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Madrid refuerza los servicios mínimos y limita la promoción de la huelga educativa
El comité de huelga acudirá a los tribunales y pide una concentración este viernes contra las medidas, que incluyen instrucciones de neutralidad y continuidad de los aprendizajes.
Publicado: 20 de noviembre de 2026, 07:55
La Comunidad de Madrid ha reforzado desde este viernes los servicios mínimos de la huelga de la educación pública y ha enviado a los centros instrucciones que impiden al personal promover los paros entre el alumnado. El comité de huelga anuncia que acudirá a los tribunales para solicitar medidas cautelarísimas contra la ampliación de los mínimos y denuncia que las nuevas directrices restringen derechos fundamentales.
La huelga indefinida comenzó el 14 de octubre y está convocada por CCOO, UGT y otros sindicatos y plataformas. Los docentes no universitarios reclaman reducir las horas lectivas de 19 a 17 en Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, y de 25 a 22 en Infantil y Primaria. También piden una bajada de las ratios, más recursos para atender a la diversidad, una subida salarial de 600 euros mensuales, menos burocracia y mejoras en las instalaciones, incluida la climatización.
La Consejería de Educación justifica el refuerzo por la duración de los paros y su efecto en el alumnado. Según la orden publicada el jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, hasta el 16 de noviembre se habían acumulado 413.076 horas lectivas ordinarias potencialmente no impartidas durante 23 jornadas afectadas. El Gobierno regional sostiene que la pérdida se concentra en determinados centros. La consejera Mercedes Zarzalejo había señalado un seguimiento próximo al 20 % en algunos, frente a otros donde era mínimo.
La orden, aprobada tras reuniones sin acuerdo con los comités de huelga, establece que en las materias evaluables en la PAU de segundo de Bachillerato se cubra el 50 % de las horas semanales hasta el 31 de enero, el 75 % entre febrero y abril y el 90 % desde el 1 de mayo hasta el final de curso. Según la Consejería, ese curso acumulaba 12.767 clases afectadas.
También fija un profesor por cada 70 alumnos o fracción en Bachillerato, FP de Grado Medio y Superior y cursos de especialización, y añade un docente por cada tres unidades o fracción en sexto de Primaria, cuarto de ESO y los últimos cursos de FP. Estos refuerzos se suman a los mínimos ya fijados de un profesor por cada 50 alumnos en Infantil y Primaria y uno por cada 90 en ESO. Las evaluaciones finales y los trámites de titulación inaplazables se declaran esenciales.
Los docentes designados para servicios mínimos podrán avanzar con normalidad la programación de sus propios grupos, pero, cuando atiendan a alumnos de compañeros en huelga, deberán limitarse a actividades de repaso, consolidación y trabajo autónomo, sin impartir materia nueva ni sustituir la programación del profesor ausente.
El comité de huelga considera abusiva e ilegal la ampliación y exige su retirada, junto con la de las otras dos instrucciones, así como la dimisión de Zarzalejo. Ha convocado una concentración ante la Consejería este viernes a las 12.00. CSIF, que convoca paros intermitentes, también ha anunciado que recurrirá los mínimos y los considera desproporcionados en relación con el seguimiento de alrededor del 3 % anunciado por la propia Consejería.
Por otra parte, el comité mixto formado por CCOO, UGT, CGT y CNT ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra las cartas de la consejera al profesorado, al considerar que buscan coaccionar o enfriar la movilización y vulneran la libertad sindical.
La instrucción de neutralidad, remitida por la Viceconsejería de Política y Organización Educativa a las direcciones y a la Inspección, prohíbe utilizar clases, tutorías, exámenes o periodos de servicios mínimos para ganar el apoyo de los alumnos a las reivindicaciones o animarlos a participar en protestas y recogidas de firmas. También veta transmitirles opiniones políticas, ideológicas o sindicales para que las compartan y hacer comentarios o señalamientos ante alumnos o familias sobre quién secunda la huelga o acude a trabajar.
La norma impide difundir manifiestos o posiciones de parte mediante las plataformas oficiales Raíces, Roble y EducaMadrid, redes institucionales, circulares o reuniones con familias, así como usar papel o fotocopiadoras del centro para propaganda. Restringe pancartas, carteles y símbolos en fachadas, vallas y espacios comunes cuando atribuyan una posición al centro, y las actividades con personas externas en horario lectivo para movilizar al alumnado.
La Consejería aclara que las prendas, chapas o lazos personales no constituyen una infracción si no se emplean para hacer proselitismo ante menores. Tampoco considera adoctrinamiento la manifestación ocasional de una opinión personal relacionada con la materia, sin presión ni intención proselitista. Las instrucciones afirman que no limitan derechos como la libertad de cátedra o el uso de tablones sindicales y no crean nuevas sanciones, aunque su incumplimiento puede activar el régimen disciplinario de los empleados públicos.
