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La UCO registra la casa de Ábalos y detiene a seis en nueva operación
El operativo incluye diligencias en Adif y en la sede de Azvi, dentro de una pieza secreta que investiga presuntos amaños de obra pública.
Publicado: 6 de noviembre de 2026, 08:34
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplegó este jueves un operativo por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el caso Koldo. Los agentes registraron la vivienda del exministro José Luis Ábalos en Valencia y realizaron actuaciones en Madrid, Córdoba y Sevilla. Seis personas fueron detenidas para ser interrogadas, entre ellas Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, y Cristian Corvillo, antiguo chófer de Pedro Sánchez durante la campaña de las primarias socialistas de 2017. Según una de las informaciones, los seis quedaron en libertad por la tarde; otra detalla la puesta en libertad horas después de Corvillo y De la Torre.
La investigación comprende presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. También fueron detenidos Rubén Corvillo, hermano de Cristian, y tres empresarios. De la Torre se acogió a su derecho a no declarar. La UCO tomó declaración a la pareja del exministro, según una de las versiones.
En Madrid, los agentes requirieron documentación a Adif sobre expedientes de contratación y, de acuerdo con una información, se llevaron varios expedientes de su sede. La compañía confirmó que atendió la petición y aseguró haber colaborado plenamente; también afirmó que no se practicó un registro en sus dependencias. En Sevilla, la UCO registró la sede de la constructora Azvi, señalada por Víctor de Aldama por presuntos pagos a cambio de contratos.
El registro de la vivienda valenciana de Ábalos es el segundo en aproximadamente un año y medio: el anterior se realizó el 10 de junio de 2025. Según la información disponible, los investigadores buscaban entonces criptoactivos, depósitos bancarios y pruebas relacionadas con un supuesto blanqueo. Víctor Ábalos, hijo del exministro, dijo que en esta ocasión se habían requisado «solamente dispositivos, nada de documentación» y sostuvo que el domicilio ya había sido registrado. También criticó que la operación se produjera antes de las elecciones y afirmó: «Nada es casual. Se podían haber esperado tres semanas a pasar las elecciones. Como siempre, utilizando como ariete a mi padre unos y otros para ver si consiguen el trono de La Moncloa».
La operación se enmarca en una nueva pieza separada y secreta abierta después de que Moreno recibiera un informe de la UCO, elaborado por la unidad de apoyo de la UCO en la Fiscalía Anticorrupción. COPE sitúa la apertura de la pieza el miércoles, mientras que El Mundo informa de que el martes el juez acordó remitir el informe a una nueva pieza secreta. El análisis de dispositivos incautados a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría permitido detectar a más personas presuntamente involucradas en la mecánica de amaños de obras desplegada desde el Ministerio de Transportes.
Las pesquisas se centran en presuntos amaños de contratos de Adif y de la Dirección General de Carreteras. Según la investigación, la trama supuestamente liderada por Cerdán habría favorecido a Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción y Obras Públicas y Regadíos. Cerdán habría recabado presuntas mordidas a través de Servinabar 2000 SL, empresa que compartía con Joseba Antxon Alonso. Acciona Construcción confirmó en marzo que abonó 6,8 millones de euros a Servinabar; los pagos aumentaron significativamente tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y alcanzaron su máximo en 2020. Informes de la Guardia Civil atribuyen a Cerdán la entrega a Ábalos y Koldo de contraprestaciones económicas supuestamente procedentes de Acciona entre 2018 y 2021.
La UCO analizó grabaciones realizadas a escondidas por el exasesor de Ábalos. En un informe aportado en junio de 2025, los investigadores sostuvieron que Ábalos y Koldo habrían percibido dinero a través de Cerdán como consecuencia de determinadas adjudicaciones, algunas vinculadas a Acciona Construcción, y cifraron las presuntas mordidas en al menos 620.000 euros. Ese informe precipitó la dimisión de Cerdán y su ingreso en prisión provisional.
El nombre de Cristian Corvillo ya figuraba en las actuaciones, al igual que el de su hermano, por sus vínculos con Ábalos, Koldo y Aldama. Corvillo habría intervenido en las gestiones para adquirir el chalet de La Alcaidesa, en Cádiz, del que habría disfrutado el exministro como presunta contraprestación por gestiones en favor de Aldama. El PSOE de Córdoba lo describió como un militante de base sin cargo orgánico ni institucional en representación del partido y dijo haberse enterado de su detención por la prensa. Rubén Corvillo también declaró en el caso Hidrocarburos.
