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Fedea cuestiona la sostenibilidad de las pensiones pese al crecimiento de la hucha
El fondo ha aumentado en 13.114 millones desde 2019, mientras el informe calcula un déficit contributivo del 3,8% del PIB en 2025.
Publicado: 17 de noviembre de 2026, 16:30
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social cerrará 2026 con unos 20.000 millones de euros, según la previsión del Gobierno, pero su crecimiento no demuestra que el sistema de pensiones sea financieramente sostenible. Es la conclusión de un informe de Fedea que señala que las prestaciones pueden seguir pagándose mientras el Estado cubra el déficit mediante impuestos y deuda.
El estudio, firmado por Santiago Calvo, investigador de la Universidad de las Hespérides, calcula que el déficit contributivo de la Seguridad Social ampliada alcanzó el 3,8% del PIB en 2025. Advierte de que el desequilibrio ha crecido pese al aumento del empleo y se agravará con la jubilación de las generaciones del baby boom.
La evolución de la hucha también fue objeto de debate político. El representante de Vox José María Figaredo afirmó en el encuentro electoral del 13 de noviembre que «este Gobierno ha vaciado la caja de las pensiones». Sin embargo, los datos oficiales muestran que el fondo ha crecido de forma continua desde 2021 y que, con respecto a 2019, había aumentado en 13.114 millones hasta alcanzar los 15.267 millones a finales de marzo de 2026, la cifra más alta de los últimos diez años. La previsión oficial concreta para el cierre de 2026 es de 19.841 millones.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, contrapuso en octubre los aproximadamente 20.000 millones previstos para final de año con los 5.000 millones a los que, según dijo, quedó reducido el fondo durante los gobiernos del PP. El Ejecutivo también defiende la sostenibilidad del sistema con referencia a la afiliación, la ratio de cotizantes por pensionista y los pronunciamientos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre el cumplimiento de la regla de gasto.
El fondo se constituyó a comienzos de los años 2000 con los superávits del sistema y alcanzó en 2011 los 66.815 millones de euros corrientes, equivalentes a 72.700 millones de euros de 2021. Desde 2012 se utilizaron sus recursos para pagar pensiones y en 2019 quedaban algo más de 2.000 millones. Las pensiones actuales se financian con cotizaciones sociales y transferencias del Estado, no con la hucha, concebida para ahorrar en etapas de bonanza.
Desde 2023, el fondo vuelve a crecer gracias al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional cuyos ingresos se destinan íntegramente a la reserva. Comenzó en el 0,6% de la base de cotización por contingencias comunes y aumentará hasta el 1,2% en 2029, nivel que se mantendrá hasta 2050. El diseño acordado en 2021 permite utilizar esos recursos a partir de 2033, con un límite anual del 0,2% del PIB.
Fedea sostiene que, como la Seguridad Social necesita préstamos para cuadrar sus cuentas mientras aporta dinero al fondo, este se financia en la práctica con deuda. La deuda con el Estado pasó de 18.500 millones de euros de 2021 en 2016 a 116.000 millones en 2025, unos 136.000 millones en euros corrientes. Al restar esa deuda del fondo, los activos netos de la Seguridad Social ampliada, que incluye las Clases Pasivas de los funcionarios del Estado, pasaron de superar los 54.000 millones en 2011 a ser negativos en unos 103.800 millones en 2025.
El informe compara el balance con un iceberg: la hucha sería la parte visible, mientras que bajo ella se encuentran la deuda y las transferencias del Estado para financiar, entre otras partidas, las Clases Pasivas, los complementos de las pensiones mínimas y gastos extraordinarios. Esas transferencias acumulan unos 320.000 millones de euros de 2021 desde 2005, más de 310.000 millones de ellos entre 2013 y 2025. Sumadas a la deuda, representan unos 436.000 millones de recursos externos a finales de 2025, frente a los 12.200 millones que representaba entonces la hucha en euros de 2021.
El estudio añade los derechos de pensión ya devengados por trabajadores y pensionistas actuales. Según Eurostat, su valor ascendía en España a 5,58 billones de euros en 2021, el 452% del PIB, frente al 257% en 2015. La estimación recoge las pensiones ya generadas por las cotizaciones realizadas hasta esa fecha, sin incluir derechos futuros.
El saldo presupuestario de la Seguridad Social ampliada arrojó en 2025 un déficit del 0,5% del PIB. Fedea atribuye esa cifra al aumento de las transferencias estatales, que pasaron del 0,5% del PIB en 2005 al 3,6% en 2025, unos 50.000 millones anuales. Al descontarlas, el estudio sitúa el déficit básico en el 4,1% y el contributivo en el 3,8%. Entre 2007 y 2025, las cotizaciones contributivas crecieron un 29% en términos reales, frente a un aumento del 82% del gasto en pensiones contributivas.
