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Nueve personas investigadas por malos tratos en guardería de Pozuelo de Alarcón
Familias identifican más de 1.800 episodios de abusos tras revisar grabaciones
Publicado: 4 de noviembre de 2026, 15:47
La jueza que investiga los presuntos malos tratos a menores en la escuela infantil Pecas, ubicada en Pozuelo de Alarcón, ha ampliado a nueve el número de personas bajo investigación. Este grupo incluye a dos directoras del centro y siete educadoras, quienes son sospechosas de haber participado en conductas abusivas hacia los niños, que tienen edades de hasta tres años.
La ampliación de las investigaciones se ha producido en el contexto de un caso que empezó a raíz de la denuncia de una trabajadora en prácticas en la guardería. Esta denuncia, acompañada de grabaciones clandestinas, puso al descubierto presuntas agresiones y conductas vejatorias hacia los menores. Desde el inicio de la recogida de evidencias, las acusaciones han examinado diversas grabaciones de las cámaras de seguridad, lo que ha permitido identificar más de 1.800 episodios de abusos y acciones denigrantes.
Los informes de las familias afectadas detallan una serie de comportamientos preocupantes, tales como golpes, zarandeos y otras acciones bruscas hacia los niños. Además, se han documentado situaciones que los padres han calificado como humillantes, como tirar chupetes al suelo y luego devolvérselos a los menores, así como el uso de elementos sucios durante el proceso de higiene personal.
Este elevado número de episodios contrastan con la petición realizada por la Fiscalía, que ha solicitado que se limite a 110 el número de hechos a investigar. El Ministerio Público argumenta que es necesario individualizar las distintas conductas atribuidas a cada investigada y especificar las víctimas para asegurar el derecho a una defensa adecuada. Inicialmente, la jueza había fijado el número de episodios desde el comienzo de la investigación en aproximadamente 350, pero esta decisión fue recurrida por una de las defensas y a cuya apelación se adhirió la Fiscalía.
A pesar de estas limitaciones, las acusaciones han seguido analizando las secuencias de las cámaras de seguridad y han solicitado la inclusión de las nuevas grabaciones en la causa. Las investigaciones han sido apoyadas por la Policía Nacional, que también ha participado en el análisis de las pruebas obtenidas.
En junio de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid validó las grabaciones, reafirmando la orden de alejamiento de dos de las trabajadoras implicadas en relación con el centro infantil. Los magistrados concluyeron que estas imágenes permitían identificar a las empleadas y evidenciar la naturaleza brusca de sus interacciones con los pequeños, particularmente en momentos como la siesta.
La causa considera posibles delitos de trato vejatorio, lesiones y omisión del deber de socorro, entre otros. Alrededor de 21 menores figuran en el caso como posibles víctimas de estas conductas, y la escuela infantil Pecas cerró en febrero de 2024 tras aparecer irregularidades tanto urbanísticas como legales en su funcionamiento.
La ampliación de las investigaciones se ha producido en el contexto de un caso que empezó a raíz de la denuncia de una trabajadora en prácticas en la guardería. Esta denuncia, acompañada de grabaciones clandestinas, puso al descubierto presuntas agresiones y conductas vejatorias hacia los menores. Desde el inicio de la recogida de evidencias, las acusaciones han examinado diversas grabaciones de las cámaras de seguridad, lo que ha permitido identificar más de 1.800 episodios de abusos y acciones denigrantes.
Los informes de las familias afectadas detallan una serie de comportamientos preocupantes, tales como golpes, zarandeos y otras acciones bruscas hacia los niños. Además, se han documentado situaciones que los padres han calificado como humillantes, como tirar chupetes al suelo y luego devolvérselos a los menores, así como el uso de elementos sucios durante el proceso de higiene personal.
Este elevado número de episodios contrastan con la petición realizada por la Fiscalía, que ha solicitado que se limite a 110 el número de hechos a investigar. El Ministerio Público argumenta que es necesario individualizar las distintas conductas atribuidas a cada investigada y especificar las víctimas para asegurar el derecho a una defensa adecuada. Inicialmente, la jueza había fijado el número de episodios desde el comienzo de la investigación en aproximadamente 350, pero esta decisión fue recurrida por una de las defensas y a cuya apelación se adhirió la Fiscalía.
A pesar de estas limitaciones, las acusaciones han seguido analizando las secuencias de las cámaras de seguridad y han solicitado la inclusión de las nuevas grabaciones en la causa. Las investigaciones han sido apoyadas por la Policía Nacional, que también ha participado en el análisis de las pruebas obtenidas.
En junio de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid validó las grabaciones, reafirmando la orden de alejamiento de dos de las trabajadoras implicadas en relación con el centro infantil. Los magistrados concluyeron que estas imágenes permitían identificar a las empleadas y evidenciar la naturaleza brusca de sus interacciones con los pequeños, particularmente en momentos como la siesta.
La causa considera posibles delitos de trato vejatorio, lesiones y omisión del deber de socorro, entre otros. Alrededor de 21 menores figuran en el caso como posibles víctimas de estas conductas, y la escuela infantil Pecas cerró en febrero de 2024 tras aparecer irregularidades tanto urbanísticas como legales en su funcionamiento.