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Hacienda fija el criterio fiscal para las indemnizaciones por prejubilación voluntaria
Una resolución del TEAC rechaza la exención del IRPF en el caso de un empleado de banca que salió antes de un despido colectivo.
Publicado: 13 de noviembre de 2026, 16:00
El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha fijado un criterio sobre la tributación de las indemnizaciones por bajas, jubilaciones y prejubilaciones incentivadas. En una resolución del 27 de octubre de 2026, rechaza aplicar la exención del IRPF a un trabajador de banca que se acogió voluntariamente a un plan de prejubilación y cuyo contrato se extinguió por mutuo acuerdo antes de que su empresa iniciara un despido colectivo.
El tribunal recuerda que la normativa excluye de la exención las cantidades establecidas mediante convenio, pacto o contrato. El pronunciamiento no modifica la ley, sino que unifica el criterio que deben aplicar la Agencia Tributaria y los tribunales económico-administrativos. No vincula, en cambio, a los tribunales de justicia, según Ainhoa de la Cuadra, miembro del grupo de expertos en IRPF de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).
Las fuentes discrepan sobre si es imprescindible que exista un despido colectivo en marcha para acceder a la exención. ABC señala que el TEAC no considera que sea una condición necesaria, aunque sí una prueba de la involuntariedad de la salida, y que, en su ausencia, esta deberá justificarse suficientemente. ElDiario.es y El Periódico sostienen que el criterio limita la exención a las salidas vinculadas a un despido colectivo; este último precisa que el procedimiento debe estar en tramitación cuando se produce la salida.
El artículo 7.e) de la Ley del IRPF contempla la exención de determinadas indemnizaciones por despido o cese. En los despidos colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o fuerza mayor, alcanza la cuantía que habría correspondido por despido improcedente, con un máximo de 180.000 euros.
De la Cuadra explica que el rasgo destacado por el TEAC para aplicar la exención es la involuntariedad y que no se aceptará cuando la indemnización se pague por una salida de mutuo acuerdo. El tribunal también delimita el alcance de una sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2020 sobre prejubilaciones vinculadas a una reestructuración bancaria: no permite extender la exención a cualquier plan voluntario de salidas y deben examinarse las circunstancias de cada caso.
El trabajador cuyo caso dio lugar a la resolución se acogió al programa de prejubilaciones en diciembre de 2020 y extinguió su contrato en marzo de 2021. La entidad inició un despido colectivo posteriormente. El afectado solicitó la exención en sus declaraciones de 2021, 2022 y 2023. La Agencia Tributaria la rechazó y el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana dio inicialmente la razón al contribuyente, antes de que el TEAC fijara el criterio contrario.
Fuentes empresariales expresan inquietud por el efecto del criterio en la gestión de personal: algunas compañías han diseñado sus propuestas de salida partiendo de que los trabajadores no pagarían impuestos por la indemnización. También temen que Hacienda revise el tratamiento fiscal de salidas incentivadas acordadas en años anteriores. De la Cuadra confía en que se respeten los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.
El criterio no implica que todos los prejubilados de años anteriores deban pagar automáticamente más: será necesario examinar cada salida y la situación tributaria del contribuyente. Quienes no puedan aplicar la exención podrían acogerse, si cumplen los requisitos legales, a la reducción del 30 % prevista para determinados rendimientos del trabajo irregulares.
El tribunal recuerda que la normativa excluye de la exención las cantidades establecidas mediante convenio, pacto o contrato. El pronunciamiento no modifica la ley, sino que unifica el criterio que deben aplicar la Agencia Tributaria y los tribunales económico-administrativos. No vincula, en cambio, a los tribunales de justicia, según Ainhoa de la Cuadra, miembro del grupo de expertos en IRPF de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).
Las fuentes discrepan sobre si es imprescindible que exista un despido colectivo en marcha para acceder a la exención. ABC señala que el TEAC no considera que sea una condición necesaria, aunque sí una prueba de la involuntariedad de la salida, y que, en su ausencia, esta deberá justificarse suficientemente. ElDiario.es y El Periódico sostienen que el criterio limita la exención a las salidas vinculadas a un despido colectivo; este último precisa que el procedimiento debe estar en tramitación cuando se produce la salida.
El artículo 7.e) de la Ley del IRPF contempla la exención de determinadas indemnizaciones por despido o cese. En los despidos colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o fuerza mayor, alcanza la cuantía que habría correspondido por despido improcedente, con un máximo de 180.000 euros.
De la Cuadra explica que el rasgo destacado por el TEAC para aplicar la exención es la involuntariedad y que no se aceptará cuando la indemnización se pague por una salida de mutuo acuerdo. El tribunal también delimita el alcance de una sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2020 sobre prejubilaciones vinculadas a una reestructuración bancaria: no permite extender la exención a cualquier plan voluntario de salidas y deben examinarse las circunstancias de cada caso.
El trabajador cuyo caso dio lugar a la resolución se acogió al programa de prejubilaciones en diciembre de 2020 y extinguió su contrato en marzo de 2021. La entidad inició un despido colectivo posteriormente. El afectado solicitó la exención en sus declaraciones de 2021, 2022 y 2023. La Agencia Tributaria la rechazó y el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana dio inicialmente la razón al contribuyente, antes de que el TEAC fijara el criterio contrario.
Fuentes empresariales expresan inquietud por el efecto del criterio en la gestión de personal: algunas compañías han diseñado sus propuestas de salida partiendo de que los trabajadores no pagarían impuestos por la indemnización. También temen que Hacienda revise el tratamiento fiscal de salidas incentivadas acordadas en años anteriores. De la Cuadra confía en que se respeten los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.
El criterio no implica que todos los prejubilados de años anteriores deban pagar automáticamente más: será necesario examinar cada salida y la situación tributaria del contribuyente. Quienes no puedan aplicar la exención podrían acogerse, si cumplen los requisitos legales, a la reducción del 30 % prevista para determinados rendimientos del trabajo irregulares.