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La Audiencia avala investigar a Zapatero por presunto tráfico de influencias en Bolivia
La Sala rechaza el recurso de la defensa y mantiene en la causa un informe policial sobre pagos de 200.000 euros vinculados al grupo peruano Gloria.
Publicado: 10 de noviembre de 2026, 15:47
La Audiencia Nacional ha avalado que el juez José Luis Calama investigue el cobro de 200.000 euros por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en relación con sus supuestas gestiones ante autoridades bolivianas a favor del grupo empresarial peruano Gloria. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha desestimado el recurso de su defensa contra la incorporación a la causa de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que apunta a un posible delito de tráfico de influencias.
En un auto fechado el 5 de noviembre, la Sala considera que las pesquisas sobre los pagos, efectuados a través de la sociedad peruana Focus Social Research, tenían una apariencia de conexión con los hechos investigados y no constituían una investigación prospectiva o indiscriminada de la vida del expresidente. Los magistrados confirman así la decisión de Calama de admitir el informe policial, elaborado en junio.
Según la UDEF, el objetivo de las gestiones era tratar de mediar o influir a favor del Grupo Gloria en varios litigios millonarios con la Administración boliviana. La Policía sostiene que está acreditado que Zapatero hizo gestiones para conseguir una reunión de directivos del grupo con el ministro de Justicia de Bolivia y que se utilizó un contrato simulado con una sociedad interpuesta para justificar el pago por su labor.
El contrato contemplaba que Focus abonara al expresidente 200.000 euros más gastos por asesoramiento. Según la investigación, el acuerdo se gestó entre Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero y también investigada, y Ana María Ospina, directora del Grupo Gloria, con la presunta intermediación de Carmen Almendras, vinculada a la consultora Kreab Bolivia.
El auto recoge que Zapatero pudo haberse reunido o contactado con el entonces presidente boliviano, Luis Arce, los ministros de Economía y Justicia o el procurador general del Estado con ocasión de un viaje a La Paz y Sucre en septiembre de 2024. El informe policial sitúa un encuentro con Arce y el entonces ministro de Economía, Marcelo Montenegro, el 15 de septiembre de ese año.
Una empresa del grupo, la cementera Soboce, había sido condenada por el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia a pagar unos 107 millones de dólares a una competidora por competencia desleal. La UDEF atribuye a Zapatero gestiones ante las altas esferas bolivianas en favor de sus intereses durante el viaje y en los meses posteriores.
La defensa, ejercida por Víctor Moreno Catena, había solicitado retirar el informe por considerar que procedía de una investigación general no autorizada judicialmente sobre actividades profesionales para las que, según alegaba, no existían sospechas previas. Sostuvo que se había vulnerado la intimidad económica de Zapatero mediante el análisis de 174 transferencias de once pagadores y movimientos bancarios de cinco años. También advirtió de que el material incautado en el registro permitía reconstruir con gran precisión su actividad durante más de seis años, pero que ello no autorizaba a examinarlo para buscar cualquier posible delito.
La Sala responde que los investigadores partieron de información obtenida legítimamente en el curso de la causa. Explica que en el registro de la oficina del expresidente, realizado en mayo, se intervino documentación sobre Focus y que en los dispositivos de su secretaria se hallaron conversaciones relacionadas con el flujo de fondos de esa sociedad a las cuentas de Zapatero. A partir de las comunicaciones intervenidas surgieron los datos sobre el posible tráfico de influencias en Bolivia.
Los magistrados señalan que las indagaciones estaban justificadas tanto si los hechos, de resultar acreditados, se atribuyen a la organización inicialmente investigada como si se tratara de una actividad particular de Zapatero o realizada con personas ajenas a ella. La Fiscalía Anticorrupción también defendió la conexión de los pagos con la causa y sostuvo que apuntaban a otro posible hecho de tráfico de influencias.
Calama investiga al expresidente como presunto líder de una organización dedicada al tráfico de influencias, entre cuyos hechos figura su supuesta mediación para que la aerolínea Plus Ultra obtuviera una ayuda pública de 53 millones de euros concedida en 2021. La causa indaga también el presunto encubrimiento de los rendimientos mediante un entramado societario anterior a esos hechos. Un peritaje judicial realizado en la causa sobre el rescate concluyó que la aerolínea no cumplía todos los requisitos exigidos para recibirlo.
