SociedadContrastada con 9 fuentes
Progresista 53.3%Conservador 46.7%
La Policía desaloja 50 carpas del campamento de migrantes del puerto de Ceuta
Cientos de personas fueron trasladadas al CATE de El Tarajal y decenas regresaron a Marruecos, mientras el Gobierno prevé reagrupar a otras en distintos centros.
Publicado: 8 de noviembre de 2026, 15:43
La Policía Nacional desalojó este domingo las 50 carpas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) situadas en el muelle de Poniente, en el puerto de Ceuta, en una primera operación para cerrar recursos temporales de acogida de migrantes. Según la Delegación del Gobierno, después se procederá a la limpieza y el desmantelamiento de las tiendas.
Cientos de marroquíes fueron trasladados desde el campamento al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Tarajal, donde estaba prevista su identificación. Desde allí, decenas regresaron a Marruecos. Otros migrantes serán alojados en recursos de acogida con plazas disponibles. En el operativo también se detectó a varios menores, que fueron trasladados para su identificación.
El Ministerio del Interior sostiene que se ha aplicado la fórmula del retorno voluntario. Sin embargo, elDiario.es señala que observó cómo agentes acompañaban a algunos migrantes agarrados del brazo hasta una puerta de la valla situada en la zona de seguridad de la frontera, un paso no habilitado, y considera que las circunstancias apuntan a que muchos retornos fueron forzados. Por su parte, fuentes policiales indicaron que, además de quienes regresaron voluntariamente, otros volvieron a Marruecos tras ser denegada su solicitud de asilo.
También hay versiones distintas sobre la situación de asilo de los afectados. El Mundo y La Vanguardia afirman que las solicitudes de las personas trasladadas habían sido rechazadas. El Español, en cambio, señala que el operativo pretendía distinguir entre quienes ya habían recibido una inadmisión a trámite y quienes aún no habían pasado por ese procedimiento, para devolver a los primeros y trasladar a los demás a otros recursos. Interior y la Delegación del Gobierno no habían facilitado cifras oficiales de retornados ni aclarado si entre ellos había personas con solicitudes o recursos de asilo pendientes.
La intervención comenzó de madrugada con decenas de agentes de varias unidades. La reunión de coordinación se inició a las cinco y, hacia las seis, llegaron efectivos de la Unidad de Intervención Policial y de las Unidades de Prevención y Reacción, junto a dos autobuses y dos furgonetas. Los agentes bloquearon los accesos, incluidos los de la prensa. Los primeros grupos empezaron a salir sobre las 6.30, algunos con maletas o bolsas, y el primer convoy partió hacia el CATE a las 6.45. Durante las primeras horas no se registraron incidentes y se incorporó un dron para supervisar el dispositivo.
El desalojo afectó a una parte del campamento del puerto. Un hombre alojado allí relató que varias personas habían sido derivadas desde la zona de carpas pequeñas a otra zona mayor, con capacidad para unas mil personas, que por el momento no había sido desmantelada. Un joven marroquí alojado en esta última denunció que habían enviado a Marruecos tanto a jóvenes como a mayores. También se esperaba el traslado de personas que quisieran continuar sus solicitudes de asilo al recurso de Los Rosales, aunque en el momento de la consulta todavía no se había producido ninguna llegada.
La Delegación del Gobierno explicó que el proceso continuará con nuevos traslados desde dispositivos temporales para optimizar las plazas disponibles. Esta semana, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, había anunciado el próximo cierre de algunos recursos. El Gobierno dispone de hasta siete emplazamientos en la ciudad, con más de 7.000 plazas y unas 5.800 personas censadas; la intención es reagrupar a los residentes y desmontar los centros menos ocupados. Más de 15.000 migrantes habían retornado ya a sus países.
Los centros se habilitaron para acoger a personas que permanecían en calles y playas tras las llegadas masivas de finales de julio. Todavía hay cientos de personas en las calles de Ceuta y algunos migrantes denuncian que se les expulsa de los campamentos antes de concluir sus procesos de asilo.
La instalación del recinto portuario generó oposición de la Autoridad Portuaria, cuyo consejo votó contra la cesión del espacio por considerarla incompatible con la actividad de una infraestructura crítica. Trabajadores del puerto también alertaron de riesgos por la proximidad de instalaciones eléctricas, depósitos de combustible y zonas de operaciones.
