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Los cuatro partidos prometen mantener las pensiones y discrepan sobre vivienda e impuestos
Cuerpo y Bravo chocan sobre los posibles ajustes del sistema, mientras Vox cuestiona su sostenibilidad y Frente Amplio propone gravar la acumulación de viviendas.
Publicado: 14 de noviembre de 2026, 15:43
PSOE, PP, Vox y Frente Amplio defendieron el mantenimiento y la revalorización de las pensiones durante el debate económico celebrado este viernes en La Sexta, en el primer día de campaña electoral. Los representantes de las cuatro formaciones discreparon, sin embargo, sobre la sostenibilidad del sistema y confrontaron sus propuestas en vivienda, infraestructuras, salarios e impuestos.
Participaron el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por el PSOE; el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo; el portavoz económico de Vox, José María Figaredo; y el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, por Frente Amplio.
Cuerpo y Bustinduy defendieron que las pensiones son sostenibles y garantizaron su revalorización con la inflación. Bravo aseguró que Alberto Núñez Feijóo había garantizado su actualización y recordó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero las congeló. Figaredo afirmó que se cobrarán y se comprometió a revalorizarlas, aunque sostuvo que el sistema actual es insostenible y atribuyó parte del problema a la inmigración.
La reforma de pensiones de 2023 centró un intercambio entre Cuerpo y Bravo. El representante del PP mostró una cartulina con la cláusula de salvaguarda y sostuvo que, si dentro de tres años cambian las condiciones y gobiernan Pedro Sánchez o Cuerpo, podrían bajar las pensiones. El ministro acusó al PP de generar alarma y defendió que la ley garantiza tanto la actualización como la sostenibilidad del sistema.
Cuerpo reconoció que el gasto debe revisarse periódicamente para determinar si hacen falta ajustes. La reforma prevé que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) examine cada tres años la sostenibilidad mediante una regla de gasto. Si hubiera una desviación, se negociarían medidas en el diálogo social y el Pacto de Toledo que podrían reducir el gasto o aumentar los ingresos. Si no hubiera acuerdo, la ley establece un aumento de ingresos mediante las cotizaciones sociales. Cuerpo señaló que en el primer examen de la AIReF no se consideró necesario adoptar medidas.
Figaredo afirmó también que el Gobierno había vaciado el Fondo de Reserva de las pensiones. Sin embargo, el Ejecutivo de coalición ha vuelto a dotarlo mediante las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional: según los últimos datos de la Seguridad Social, cuenta con 15.200 millones de euros, frente a los 2.100 millones de 2019. Durante la crisis financiera, el Gobierno de Mariano Rajoy utilizó más de 65.000 millones, cerca del 90% del fondo.
En vivienda, Figaredo atribuyó el problema al Gobierno y a la inmigración, y sostuvo que la demanda supera a la oferta. También afirmó que la población había aumentado en más de seis millones de personas en cinco años. Los datos de la Estadística Continua de Población del INE sitúan el incremento en torno a 2,5 millones: de 47,4 millones el 1 de enero de 2021 a 49,9 millones el 1 de octubre de 2026. En ese periodo, las personas de nacionalidad extranjera pasaron de 5,4 a 7,5 millones.
Los datos del Censo Anual de Población del INE apuntan a unas 939.885 llegadas anuales de personas extranjeras entre 2021 y 2025, pero también a más de 460.000 salidas al año. Figaredo consideró innecesaria la llegada de más personas; la mayoría de organismos económicos, como la AIReF, sitúan, por el contrario, la inmigración como un elemento clave para las finanzas públicas y el Estado del bienestar ante el envejecimiento.
Bustinduy propuso un impuesto a la acumulación de vivienda y reprochó a Vox que no hablara de los fondos buitre. Bravo prometió que el PP construiría un millón de viviendas. Cuerpo destacó el reciente real decreto de vivienda, que contempla préstamos del ICO de hasta 50.000 euros a tipo cero para ayudar a jóvenes y hogares a pagar la entrada de una vivienda.