La Sala añade que existían indicios de una estructura con una expansión proyectada a Dubái y un plan de negocios dirigido a empresas de Emiratos Árabes Unidos y Latinoamérica, con una previsión de ganancias de unos tres millones de dólares en cinco años. El instructor investiga asimismo si Zapatero dio instrucciones para crear una sociedad en Dubái con la que supuestamente canalizar una comisión del 1 % vinculada al rescate de Plus Ultra.
En un auto fechado el 5 de noviembre, la Sala considera que las pesquisas sobre los pagos, efectuados a través de la sociedad peruana Focus Social Research, tenían una apariencia de conexión con los hechos investigados y no constituían una investigación prospectiva o indiscriminada de la vida del expresidente. Los magistrados confirman así la decisión de Calama de admitir el informe policial, elaborado en junio.
Según la UDEF, el objetivo de las gestiones era tratar de mediar o influir a favor del Grupo Gloria en varios litigios millonarios con la Administración boliviana. La Policía sostiene que está acreditado que Zapatero hizo gestiones para conseguir una reunión de directivos del grupo con el ministro de Justicia de Bolivia y que se utilizó un contrato simulado con una sociedad interpuesta para justificar el pago por su labor.
El contrato contemplaba que Focus abonara al expresidente 200.000 euros más gastos por asesoramiento. Según la investigación, el acuerdo se gestó entre Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero y también investigada, y Ana María Ospina, directora del Grupo Gloria, con la presunta intermediación de Carmen Almendras, vinculada a la consultora Kreab Bolivia.
El auto recoge que Zapatero pudo haberse reunido o contactado con el entonces presidente boliviano, Luis Arce, los ministros de Economía y Justicia o el procurador general del Estado con ocasión de un viaje a La Paz y Sucre en septiembre de 2024. El informe policial sitúa un encuentro con Arce y el entonces ministro de Economía, Marcelo Montenegro, el 15 de septiembre de ese año.
Una empresa del grupo, la cementera Soboce, había sido condenada por el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia a pagar unos 107 millones de dólares a una competidora por competencia desleal. La UDEF atribuye a Zapatero gestiones ante las altas esferas bolivianas en favor de sus intereses durante el viaje y en los meses posteriores.
La defensa, ejercida por Víctor Moreno Catena, había solicitado retirar el informe por considerar que procedía de una investigación general no autorizada judicialmente sobre actividades profesionales para las que, según alegaba, no existían sospechas previas. Sostuvo que se había vulnerado la intimidad económica de Zapatero mediante el análisis de 174 transferencias de once pagadores y movimientos bancarios de cinco años. También advirtió de que el material incautado en el registro permitía reconstruir con gran precisión su actividad durante más de seis años, pero que ello no autorizaba a examinarlo para buscar cualquier posible delito.
La Sala responde que los investigadores partieron de información obtenida legítimamente en el curso de la causa. Explica que en el registro de la oficina del expresidente, realizado en mayo, se intervino documentación sobre Focus y que en los dispositivos de su secretaria se hallaron conversaciones relacionadas con el flujo de fondos de esa sociedad a las cuentas de Zapatero. A partir de las comunicaciones intervenidas surgieron los datos sobre el posible tráfico de influencias en Bolivia.
Los magistrados señalan que las indagaciones estaban justificadas tanto si los hechos, de resultar acreditados, se atribuyen a la organización inicialmente investigada como si se tratara de una actividad particular de Zapatero o realizada con personas ajenas a ella. La Fiscalía Anticorrupción también defendió la conexión de los pagos con la causa y sostuvo que apuntaban a otro posible hecho de tráfico de influencias.
Calama investiga al expresidente como presunto líder de una organización dedicada al tráfico de influencias, entre cuyos hechos figura su supuesta mediación para que la aerolínea Plus Ultra obtuviera una ayuda pública de 53 millones de euros concedida en 2021. La causa indaga también el presunto encubrimiento de los rendimientos mediante un entramado societario anterior a esos hechos. Un peritaje judicial realizado en la causa sobre el rescate concluyó que la aerolínea no cumplía todos los requisitos exigidos para recibirlo.
La Sala añade que existían indicios de una estructura con una expansión proyectada a Dubái y un plan de negocios dirigido a empresas de Emiratos Árabes Unidos y Latinoamérica, con una previsión de ganancias de unos tres millones de dólares en cinco años. El instructor investiga asimismo si Zapatero dio instrucciones para crear una sociedad en Dubái con la que supuestamente canalizar una comisión del 1 % vinculada al rescate de Plus Ultra.