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Frente Amplio propone expropiar viviendas de grandes fondos en tres fases
La coalición plantea incorporar los inmuebles al parque público y ofrecerlos a precios asequibles tras actuar sobre empresas con más de 1.000, 700 y 50 viviendas.
Publicado: 6 de noviembre de 2026, 15:57
La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, anunció este viernes en Málaga que la coalición incluirá en su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre una ley de expropiación de viviendas en manos de propietarios corporativos privados. La propuesta busca recuperar inmuebles adquiridos por fondos de inversión. Colau dijo que la ley se aplicaría de forma progresiva y que la coalición la pondría en marcha «inmediatamente» si entra con fuerza en el Congreso y forma parte de un Gobierno.
La norma afectaría exclusivamente a empresas, no a propietarios particulares; las familias que tienen su casa o un piso en alquiler quedarían fuera. Se desplegaría en tres etapas: primero, sobre entidades con más de 1.000 viviendas; después, sobre las que tengan más de 700 y, por último, sobre las que superen las 50. Entre las compañías que podrían entrar en la primera fase, Frente Amplio ha citado a Blackstone y CaixaBank.
Colau sostuvo que trece fondos acumulan 100.000 viviendas en España y afirmó que la medida permitiría recuperar esa cantidad. Los inmuebles se expropiarían por debajo de su precio de mercado y pasarían al parque público para ofrecerse a un precio asequible, según la candidata. Defendió que la iniciativa es viable y criticó a los fondos extranjeros que, a su juicio, compran viviendas a gran escala y después especulan con ellas y aplican precios abusivos.
En paralelo, la coalición propone adscribir obligatoriamente al parque público de vivienda todas las fincas urbanas y los suelos residenciales de la Sareb. La formación argumenta que la sociedad, creada en 2012 para absorber activos inmobiliarios de la banca rescatada, debería devolver a la ciudadanía, en forma de vivienda, lo que se rescató con dinero público.
El anuncio se produce después de que Frente Amplio presentara el jueves un impuesto a los patrimonios superiores a un millón de euros: el tipo sería del 2% y subiría al 3% para quienes superen los 50 millones. La cuota se reduciría en función de lo abonado por los impuestos de Patrimonio y de Grandes Fortunas, y el gravamen no afectaría a salarios ni pensiones. La reforma fiscal, que también elevaría la tributación de la banca, pretende recaudar en conjunto más de 10.000 millones de euros.
Colau acusó al PP y a Vox de favorecer a los especuladores y vinculó el encarecimiento de la vivienda con la expulsión de vecinos y de población trabajadora de los barrios, además de mencionar la proliferación de apartamentos turísticos, legales e ilegales. En el acto participaron Toni Valero, candidato de Izquierda Unida a la Presidencia y número cinco de la coalición por Madrid, y Rafael Borrego, candidato por Málaga. Valero dijo que la vivienda es el principal problema que está dificultando llegar a fin de mes. Borrego afirmó que el 80% de la población está a favor de intervenir en el mercado y describió Málaga como un «laboratorio de la especulación» del PP.
La norma afectaría exclusivamente a empresas, no a propietarios particulares; las familias que tienen su casa o un piso en alquiler quedarían fuera. Se desplegaría en tres etapas: primero, sobre entidades con más de 1.000 viviendas; después, sobre las que tengan más de 700 y, por último, sobre las que superen las 50. Entre las compañías que podrían entrar en la primera fase, Frente Amplio ha citado a Blackstone y CaixaBank.
Colau sostuvo que trece fondos acumulan 100.000 viviendas en España y afirmó que la medida permitiría recuperar esa cantidad. Los inmuebles se expropiarían por debajo de su precio de mercado y pasarían al parque público para ofrecerse a un precio asequible, según la candidata. Defendió que la iniciativa es viable y criticó a los fondos extranjeros que, a su juicio, compran viviendas a gran escala y después especulan con ellas y aplican precios abusivos.
En paralelo, la coalición propone adscribir obligatoriamente al parque público de vivienda todas las fincas urbanas y los suelos residenciales de la Sareb. La formación argumenta que la sociedad, creada en 2012 para absorber activos inmobiliarios de la banca rescatada, debería devolver a la ciudadanía, en forma de vivienda, lo que se rescató con dinero público.
El anuncio se produce después de que Frente Amplio presentara el jueves un impuesto a los patrimonios superiores a un millón de euros: el tipo sería del 2% y subiría al 3% para quienes superen los 50 millones. La cuota se reduciría en función de lo abonado por los impuestos de Patrimonio y de Grandes Fortunas, y el gravamen no afectaría a salarios ni pensiones. La reforma fiscal, que también elevaría la tributación de la banca, pretende recaudar en conjunto más de 10.000 millones de euros.
Colau acusó al PP y a Vox de favorecer a los especuladores y vinculó el encarecimiento de la vivienda con la expulsión de vecinos y de población trabajadora de los barrios, además de mencionar la proliferación de apartamentos turísticos, legales e ilegales. En el acto participaron Toni Valero, candidato de Izquierda Unida a la Presidencia y número cinco de la coalición por Madrid, y Rafael Borrego, candidato por Málaga. Valero dijo que la vivienda es el principal problema que está dificultando llegar a fin de mes. Borrego afirmó que el 80% de la población está a favor de intervenir en el mercado y describió Málaga como un «laboratorio de la especulación» del PP.