversiones del DORA III, sin que la opinión del órgano sea vinculante para la empresa. Tampoco podrá modificarse la senda tarifaria para 2027-2031 aprobada por el Consejo de Ministros en septiembre. El modelo sigue el acordado con el País Vasco en marzo y el Gobierno prevé extenderlo a otras comunidades autónomas.
La participación catalana en la gestión aeroportuaria ha sido objeto de negociación entre el Govern y ERC. Ambos pactaron en junio crear la Autoritat Aeroportuària de Catalunya, formalizada en julio pero aún pendiente de despliegue, que debería asumir funciones relacionadas con el urbanismo, la accesibilidad, el transporte y la promoción económica. El pacto también incluyó la conexión ferroviaria entre los principales aeródromos catalanes.
En cuanto a la R1, la comisión encargó al grupo de trabajo sobre el traspaso de infraestructuras que complete los procedimientos jurídicos y las cuestiones técnicas, económicas y operativas necesarias para que la Generalitat gestione la infraestructura entre La Sagrera y Maçanet-Massanes. Entre los aspectos pendientes figura cómo se relacionará con Adif y con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. También deben dar su visto bueno los consejos de administración de Renfe Viajeros y Rodalies de Catalunya.
El traspaso no abarcaría toda la línea: el tramo entre Barcelona y Molins de Rei seguiría bajo responsabilidad de Renfe y Adif. Además, hasta que se adapten los centros de control de Rodalies, Adif continuaría regulando el tráfico y controlando las vías del Maresme desde la estación de França. La empresa pública catalana Ifercat asumiría principalmente el mantenimiento de estaciones y catenarias y la seguridad de los taludes. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defendió el martes la voluntad del Govern de culminar el traspaso y avanzar con las líneas R2 y R3, aunque cambie el Gobierno central.
En una reunión telemática separada, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales pactó transferencias estatales por 1.148,7 millones de euros para servicios ferroviarios en Cataluña durante el periodo 2025-2028. La partida incluye 928 millones para compensar el déficit de explotación de Rodalies y Regionales prestados por Renfe Viajeros en 2026 y 2027. Además, se acordaron 36,76 millones para los planes alternativos aplicados durante la crisis de Gelida.
También se acordaron 15 millones para servicios adicionales de las líneas RL3 y RL4 de Lleida entre 2026 y 2028 y una aportación extraordinaria de 79 millones para inversiones, como la adecuación del taller de Pla de Vilanoveta y el refuerzo del material móvil y las estaciones. La titularidad de las Rodalies de Lleida pasará a la Generalitat a principios de 2027.
Las administraciones acordaron además impulsar la línea orbital ferroviaria entre Mataró y Vilanova i la Geltrú, que conectaría municipios como Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell y Vilafranca del Penedès sin pasar por Barcelona. El proyecto prevé unos 120 kilómetros, 68 de nueva construcción, y 40 estaciones, 23 nuevas, con una previsión de 30 millones de pasajeros anuales. Antes de que termine el año se crearán un grupo de trabajo y una mesa de seguimiento, que deberán preparar una propuesta de protocolo de colaboración en el primer trimestre de 2027. La previsión es que la línea esté lista en 2041.
En carreteras, se incorporará la rehabilitación del firme de la AP-7 y la AP-2 al convenio vigente, con una inversión estimada de 75 millones de euros. La Generalitat podrá redactar los proyectos y ejecutar las obras, previstas para 2027 en Barcelona, Tarragona y Girona. Las actuaciones se suman a otros proyectos de enlaces y seguridad en unas autopistas cuyo tráfico ha aumentado tras la eliminación de los peajes.
La comisión también acordó crear un grupo de trabajo para impulsar el uso del catalán en las relaciones entre la Administración estatal y la ciudadanía y reforzar la formación de empleados públicos. Asimismo, se activaron mecanismos para aumentar la participación de la Generalitat en asuntos europeos que afecten a sus competencias.
Junts criticó la celebración de la comisión antes de las elecciones y abandonó la reunión previa al encuentro. El partido pidió aplazarla hasta después del 29N y reclamó que el Estado ejecute los acuerdos pendientes antes de negociar otros nuevos. Según el diputado Salvador Vergès, el president Salvador Illa respondió por carta que no se desconvocaría la reunión.
La comisión bilateral, la cuarta de la legislatura, estuvo presidida en el Palau de la Generalitat por el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez. El encuentro se celebró antes del inicio de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El nuevo Órgano Bilateral Aeroportuario tendrá cuatro representantes de cada administración, una presidencia rotatoria anual y adoptará sus acuerdos por consenso. Su ámbito comprenderá los aeropuertos de Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus y Sabadell.
