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Frente Amplio propone limitar las herencias y reducir jornada y jubilación

El programa para el 29 de noviembre incluye vivienda pública, una prestación por crianza y tres horas diarias de luz gratuita.

Publicado: 16 de noviembre de 2026, 16:03

Frente Amplio ha presentado este lunes su programa para las elecciones generales del 29 de noviembre, con más de mil medidas centradas en la vivienda, el trabajo, los servicios públicos y la redistribución de la riqueza. Entre ellas figuran un impuesto del 100% sobre la parte de las herencias que supere los diez millones de euros por heredero, la reducción progresiva de la jornada laboral a 32 horas y la vuelta de la edad ordinaria de jubilación a los 65 años.

El portavoz de campaña, Pablo Bustinduy, ha expuesto en Madrid las propuestas de la coalición encabezada por Ada Colau y ha situado el derecho a la vivienda y la desigualdad entre los ejes de la candidatura. Colau había adelantado el domingo la limitación de las grandes herencias.

La reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones aplicaría un tipo marginal del 100% a la base imponible que exceda los diez millones de euros por heredero, del 75% al tramo entre cinco y diez millones y del 50% al comprendido entre 800.000 euros y cinco millones. También reduciría los tipos de las herencias inferiores a 120.000 euros.

Para calcular el importe se tendrían en cuenta las donaciones recibidas en vida y no se permitirían las bonificaciones autonómicas. Según fuentes de la coalición, la medida afectaría también a activos financieros y acciones de empresas. Frente Amplio calcula que la recaudación adicional permitiría duplicar el gasto actual en políticas sociales de vivienda.

El programa plantea además un impuesto anual del 3% sobre el patrimonio neto individual superior a 50 millones de euros, con una cláusula que mantendría la obligación de tributar durante cinco años después de trasladar la residencia al extranjero. La recaudación se destinaría a financiar una prestación universal por crianza. La coalición propone asimismo un tipo mínimo efectivo del 20% en el Impuesto sobre Sociedades para las grandes empresas.

En sentido contrario, propone reducir progresivamente el IRPF para salarios de hasta 27.000 euros anuales y eximir del impuesto a quienes cobren el salario mínimo. También plantea aplicar un tipo cero de IVA a los productos sin gluten y rebajarlo para pañales, peluquerías y servicios veterinarios.

Vivienda y alquiler

La candidatura quiere destinar cada año el equivalente al 1% del PIB, unos 17.000 millones de euros, a ampliar el parque público y asequible de alquiler hasta incorporar 1,5 millones de viviendas en 12 años. Para ello contempla construcción, compras, movilización de pisos vacíos, derechos de tanteo y retracto y expropiaciones a grandes tenedores.

El programa fija como referencia un máximo de 600 euros mensuales para una vivienda pública tipo de 80 metros cuadrados y establece que el alquiler no supere el 25% de los ingresos del hogar. En las zonas tensionadas propone un índice basado en la renta del barrio: el límite sería la cifra menor entre el 25% de la renta neta media por hogar de la sección censal y el tope del índice estatal existente. La coalición calcula que esta regulación reduciría de media un 35% los precios actuales.

Frente Amplio plantea un impuesto del 10% sobre el valor de las viviendas para las empresas desde el primer inmueble y para los particulares a partir del cuarto, cuando sus propiedades superen conjuntamente los 800.000 euros. Quedarían exentas las destinadas a alquiler asequible y estable, además de contemplarse excepciones para participaciones minoritarias heredadas, inmuebles de escaso valor y determinadas circunstancias familiares.

La propuesta de ley de expropiación de viviendas a propietarios corporativos privados se aplicaría por fases: primero a entidades con más de 1.000 viviendas, después a las que tengan más de 700 y, por último, a empresas con más de 50. El programa también prevé inscribir las fincas urbanas y suelos residenciales de la Sareb en la empresa pública Casa 47.

Entre otras medidas, plantea extinguir las licencias de pisos turísticos en edificios residenciales de zonas tensionadas, gravar esos alojamientos con un IVA del 21% y que el Ministerio de Vivienda pueda actuar de oficio si una comunidad no declara una zona tensionada. Propone convertir los contratos indefinidos en el régimen habitual, prohibir desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, reconocer a los sindicatos de inquilinos y regular la huelga de alquileres. También quiere reformar la Constitución para que el derecho a la vivienda sea fundamental y exigible ante los tribunales.

Jornada, empleo y pensiones

En materia laboral, la coalición propone implantar de forma inmediata la semana de 37,5 horas en 2026 y la de 35 horas en el sector público, para avanzar después hacia las 32 horas sin reducción salarial. La medida prohibiría compensar la reducción con horas extraordinarias y exigiría una subida proporcional del salario por hora en los contratos a tiempo parcial. También plantea generalizar la jornada continuada y limitar la partida a supuestos justificados mediante negociación colectiva.

El programa incluye un registro horario, el blindaje legal de un salario mínimo equivalente al 60% del salario medio neto y la participación de los trabajadores en los consejos de administración y en los beneficios de las grandes empresas. Asimismo, prevé un gravamen estatal de hasta el 30% para compañías que facturen más de 50 millones de euros y cuyos beneficios crezcan sin que los salarios de sus plantillas mejoren en la misma proporción.

