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La jueza cita como investigado al exdelegado del Gobierno en Ceuta
Miguel Ángel Pérez Triano declarará el 18 de noviembre en la causa sobre la entrada masiva de migrantes de julio.
Publicado: 12 de noviembre de 2026, 15:59
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a declarar como investigado al exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano por la crisis migratoria de finales de julio. La comparecencia tendrá lugar el 18 de noviembre a las 10.00 horas, en plena campaña electoral. Es el primer investigado en la causa.
La magistrada ha adoptado la decisión en un auto dictado este jueves, después de aceptar la incorporación de las diligencias abiertas en un juzgado de Ceuta a raíz de una querella contra el exdelegado por su gestión de la crisis. La resolución menciona los informes sobre su posible participación en los hechos, pero no concreta qué delitos se le atribuyen. Tardón había anunciado su decisión al término de unas declaraciones de policías citados como testigos.
La investigación se refiere a la entrada en Ceuta de más de 80.000 migrantes procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio, durante la cual fallecieron 83 personas. La causa indaga tanto en el origen y la organización de la movilización como en los avisos recibidos por las autoridades españolas y las medidas que adoptaron. Entre otras cuestiones, trata de determinar si las autoridades marroquíes impulsaron el cruce.
En el procedimiento abierto en Ceuta se presentaron denuncias de Manos Limpias y Hazte Oír. Esta última planteó posibles delitos de prevaricación omisiva, denegación de auxilio y homicidio o lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión. La Fiscalía de Ceuta pidió esclarecer si las decisiones del entonces delegado pudieron incidir en la entrada y si hubo omisiones en prevención, auxilio o protección.
Las alertas del CNI
Una de las cuestiones centrales es qué información recibió Pérez Triano antes de la entrada y si la trasladó a sus superiores. Su antiguo jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, declaró como testigo el 1 de octubre que comunicó verbalmente al delegado los avisos que había recibido de un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Pérez Triano negó haber recibido esa información.
El CNI contactó con Sanz por WhatsApp a las 13.52 horas del 29 de julio y le alertó de una convocatoria en redes sociales para entrar en Ceuta al día siguiente por la valla y por mar, coincidiendo con la Fiesta del Trono en Marruecos. La convocatoria circulaba en dos grupos de Facebook con un total de 180.000 seguidores. Esa noche, el agente y Sanz mantuvieron una llamada de 11 minutos.
El Consejo de Ministros acordó desclasificar el 8 de septiembre comunicaciones relativas a esos avisos. Sanz sostuvo que faltaban por desclasificar 19 mensajes y una llamada, y aportó mensajes ante la jueza. Dimitió el 11 de septiembre por la incompatibilidad entre su versión y la de Pérez Triano.
El exdelegado renunció a todos sus cargos el 28 de septiembre. Antes de la crisis había remitido al Ministerio del Interior un informe en el que advertía de una previsión de serio desborde en las semanas siguientes y solicitaba ayuda urgente. También defendió que su equipo y la Guardia Civil dieron la voz de alarma y que pidió a Interior la movilización de recursos y la intervención del Gobierno aquella misma mañana. Según explicó, había avisado semanas antes de la movilización en Marruecos.
La jueza ha reclamado documentación a más de una decena de organismos para reconstruir las alertas y las respuestas. También ha acordado llamar a declarar a dos miembros del CNI. Entre la información solicitada al Ejecutivo el 27 de octubre figuran las notas e informes del servicio difundidos a las autoridades desde el 30 de julio, incluidos los relativos a la actuación de las autoridades marroquíes.
Las comunicaciones de los servicios públicos
En el mismo auto, Tardón ha pedido a la Comisaría General de Información de la Policía un informe sobre incidencias, análisis e investigaciones relacionados con anomalías en las comunicaciones operativas entre el 28 de julio y el 5 de agosto. También requiere al Centro de Operaciones de Servicio de la Guardia Civil de Ceuta las grabaciones de las llamadas recibidas entre las 00.01 horas del 30 de julio y las 23.59 horas del día 31.