La Generalitat podrá formular propuestas antes de la elaboración de los planes directores, participar en la preparación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y emitir informes preceptivos antes de que el Ministerio de Transportes apruebe esos planes. El órgano podrá plantear iniciativas sobre conectividad, inversiones e intermodalidad, promover rutas e impulsar medidas de descarbonización.
El acuerdo no supone un traspaso de competencias ni la cogestión de los aeropuertos. Aena, que no formará parte del órgano, mantendrá la gestión y su autonomía operativa. La primera tarea será analizar las inversiones del DORA III, sin que la opinión del órgano sea vinculante para la empresa. Tampoco podrá modificarse la senda tarifaria para 2027-2031 aprobada por el Consejo de Ministros en septiembre. El modelo sigue el acordado con el País Vasco en marzo y el Gobierno prevé extenderlo a otras comunidades autónomas.
La participación catalana en la gestión aeroportuaria ha sido objeto de negociación entre el Govern y ERC. Ambos pactaron en junio crear la Autoritat Aeroportuària de Catalunya, formalizada en julio pero aún pendiente de despliegue, que debería asumir funciones relacionadas con el urbanismo, la accesibilidad, el transporte y la promoción económica. El pacto también incluyó la conexión ferroviaria entre los principales aeródromos catalanes.
En cuanto a la R1, la comisión encargó al grupo de trabajo sobre el traspaso de infraestructuras que complete los procedimientos jurídicos y las cuestiones técnicas, económicas y operativas necesarias para que la Generalitat gestione la infraestructura entre La Sagrera y Maçanet-Massanes. Entre los aspectos pendientes figura cómo se relacionará con Adif y con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. También deben dar su visto bueno los consejos de administración de Renfe Viajeros y Rodalies de Catalunya.
El traspaso no abarcaría toda la línea: el tramo entre Barcelona y Molins de Rei seguiría bajo responsabilidad de Renfe y Adif. Además, hasta que se adapten los centros de control de Rodalies, Adif continuaría regulando el tráfico y controlando las vías del Maresme desde la estación de França. La empresa pública catalana Ifercat asumiría principalmente el mantenimiento de estaciones y catenarias y la seguridad de los taludes. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defendió el martes la voluntad del Govern de culminar el traspaso y avanzar con las líneas R2 y R3, aunque cambie el Gobierno central.
En una reunión telemática separada, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales pactó transferencias estatales por 1.148,7 millones de euros para servicios ferroviarios en Cataluña durante el periodo 2025-2028. La partida incluye 928 millones para compensar el déficit de explotación de Rodalies y Regionales prestados por Renfe Viajeros en 2026 y 2027. Además, se acordaron 36,76 millones para los planes alternativos aplicados durante la crisis de Gelida.
También se acordaron 15 millones para servicios adicionales de las líneas RL3 y RL4 de Lleida entre 2026 y 2028 y una aportación extraordinaria de 79 millones para inversiones, como la adecuación del taller de Pla de Vilanoveta y el refuerzo del material móvil y las estaciones. La titularidad de las Rodalies de Lleida pasará a la Generalitat a principios de 2027.
Las administraciones acordaron además impulsar la línea orbital ferroviaria entre Mataró y Vilanova i la Geltrú, que conectaría municipios como Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell y Vilafranca del Penedès sin pasar por Barcelona. El proyecto prevé unos 120 kilómetros, 68 de nueva construcción, y 40 estaciones, 23 nuevas, con una previsión de 30 millones de pasajeros anuales. Antes de que termine el año se crearán un grupo de trabajo y una mesa de seguimiento, que deberán preparar una propuesta de protocolo de colaboración en el primer trimestre de 2027. La previsión es que la línea esté lista en 2041.
En carreteras, se incorporará la rehabilitación del firme de la AP-7 y la AP-2 al convenio vigente, con una inversión estimada de 75 millones de euros. La Generalitat podrá redactar los proyectos y ejecutar las obras, previstas para 2027 en Barcelona, Tarragona y Girona. Las actuaciones se suman a otros proyectos de enlaces y seguridad en unas autopistas cuyo tráfico ha aumentado tras la eliminación de los peajes.
La comisión también acordó crear un grupo de trabajo para impulsar el uso del catalán en las relaciones entre la Administración estatal y la ciudadanía y reforzar la formación de empleados públicos. Asimismo, se activaron mecanismos para aumentar la participación de la Generalitat en asuntos europeos que afecten a sus competencias.
Junts criticó la celebración de la comisión antes de las elecciones y abandonó la reunión previa al encuentro. El partido pidió aplazarla hasta después del 29N y reclamó que el Estado ejecute los acuerdos pendientes antes de negociar otros nuevos. Según el diputado Salvador Vergès, el president Salvador Illa respondió por carta que no se desconvocaría la reunión.