Según el informe, el número de ocupados pasó de 19,24 millones en el primer trimestre de 2021 a 22,78 millones en el segundo de 2026. Pese a ello, el déficit contributivo ha aumentado cada año desde 2022, de 47.700 a 54.300 millones de euros de 2021, porque los gastos contributivos crecieron en 22.400 millones y los ingresos en 15.900. Fedea añade que la reforma laboral redujo la temporalidad contractual, aunque la duración media de los nuevos contratos indefinidos ordinarios de los jóvenes cayó en más de cien días.
El estudio cuestiona también la ratio oficial de 2,51 cotizantes por pensionista. Con las 22,44 millones de afiliaciones medias de septiembre y los 9,54 millones de pensionistas, Fedea obtiene una relación de 2,35, que baja a 2,13 si se cuentan pensiones en lugar de pensionistas. Según el informe, la cifra oficial se aproxima al incluir parte de los desempleados por los que cotiza el Servicio Público de Empleo Estatal. Con cualquiera de las definiciones, añade, la mejora desde 2021 es de algo más de una décima.
En cuanto al envejecimiento, Fedea señala que había casi seis personas de 16 a 64 años por cada mayor de 64 en 1975, frente a 3,15 actualmente, y que las proyecciones del INE sitúan la relación en 1,93 en 2050. España destinó a pensiones el 13,2% del PIB en 2024, frente al 12,6% de media en la UE, pese a una tasa de dependencia de mayores tres puntos inferior. La Airef proyecta que el gasto pase del 13% del PIB en 2025 al 16,4% en 2050.
La Airef ha confirmado el cumplimiento de la regla de gasto, con un desembolso neto de medidas de ingresos del 13% del PIB frente a un límite del 13,3%. Fedea recuerda, no obstante, que el propio estudio de la Airef advierte de que esa regla no guarda relación con la sostenibilidad de las cuentas públicas. En un escenario de políticas constantes, la Airef proyecta una deuda pública del 123% del PIB en 2050 y transferencias al sistema de pensiones del 3% del PIB.
Entre sus propuestas, Fedea plantea una transición hacia cuentas nocionales que vinculen prestaciones y aportaciones con ajustes automáticos, un sistema complementario colectivo de capitalización con inscripción automática y mayor transparencia sobre la pensión esperada, el saldo y la deuda implícita. También pide que la equidad entre generaciones sea un criterio explícito en futuras reformas y sostiene que estas medidas no implican privatizar las pensiones públicas.
El estudio, firmado por Santiago Calvo, investigador de la Universidad de las Hespérides, calcula que el déficit contributivo de la Seguridad Social ampliada alcanzó el 3,8% del PIB en 2025. Advierte de que el desequilibrio ha crecido pese al aumento del empleo y se agravará con la jubilación de las generaciones del baby boom.
La evolución de la hucha también fue objeto de debate político. El representante de Vox José María Figaredo afirmó en el encuentro electoral del 13 de noviembre que «este Gobierno ha vaciado la caja de las pensiones». Sin embargo, los datos oficiales muestran que el fondo ha crecido de forma continua desde 2021 y que, con respecto a 2019, había aumentado en 13.114 millones hasta alcanzar los 15.267 millones a finales de marzo de 2026, la cifra más alta de los últimos diez años. La previsión oficial concreta para el cierre de 2026 es de 19.841 millones.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, contrapuso en octubre los aproximadamente 20.000 millones previstos para final de año con los 5.000 millones a los que, según dijo, quedó reducido el fondo durante los gobiernos del PP. El Ejecutivo también defiende la sostenibilidad del sistema con referencia a la afiliación, la ratio de cotizantes por pensionista y los pronunciamientos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre el cumplimiento de la regla de gasto.
El fondo se constituyó a comienzos de los años 2000 con los superávits del sistema y alcanzó en 2011 los 66.815 millones de euros corrientes, equivalentes a 72.700 millones de euros de 2021. Desde 2012 se utilizaron sus recursos para pagar pensiones y en 2019 quedaban algo más de 2.000 millones. Las pensiones actuales se financian con cotizaciones sociales y transferencias del Estado, no con la hucha, concebida para ahorrar en etapas de bonanza.
Desde 2023, el fondo vuelve a crecer gracias al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional cuyos ingresos se destinan íntegramente a la reserva. Comenzó en el 0,6% de la base de cotización por contingencias comunes y aumentará hasta el 1,2% en 2029, nivel que se mantendrá hasta 2050. El diseño acordado en 2021 permite utilizar esos recursos a partir de 2033, con un límite anual del 0,2% del PIB.
