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Interior informa a la jueza de dos detenciones en Marruecos por Ceuta
Los sospechosos administraban presuntamente un grupo de WhatsApp que difundía llamamientos a entrar en la ciudad los días 30 y 31 de julio.
Publicado: 7 de noviembre de 2026, 07:50
El Ministerio del Interior ha trasladado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que Marruecos detuvo a dos personas sospechosas de administrar un grupo de WhatsApp utilizado para difundir llamamientos a la entrada irregular colectiva en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La magistrada investiga aquella entrada masiva, en la que accedieron a la ciudad miles de personas.
La información figura en una nota de la Consejería de Interior de la Embajada de España en Marruecos, fechada el 7 de agosto en Rabat e incorporada a la documentación remitida a la jueza. El escrito, dirigido a responsables de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería de la Secretaría de Estado de Seguridad, cita como origen de la información una publicación del 6 de agosto del medio marroquí lebrief.ma. No menciona información facilitada por las autoridades marroquíes ni un contacto con ellas sobre la intervención.
Las detenciones tuvieron lugar el 6 de agosto en Fnideq, también conocida como Castillejos, a cargo de la Gendarmería Real local, en coordinación con el centro judicial de la Gendarmería Real de Tetuán. Según la nota, investigaciones técnicas permitieron identificar a varias personas relacionadas con la gestión del grupo.
Al primer sospechoso, identificado en algunas informaciones por las iniciales Y.Ch., se le atribuye la creación o administración principal del grupo. Según los datos disponibles, habría difundido mensajes dirigidos principalmente a jóvenes para animarlos a desplazarse a Fnideq e intentar llegar irregularmente a Ceuta, con referencias expresas a entradas a nado. El segundo detenido, que respondería a las iniciales M.M., también es sospechoso de participar en la administración del grupo.
Las investigaciones siguen abiertas para determinar la participación de cada uno, las dimensiones del grupo y la posible implicación de otras personas en su gestión o en la difusión de las convocatorias. La nota advierte de que la información publicada no permite establecer que el grupo fuera una estructura organizada y estable ni que sus administradores tuvieran capacidad acreditada para coordinar por sí solos una movilización masiva.
Tampoco se había difundido información verificable sobre el número de integrantes, el alcance de los mensajes, la existencia de financiación, una posible vinculación con redes de tráfico de migrantes o la participación de los detenidos en otras convocatorias. Según la nota, las actuaciones judiciales deberán determinar el grado efectivo de organización y las eventuales conexiones de los investigados.
El documento indica asimismo que el Tribunal de Primera Instancia de Tetuán ha dictado condenas contra varias personas investigadas por participar en la organización o incitación de operaciones colectivas de cruce. La Consejería señala que las investigaciones marroquíes incluyen actuaciones digitales para localizar a administradores de canales utilizados para promover desplazamientos e intentos de entrada, además de intervenciones sobre potenciales migrantes concentrados en Fnideq.
Entre los documentos que obran en poder de la jueza figuran también informes solicitados a la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En uno de ellos, la Policía afirma haber identificado a dos altos mandos marroquíes que aparecen en vídeos de las entradas dando instrucciones en torno al paso fronterizo.
Un informe de la Guardia Civil fechado el 27 de octubre, centrado en el despliegue de efectivos y medios materiales, estima que aproximadamente 88.146 personas migrantes podrían haber retornado a Marruecos tras la entrada en Ceuta, una cifra superior a la facilitada hasta entonces por el Gobierno español. El documento cifra en 862 los rescates realizados en aguas nacionales y en 90 las personas fallecidas.
En otro informe de principios de julio, anterior a la entrada masiva, la Guardia Civil advertía de que la doctrina reciente del Tribunal Supremo incrementaría la entrada irregular por mar a Ceuta y Melilla y alertaba de un posible efecto llamada. La policía española proponía reforzar los efectivos en la zona.