El 5 de septiembre, el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, autorizó el uso temporal de unos 16.000 metros cuadrados del muelle para carpas y atención humanitaria. El Sindicato Unificado de Policía recurrió la decisión por las condiciones de seguridad y, el 17 de septiembre, la Audiencia Nacional rechazó suspender cautelarísimamente la autorización.
Cientos de marroquíes fueron trasladados desde el campamento al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Tarajal, donde estaba prevista su identificación. Desde allí, decenas regresaron a Marruecos. Otros migrantes serán alojados en recursos de acogida con plazas disponibles. En el operativo también se detectó a varios menores, que fueron trasladados para su identificación.
El Ministerio del Interior sostiene que se ha aplicado la fórmula del retorno voluntario. Sin embargo, elDiario.es señala que observó cómo agentes acompañaban a algunos migrantes agarrados del brazo hasta una puerta de la valla situada en la zona de seguridad de la frontera, un paso no habilitado, y considera que las circunstancias apuntan a que muchos retornos fueron forzados. Por su parte, fuentes policiales indicaron que, además de quienes regresaron voluntariamente, otros volvieron a Marruecos tras ser denegada su solicitud de asilo.
También hay versiones distintas sobre la situación de asilo de los afectados. El Mundo y La Vanguardia afirman que las solicitudes de las personas trasladadas habían sido rechazadas. El Español, en cambio, señala que el operativo pretendía distinguir entre quienes ya habían recibido una inadmisión a trámite y quienes aún no habían pasado por ese procedimiento, para devolver a los primeros y trasladar a los demás a otros recursos. Interior y la Delegación del Gobierno no habían facilitado cifras oficiales de retornados ni aclarado si entre ellos había personas con solicitudes o recursos de asilo pendientes.
La intervención comenzó de madrugada con decenas de agentes de varias unidades. La reunión de coordinación se inició a las cinco y, hacia las seis, llegaron efectivos de la Unidad de Intervención Policial y de las Unidades de Prevención y Reacción, junto a dos autobuses y dos furgonetas. Los agentes bloquearon los accesos, incluidos los de la prensa. Los primeros grupos empezaron a salir sobre las 6.30, algunos con maletas o bolsas, y el primer convoy partió hacia el CATE a las 6.45. Durante las primeras horas no se registraron incidentes y se incorporó un dron para supervisar el dispositivo.
El desalojo afectó a una parte del campamento del puerto. Un hombre alojado allí relató que varias personas habían sido derivadas desde la zona de carpas pequeñas a otra zona mayor, con capacidad para unas mil personas, que por el momento no había sido desmantelada. Un joven marroquí alojado en esta última denunció que habían enviado a Marruecos tanto a jóvenes como a mayores. También se esperaba el traslado de personas que quisieran continuar sus solicitudes de asilo al recurso de Los Rosales, aunque en el momento de la consulta todavía no se había producido ninguna llegada.
La Delegación del Gobierno explicó que el proceso continuará con nuevos traslados desde dispositivos temporales para optimizar las plazas disponibles. Esta semana, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, había anunciado el próximo cierre de algunos recursos. El Gobierno dispone de hasta siete emplazamientos en la ciudad, con más de 7.000 plazas y unas 5.800 personas censadas; la intención es reagrupar a los residentes y desmontar los centros menos ocupados. Más de 15.000 migrantes habían retornado ya a sus países.
Los centros se habilitaron para acoger a personas que permanecían en calles y playas tras las llegadas masivas de finales de julio. Todavía hay cientos de personas en las calles de Ceuta y algunos migrantes denuncian que se les expulsa de los campamentos antes de concluir sus procesos de asilo.
La instalación del recinto portuario generó oposición de la Autoridad Portuaria, cuyo consejo votó contra la cesión del espacio por considerarla incompatible con la actividad de una infraestructura crítica. Trabajadores del puerto también alertaron de riesgos por la proximidad de instalaciones eléctricas, depósitos de combustible y zonas de operaciones.
El 5 de septiembre, el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, autorizó el uso temporal de unos 16.000 metros cuadrados del muelle para carpas y atención humanitaria. El Sindicato Unificado de Policía recurrió la decisión por las condiciones de seguridad y, el 17 de septiembre, la Audiencia Nacional rechazó suspender cautelarísimamente la autorización.