Un policía declaró que durante varios días las comunicaciones presentaron retrasos, interrupciones y dificultades de transmisión que le parecieron anómalos. La jueza señala que, más allá de esa declaración, no existe por ahora ningún elemento objetivo que permita afirmar que hubo interferencias deliberadas, ciberataques, guerra electrónica o sabotaje relacionados con los hechos.
La magistrada considera necesario comprobar si se produjo una degradación grave y prolongada de los sistemas y, en tal caso, si obedeció a causas técnicas ordinarias, como la saturación de las redes, o a una actuación deliberada. El propio agente también apuntó a la posible influencia de la saturación y la proximidad de la frontera. Tardón decidirá sobre las diligencias solicitadas por la Fiscalía una vez reciba la información requerida a Policía y Guardia Civil.
Testimonios policiales y de migrantes
Este jueves declararon como testigos tres policías que intervinieron en la elaboración de los atestados. Dos mandos negaron conocer la existencia de una alerta del CNI: uno dijo que la Delegación del Gobierno no les trasladó ninguna comunicación y el jefe del puesto fronterizo afirmó que no fue informado ni formal ni oficiosamente.
El jefe regional de operaciones declaró que su superior había expuesto a la Delegación la situación de presión migratoria. Añadió que, tras incorporarse de sus vacaciones el 30 de julio, supo por los mandos policiales que las fuerzas marroquíes dirigían a los migrantes y apartaban a las personas de origen subsahariano, en lugar de detener la entrada. El jefe del puesto fronterizo sostuvo que no había medidas preventivas en la frontera ni despliegue marroquí en la playa.
Otro inspector relató que el 28 de julio recibió la orden de habilitar urgentemente un carril para el paso a Ceuta del cónsul de España en Tánger. Añadió que en la frontera se comentaba que el viaje tenía por objeto avisar de lo que ocurriría después, aunque precisó que no podía dar por cierto ese rumor.
El martes declararon cuatro testigos protegidos de origen magrebí, que afirmaron haber recibido indicaciones de agentes marroquíes para entrar en Ceuta. Uno dijo que fue arrojado al mar pese a no querer cruzar y que la Guardia Civil lo rescató. También mencionaron que un policía y un militar marroquíes cruzaron y se alojaron en albergues. Otro testigo explicó que decidió entrar por mensajes en redes sobre la regularización impulsada por el Gobierno y la posibilidad de beneficiarse de ella.
La magistrada ha adoptado la decisión en un auto dictado este jueves, después de aceptar la incorporación de las diligencias abiertas en un juzgado de Ceuta a raíz de una querella contra el exdelegado por su gestión de la crisis. La resolución menciona los informes sobre su posible participación en los hechos, pero no concreta qué delitos se le atribuyen. Tardón había anunciado su decisión al término de unas declaraciones de policías citados como testigos.
La investigación se refiere a la entrada en Ceuta de más de 80.000 migrantes procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio, durante la cual fallecieron 83 personas. La causa indaga tanto en el origen y la organización de la movilización como en los avisos recibidos por las autoridades españolas y las medidas que adoptaron. Entre otras cuestiones, trata de determinar si las autoridades marroquíes impulsaron el cruce.
En el procedimiento abierto en Ceuta se presentaron denuncias de Manos Limpias y Hazte Oír. Esta última planteó posibles delitos de prevaricación omisiva, denegación de auxilio y homicidio o lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión. La Fiscalía de Ceuta pidió esclarecer si las decisiones del entonces delegado pudieron incidir en la entrada y si hubo omisiones en prevención, auxilio o protección.
Las alertas del CNI
Una de las cuestiones centrales es qué información recibió Pérez Triano antes de la entrada y si la trasladó a sus superiores. Su antiguo jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, declaró como testigo el 1 de octubre que comunicó verbalmente al delegado los avisos que había recibido de un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Pérez Triano negó haber recibido esa información.
El CNI contactó con Sanz por WhatsApp a las 13.52 horas del 29 de julio y le alertó de una convocatoria en redes sociales para entrar en Ceuta al día siguiente por la valla y por mar, coincidiendo con la Fiesta del Trono en Marruecos. La convocatoria circulaba en dos grupos de Facebook con un total de 180.000 seguidores. Esa noche, el agente y Sanz mantuvieron una llamada de 11 minutos.
