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La Asamblea de Murcia declara a Pedro Sánchez persona non grata
La medida fue aprobada por los votos favorables de PP y Vox.
Publicado: 3 de noviembre de 2026, 15:46
La Asamblea de la Región de Murcia ha tomado la decisión de declarar a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, "persona non grata". Esta declaración fue aprobada por los votos del Partido Popular (PP), Vox y de dos diputados del Grupo Mixto, exmiembros de Vox, que registraron la iniciativa. Este hecho es significativo porque convierte a la Asamblea murciana en el primer parlamento regional en adoptar tal resolución contra un presidente del Gobierno en España.
La moción fue impulsada por los exdiputados de Vox, José Ángel Antelo y Virginia Martínez. Durante la defensa de la propuesta, Martínez atacó a Sánchez con un discurso hostil, afirmando que su permanencia en el poder representa un peligro para la democracia y la seguridad del país. Según Martínez, esta declaración refleja un "hartazgo" popular hacia la gestión del gobierno, en particular, las políticas del PSOE, que acusan de generar escándalos y deterioro institucional.
El respaldo de los partidos de derecha a la moción ha sido claro, mientras que el PSOE cabildeó en contra de ella, presentando una enmienda que fue finalmente rechazada. La diputada socialista, Mari Carmen Fernández, subrayó la mejora en la vida de los ciudadanos murcianos gracias al Gobierno de Sánchez y criticó la iniciativa al calificarla como un intento de desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta la comunidad.
El diputado del PP, Víctor Martínez, quiso matizar que la moción no cuestiona el respeto institucional hacia el presidente, sino que expresa un rechazo claro a sus decisiones y al trato de este hacia la Región de Murcia. Al mismo tiempo, se destacaron los motivos alegados para esta declaración, incluyendo críticas a la política del Ejecutivo en relación con el trasvase Tajo-Segura, la infraestructura pendiente y la financiación autonómica, así como la gestión de la migración y casos de corrupción vinculados al entorno del presidente.
Este tipo de mociones no es común en el ámbito autonómico y, aunque no tienen efectos jurídicos, se trata de una manifestación simbólica que puede tener repercusiones políticas. Hasta ahora, declaraciones similares habían sido aprobadas por algunos ayuntamientos en España, pero nunca en un contexto legislativo regional. En el pasado, otros presidentes del Gobierno también han sido objeto de declaraciones de este tipo, aunque siempre en entidades locales, lo que añade un matiz histórico a la decisión murciana.
La decisión se produce en un contexto político polarizado, donde el PP y Vox poseen la mayoría en la Asamblea desde las elecciones de 2023. Este escenario evidencia la creciente tensión política y la utilización de medidas simbólicas que buscan consolidar posturas ideológicas y atacar al gobierno central.
La repercusión de esta declaración en la política regional y nacional será objeto de análisis en los próximos días, especialmente con la proximidad de las elecciones programadas para finales de noviembre en la Comunidad Autónoma.
La moción fue impulsada por los exdiputados de Vox, José Ángel Antelo y Virginia Martínez. Durante la defensa de la propuesta, Martínez atacó a Sánchez con un discurso hostil, afirmando que su permanencia en el poder representa un peligro para la democracia y la seguridad del país. Según Martínez, esta declaración refleja un "hartazgo" popular hacia la gestión del gobierno, en particular, las políticas del PSOE, que acusan de generar escándalos y deterioro institucional.
El respaldo de los partidos de derecha a la moción ha sido claro, mientras que el PSOE cabildeó en contra de ella, presentando una enmienda que fue finalmente rechazada. La diputada socialista, Mari Carmen Fernández, subrayó la mejora en la vida de los ciudadanos murcianos gracias al Gobierno de Sánchez y criticó la iniciativa al calificarla como un intento de desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta la comunidad.
El diputado del PP, Víctor Martínez, quiso matizar que la moción no cuestiona el respeto institucional hacia el presidente, sino que expresa un rechazo claro a sus decisiones y al trato de este hacia la Región de Murcia. Al mismo tiempo, se destacaron los motivos alegados para esta declaración, incluyendo críticas a la política del Ejecutivo en relación con el trasvase Tajo-Segura, la infraestructura pendiente y la financiación autonómica, así como la gestión de la migración y casos de corrupción vinculados al entorno del presidente.
Este tipo de mociones no es común en el ámbito autonómico y, aunque no tienen efectos jurídicos, se trata de una manifestación simbólica que puede tener repercusiones políticas. Hasta ahora, declaraciones similares habían sido aprobadas por algunos ayuntamientos en España, pero nunca en un contexto legislativo regional. En el pasado, otros presidentes del Gobierno también han sido objeto de declaraciones de este tipo, aunque siempre en entidades locales, lo que añade un matiz histórico a la decisión murciana.
La decisión se produce en un contexto político polarizado, donde el PP y Vox poseen la mayoría en la Asamblea desde las elecciones de 2023. Este escenario evidencia la creciente tensión política y la utilización de medidas simbólicas que buscan consolidar posturas ideológicas y atacar al gobierno central.
La repercusión de esta declaración en la política regional y nacional será objeto de análisis en los próximos días, especialmente con la proximidad de las elecciones programadas para finales de noviembre en la Comunidad Autónoma.