Frente Amplio propone ampliar la prestación por desempleo, elevar y extender el ingreso mínimo vital a todos los jóvenes y concederlo de oficio. Su plan de empleo garantizado para parados de larga duración incluiría puestos en cuidados, educación, sanidad, prevención de incendios, rehabilitación y renovables, con el objetivo de situar el desempleo en el 7%.

También plantea reformar la indemnización por despido improcedente para que tenga en cuenta las circunstancias del trabajador y se ajuste a la Carta Social Europea, recuperar el Estatuto del Becario, ampliar el permiso por nacimiento a 20 semanas y el de fallecimiento a diez días, y establecer 15 días retribuidos para acompañar a un familiar en cuidados paliativos. En sanidad, propone bajas autojustificadas mediante declaración responsable de hasta tres días y con un máximo anual de seis.

En pensiones, la coalición quiere recuperar los 65 años como edad legal ordinaria de jubilación y reducirla a 60 para profesiones como construcción, limpieza, ayuda a domicilio, camareras de piso y pesca. También eliminaría los coeficientes reductores para quienes se jubilen anticipadamente de forma involuntaria tras más de 40 años cotizados.

La reforma de 2011 elevó progresivamente la edad ordinaria de 65 a 67 años hasta 2026, aunque es posible retirarse a los 65 con la pensión completa si se acreditan 38,5 años cotizados. Frente Amplio propone equiparar las pensiones mínimas, contributivas o no, al salario mínimo —1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas en 2026— y blindar en la Constitución el derecho a la pensión pública, su revalorización con el IPC y que ninguna quede por debajo del SMI.

Crianza, comedores y sanidad

La prestación universal por crianza sería de 200 euros mensuales por cada menor de 18 años, con independencia de los ingresos y de la situación laboral de sus progenitores. Se configuraría como un derecho del menor y la Agencia Tributaria la abonaría automáticamente mediante una deducción reembolsable del IRPF.

La implantación se haría por fases: primero para menores de hasta seis años, después para los de siete a 12 y, finalmente, para los adolescentes. Bustinduy ha reclamado que se apruebe antes de las elecciones y ha sostenido que el PSOE ha cambiado de posición tras oponerse a la medida durante la legislatura. Los socialistas la incluyeron en su programa presentado el domingo.

La candidatura propone además comedores gratuitos para todo el alumnado de Infantil y Primaria de la red pública, con menús de productos frescos, de proximidad y temporada, sin ultraprocesados y adaptados a necesidades nutricionales y alergias. También plantea incorporar gafas, audífonos y atención dental a la sanidad pública.

Energía y transporte

El programa contempla tres horas diarias de electricidad gratuita para los hogares en las franjas de mayor producción solar. Una comercializadora pública ofrecería esas horas y las grandes comercializadoras estarían obligadas a incluirlas; la CNMC vigilaría que no compensen el coste con subidas en otros periodos.

Frente Amplio quiere recuperar para el Estado las redes de distribución eléctrica y de gas y crear un Fondo Generacional de la Energía, inspirado en el modelo noruego. El Estado tendría una participación del 30% en las nuevas instalaciones renovables y de almacenamiento pequeñas y medianas. La mitad de los beneficios se reinvertiría en el fondo y la otra mitad se destinaría a vivienda pública, rehabilitación y pensiones; parte de los impuestos de cada proyecto financiaría comunidades energéticas municipales.

La coalición propone también una ayuda directa de 1.000 euros durante dos años para 1,4 millones de hogares vulnerables, financiada con el gravamen a las grandes energéticas. Plantea prohibir los cortes de luz, gas y agua a esos hogares y activar de oficio los bonos sociales eléctrico y térmico según la renta. Mantendría el calendario de cierre en 2027 y 2028 de los dos reactores de Almaraz.

En transporte, propone un abono estatal mensual, con una tarifa de 20 euros para Cercanías, de 10 euros para menores de 26 años y gratuito para menores de 16. Incluye descuentos del 60% al 70% en Media Distancia, rebajas para viajeros recurrentes de Larga Distancia y reducciones del 75% al 80% en autobús y metro autonómicos o municipales. Un fondo dotado con al menos el 0,25% del PIB financiaría estas medidas.

El programa plantea no renovar al vencimiento los acuerdos que permiten operar a Ouigo e Iryo, frenar la segunda fase de liberalización ferroviaria y devolver a Renfe la operación exclusiva de la alta velocidad como servicio público. Los trabajadores de ambas empresas que lo deseen podrían incorporarse a Renfe y se eliminaría la subcontratación de servicios esenciales. También propone prohibir vuelos interiores cuando exista una alternativa en tren de menos de dos horas y media.

Otras propuestas incluyen rebajar la edad de voto a los 16 años, celebrar un referéndum para resolver la cuestión territorial, aumentar el empleo público y duplicarlo en Hacienda. La coalición defiende además un banco público, regular los intereses de créditos al consumo y tarjetas, aplicar tasas turísticas y simplificar trámites y bonificar cuotas para autónomos con bajos ingresos.