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La Fiscalía Europea investiga un posible fraude en las pulseras antimaltrato
La UCO ha solicitado documentación a Igualdad y al Tribunal de Cuentas sobre el contrato adjudicado en 2023, financiado en parte con fondos europeos.
Publicado: 13 de noviembre de 2026, 07:46
La Fiscalía Europea investiga un posible fraude con fondos de la Unión Europea destinados a la compra de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por violencia de género. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió el jueves a las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas para recabar información y documentación.
Las pesquisas, dirigidas por la oficina de la Fiscalía Europea en Madrid, comenzaron en 2025. El organismo no ha facilitado detalles sobre las posibles personas investigadas, el importe de los fondos afectados ni el alcance de las diligencias. El Tribunal de Cuentas confirmó que la presencia de los agentes en sus dependencias respondía a una solicitud de información.
La UCO ha pedido el expediente completo del contrato adjudicado en 2023, durante la etapa de Irene Montero al frente de Igualdad. El acuerdo, firmado en noviembre de aquel año por 42.623.938,47 euros, fue adjudicado a la unión temporal de empresas Vodafone-Securitas y se financió en parte con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El contrato estuvo vigente hasta marzo de 2026 y se prorrogó dos meses más.
La adjudicación supuso el relevo de Telefónica, que había gestionado el servicio durante años, y un cambio en el modelo: las pulseras pasaron a comprarse en lugar de pagarse por su uso. Igualdad calculó en su memoria económica que necesitaría 11 millones de euros para la compra inicial de 7.600 dispositivos y previó otros 3.771 sets de reposición entre 2024 y 2026 por averías, roturas, pérdidas, sustracciones u otras causas.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género adjudicó el servicio a Vodafone-Securitas con la condición de elaborar un plan para trasladar la información de los usuarios entre empresas, aunque había calificado de deficiente y poco preciso el plan presentado. Posteriormente, Igualdad volvió a adjudicar el servicio a Vodafone, pese a la multa recibida por los fallos del contrato anterior.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmó durante la presentación de la campaña del 25-N que la investigación no era nueva y ofreció colaboración y transparencia. Aseguró que le consta que los fondos se invirtieron correctamente, defendió la fiscalización de cada euro y sostuvo que el debate ha estado acompañado de bulos y mentiras. También afirmó que el contrato actual mejora las disfuncionalidades del anterior, que el sistema salva vidas y que ninguna mujer con dispositivo ha sido asesinada.
La ministra de Ciencia y Universidad, Diana Morant, expresó la tranquilidad del Gobierno y aseguró que estaban justificados el gasto, el contrato y su trazabilidad, y que la Comisión Europea había transferido el dinero. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijo que desconocía la investigación y destacó que los fondos comunitarios cuentan con canales de fiscalización y auditoría.
El PP acusó al Gobierno de corrupción y anunció que, si Alberto Núñez Feijóo gana las elecciones generales del 29 de noviembre, impulsará una auditoría del gasto público. El líder de Vox, Santiago Abascal, cuestionó que la UCO no hubiera acudido a La Moncloa y reiteró su petición de suprimir el Ministerio de Igualdad.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, pidió que se investigue hasta el final y respaldó la intervención de una autoridad supranacional. El diputado del BNG Néstor Rego también defendió investigar las posibles irregularidades, aunque consideró sorprendente el momento elegido. El diputado de IU Enrique Santiago cuestionó asimismo que las actuaciones se desarrollaran en periodo electoral y acusó a miembros de instituciones del Estado de hacer política.
El informe del Tribunal de Cuentas
El 22 de septiembre de 2026, el Tribunal de Cuentas aprobó un informe público sobre la contratación, ejecución y control del servicio. Fiscalizó los contratos de 2018, 2021 y 2023, por un importe conjunto de 102.679.160 euros, y señaló deficiencias en el sistema.
Según sus conclusiones, las debilidades en la preparación de los contratos, la transición entre ellos y el seguimiento de su ejecución provocaron deficiencias e interrupciones del servicio que, aunque finalmente se resolvieron, comprometieron la seguridad de las usuarias. El informe contabilizaba 4.329 mujeres atendidas en abril de 2026 y recomendaba priorizar la calidad del servicio sobre el ahorro de costes y utilizar la mejor tecnología disponible.
Las incidencias durante el traslado de datos de Telefónica a Vodafone también fueron recogidas por la Fiscalía General del Estado. Según su memoria, se perdieron datos de geolocalización, lo que dio lugar a archivos y absoluciones en procedimientos en los que no se pudo acreditar el incumplimiento de órdenes de alejamiento.
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, integrado en el Consejo General del Poder Judicial, remitió dos cartas al Gobierno en enero y febrero de 2025 sobre incidencias comunicadas por la Audiencia Provincial de Granada. Su presidenta, Esther Erice, pidió información sobre las medidas que pudieran adoptarse; ante la falta de respuesta, envió una segunda comunicación con nueva documentación. Igualdad sostuvo que los problemas eran puntuales, estaban resueltos y que no había sido advertido de ellos.
En septiembre de 2026 se conoció además un oficio del 5 de julio de la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz, que advertía de disfunciones técnicas y de la intranquilidad que generaban en las mujeres amenazadas. Redondo respondió entonces que se trataba de valoraciones genéricas y que no tenía expedientes o sentencias con casos concretos.
La Comisión Europea anunció en noviembre de 2025 que examinaría los fallos porque la adquisición de los dispositivos figura como hito 472 del plan de recuperación español. El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, explicó que su cumplimiento se evaluaría en relación con la octava solicitud de pago y advirtió de que podrían congelarse fondos si se detectaban irregularidades en la adjudicación.