La jueza dispone además de un informe del CNI del 30 de julio sobre la situación y sus perspectivas. En él, el organismo señala que, en el plano operativo, no detectó una reacción proactiva de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación, más allá del despliegue de algunas unidades antidisturbios. Interior, por su parte, sostiene en otro documento que en los días previos no recibió alertas, informes ni documentación operativa que anticiparan una entrada masiva de la magnitud de la ocurrida.
La información figura en una nota de la Consejería de Interior de la Embajada de España en Marruecos, fechada el 7 de agosto en Rabat e incorporada a la documentación remitida a la jueza. El escrito, dirigido a responsables de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería de la Secretaría de Estado de Seguridad, cita como origen de la información una publicación del 6 de agosto del medio marroquí lebrief.ma. No menciona información facilitada por las autoridades marroquíes ni un contacto con ellas sobre la intervención.
Las detenciones tuvieron lugar el 6 de agosto en Fnideq, también conocida como Castillejos, a cargo de la Gendarmería Real local, en coordinación con el centro judicial de la Gendarmería Real de Tetuán. Según la nota, investigaciones técnicas permitieron identificar a varias personas relacionadas con la gestión del grupo.
Al primer sospechoso, identificado en algunas informaciones por las iniciales Y.Ch., se le atribuye la creación o administración principal del grupo. Según los datos disponibles, habría difundido mensajes dirigidos principalmente a jóvenes para animarlos a desplazarse a Fnideq e intentar llegar irregularmente a Ceuta, con referencias expresas a entradas a nado. El segundo detenido, que respondería a las iniciales M.M., también es sospechoso de participar en la administración del grupo.
Las investigaciones siguen abiertas para determinar la participación de cada uno, las dimensiones del grupo y la posible implicación de otras personas en su gestión o en la difusión de las convocatorias. La nota advierte de que la información publicada no permite establecer que el grupo fuera una estructura organizada y estable ni que sus administradores tuvieran capacidad acreditada para coordinar por sí solos una movilización masiva.
Tampoco se había difundido información verificable sobre el número de integrantes, el alcance de los mensajes, la existencia de financiación, una posible vinculación con redes de tráfico de migrantes o la participación de los detenidos en otras convocatorias. Según la nota, las actuaciones judiciales deberán determinar el grado efectivo de organización y las eventuales conexiones de los investigados.
El documento indica asimismo que el Tribunal de Primera Instancia de Tetuán ha dictado condenas contra varias personas investigadas por participar en la organización o incitación de operaciones colectivas de cruce. La Consejería señala que las investigaciones marroquíes incluyen actuaciones digitales para localizar a administradores de canales utilizados para promover desplazamientos e intentos de entrada, además de intervenciones sobre potenciales migrantes concentrados en Fnideq.
Entre los documentos que obran en poder de la jueza figuran también informes solicitados a la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En uno de ellos, la Policía afirma haber identificado a dos altos mandos marroquíes que aparecen en vídeos de las entradas dando instrucciones en torno al paso fronterizo.
Un informe de la Guardia Civil fechado el 27 de octubre, centrado en el despliegue de efectivos y medios materiales, estima que aproximadamente 88.146 personas migrantes podrían haber retornado a Marruecos tras la entrada en Ceuta, una cifra superior a la facilitada hasta entonces por el Gobierno español. El documento cifra en 862 los rescates realizados en aguas nacionales y en 90 las personas fallecidas.
En otro informe de principios de julio, anterior a la entrada masiva, la Guardia Civil advertía de que la doctrina reciente del Tribunal Supremo incrementaría la entrada irregular por mar a Ceuta y Melilla y alertaba de un posible efecto llamada. La policía española proponía reforzar los efectivos en la zona.
La jueza dispone además de un informe del CNI del 30 de julio sobre la situación y sus perspectivas. En él, el organismo señala que, en el plano operativo, no detectó una reacción proactiva de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación, más allá del despliegue de algunas unidades antidisturbios. Interior, por su parte, sostiene en otro documento que en los días previos no recibió alertas, informes ni documentación operativa que anticiparan una entrada masiva de la magnitud de la ocurrida.