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La Fiscalía pide procesar a Koldo, Aldama y Pardo de Vera
Anticorrupción solicita continuar la causa contra 13 personas y una empresa, y archivar la investigación para otros doce investigados.
Publicado: 7 de noviembre de 2026, 08:12
La Fiscalía Anticorrupción pidió el viernes al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que dé por concluida la investigación de la rama del caso Koldo que instruye y avance hacia el juicio de 13 personas y de la empresa Soluciones de Gestión. Entre ellas figuran Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos; el comisionista Víctor de Aldama; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, y Jessica Rodríguez, expareja del exministro.
El Ministerio Público presentó su escrito después de que Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, preguntara a las partes si debía continuar el procedimiento contra los investigados o archivar la causa. La investigación abarca hechos y ramificaciones que no fueron juzgados por el Tribunal Supremo en el procedimiento abierto contra Ábalos, entonces aforado.
El Supremo condenó a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a Koldo García a 19 años y ocho meses y a Aldama a cuatro años y medio. La pena de este último fue suspendida por su colaboración con la justicia. Ábalos y García permanecen en la prisión madrileña de Soto del Real.
Anticorrupción atribuye a García tráfico de influencias y blanqueo; a Aldama, cohecho y un delito contra la Hacienda Pública; a Pardo de Vera, tráfico de influencias, y a Rodríguez, malversación. También pide proceder contra Joseba García, hermano de Koldo, y Patricia Uriz, exmujer del exasesor, por organización criminal y blanqueo.
La petición alcanza a Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno, socios de Aldama conocidos como los mosqueteros; a Ignacio Zaldívar, exdirector de gestión administrativa de Adif; al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba; y a los empresarios Íñigo Rotaeche, administrador de Soluciones de Gestión, y Juan Carlos Cueto, a quien los investigadores sitúan como quien controlaba realmente la sociedad.
La Fiscalía prevé acusar además de organización criminal a los tres socios de Aldama y a Villalba; de tráfico de influencias a Zaldívar y Joseba García; y de delito fiscal a Cueto y Rotaeche. A Villalba le atribuye cohecho pasivo por las presuntas contraprestaciones recibidas para proteger a la trama.
Según el Ministerio Público, Aldama pagaba de forma fija al comandante para que suministrara teléfonos seguros. La Fiscalía sostiene que Villalba contribuía tanto a la seguridad de las comunicaciones y de los miembros de la presunta organización como a evitar que se descubriera su actividad.
En relación con los contratos de material sanitario durante la pandemia, Anticorrupción señala que Koldo García utilizó su puesto de asesor para favorecer adjudicaciones de mascarillas a Soluciones de Gestión y de pruebas PCR a Eurofins Megalab en Canarias y Baleares. Según el fiscal, sus gestiones respondían a pagos mensuales de 10.000 euros de Aldama para mantener su acceso al Ministerio de Transportes. Soluciones de Gestión obtuvo también contratos de mascarillas de Puertos del Estado y Adif.
La Fiscalía atribuye a García, su hermano y Uriz operaciones para ocultar el origen de los fondos mediante ingresos en efectivo, transferencias y compras inmobiliarias, entre ellas un piso en Benidorm a nombre de la hija pequeña del exasesor. Sostiene asimismo que Aldama canalizó artificialmente las comisiones del negocio de las mascarillas a través de Deluxe Fortune y MTM 180 Capital para evitar declararlas en su IRPF de 2020.
Sobre las adjudicaciones a Soluciones de Gestión, EFE afirma que los contratos fueron irregulares, como recoge la sentencia del Supremo, mientras que La Vanguardia sostiene que el alto tribunal concluyó que no hubo irregularidades en esas adjudicaciones. La Fiscalía pide excluir de la causa los hechos relativos a la negociación y adjudicación de los contratos de mascarillas a la empresa y el posible blanqueo asociado a sus rendimientos, al considerar que determinados hechos y conductas no son perseguibles.
En cuanto a la contratación de Rodríguez, la Fiscalía sostiene que Ábalos pidió a Koldo García que contactara con Pardo de Vera para transmitirle su interés en que su entonces pareja trabajara en Ineco, y que la expresidenta de Adif impulsó decisivamente su incorporación. Tras finalizar ese contrato, según Anticorrupción, Ábalos y García se pusieron de acuerdo con Pardo de Vera y Zaldívar para incorporarla a Tragsatec, donde fue asignada a la presidencia sin una entrevista previa.