El Consejo de Ministros acordó desclasificar el 8 de septiembre comunicaciones relativas a esos avisos. Sanz sostuvo que faltaban por desclasificar 19 mensajes y una llamada, y aportó mensajes ante la jueza. Dimitió el 11 de septiembre por la incompatibilidad entre su versión y la de Pérez Triano.
El exdelegado renunció a todos sus cargos el 28 de septiembre. Antes de la crisis había remitido al Ministerio del Interior un informe en el que advertía de una previsión de serio desborde en las semanas siguientes y solicitaba ayuda urgente. También defendió que su equipo y la Guardia Civil dieron la voz de alarma y que pidió a Interior la movilización de recursos y la intervención del Gobierno aquella misma mañana. Según explicó, había avisado semanas antes de la movilización en Marruecos.
La jueza ha reclamado documentación a más de una decena de organismos para reconstruir las alertas y las respuestas. También ha acordado llamar a declarar a dos miembros del CNI. Entre la información solicitada al Ejecutivo el 27 de octubre figuran las notas e informes del servicio difundidos a las autoridades desde el 30 de julio, incluidos los relativos a la actuación de las autoridades marroquíes.
Las comunicaciones de los servicios públicos
En el mismo auto, Tardón ha pedido a la Comisaría General de Información de la Policía un informe sobre incidencias, análisis e investigaciones relacionados con anomalías en las comunicaciones operativas entre el 28 de julio y el 5 de agosto. También requiere al Centro de Operaciones de Servicio de la Guardia Civil de Ceuta las grabaciones de las llamadas recibidas entre las 00.01 horas del 30 de julio y las 23.59 horas del día 31.
Un policía declaró que durante varios días las comunicaciones presentaron retrasos, interrupciones y dificultades de transmisión que le parecieron anómalos. La jueza señala que, más allá de esa declaración, no existe por ahora ningún elemento objetivo que permita afirmar que hubo interferencias deliberadas, ciberataques, guerra electrónica o sabotaje relacionados con los hechos.
La magistrada considera necesario comprobar si se produjo una degradación grave y prolongada de los sistemas y, en tal caso, si obedeció a causas técnicas ordinarias, como la saturación de las redes, o a una actuación deliberada. El propio agente también apuntó a la posible influencia de la saturación y la proximidad de la frontera. Tardón decidirá sobre las diligencias solicitadas por la Fiscalía una vez reciba la información requerida a Policía y Guardia Civil.
Testimonios policiales y de migrantes
Este jueves declararon como testigos tres policías que intervinieron en la elaboración de los atestados. Dos mandos negaron conocer la existencia de una alerta del CNI: uno dijo que la Delegación del Gobierno no les trasladó ninguna comunicación y el jefe del puesto fronterizo afirmó que no fue informado ni formal ni oficiosamente.
El jefe regional de operaciones declaró que su superior había expuesto a la Delegación la situación de presión migratoria. Añadió que, tras incorporarse de sus vacaciones el 30 de julio, supo por los mandos policiales que las fuerzas marroquíes dirigían a los migrantes y apartaban a las personas de origen subsahariano, en lugar de detener la entrada. El jefe del puesto fronterizo sostuvo que no había medidas preventivas en la frontera ni despliegue marroquí en la playa.
Otro inspector relató que el 28 de julio recibió la orden de habilitar urgentemente un carril para el paso a Ceuta del cónsul de España en Tánger. Añadió que en la frontera se comentaba que el viaje tenía por objeto avisar de lo que ocurriría después, aunque precisó que no podía dar por cierto ese rumor.
El martes declararon cuatro testigos protegidos de origen magrebí, que afirmaron haber recibido indicaciones de agentes marroquíes para entrar en Ceuta. Uno dijo que fue arrojado al mar pese a no querer cruzar y que la Guardia Civil lo rescató. También mencionaron que un policía y un militar marroquíes cruzaron y se alojaron en albergues. Otro testigo explicó que decidió entrar por mensajes en redes sobre la regularización impulsada por el Gobierno y la posibilidad de beneficiarse de ella.