Bravo atribuyó a la ocupación la desaparición de 400.000 viviendas del mercado del alquiler. Esa cifra corresponde a la caída de ofertas en el portal Idealista entre 2018 y 2025, pero no acredita que la ocupación sea su causa principal. Una mayor estabilidad de los inquilinos puede reducir las salidas y la oferta disponible; propietarios e inmobiliarias también han expresado preocupación por la inseguridad jurídica y los topes de precios.
Sobre infraestructuras, Cuerpo anunció la creación de un comité de expertos ferroviarios que, dijo, podría ser el germen de un pacto de Estado. Bustinduy propuso invertir 13.000 millones de euros en la red ferroviaria y defendió su carácter público. Figaredo sostuvo que la inversión había caído a niveles peligrosos y relacionó la corrupción y la sustitución de técnicos con consecuencias mortales. Bravo criticó la gestión del Gobierno y cuestionó la seguridad de los viajes en tren.
En materia salarial, Bustinduy defendió el aumento del salario mínimo de 735 a 1.250 euros y lo vinculó a la actuación de Yolanda Díaz. Figaredo atribuyó parte de la caída de los salarios a la inmigración. Bravo planteó elevar el salario medio de 30.000 a 50.000 euros en dos legislaturas mediante la competitividad y la productividad, una propuesta cuestionada por Cuerpo.
PP y Vox criticaron la carga fiscal. Bravo afirmó que el Gobierno había subido los impuestos más de 100 veces, un recuento que incluye, entre otras medidas, la vuelta del IVA de la electricidad y los alimentos a sus tipos originales tras rebajas temporales, así como aumentos de las bases de cotización asociados a subidas del salario mínimo. También dijo que había más de tres millones de parados, frente a los casi 2,6 millones de la última Encuesta de Población Activa del INE.
Figaredo afirmó que el apagón eléctrico de 2025 duró 24 horas. El corte comenzó el 28 de abril a las 12:33 y el suministro se recuperó gradualmente hasta completarse en la madrugada del día 29; a medianoche se había recuperado más del 61% de la demanda peninsular.
En sus intervenciones finales, Cuerpo pidió confianza para preservar lo conseguido por el Gobierno; Bravo defendió, además de la construcción de vivienda, la emancipación de los jóvenes antes de los 30 años y la aprobación de presupuestos. Figaredo pidió una España en la que los ciudadanos pudieran ahorrar, formar una familia y vivir seguros. Bustinduy pidió el voto para Frente Amplio y Ada Colau, y defendió que los ricos paguen lo que les corresponde.
Participaron el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por el PSOE; el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo; el portavoz económico de Vox, José María Figaredo; y el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, por Frente Amplio.
Cuerpo y Bustinduy defendieron que las pensiones son sostenibles y garantizaron su revalorización con la inflación. Bravo aseguró que Alberto Núñez Feijóo había garantizado su actualización y recordó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero las congeló. Figaredo afirmó que se cobrarán y se comprometió a revalorizarlas, aunque sostuvo que el sistema actual es insostenible y atribuyó parte del problema a la inmigración.
La reforma de pensiones de 2023 centró un intercambio entre Cuerpo y Bravo. El representante del PP mostró una cartulina con la cláusula de salvaguarda y sostuvo que, si dentro de tres años cambian las condiciones y gobiernan Pedro Sánchez o Cuerpo, podrían bajar las pensiones. El ministro acusó al PP de generar alarma y defendió que la ley garantiza tanto la actualización como la sostenibilidad del sistema.
Cuerpo reconoció que el gasto debe revisarse periódicamente para determinar si hacen falta ajustes. La reforma prevé que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) examine cada tres años la sostenibilidad mediante una regla de gasto. Si hubiera una desviación, se negociarían medidas en el diálogo social y el Pacto de Toledo que podrían reducir el gasto o aumentar los ingresos. Si no hubiera acuerdo, la ley establece un aumento de ingresos mediante las cotizaciones sociales. Cuerpo señaló que en el primer examen de la AIReF no se consideró necesario adoptar medidas.
