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Newsom conmuta las 548 condenas a muerte de California por cadena perpetua
La medida afecta a todos los presos del corredor de la muerte y establece que no podrán optar a la libertad condicional.
Publicado: 6 de noviembre de 2026, 07:51
El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que conmutará las 548 condenas a muerte vigentes en el estado por penas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La cifra representa una cuarta parte de las penas de muerte a nivel nacional. Newsom ejercerá para ello sus competencias constitucionales de clemencia; algunos casos deberán ser revisados por el Tribunal Supremo de California, ya que la Constitución estatal exige su aprobación para conceder el indulto o conmutar la pena a personas condenadas por más de un delito grave.
El gobernador afirmó que no distinguirá entre los delitos ni entre las personas condenadas. Explicó que establecer categorías podría crear dos grupos de víctimas de asesinato, según si se considera que sus agresores merecen o no la pena capital. Presentó la cadena perpetua sin libertad condicional como el castigo más severo que puede imponer legalmente y que California puede aplicar de manera ética. También sostuvo que el Estado no puede matar a los condenados desde un punto de vista moral y que los asesinatos autorizados por el Estado son incompatibles con los valores de California y socavan el sistema judicial.
La decisión no deroga la pena de muerte ni impide que los fiscales la soliciten en futuros casos: Newsom señaló que esa posibilidad seguirá dependiendo de fiscales, jurados y tribunales. California no ejecuta a ningún preso desde el 17 de enero de 2006, cuando Clarence Ray Allen murió mediante una inyección letal, aunque sus tribunales siguen imponiendo condenas capitales por asesinato y otros delitos graves. Newsom decretó una moratoria de las ejecuciones poco después de asumir el cargo, en 2019. La medida se ha descrito como principalmente simbólica, aunque expertos señalan que podría ahorrar millones de dólares anuales en costas judiciales.
Los votantes del estado han rechazado en dos ocasiones la abolición de la pena capital: en 2012, la Proposición 34, y en 2016, la Proposición 62. Ese año aprobaron por un estrecho margen la Proposición 66, destinada a acelerar los procedimientos judiciales relacionados con las condenas a muerte.
Newsom dijo que su oposición a las ejecuciones sancionadas por el Estado se remonta a casi tres décadas y que se inspira en anteriores presidentes, incluidos los padres fundadores de Estados Unidos, y en gobernadores de distintos partidos. En una carta dirigida a la población también afirmó: «Ahora podremos permitir que estos criminales mueran en la oscuridad mientras recordamos y honramos a las víctimas para siempre».
El anuncio se produjo después de las elecciones de medio mandato, en las que Xavier Becerra se impuso ampliamente como sucesor de Newsom y se convertiría en el primer gobernador latino de California. La decisión coincidió, además, con un revés electoral para el presidente Donald Trump. Newsom, a quien se considera un posible aspirante demócrata a la presidencia en 2028, ha utilizado las redes sociales al estilo de Trump, a quien trolea de manera continuada.
El gobernador afirmó que no distinguirá entre los delitos ni entre las personas condenadas. Explicó que establecer categorías podría crear dos grupos de víctimas de asesinato, según si se considera que sus agresores merecen o no la pena capital. Presentó la cadena perpetua sin libertad condicional como el castigo más severo que puede imponer legalmente y que California puede aplicar de manera ética. También sostuvo que el Estado no puede matar a los condenados desde un punto de vista moral y que los asesinatos autorizados por el Estado son incompatibles con los valores de California y socavan el sistema judicial.
La decisión no deroga la pena de muerte ni impide que los fiscales la soliciten en futuros casos: Newsom señaló que esa posibilidad seguirá dependiendo de fiscales, jurados y tribunales. California no ejecuta a ningún preso desde el 17 de enero de 2006, cuando Clarence Ray Allen murió mediante una inyección letal, aunque sus tribunales siguen imponiendo condenas capitales por asesinato y otros delitos graves. Newsom decretó una moratoria de las ejecuciones poco después de asumir el cargo, en 2019. La medida se ha descrito como principalmente simbólica, aunque expertos señalan que podría ahorrar millones de dólares anuales en costas judiciales.
Los votantes del estado han rechazado en dos ocasiones la abolición de la pena capital: en 2012, la Proposición 34, y en 2016, la Proposición 62. Ese año aprobaron por un estrecho margen la Proposición 66, destinada a acelerar los procedimientos judiciales relacionados con las condenas a muerte.
Newsom dijo que su oposición a las ejecuciones sancionadas por el Estado se remonta a casi tres décadas y que se inspira en anteriores presidentes, incluidos los padres fundadores de Estados Unidos, y en gobernadores de distintos partidos. En una carta dirigida a la población también afirmó: «Ahora podremos permitir que estos criminales mueran en la oscuridad mientras recordamos y honramos a las víctimas para siempre».
El anuncio se produjo después de las elecciones de medio mandato, en las que Xavier Becerra se impuso ampliamente como sucesor de Newsom y se convertiría en el primer gobernador latino de California. La decisión coincidió, además, con un revés electoral para el presidente Donald Trump. Newsom, a quien se considera un posible aspirante demócrata a la presidencia en 2028, ha utilizado las redes sociales al estilo de Trump, a quien trolea de manera continuada.