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Marlaska ordena investigar las cargas de la huelga y prohíbe gas lacrimógeno
Sumar, Frente Amplio, Podemos, Compromís y ERC reclaman su salida, mientras el PSOE descarta la dimisión del ministro.
Publicado: 12 de noviembre de 2026, 15:41
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado abrir investigaciones específicas sobre las actuaciones policiales y las incidencias de la huelga general del miércoles 11 de noviembre. También ha dispuesto que no se utilice gas lacrimógeno en los futuros dispositivos de control de manifestaciones.
Según Interior, las pesquisas encargadas al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, serán independientes de la inspección interna ordinaria con la que el cuerpo evalúa sus actuaciones. El ministerio sostiene que la jornada fue pacífica en términos generales y que las fuerzas de seguridad garantizaron tanto el derecho de huelga como el de acudir al trabajo.
Las cargas contra piquetes y manifestantes han suscitado peticiones de dimisión dentro y fuera del Gobierno. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, pidió explicaciones y la salida de Marlaska, al considerar que la actuación policial fue colectiva y no atribuible a uno o dos agentes. El candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, reclamó a Pedro Sánchez que destituya al ministro y denunció que se había rociado con gas a una persona sin hogar en la Gran Vía.
El ministro de Sumar Pablo Bustinduy remitió su posición a lo expresado por Delgado. También pidieron la dimisión el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y su candidata Irene Montero, que exigió además que Marlaska saliera de las listas electorales del PSOE. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, reiteró una petición que su partido ya había formulado por la falta de derogación de la llamada ley mordaza y las muertes en la frontera sur. Calificó de excesivas tanto la actuación policial como las acciones violentas al final de la marcha de Barcelona.
El PSOE descartó la dimisión. Su portavoz parlamentario, Patxi López, dijo que se tomarán las decisiones que correspondan tras la investigación. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, afirmó que el cargo de Marlaska no está en cuestión, aunque reconoció que algunas imágenes no le habían gustado y señaló que los mandos policiales deberán determinar si hubo un uso desproporcionado de la fuerza. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró que el Ejecutivo investigará las cargas.
RTVE informó del uso policial de gas lacrimógeno, gas pimienta y pelotas de goma, especialmente al término de la manifestación de la tarde en Madrid y en el piquete central al mediodía. La Sexta, por su parte, recogió que Interior niega el uso de gas pimienta y sostiene que solo se empleó gas lacrimógeno durante los incidentes de Mercamadrid. La Sexta también informó de que los agentes lanzaron gas lacrimógeno al final de la marcha madrileña.
Amnistía Internacional aseguró haber documentado actuaciones preocupantes en Madrid, Alicante, Castellón, Vitoria, Valencia, Málaga, Granada y Santiago de Compostela. Denunció golpes de porra a personas que protestaban pacíficamente, algunos en la cabeza, y el lanzamiento indiscriminado de spray pimienta. Según la organización, numerosas personas necesitaron atención sanitaria y algunas fueron trasladadas al hospital. Pidió investigar los hechos y recordó que la fuerza debe ser un último recurso y emplearse de forma proporcionada.
La artista Samantha Hudson denunció haber sido rociada en la Gran Vía. La periodista María Barrier, que estaba con ella, afirmó que los agentes les aplicaron spray en los ojos, el oído y las vías respiratorias. La periodista Graciela García anunció que presentará una demanda tras relatar que las fuerzas de seguridad pusieron un bote de humo a un metro de su cara durante la intervención nocturna. Delgado también cuestionó la diferencia que, a su juicio, existe entre la respuesta policial a protestas progresistas y a concentraciones de extrema derecha.
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, denunciaron la actuación policial contra los piquetes en Madrid y anunciaron acciones legales. Sordo avanzó una demanda penal por el uso de gas pimienta. La portavoz del Sindicato de Inquilinas Alicia del Río anunció que esperarán a reunir las cifras para exigir responsabilidades a los cargos públicos que correspondan.
Al final de la manifestación de Madrid, que había partido de Atocha y debía concluir en Plaza de España, un cordón policial intentó impedir el acceso a la plaza ante la afluencia de participantes. Tras sortearlo los manifestantes, se produjeron cargas y altercados que se extendieron a Gran Vía y Callao, con quemas de contenedores y daños en mobiliario urbano. En Barcelona, grupos de encapuchados saquearon comercios, lanzaron pirotecnia y prendieron fuego a contenedores, en medio de enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra.