El caso Koldo incluye otras líneas: las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, las adjudicaciones de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados. El Tribunal Supremo juzgó parcialmente la rama de las mascarillas y condenó a Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García a 19 y a Aldama a cuatro; el empresario pudo evitar el ingreso en prisión por su colaboración con la Justicia y con la condición de no volver a delinquir. El Mundo señala que Ábalos cumple condena en la prisión de Soto del Real y que, según la liquidación del Supremo, deberá cumplir efectivamente 16 años y medio.
La investigación comprende presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. También fueron detenidos Rubén Corvillo, hermano de Cristian, y tres empresarios. De la Torre se acogió a su derecho a no declarar. La UCO tomó declaración a la pareja del exministro, según una de las versiones.
En Madrid, los agentes requirieron documentación a Adif sobre expedientes de contratación y, de acuerdo con una información, se llevaron varios expedientes de su sede. La compañía confirmó que atendió la petición y aseguró haber colaborado plenamente; también afirmó que no se practicó un registro en sus dependencias. En Sevilla, la UCO registró la sede de la constructora Azvi, señalada por Víctor de Aldama por presuntos pagos a cambio de contratos.
El registro de la vivienda valenciana de Ábalos es el segundo en aproximadamente un año y medio: el anterior se realizó el 10 de junio de 2025. Según la información disponible, los investigadores buscaban entonces criptoactivos, depósitos bancarios y pruebas relacionadas con un supuesto blanqueo. Víctor Ábalos, hijo del exministro, dijo que en esta ocasión se habían requisado «solamente dispositivos, nada de documentación» y sostuvo que el domicilio ya había sido registrado. También criticó que la operación se produjera antes de las elecciones y afirmó: «Nada es casual. Se podían haber esperado tres semanas a pasar las elecciones. Como siempre, utilizando como ariete a mi padre unos y otros para ver si consiguen el trono de La Moncloa».
La operación se enmarca en una nueva pieza separada y secreta abierta después de que Moreno recibiera un informe de la UCO, elaborado por la unidad de apoyo de la UCO en la Fiscalía Anticorrupción. COPE sitúa la apertura de la pieza el miércoles, mientras que El Mundo informa de que el martes el juez acordó remitir el informe a una nueva pieza secreta. El análisis de dispositivos incautados a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría permitido detectar a más personas presuntamente involucradas en la mecánica de amaños de obras desplegada desde el Ministerio de Transportes.
Las pesquisas se centran en presuntos amaños de contratos de Adif y de la Dirección General de Carreteras. Según la investigación, la trama supuestamente liderada por Cerdán habría favorecido a Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción y Obras Públicas y Regadíos. Cerdán habría recabado presuntas mordidas a través de Servinabar 2000 SL, empresa que compartía con Joseba Antxon Alonso. Acciona Construcción confirmó en marzo que abonó 6,8 millones de euros a Servinabar; los pagos aumentaron significativamente tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y alcanzaron su máximo en 2020. Informes de la Guardia Civil atribuyen a Cerdán la entrega a Ábalos y Koldo de contraprestaciones económicas supuestamente procedentes de Acciona entre 2018 y 2021.
La UCO analizó grabaciones realizadas a escondidas por el exasesor de Ábalos. En un informe aportado en junio de 2025, los investigadores sostuvieron que Ábalos y Koldo habrían percibido dinero a través de Cerdán como consecuencia de determinadas adjudicaciones, algunas vinculadas a Acciona Construcción, y cifraron las presuntas mordidas en al menos 620.000 euros. Ese informe precipitó la dimisión de Cerdán y su ingreso en prisión provisional.
El nombre de Cristian Corvillo ya figuraba en las actuaciones, al igual que el de su hermano, por sus vínculos con Ábalos, Koldo y Aldama. Corvillo habría intervenido en las gestiones para adquirir el chalet de La Alcaidesa, en Cádiz, del que habría disfrutado el exministro como presunta contraprestación por gestiones en favor de Aldama. El PSOE de Córdoba lo describió como un militante de base sin cargo orgánico ni institucional en representación del partido y dijo haberse enterado de su detención por la prensa. Rubén Corvillo también declaró en el caso Hidrocarburos.
El caso Koldo incluye otras líneas: las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, las adjudicaciones de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados. El Tribunal Supremo juzgó parcialmente la rama de las mascarillas y condenó a Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García a 19 y a Aldama a cuatro; el empresario pudo evitar el ingreso en prisión por su colaboración con la Justicia y con la condición de no volver a delinquir. El Mundo señala que Ábalos cumple condena en la prisión de Soto del Real y que, según la liquidación del Supremo, deberá cumplir efectivamente 16 años y medio.