En marzo de 2026, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió mantener abiertas dos peticiones sobre los fallos, presentadas por la Confederación Española de Policía y la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica, a la espera de que la Comisión Europea aclarase si se había producido un uso indebido de fondos.
Las pesquisas, dirigidas por la oficina de la Fiscalía Europea en Madrid, comenzaron en 2025. El organismo no ha facilitado detalles sobre las posibles personas investigadas, el importe de los fondos afectados ni el alcance de las diligencias. El Tribunal de Cuentas confirmó que la presencia de los agentes en sus dependencias respondía a una solicitud de información.
La UCO ha pedido el expediente completo del contrato adjudicado en 2023, durante la etapa de Irene Montero al frente de Igualdad. El acuerdo, firmado en noviembre de aquel año por 42.623.938,47 euros, fue adjudicado a la unión temporal de empresas Vodafone-Securitas y se financió en parte con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El contrato estuvo vigente hasta marzo de 2026 y se prorrogó dos meses más.
La adjudicación supuso el relevo de Telefónica, que había gestionado el servicio durante años, y un cambio en el modelo: las pulseras pasaron a comprarse en lugar de pagarse por su uso. Igualdad calculó en su memoria económica que necesitaría 11 millones de euros para la compra inicial de 7.600 dispositivos y previó otros 3.771 sets de reposición entre 2024 y 2026 por averías, roturas, pérdidas, sustracciones u otras causas.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género adjudicó el servicio a Vodafone-Securitas con la condición de elaborar un plan para trasladar la información de los usuarios entre empresas, aunque había calificado de deficiente y poco preciso el plan presentado. Posteriormente, Igualdad volvió a adjudicar el servicio a Vodafone, pese a la multa recibida por los fallos del contrato anterior.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmó durante la presentación de la campaña del 25-N que la investigación no era nueva y ofreció colaboración y transparencia. Aseguró que le consta que los fondos se invirtieron correctamente, defendió la fiscalización de cada euro y sostuvo que el debate ha estado acompañado de bulos y mentiras. También afirmó que el contrato actual mejora las disfuncionalidades del anterior, que el sistema salva vidas y que ninguna mujer con dispositivo ha sido asesinada.
La ministra de Ciencia y Universidad, Diana Morant, expresó la tranquilidad del Gobierno y aseguró que estaban justificados el gasto, el contrato y su trazabilidad, y que la Comisión Europea había transferido el dinero. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijo que desconocía la investigación y destacó que los fondos comunitarios cuentan con canales de fiscalización y auditoría.
El PP acusó al Gobierno de corrupción y anunció que, si Alberto Núñez Feijóo gana las elecciones generales del 29 de noviembre, impulsará una auditoría del gasto público. El líder de Vox, Santiago Abascal, cuestionó que la UCO no hubiera acudido a La Moncloa y reiteró su petición de suprimir el Ministerio de Igualdad.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, pidió que se investigue hasta el final y respaldó la intervención de una autoridad supranacional. El diputado del BNG Néstor Rego también defendió investigar las posibles irregularidades, aunque consideró sorprendente el momento elegido. El diputado de IU Enrique Santiago cuestionó asimismo que las actuaciones se desarrollaran en periodo electoral y acusó a miembros de instituciones del Estado de hacer política.
El informe del Tribunal de Cuentas
El 22 de septiembre de 2026, el Tribunal de Cuentas aprobó un informe público sobre la contratación, ejecución y control del servicio. Fiscalizó los contratos de 2018, 2021 y 2023, por un importe conjunto de 102.679.160 euros, y señaló deficiencias en el sistema.
Según sus conclusiones, las debilidades en la preparación de los contratos, la transición entre ellos y el seguimiento de su ejecución provocaron deficiencias e interrupciones del servicio que, aunque finalmente se resolvieron, comprometieron la seguridad de las usuarias. El informe contabilizaba 4.329 mujeres atendidas en abril de 2026 y recomendaba priorizar la calidad del servicio sobre el ahorro de costes y utilizar la mejor tecnología disponible.
Las incidencias durante el traslado de datos de Telefónica a Vodafone también fueron recogidas por la Fiscalía General del Estado. Según su memoria, se perdieron datos de geolocalización, lo que dio lugar a archivos y absoluciones en procedimientos en los que no se pudo acreditar el incumplimiento de órdenes de alejamiento.
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, integrado en el Consejo General del Poder Judicial, remitió dos cartas al Gobierno en enero y febrero de 2025 sobre incidencias comunicadas por la Audiencia Provincial de Granada. Su presidenta, Esther Erice, pidió información sobre las medidas que pudieran adoptarse; ante la falta de respuesta, envió una segunda comunicación con nueva documentación. Igualdad sostuvo que los problemas eran puntuales, estaban resueltos y que no había sido advertido de ellos.
En septiembre de 2026 se conoció además un oficio del 5 de julio de la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz, que advertía de disfunciones técnicas y de la intranquilidad que generaban en las mujeres amenazadas. Redondo respondió entonces que se trataba de valoraciones genéricas y que no tenía expedientes o sentencias con casos concretos.
La Comisión Europea anunció en noviembre de 2025 que examinaría los fallos porque la adquisición de los dispositivos figura como hito 472 del plan de recuperación español. El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, explicó que su cumplimiento se evaluaría en relación con la octava solicitud de pago y advirtió de que podrían congelarse fondos si se detectaban irregularidades en la adjudicación.
En marzo de 2026, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió mantener abiertas dos peticiones sobre los fallos, presentadas por la Confederación Española de Policía y la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica, a la espera de que la Comisión Europea aclarase si se había producido un uso indebido de fondos.