Según el balance provisional de Interior hasta las 23.00 horas del miércoles, la Policía Nacional y la Guardia Civil registraron 1.144 incidencias y practicaron 47 detenciones, sin incluir Cataluña ni el País Vasco. Entre ellas hubo 20 arrestos en Madrid, seis en Valencia, cuatro en Málaga y otros cuatro en Almería. A esas detenciones se sumaron 52 en Cataluña y 16 en el País Vasco, hasta un total de 115. La consellera de Interior catalana, Núria Parlon, informó de 36 agentes de los Mossos heridos y de la incautación de pirotecnia de gran potencia, artefactos y cócteles Molotov. En Madrid, nueve policías resultaron heridos durante la jornada, cinco de ellos en los disturbios nocturnos.
Los sindicatos policiales criticaron la decisión de Marlaska de limitar el uso del gas. La Unión Federal de Policía le acusó de cuestionar a los agentes en vez de respaldarlos; el Sindicato Unificado de Policía pidió aclaraciones sobre los medios disponibles para futuros dispositivos y defendió que la actuación se ajustó a la legalidad. JUPOL solicitó la dimisión del ministro y su portavoz, Ibón Domínguez, sostuvo que muchos piquetes eran coercitivos. El Sindicato Profesional de Policía y la Confederación Española de Policía defendieron también la actuación de los agentes.
El 19 de octubre se había firmado un protocolo de la Policía Nacional que actualiza la normativa de 2013 sobre sprays de defensa personal. Con el visto bueno del director adjunto operativo, José Luis Santafé Arnedo, regula un formato individual y otro colectivo para orden público, amplía su distribución y elimina las antiguas restricciones para su empleo en espacios cerrados. El documento justifica la actualización, entre otros motivos, por un incremento de las agresiones a policías.
El protocolo autoriza los sprays ante agresiones o resistencia activa que pongan en riesgo la integridad física o la seguridad ciudadana, y para neutralizar amenazas inminentes de autolesiones graves. Exige proporcionalidad, uso progresivo de los medios y, cuando sea posible, advertencias previas; desaconseja su empleo en casos de resistencia pasiva, con personas controladas o engrilletadas y con colectivos vulnerables, salvo excepciones justificadas. Obliga a documentar cada uso, aunque no afecte a nadie.
La huelga, convocada por el derecho a la vivienda y salarios dignos a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre, recibió valoraciones contrapuestas. UGT y CCOO la consideraron un éxito y el Sindicato de Inquilinas cifró en cinco millones las personas que secundaron la huelga. CEOE y Cepyme calificaron el paro de fracaso y estimaron un seguimiento medio inferior al 5 %. El PP y Vox también hablaron de fracaso; la portavoz popular Ester Muñoz defendió el derecho a trabajar sin violencia, mientras Santiago Abascal prometió acabar con los piquetes y las subvenciones a los sindicatos si llega al Gobierno.
Según Interior, las pesquisas encargadas al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, serán independientes de la inspección interna ordinaria con la que el cuerpo evalúa sus actuaciones. El ministerio sostiene que la jornada fue pacífica en términos generales y que las fuerzas de seguridad garantizaron tanto el derecho de huelga como el de acudir al trabajo.
Las cargas contra piquetes y manifestantes han suscitado peticiones de dimisión dentro y fuera del Gobierno. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, pidió explicaciones y la salida de Marlaska, al considerar que la actuación policial fue colectiva y no atribuible a uno o dos agentes. El candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, reclamó a Pedro Sánchez que destituya al ministro y denunció que se había rociado con gas a una persona sin hogar en la Gran Vía.
El ministro de Sumar Pablo Bustinduy remitió su posición a lo expresado por Delgado. También pidieron la dimisión el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y su candidata Irene Montero, que exigió además que Marlaska saliera de las listas electorales del PSOE. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, reiteró una petición que su partido ya había formulado por la falta de derogación de la llamada ley mordaza y las muertes en la frontera sur. Calificó de excesivas tanto la actuación policial como las acciones violentas al final de la marcha de Barcelona.
El PSOE descartó la dimisión. Su portavoz parlamentario, Patxi López, dijo que se tomarán las decisiones que correspondan tras la investigación. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, afirmó que el cargo de Marlaska no está en cuestión, aunque reconoció que algunas imágenes no le habían gustado y señaló que los mandos policiales deberán determinar si hubo un uso desproporcionado de la fuerza. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró que el Ejecutivo investigará las cargas.
RTVE informó del uso policial de gas lacrimógeno, gas pimienta y pelotas de goma, especialmente al término de la manifestación de la tarde en Madrid y en el piquete central al mediodía. La Sexta, por su parte, recogió que Interior niega el uso de gas pimienta y sostiene que solo se empleó gas lacrimógeno durante los incidentes de Mercamadrid. La Sexta también informó de que los agentes lanzaron gas lacrimógeno al final de la marcha madrileña.