El Ministerio Público afirma que Zaldívar dio instrucciones intimidatorias para que no se molestara a Rodríguez y las mantuvo durante todo el contrato. También sostiene que ella era consciente de que cobraba sin trabajar y que protestó ante Ábalos o García cuando su responsable en Tragsatec le pidió que precisara sus condiciones laborales. Según la Fiscalía, Rodríguez reconoció que no realizó ninguna prestación laboral.
La sentencia del Supremo afirma que el plan consistía en que Rodríguez no trabajara y, pese a ello, cobrara un salario de las dos empresas públicas. Percibió hasta 43.000 euros sin acudir a su puesto de trabajo.
La Abogacía del Estado, que representa a Ineco y Tragsatec, pide llevar a juicio por malversación y tráfico de influencias a Pardo de Vera, Rodríguez, Zaldívar y Joseba García. También propone juzgar a Aldama y a sus empresas Deluxe Fortune y MTM 180 por delitos contra la Hacienda Pública.
Las acusaciones populares encabezadas por el PP solicitan igualmente que sean juzgados Pardo de Vera, Zaldívar, Joseba García y Rodríguez por la contratación de esta última. Además, piden ampliar la investigación a la contratación de Claudia Montes por Logirail y dar la condición de investigados al expresidente de Renfe Isaías Taboas y al exdirector gerente de Logirail Óscar Gómez Barbero. El Supremo consideró acreditado que Montes, que tuvo relación con Ábalos y Koldo García, fue colocada en Logirail por ambos, presuntamente a través de esos dos directivos.
Anticorrupción solicita archivar la causa para doce investigados: el exsubsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez; el exsecretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares; el exresponsable de Gestión de Personas de Adif Michaux Miranda; Daniel Sierra, que fue apoderado y después administrador único de Soluciones de Gestión; María Piedad Losada, secretaria de Aldama; y Luis Alberto Escolano, socio del comisionista.
La lista incluye también a José Luis Rodríguez, Israel Pilar Ortiz, Rogelio Pujalte Martínez, Patricia Ramos García, María Auxiliadora Luque Martínez y Andoni García Izaguirre, otro hermano de Koldo. Escolano intervino en la gestión del alquiler del piso de Plaza de España, en Madrid, donde vivió la expareja de Ábalos y cuyo alquiler pagó Aldama a través de él. Gómez se desmarcó durante el juicio de las contrataciones de mascarillas, mientras que Sánchez declaró que pensaba que Aldama ayudaba a Transportes con ese material.
El Ministerio Público presentó su escrito después de que Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, preguntara a las partes si debía continuar el procedimiento contra los investigados o archivar la causa. La investigación abarca hechos y ramificaciones que no fueron juzgados por el Tribunal Supremo en el procedimiento abierto contra Ábalos, entonces aforado.
El Supremo condenó a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a Koldo García a 19 años y ocho meses y a Aldama a cuatro años y medio. La pena de este último fue suspendida por su colaboración con la justicia. Ábalos y García permanecen en la prisión madrileña de Soto del Real.
Anticorrupción atribuye a García tráfico de influencias y blanqueo; a Aldama, cohecho y un delito contra la Hacienda Pública; a Pardo de Vera, tráfico de influencias, y a Rodríguez, malversación. También pide proceder contra Joseba García, hermano de Koldo, y Patricia Uriz, exmujer del exasesor, por organización criminal y blanqueo.
La petición alcanza a Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno, socios de Aldama conocidos como los mosqueteros; a Ignacio Zaldívar, exdirector de gestión administrativa de Adif; al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba; y a los empresarios Íñigo Rotaeche, administrador de Soluciones de Gestión, y Juan Carlos Cueto, a quien los investigadores sitúan como quien controlaba realmente la sociedad.
La Fiscalía prevé acusar además de organización criminal a los tres socios de Aldama y a Villalba; de tráfico de influencias a Zaldívar y Joseba García; y de delito fiscal a Cueto y Rotaeche. A Villalba le atribuye cohecho pasivo por las presuntas contraprestaciones recibidas para proteger a la trama.
Según el Ministerio Público, Aldama pagaba de forma fija al comandante para que suministrara teléfonos seguros. La Fiscalía sostiene que Villalba contribuía tanto a la seguridad de las comunicaciones y de los miembros de la presunta organización como a evitar que se descubriera su actividad.
