InternacionalContrastada con 8 fuentes
Progresista 53.8%Conservador 46.2%
La COP31 abre en Turquía con la electrificación y la financiación en debate
La cumbre propone alcanzar un 35% de consumo eléctrico en 2035, mientras los países vulnerables reclaman más recursos para afrontar el calentamiento.
Publicado: 9 de noviembre de 2026, 07:39
La cumbre del clima de la ONU, la COP31, comienza este lunes en Antalya, Turquía, con el objetivo de convertir los compromisos climáticos existentes en medidas concretas. Hasta el 20 de noviembre reunirá a representantes de casi 200 países en un contexto de tensiones geopolíticas y comerciales, encarecimiento de la energía y desacuerdos sobre el abandono de los combustibles fósiles y la financiación climática.
Turquía ejerce la presidencia formal de la conferencia y Australia dirige las negociaciones, una fórmula acordada después de que ambos países compitieran por acogerla. Las conversaciones se desarrollarán durante la primera semana a nivel técnico y en la segunda, a nivel ministerial. Las decisiones oficiales requieren el consenso de los participantes.
Una de las propuestas centrales de los anfitriones es elevar al 35% en 2035 la proporción del consumo energético mundial cubierta por electricidad, frente a alrededor del 20% actual. La iniciativa busca extender la electrificación a sectores como el transporte, la industria y la calefacción. Está por ver si la meta se incorpora al acuerdo de toda la cumbre o queda como un compromiso voluntario de un grupo de países.
La propuesta no especifica que la electricidad deba proceder de fuentes renovables. La Unión Europea reclama que sea limpia y organizaciones como Greenpeace piden que sea renovable. Ecologistas en Acción advierte además de que el aumento de la electricidad no garantiza por sí solo la sustitución del carbón, el petróleo y el gas ni una transición justa. Greenpeace plantea que la UE eleve su propia meta al 50% en 2035; en España, la electrificación ronda el 22% y el plan energético vigente fija un 48% para 2030.
La presidencia turca también busca acuerdos sobre edificios energéticamente eficientes y ciudades resilientes. Su agenda de acción paralela aborda asuntos como los residuos y la inteligencia artificial mediante compromisos voluntarios. Greenpeace quiere aprovechar el debate sobre residuos para impulsar la reducción de plásticos, con la vista puesta en un acuerdo mundial contra este tipo de contaminación que, en principio, debería cerrarse en marzo de 2027.
**Combustibles fósiles y financiación**
En la COP28 de Dubái, en 2023, los países acordaron avanzar en una transición para dejar atrás los combustibles fósiles, pero las cumbres posteriores no concretaron cómo hacerlo. Brasil, anfitrión de la COP30 de Belém, ha presentado una hoja de ruta voluntaria que no forma parte de las negociaciones oficiales ni está prevista para el acuerdo final de Antalya.
El documento ofrece medidas adaptables a cada país, sin plazos ni hitos obligatorios. Entre ellas figuran la reducción de subvenciones a los combustibles fósiles, el impulso a las renovables y la disminución de la quema y liberación de gas en las instalaciones de extracción. Se complementa con otra hoja de ruta sobre la deforestación hasta 2030. Se prevé que unos 60 gobiernos se adhieran a la iniciativa sobre combustibles fósiles, sin incluir a los grandes productores.
España, Colombia y Brasil impulsaron además una alianza para el abandono de estas fuentes de energía, que celebró una reunión en Santa Marta en abril. Varios países, entre ellos Francia, Alemania y Países Bajos, han elaborado planes nacionales.
En Antalya también está prevista la renovación del mandato del programa de trabajo sobre mitigación, destinado a reforzar la ambición y aplicación de medidas durante esta década. Según Ecologistas en Acción, si no se renueva, no habrá un espacio formal para tratar la mitigación en la COP32 de Addis Abeba.
La financiación volverá a enfrentar a los países industrializados con los más vulnerables, que reclaman recursos accesibles y previsibles para reducir emisiones, adaptarse y afrontar los daños de los desastres. En la COP29 de Bakú se fijó la meta de movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para 2035 hacia los países en desarrollo, junto a una aspiración de alcanzar 1,3 billones al año con fondos públicos, privados y otras fuentes. Siguen las diferencias sobre quién debe aportar el dinero y cuánto llegará como subvenciones o préstamos.
La UE ha advertido de que no asumirá nuevos compromisos financieros en esta cumbre y defiende cumplir los existentes y mejorar el acceso a los fondos. Bruselas sostiene que otros grandes emisores no están correspondiendo con compromisos suficientemente ambiciosos. La UE aportó 33.000 millones en financiación climática en 2025.