Fedea sostiene que, como la Seguridad Social necesita préstamos para cuadrar sus cuentas mientras aporta dinero al fondo, este se financia en la práctica con deuda. La deuda con el Estado pasó de 18.500 millones de euros de 2021 en 2016 a 116.000 millones en 2025, unos 136.000 millones en euros corrientes. Al restar esa deuda del fondo, los activos netos de la Seguridad Social ampliada, que incluye las Clases Pasivas de los funcionarios del Estado, pasaron de superar los 54.000 millones en 2011 a ser negativos en unos 103.800 millones en 2025.
El informe compara el balance con un iceberg: la hucha sería la parte visible, mientras que bajo ella se encuentran la deuda y las transferencias del Estado para financiar, entre otras partidas, las Clases Pasivas, los complementos de las pensiones mínimas y gastos extraordinarios. Esas transferencias acumulan unos 320.000 millones de euros de 2021 desde 2005, más de 310.000 millones de ellos entre 2013 y 2025. Sumadas a la deuda, representan unos 436.000 millones de recursos externos a finales de 2025, frente a los 12.200 millones que representaba entonces la hucha en euros de 2021.
El estudio añade los derechos de pensión ya devengados por trabajadores y pensionistas actuales. Según Eurostat, su valor ascendía en España a 5,58 billones de euros en 2021, el 452% del PIB, frente al 257% en 2015. La estimación recoge las pensiones ya generadas por las cotizaciones realizadas hasta esa fecha, sin incluir derechos futuros.
El saldo presupuestario de la Seguridad Social ampliada arrojó en 2025 un déficit del 0,5% del PIB. Fedea atribuye esa cifra al aumento de las transferencias estatales, que pasaron del 0,5% del PIB en 2005 al 3,6% en 2025, unos 50.000 millones anuales. Al descontarlas, el estudio sitúa el déficit básico en el 4,1% y el contributivo en el 3,8%. Entre 2007 y 2025, las cotizaciones contributivas crecieron un 29% en términos reales, frente a un aumento del 82% del gasto en pensiones contributivas.
Según el informe, el número de ocupados pasó de 19,24 millones en el primer trimestre de 2021 a 22,78 millones en el segundo de 2026. Pese a ello, el déficit contributivo ha aumentado cada año desde 2022, de 47.700 a 54.300 millones de euros de 2021, porque los gastos contributivos crecieron en 22.400 millones y los ingresos en 15.900. Fedea añade que la reforma laboral redujo la temporalidad contractual, aunque la duración media de los nuevos contratos indefinidos ordinarios de los jóvenes cayó en más de cien días.
El estudio cuestiona también la ratio oficial de 2,51 cotizantes por pensionista. Con las 22,44 millones de afiliaciones medias de septiembre y los 9,54 millones de pensionistas, Fedea obtiene una relación de 2,35, que baja a 2,13 si se cuentan pensiones en lugar de pensionistas. Según el informe, la cifra oficial se aproxima al incluir parte de los desempleados por los que cotiza el Servicio Público de Empleo Estatal. Con cualquiera de las definiciones, añade, la mejora desde 2021 es de algo más de una décima.
En cuanto al envejecimiento, Fedea señala que había casi seis personas de 16 a 64 años por cada mayor de 64 en 1975, frente a 3,15 actualmente, y que las proyecciones del INE sitúan la relación en 1,93 en 2050. España destinó a pensiones el 13,2% del PIB en 2024, frente al 12,6% de media en la UE, pese a una tasa de dependencia de mayores tres puntos inferior. La Airef proyecta que el gasto pase del 13% del PIB en 2025 al 16,4% en 2050.
La Airef ha confirmado el cumplimiento de la regla de gasto, con un desembolso neto de medidas de ingresos del 13% del PIB frente a un límite del 13,3%. Fedea recuerda, no obstante, que el propio estudio de la Airef advierte de que esa regla no guarda relación con la sostenibilidad de las cuentas públicas. En un escenario de políticas constantes, la Airef proyecta una deuda pública del 123% del PIB en 2050 y transferencias al sistema de pensiones del 3% del PIB.
Entre sus propuestas, Fedea plantea una transición hacia cuentas nocionales que vinculen prestaciones y aportaciones con ajustes automáticos, un sistema complementario colectivo de capitalización con inscripción automática y mayor transparencia sobre la pensión esperada, el saldo y la deuda implícita. También pide que la equidad entre generaciones sea un criterio explícito en futuras reformas y sostiene que estas medidas no implican privatizar las pensiones públicas.