Figaredo afirmó también que el Gobierno había vaciado el Fondo de Reserva de las pensiones. Sin embargo, el Ejecutivo de coalición ha vuelto a dotarlo mediante las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional: según los últimos datos de la Seguridad Social, cuenta con 15.200 millones de euros, frente a los 2.100 millones de 2019. Durante la crisis financiera, el Gobierno de Mariano Rajoy utilizó más de 65.000 millones, cerca del 90% del fondo.
En vivienda, Figaredo atribuyó el problema al Gobierno y a la inmigración, y sostuvo que la demanda supera a la oferta. También afirmó que la población había aumentado en más de seis millones de personas en cinco años. Los datos de la Estadística Continua de Población del INE sitúan el incremento en torno a 2,5 millones: de 47,4 millones el 1 de enero de 2021 a 49,9 millones el 1 de octubre de 2026. En ese periodo, las personas de nacionalidad extranjera pasaron de 5,4 a 7,5 millones.
Los datos del Censo Anual de Población del INE apuntan a unas 939.885 llegadas anuales de personas extranjeras entre 2021 y 2025, pero también a más de 460.000 salidas al año. Figaredo consideró innecesaria la llegada de más personas; la mayoría de organismos económicos, como la AIReF, sitúan, por el contrario, la inmigración como un elemento clave para las finanzas públicas y el Estado del bienestar ante el envejecimiento.
Bustinduy propuso un impuesto a la acumulación de vivienda y reprochó a Vox que no hablara de los fondos buitre. Bravo prometió que el PP construiría un millón de viviendas. Cuerpo destacó el reciente real decreto de vivienda, que contempla préstamos del ICO de hasta 50.000 euros a tipo cero para ayudar a jóvenes y hogares a pagar la entrada de una vivienda.
Bravo atribuyó a la ocupación la desaparición de 400.000 viviendas del mercado del alquiler. Esa cifra corresponde a la caída de ofertas en el portal Idealista entre 2018 y 2025, pero no acredita que la ocupación sea su causa principal. Una mayor estabilidad de los inquilinos puede reducir las salidas y la oferta disponible; propietarios e inmobiliarias también han expresado preocupación por la inseguridad jurídica y los topes de precios.
Sobre infraestructuras, Cuerpo anunció la creación de un comité de expertos ferroviarios que, dijo, podría ser el germen de un pacto de Estado. Bustinduy propuso invertir 13.000 millones de euros en la red ferroviaria y defendió su carácter público. Figaredo sostuvo que la inversión había caído a niveles peligrosos y relacionó la corrupción y la sustitución de técnicos con consecuencias mortales. Bravo criticó la gestión del Gobierno y cuestionó la seguridad de los viajes en tren.
En materia salarial, Bustinduy defendió el aumento del salario mínimo de 735 a 1.250 euros y lo vinculó a la actuación de Yolanda Díaz. Figaredo atribuyó parte de la caída de los salarios a la inmigración. Bravo planteó elevar el salario medio de 30.000 a 50.000 euros en dos legislaturas mediante la competitividad y la productividad, una propuesta cuestionada por Cuerpo.
PP y Vox criticaron la carga fiscal. Bravo afirmó que el Gobierno había subido los impuestos más de 100 veces, un recuento que incluye, entre otras medidas, la vuelta del IVA de la electricidad y los alimentos a sus tipos originales tras rebajas temporales, así como aumentos de las bases de cotización asociados a subidas del salario mínimo. También dijo que había más de tres millones de parados, frente a los casi 2,6 millones de la última Encuesta de Población Activa del INE.
Figaredo afirmó que el apagón eléctrico de 2025 duró 24 horas. El corte comenzó el 28 de abril a las 12:33 y el suministro se recuperó gradualmente hasta completarse en la madrugada del día 29; a medianoche se había recuperado más del 61% de la demanda peninsular.
En sus intervenciones finales, Cuerpo pidió confianza para preservar lo conseguido por el Gobierno; Bravo defendió, además de la construcción de vivienda, la emancipación de los jóvenes antes de los 30 años y la aprobación de presupuestos. Figaredo pidió una España en la que los ciudadanos pudieran ahorrar, formar una familia y vivir seguros. Bustinduy pidió el voto para Frente Amplio y Ada Colau, y defendió que los ricos paguen lo que les corresponde.