Los países africanos buscan que se debata la triplicación de los fondos para adaptación. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los países del Sur necesitarán entre 310.000 y 365.000 millones de dólares anuales para ese fin en 2035, frente a los 26.000 millones de financiación pública internacional registrados en 2023. Para diciembre se espera el primer desembolso del fondo de pérdidas y daños.
Otra negociación pendiente es el desarrollo del Mecanismo de Acción de Belém para la Transición Justa, creado en la COP30 para facilitar financiación y transferencia tecnológica a los países con menos recursos y evitar que la descarbonización recaiga sobre trabajadores y comunidades vulnerables. Sus funciones y características quedaron pendientes de concretar. Algunos países, como India, también quieren debatir medidas comerciales como el mecanismo europeo de ajuste de carbono en frontera.
**El límite de 1,5 grados y las delegaciones**
La cumbre llega después de que la ONU advirtiera de que el planeta superará el umbral de 1,5 grados sobre los niveles preindustriales recogido en el Acuerdo de París de 2015. Con las políticas actuales, sus proyecciones apuntan a unos 2,8 grados de calentamiento a finales de siglo; los planes de reducción de emisiones presentados por los países rebajarían esa previsión unas dos décimas.
La Alianza de Pequeños Estados Insulares, que agrupa a 39 países, pide no abandonar la meta de 1,5 grados. Las negociaciones se centran también en cómo limitar la magnitud y la duración de su superación y reforzar la adaptación a los fenómenos extremos.
El Gobierno de Estados Unidos no enviará una delegación oficial por segundo año consecutivo, después de que Donald Trump retirara al país del Acuerdo de París. Sí acudirán congresistas demócratas y otros representantes estadounidenses. Su llegada sigue a la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato, que algunas organizaciones ecologistas esperan que contribuya a contener las políticas contrarias a la acción climática.
Pedro Sánchez no asistirá por primera vez a una COP desde que es presidente del Gobierno. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, encabezará la delegación española, aunque deberá comparecer en Madrid ante la Diputación Permanente del Congreso el 12 de noviembre. La reunión de líderes está prevista para los días 11 y 12.
Antalya acoge la conferencia después de varias semanas de lluvias y tormentas. La semana pasada, cuatro trabajadores de la construcción murieron en la zona a causa de fuertes vientos y precipitaciones. A mediados de octubre, otras lluvias torrenciales causaron ocho muertes en Estambul y daños por más de 200 millones de euros. Para la cumbre se han desplegado más de 20.000 policías en Antalya y se ha obligado a las escuelas a impartir clases en línea, especialmente durante la visita de los líderes.
Turquía ejerce la presidencia formal de la conferencia y Australia dirige las negociaciones, una fórmula acordada después de que ambos países compitieran por acogerla. Las conversaciones se desarrollarán durante la primera semana a nivel técnico y en la segunda, a nivel ministerial. Las decisiones oficiales requieren el consenso de los participantes.
Una de las propuestas centrales de los anfitriones es elevar al 35% en 2035 la proporción del consumo energético mundial cubierta por electricidad, frente a alrededor del 20% actual. La iniciativa busca extender la electrificación a sectores como el transporte, la industria y la calefacción. Está por ver si la meta se incorpora al acuerdo de toda la cumbre o queda como un compromiso voluntario de un grupo de países.
La propuesta no especifica que la electricidad deba proceder de fuentes renovables. La Unión Europea reclama que sea limpia y organizaciones como Greenpeace piden que sea renovable. Ecologistas en Acción advierte además de que el aumento de la electricidad no garantiza por sí solo la sustitución del carbón, el petróleo y el gas ni una transición justa. Greenpeace plantea que la UE eleve su propia meta al 50% en 2035; en España, la electrificación ronda el 22% y el plan energético vigente fija un 48% para 2030.
La presidencia turca también busca acuerdos sobre edificios energéticamente eficientes y ciudades resilientes. Su agenda de acción paralela aborda asuntos como los residuos y la inteligencia artificial mediante compromisos voluntarios. Greenpeace quiere aprovechar el debate sobre residuos para impulsar la reducción de plásticos, con la vista puesta en un acuerdo mundial contra este tipo de contaminación que, en principio, debería cerrarse en marzo de 2027.
**Combustibles fósiles y financiación**
En la COP28 de Dubái, en 2023, los países acordaron avanzar en una transición para dejar atrás los combustibles fósiles, pero las cumbres posteriores no concretaron cómo hacerlo. Brasil, anfitrión de la COP30 de Belém, ha presentado una hoja de ruta voluntaria que no forma parte de las negociaciones oficiales ni está prevista para el acuerdo final de Antalya.