En relación con los contratos de material sanitario durante la pandemia, Anticorrupción señala que Koldo García utilizó su puesto de asesor para favorecer adjudicaciones de mascarillas a Soluciones de Gestión y de pruebas PCR a Eurofins Megalab en Canarias y Baleares. Según el fiscal, sus gestiones respondían a pagos mensuales de 10.000 euros de Aldama para mantener su acceso al Ministerio de Transportes. Soluciones de Gestión obtuvo también contratos de mascarillas de Puertos del Estado y Adif.
La Fiscalía atribuye a García, su hermano y Uriz operaciones para ocultar el origen de los fondos mediante ingresos en efectivo, transferencias y compras inmobiliarias, entre ellas un piso en Benidorm a nombre de la hija pequeña del exasesor. Sostiene asimismo que Aldama canalizó artificialmente las comisiones del negocio de las mascarillas a través de Deluxe Fortune y MTM 180 Capital para evitar declararlas en su IRPF de 2020.
Sobre las adjudicaciones a Soluciones de Gestión, EFE afirma que los contratos fueron irregulares, como recoge la sentencia del Supremo, mientras que La Vanguardia sostiene que el alto tribunal concluyó que no hubo irregularidades en esas adjudicaciones. La Fiscalía pide excluir de la causa los hechos relativos a la negociación y adjudicación de los contratos de mascarillas a la empresa y el posible blanqueo asociado a sus rendimientos, al considerar que determinados hechos y conductas no son perseguibles.
En cuanto a la contratación de Rodríguez, la Fiscalía sostiene que Ábalos pidió a Koldo García que contactara con Pardo de Vera para transmitirle su interés en que su entonces pareja trabajara en Ineco, y que la expresidenta de Adif impulsó decisivamente su incorporación. Tras finalizar ese contrato, según Anticorrupción, Ábalos y García se pusieron de acuerdo con Pardo de Vera y Zaldívar para incorporarla a Tragsatec, donde fue asignada a la presidencia sin una entrevista previa.
El Ministerio Público afirma que Zaldívar dio instrucciones intimidatorias para que no se molestara a Rodríguez y las mantuvo durante todo el contrato. También sostiene que ella era consciente de que cobraba sin trabajar y que protestó ante Ábalos o García cuando su responsable en Tragsatec le pidió que precisara sus condiciones laborales. Según la Fiscalía, Rodríguez reconoció que no realizó ninguna prestación laboral.
La sentencia del Supremo afirma que el plan consistía en que Rodríguez no trabajara y, pese a ello, cobrara un salario de las dos empresas públicas. Percibió hasta 43.000 euros sin acudir a su puesto de trabajo.
La Abogacía del Estado, que representa a Ineco y Tragsatec, pide llevar a juicio por malversación y tráfico de influencias a Pardo de Vera, Rodríguez, Zaldívar y Joseba García. También propone juzgar a Aldama y a sus empresas Deluxe Fortune y MTM 180 por delitos contra la Hacienda Pública.
Las acusaciones populares encabezadas por el PP solicitan igualmente que sean juzgados Pardo de Vera, Zaldívar, Joseba García y Rodríguez por la contratación de esta última. Además, piden ampliar la investigación a la contratación de Claudia Montes por Logirail y dar la condición de investigados al expresidente de Renfe Isaías Taboas y al exdirector gerente de Logirail Óscar Gómez Barbero. El Supremo consideró acreditado que Montes, que tuvo relación con Ábalos y Koldo García, fue colocada en Logirail por ambos, presuntamente a través de esos dos directivos.
Anticorrupción solicita archivar la causa para doce investigados: el exsubsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez; el exsecretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares; el exresponsable de Gestión de Personas de Adif Michaux Miranda; Daniel Sierra, que fue apoderado y después administrador único de Soluciones de Gestión; María Piedad Losada, secretaria de Aldama; y Luis Alberto Escolano, socio del comisionista.
La lista incluye también a José Luis Rodríguez, Israel Pilar Ortiz, Rogelio Pujalte Martínez, Patricia Ramos García, María Auxiliadora Luque Martínez y Andoni García Izaguirre, otro hermano de Koldo. Escolano intervino en la gestión del alquiler del piso de Plaza de España, en Madrid, donde vivió la expareja de Ábalos y cuyo alquiler pagó Aldama a través de él. Gómez se desmarcó durante el juicio de las contrataciones de mascarillas, mientras que Sánchez declaró que pensaba que Aldama ayudaba a Transportes con ese material.