Amnistía Internacional aseguró haber documentado actuaciones preocupantes en Madrid, Alicante, Castellón, Vitoria, Valencia, Málaga, Granada y Santiago de Compostela. Denunció golpes de porra a personas que protestaban pacíficamente, algunos en la cabeza, y el lanzamiento indiscriminado de spray pimienta. Según la organización, numerosas personas necesitaron atención sanitaria y algunas fueron trasladadas al hospital. Pidió investigar los hechos y recordó que la fuerza debe ser un último recurso y emplearse de forma proporcionada.
La artista Samantha Hudson denunció haber sido rociada en la Gran Vía. La periodista María Barrier, que estaba con ella, afirmó que los agentes les aplicaron spray en los ojos, el oído y las vías respiratorias. La periodista Graciela García anunció que presentará una demanda tras relatar que las fuerzas de seguridad pusieron un bote de humo a un metro de su cara durante la intervención nocturna. Delgado también cuestionó la diferencia que, a su juicio, existe entre la respuesta policial a protestas progresistas y a concentraciones de extrema derecha.
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, denunciaron la actuación policial contra los piquetes en Madrid y anunciaron acciones legales. Sordo avanzó una demanda penal por el uso de gas pimienta. La portavoz del Sindicato de Inquilinas Alicia del Río anunció que esperarán a reunir las cifras para exigir responsabilidades a los cargos públicos que correspondan.
Al final de la manifestación de Madrid, que había partido de Atocha y debía concluir en Plaza de España, un cordón policial intentó impedir el acceso a la plaza ante la afluencia de participantes. Tras sortearlo los manifestantes, se produjeron cargas y altercados que se extendieron a Gran Vía y Callao, con quemas de contenedores y daños en mobiliario urbano. En Barcelona, grupos de encapuchados saquearon comercios, lanzaron pirotecnia y prendieron fuego a contenedores, en medio de enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra.
Según el balance provisional de Interior hasta las 23.00 horas del miércoles, la Policía Nacional y la Guardia Civil registraron 1.144 incidencias y practicaron 47 detenciones, sin incluir Cataluña ni el País Vasco. Entre ellas hubo 20 arrestos en Madrid, seis en Valencia, cuatro en Málaga y otros cuatro en Almería. A esas detenciones se sumaron 52 en Cataluña y 16 en el País Vasco, hasta un total de 115. La consellera de Interior catalana, Núria Parlon, informó de 36 agentes de los Mossos heridos y de la incautación de pirotecnia de gran potencia, artefactos y cócteles Molotov. En Madrid, nueve policías resultaron heridos durante la jornada, cinco de ellos en los disturbios nocturnos.
Los sindicatos policiales criticaron la decisión de Marlaska de limitar el uso del gas. La Unión Federal de Policía le acusó de cuestionar a los agentes en vez de respaldarlos; el Sindicato Unificado de Policía pidió aclaraciones sobre los medios disponibles para futuros dispositivos y defendió que la actuación se ajustó a la legalidad. JUPOL solicitó la dimisión del ministro y su portavoz, Ibón Domínguez, sostuvo que muchos piquetes eran coercitivos. El Sindicato Profesional de Policía y la Confederación Española de Policía defendieron también la actuación de los agentes.
El 19 de octubre se había firmado un protocolo de la Policía Nacional que actualiza la normativa de 2013 sobre sprays de defensa personal. Con el visto bueno del director adjunto operativo, José Luis Santafé Arnedo, regula un formato individual y otro colectivo para orden público, amplía su distribución y elimina las antiguas restricciones para su empleo en espacios cerrados. El documento justifica la actualización, entre otros motivos, por un incremento de las agresiones a policías.
El protocolo autoriza los sprays ante agresiones o resistencia activa que pongan en riesgo la integridad física o la seguridad ciudadana, y para neutralizar amenazas inminentes de autolesiones graves. Exige proporcionalidad, uso progresivo de los medios y, cuando sea posible, advertencias previas; desaconseja su empleo en casos de resistencia pasiva, con personas controladas o engrilletadas y con colectivos vulnerables, salvo excepciones justificadas. Obliga a documentar cada uso, aunque no afecte a nadie.
La huelga, convocada por el derecho a la vivienda y salarios dignos a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre, recibió valoraciones contrapuestas. UGT y CCOO la consideraron un éxito y el Sindicato de Inquilinas cifró en cinco millones las personas que secundaron la huelga. CEOE y Cepyme calificaron el paro de fracaso y estimaron un seguimiento medio inferior al 5 %. El PP y Vox también hablaron de fracaso; la portavoz popular Ester Muñoz defendió el derecho a trabajar sin violencia, mientras Santiago Abascal prometió acabar con los piquetes y las subvenciones a los sindicatos si llega al Gobierno.