Familias, alumnos y personal podrán comunicar posibles incumplimientos a la dirección o a la Dirección de Área Territorial mediante un modelo que recoge la fecha, el lugar, los grupos afectados y el tipo de incidencia. La Inspección realizará una primera valoración en un plazo orientativo de diez días hábiles y podrá comprobar los hechos, archivar la comunicación o trasladarla al órgano competente. El formulario indica que no se incluyan datos personales de alumnos ni información sobre la participación individual del personal en la huelga o su afiliación sindical; las personas solo se identificarán cuando sea imprescindible.
El comité sostiene que la instrucción vulnera las libertades sindical, de expresión y de cátedra y el derecho de huelga, y critica el formulario porque, a su juicio, divide al profesorado. CSIF defiende la neutralidad, pero rechaza que se ponga bajo sospecha a los docentes. La presidenta de la asociación de directores de Secundaria Adimad, Rosa Rocha, afirma que los equipos directivos estudian si es viable aplicar las instrucciones; la asociación había rechazado antes cualquier insinuación de adoctrinamiento y la atribución de funciones de vigilancia sobre la expresión legítima en los centros. La semana pasada, CCOO, UGT, CGT y CNT denunciaron actuaciones para retirar pancartas y defendieron que informar de los motivos de la movilización forma parte de la libertad sindical y de expresión.
Una segunda instrucción obliga a los centros a evaluar el impacto de la huelga y adaptar las programaciones, dando prioridad a los aprendizajes imprescindibles. Las jefaturas de estudios disponen de cinco días para diagnosticar las sesiones perdidas por grupo y materia, sin identificar a quienes hacen huelga; el diagnóstico se actualizará mensualmente y se comunicará a las familias de forma objetiva mediante Raíces y Roble.
La prioridad se dará a los cursos que terminan etapa o conducen a un título y al alumnado vulnerable o con necesidades de apoyo. En los cursos intermedios, los contenidos que no puedan abordarse este año se pospondrán al curso siguiente; en los de especial protección deberán garantizarse durante el curso. Para segundo de Bachillerato se priorizarán los contenidos de mayor peso en la PAU, sin suprimir materia, y se facilitarán orientaciones y exámenes anteriores. Los centros podrán aplicar seguimiento individual, materiales autónomos, apoyos, apertura de bibliotecas y aulas de informática y préstamo de dispositivos.
El jueves, varios grupos de activistas forzaron su entrada en las cinco Direcciones de Área Territorial. Según la Consejería, se avisó a las fuerzas de seguridad para desalojar las concentraciones, que no estaban autorizadas. En la Dirección de Área Territorial de Madrid capital, los agentes abrieron diligencias por posibles lesiones a un vigilante de seguridad.
La huelga indefinida comenzó el 14 de octubre y está convocada por CCOO, UGT y otros sindicatos y plataformas. Los docentes no universitarios reclaman reducir las horas lectivas de 19 a 17 en Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, y de 25 a 22 en Infantil y Primaria. También piden una bajada de las ratios, más recursos para atender a la diversidad, una subida salarial de 600 euros mensuales, menos burocracia y mejoras en las instalaciones, incluida la climatización.
La Consejería de Educación justifica el refuerzo por la duración de los paros y su efecto en el alumnado. Según la orden publicada el jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, hasta el 16 de noviembre se habían acumulado 413.076 horas lectivas ordinarias potencialmente no impartidas durante 23 jornadas afectadas. El Gobierno regional sostiene que la pérdida se concentra en determinados centros. La consejera Mercedes Zarzalejo había señalado un seguimiento próximo al 20 % en algunos, frente a otros donde era mínimo.
La orden, aprobada tras reuniones sin acuerdo con los comités de huelga, establece que en las materias evaluables en la PAU de segundo de Bachillerato se cubra el 50 % de las horas semanales hasta el 31 de enero, el 75 % entre febrero y abril y el 90 % desde el 1 de mayo hasta el final de curso. Según la Consejería, ese curso acumulaba 12.767 clases afectadas.
También fija un profesor por cada 70 alumnos o fracción en Bachillerato, FP de Grado Medio y Superior y cursos de especialización, y añade un docente por cada tres unidades o fracción en sexto de Primaria, cuarto de ESO y los últimos cursos de FP. Estos refuerzos se suman a los mínimos ya fijados de un profesor por cada 50 alumnos en Infantil y Primaria y uno por cada 90 en ESO. Las evaluaciones finales y los trámites de titulación inaplazables se declaran esenciales.
Los docentes designados para servicios mínimos podrán avanzar con normalidad la programación de sus propios grupos, pero, cuando atiendan a alumnos de compañeros en huelga, deberán limitarse a actividades de repaso, consolidación y trabajo autónomo, sin impartir materia nueva ni sustituir la programación del profesor ausente.
