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Los Mossos detienen a 50 personas por contratos fraudulentos para migrantes
Entre los arrestados hay 43 empresarios y siete presuntos miembros de una red que cobraba hasta 30.000 euros a personas captadas en Pakistán.
Publicado: 7 de noviembre de 2026, 15:39
Los Mossos d’Esquadra han detenido en la provincia de Barcelona a 50 personas por su presunta vinculación con una red que facilitaba la entrada irregular de migrantes en España o la regularización de quienes ya se encontraban en el país mediante contratos laborales fraudulentos. De los arrestados, 43 son empresarios y siete, presuntos miembros de la organización; tres de estos últimos han ingresado en prisión por orden judicial.
Según la investigación, la red habría tramitado entre marzo de 2022 y julio de 2023 un total de 224 expedientes de contratación en origen, de los que 108 obtuvieron una resolución favorable. Los investigadores estiman que solo estos últimos pudieron reportarle más de 3,2 millones de euros. La cifra no incluye los expedientes denegados o archivados ni las tramitaciones de personas que ya estaban en España.
La policía catalana considera que, por su estructura y volumen de actividad, es la mayor investigación que ha desarrollado contra una trama especializada en la gestión irregular de autorizaciones de residencia y trabajo. Entre los detenidos hay 48 hombres y dos mujeres.
Los Mossos han identificado a doce presuntos integrantes de la organización y a 62 empresarios vinculados a sectores como la alimentación, la restauración, las reformas y los talleres. Según la policía, la red tenía una estructura estable y jerarquizada desde 2019, con funciones repartidas, estaba asentada principalmente en Cataluña y contaba con ramificaciones en Pakistán.
Sus miembros actuaban presuntamente como intermediarios entre ciudadanos paquistaníes interesados en obtener permisos de residencia y trabajo y empresarios que facilitaban contratos y documentación a cambio de dinero. La organización asumía las distintas fases del proceso, desde la captación y la intermediación hasta la tramitación de expedientes y la formalización de los contratos.
A las personas captadas en Pakistán se les ofrecía un visado de trabajo y una autorización de residencia. Podían pagar hasta 30.000 euros por el visado, la documentación administrativa, el empadronamiento y el contrato de trabajo. Quienes ya se encontraban en España en situación irregular abonaban hasta 8.000 euros por contratos simulados que les permitían iniciar los trámites de regularización.
Los investigados presuntamente confeccionaban documentos necesarios para la contratación en origen, incluidos registros civiles. Los empresarios aportaban sus compañías como destino laboral de los trabajadores y facilitaban la documentación requerida, también a cambio de una contraprestación económica.
La investigación constató que, en algunos casos, las personas contratadas acababan trabajando en condiciones precarias o cercanas a la explotación laboral. En otros, la relación laboral era ficticia y terminaba poco después de obtener las autorizaciones administrativas o no llegaba a materializarse.
El caso comenzó tras el análisis de la documentación hallada en registros realizados a finales de febrero de 2024 en una investigación anterior sobre delitos relacionados, entre otros, con la trata de personas con fines de explotación laboral, los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, el blanqueo de capitales y la organización criminal. Una de las entradas se efectuó en una gestoría de Barcelona donde el principal investigado de aquella causa había tramitado expedientes fraudulentos de contratación en origen y contratos falsos.
El examen de los equipos informáticos intervenidos permitió detectar la nueva organización, con integrantes en Barcelona y su área de influencia y colaboradores en Pakistán.
El dispositivo se desarrolló en dos fases, los días 26 y 27 de octubre, con la participación de 81 agentes de la División de Investigación Criminal, principalmente de las unidades centrales de trata de seres humanos y crimen organizado. La mayoría de las detenciones se practicaron en Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs, así como en Sabadell, Terrassa, Vic, Sant Boi de Llobregat y Sant Vicenç dels Horts.
A los siete presuntos integrantes de la red se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental. A los empresarios detenidos se les atribuyen los dos últimos delitos.
La investigación, tutelada por la plaza 27 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona y por la Fiscalía de Trata de Personas y Extranjería de Barcelona, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o actuaciones policiales.
Según la investigación, la red habría tramitado entre marzo de 2022 y julio de 2023 un total de 224 expedientes de contratación en origen, de los que 108 obtuvieron una resolución favorable. Los investigadores estiman que solo estos últimos pudieron reportarle más de 3,2 millones de euros. La cifra no incluye los expedientes denegados o archivados ni las tramitaciones de personas que ya estaban en España.
La policía catalana considera que, por su estructura y volumen de actividad, es la mayor investigación que ha desarrollado contra una trama especializada en la gestión irregular de autorizaciones de residencia y trabajo. Entre los detenidos hay 48 hombres y dos mujeres.
Los Mossos han identificado a doce presuntos integrantes de la organización y a 62 empresarios vinculados a sectores como la alimentación, la restauración, las reformas y los talleres. Según la policía, la red tenía una estructura estable y jerarquizada desde 2019, con funciones repartidas, estaba asentada principalmente en Cataluña y contaba con ramificaciones en Pakistán.
Sus miembros actuaban presuntamente como intermediarios entre ciudadanos paquistaníes interesados en obtener permisos de residencia y trabajo y empresarios que facilitaban contratos y documentación a cambio de dinero. La organización asumía las distintas fases del proceso, desde la captación y la intermediación hasta la tramitación de expedientes y la formalización de los contratos.
A las personas captadas en Pakistán se les ofrecía un visado de trabajo y una autorización de residencia. Podían pagar hasta 30.000 euros por el visado, la documentación administrativa, el empadronamiento y el contrato de trabajo. Quienes ya se encontraban en España en situación irregular abonaban hasta 8.000 euros por contratos simulados que les permitían iniciar los trámites de regularización.
Los investigados presuntamente confeccionaban documentos necesarios para la contratación en origen, incluidos registros civiles. Los empresarios aportaban sus compañías como destino laboral de los trabajadores y facilitaban la documentación requerida, también a cambio de una contraprestación económica.
La investigación constató que, en algunos casos, las personas contratadas acababan trabajando en condiciones precarias o cercanas a la explotación laboral. En otros, la relación laboral era ficticia y terminaba poco después de obtener las autorizaciones administrativas o no llegaba a materializarse.
El caso comenzó tras el análisis de la documentación hallada en registros realizados a finales de febrero de 2024 en una investigación anterior sobre delitos relacionados, entre otros, con la trata de personas con fines de explotación laboral, los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, el blanqueo de capitales y la organización criminal. Una de las entradas se efectuó en una gestoría de Barcelona donde el principal investigado de aquella causa había tramitado expedientes fraudulentos de contratación en origen y contratos falsos.
El examen de los equipos informáticos intervenidos permitió detectar la nueva organización, con integrantes en Barcelona y su área de influencia y colaboradores en Pakistán.
El dispositivo se desarrolló en dos fases, los días 26 y 27 de octubre, con la participación de 81 agentes de la División de Investigación Criminal, principalmente de las unidades centrales de trata de seres humanos y crimen organizado. La mayoría de las detenciones se practicaron en Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs, así como en Sabadell, Terrassa, Vic, Sant Boi de Llobregat y Sant Vicenç dels Horts.
A los siete presuntos integrantes de la red se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental. A los empresarios detenidos se les atribuyen los dos últimos delitos.
La investigación, tutelada por la plaza 27 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona y por la Fiscalía de Trata de Personas y Extranjería de Barcelona, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o actuaciones policiales.