El documento ofrece medidas adaptables a cada país, sin plazos ni hitos obligatorios. Entre ellas figuran la reducción de subvenciones a los combustibles fósiles, el impulso a las renovables y la disminución de la quema y liberación de gas en las instalaciones de extracción. Se complementa con otra hoja de ruta sobre la deforestación hasta 2030. Se prevé que unos 60 gobiernos se adhieran a la iniciativa sobre combustibles fósiles, sin incluir a los grandes productores.
España, Colombia y Brasil impulsaron además una alianza para el abandono de estas fuentes de energía, que celebró una reunión en Santa Marta en abril. Varios países, entre ellos Francia, Alemania y Países Bajos, han elaborado planes nacionales.
En Antalya también está prevista la renovación del mandato del programa de trabajo sobre mitigación, destinado a reforzar la ambición y aplicación de medidas durante esta década. Según Ecologistas en Acción, si no se renueva, no habrá un espacio formal para tratar la mitigación en la COP32 de Addis Abeba.
La financiación volverá a enfrentar a los países industrializados con los más vulnerables, que reclaman recursos accesibles y previsibles para reducir emisiones, adaptarse y afrontar los daños de los desastres. En la COP29 de Bakú se fijó la meta de movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para 2035 hacia los países en desarrollo, junto a una aspiración de alcanzar 1,3 billones al año con fondos públicos, privados y otras fuentes. Siguen las diferencias sobre quién debe aportar el dinero y cuánto llegará como subvenciones o préstamos.
La UE ha advertido de que no asumirá nuevos compromisos financieros en esta cumbre y defiende cumplir los existentes y mejorar el acceso a los fondos. Bruselas sostiene que otros grandes emisores no están correspondiendo con compromisos suficientemente ambiciosos. La UE aportó 33.000 millones en financiación climática en 2025.
Los países africanos buscan que se debata la triplicación de los fondos para adaptación. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los países del Sur necesitarán entre 310.000 y 365.000 millones de dólares anuales para ese fin en 2035, frente a los 26.000 millones de financiación pública internacional registrados en 2023. Para diciembre se espera el primer desembolso del fondo de pérdidas y daños.
Otra negociación pendiente es el desarrollo del Mecanismo de Acción de Belém para la Transición Justa, creado en la COP30 para facilitar financiación y transferencia tecnológica a los países con menos recursos y evitar que la descarbonización recaiga sobre trabajadores y comunidades vulnerables. Sus funciones y características quedaron pendientes de concretar. Algunos países, como India, también quieren debatir medidas comerciales como el mecanismo europeo de ajuste de carbono en frontera.
**El límite de 1,5 grados y las delegaciones**
La cumbre llega después de que la ONU advirtiera de que el planeta superará el umbral de 1,5 grados sobre los niveles preindustriales recogido en el Acuerdo de París de 2015. Con las políticas actuales, sus proyecciones apuntan a unos 2,8 grados de calentamiento a finales de siglo; los planes de reducción de emisiones presentados por los países rebajarían esa previsión unas dos décimas.
La Alianza de Pequeños Estados Insulares, que agrupa a 39 países, pide no abandonar la meta de 1,5 grados. Las negociaciones se centran también en cómo limitar la magnitud y la duración de su superación y reforzar la adaptación a los fenómenos extremos.
El Gobierno de Estados Unidos no enviará una delegación oficial por segundo año consecutivo, después de que Donald Trump retirara al país del Acuerdo de París. Sí acudirán congresistas demócratas y otros representantes estadounidenses. Su llegada sigue a la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato, que algunas organizaciones ecologistas esperan que contribuya a contener las políticas contrarias a la acción climática.
Pedro Sánchez no asistirá por primera vez a una COP desde que es presidente del Gobierno. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, encabezará la delegación española, aunque deberá comparecer en Madrid ante la Diputación Permanente del Congreso el 12 de noviembre. La reunión de líderes está prevista para los días 11 y 12.
Antalya acoge la conferencia después de varias semanas de lluvias y tormentas. La semana pasada, cuatro trabajadores de la construcción murieron en la zona a causa de fuertes vientos y precipitaciones. A mediados de octubre, otras lluvias torrenciales causaron ocho muertes en Estambul y daños por más de 200 millones de euros. Para la cumbre se han desplegado más de 20.000 policías en Antalya y se ha obligado a las escuelas a impartir clases en línea, especialmente durante la visita de los líderes.