El comité de huelga considera abusiva e ilegal la ampliación y exige su retirada, junto con la de las otras dos instrucciones, así como la dimisión de Zarzalejo. Ha convocado una concentración ante la Consejería este viernes a las 12.00. CSIF, que convoca paros intermitentes, también ha anunciado que recurrirá los mínimos y los considera desproporcionados en relación con el seguimiento de alrededor del 3 % anunciado por la propia Consejería.
Por otra parte, el comité mixto formado por CCOO, UGT, CGT y CNT ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra las cartas de la consejera al profesorado, al considerar que buscan coaccionar o enfriar la movilización y vulneran la libertad sindical.
La instrucción de neutralidad, remitida por la Viceconsejería de Política y Organización Educativa a las direcciones y a la Inspección, prohíbe utilizar clases, tutorías, exámenes o periodos de servicios mínimos para ganar el apoyo de los alumnos a las reivindicaciones o animarlos a participar en protestas y recogidas de firmas. También veta transmitirles opiniones políticas, ideológicas o sindicales para que las compartan y hacer comentarios o señalamientos ante alumnos o familias sobre quién secunda la huelga o acude a trabajar.
La norma impide difundir manifiestos o posiciones de parte mediante las plataformas oficiales Raíces, Roble y EducaMadrid, redes institucionales, circulares o reuniones con familias, así como usar papel o fotocopiadoras del centro para propaganda. Restringe pancartas, carteles y símbolos en fachadas, vallas y espacios comunes cuando atribuyan una posición al centro, y las actividades con personas externas en horario lectivo para movilizar al alumnado.
La Consejería aclara que las prendas, chapas o lazos personales no constituyen una infracción si no se emplean para hacer proselitismo ante menores. Tampoco considera adoctrinamiento la manifestación ocasional de una opinión personal relacionada con la materia, sin presión ni intención proselitista. Las instrucciones afirman que no limitan derechos como la libertad de cátedra o el uso de tablones sindicales y no crean nuevas sanciones, aunque su incumplimiento puede activar el régimen disciplinario de los empleados públicos.
Familias, alumnos y personal podrán comunicar posibles incumplimientos a la dirección o a la Dirección de Área Territorial mediante un modelo que recoge la fecha, el lugar, los grupos afectados y el tipo de incidencia. La Inspección realizará una primera valoración en un plazo orientativo de diez días hábiles y podrá comprobar los hechos, archivar la comunicación o trasladarla al órgano competente. El formulario indica que no se incluyan datos personales de alumnos ni información sobre la participación individual del personal en la huelga o su afiliación sindical; las personas solo se identificarán cuando sea imprescindible.
El comité sostiene que la instrucción vulnera las libertades sindical, de expresión y de cátedra y el derecho de huelga, y critica el formulario porque, a su juicio, divide al profesorado. CSIF defiende la neutralidad, pero rechaza que se ponga bajo sospecha a los docentes. La presidenta de la asociación de directores de Secundaria Adimad, Rosa Rocha, afirma que los equipos directivos estudian si es viable aplicar las instrucciones; la asociación había rechazado antes cualquier insinuación de adoctrinamiento y la atribución de funciones de vigilancia sobre la expresión legítima en los centros. La semana pasada, CCOO, UGT, CGT y CNT denunciaron actuaciones para retirar pancartas y defendieron que informar de los motivos de la movilización forma parte de la libertad sindical y de expresión.
Una segunda instrucción obliga a los centros a evaluar el impacto de la huelga y adaptar las programaciones, dando prioridad a los aprendizajes imprescindibles. Las jefaturas de estudios disponen de cinco días para diagnosticar las sesiones perdidas por grupo y materia, sin identificar a quienes hacen huelga; el diagnóstico se actualizará mensualmente y se comunicará a las familias de forma objetiva mediante Raíces y Roble.
La prioridad se dará a los cursos que terminan etapa o conducen a un título y al alumnado vulnerable o con necesidades de apoyo. En los cursos intermedios, los contenidos que no puedan abordarse este año se pospondrán al curso siguiente; en los de especial protección deberán garantizarse durante el curso. Para segundo de Bachillerato se priorizarán los contenidos de mayor peso en la PAU, sin suprimir materia, y se facilitarán orientaciones y exámenes anteriores. Los centros podrán aplicar seguimiento individual, materiales autónomos, apoyos, apertura de bibliotecas y aulas de informática y préstamo de dispositivos.
El jueves, varios grupos de activistas forzaron su entrada en las cinco Direcciones de Área Territorial. Según la Consejería, se avisó a las fuerzas de seguridad para desalojar las concentraciones, que no estaban autorizadas. En la Dirección de Área Territorial de Madrid capital, los agentes abrieron diligencias por posibles lesiones a un vigilante de seguridad.
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