InternacionalContrastada con 3 fuentes
Orientación de los medios consultados
Medios progresistas 55%Medios conservadores 45%
Panamá amenaza con vetar el acuerdo de la COP31 sin límites petroleros
El segundo borrador elimina las referencias a los combustibles fósiles y mantiene sin concretar la financiación para la adaptación climática.
Publicado: 20 de noviembre de 2026, 07:51
Panamá ha advertido de que romperá el consenso en la COP31 de Antalya, en Turquía, si el acuerdo final no incluye, entre otras demandas, un límite a la producción mundial de petróleo en los niveles actuales. La amenaza llega después de que el segundo borrador de la declaración final eliminara las referencias explícitas a los combustibles fósiles que figuraban en el primer texto.
La delegación panameña trasladó su posición este jueves en una carta a la copresidencia turca y australiana de la cumbre. También reclama que el objetivo de electrificación se vincule a las energías renovables, que se reconozca el fracaso del límite de calentamiento de 1,5 grados y que las decisiones se basen en la ciencia y en los criterios del IPCC, el grupo de científicos climáticos de la ONU. Su trabajo está suspendido por desacuerdos entre los gobiernos.
El ministro de Ambiente panameño, Juan Carlos Navarro, había advertido antes de difundirse el borrador de que su país no aprobaría resoluciones que no recogieran sus prioridades, entre ellas la congelación de la producción petrolera y la financiación climática para los países vulnerables. El acuerdo final requiere consenso: si una delegación se opone, no puede aprobarse. Sería la primera vez desde la COP15 de Copenhague, en 2009, que una cumbre climática concluye sin un texto final de consenso.
El documento, publicado tras consultas ministeriales nocturnas, reduce de 144 a 80 los párrafos de la propuesta. Desaparecen los llamamientos a acelerar la eliminación gradual de los combustibles fósiles y a poner fin a sus subsidios ineficientes, así como la referencia a la hoja de ruta de transición acordada en la COP30 de Belém, Brasil.
El borrador conserva la propuesta de Turquía de elevar la cuota de la electricidad en el consumo final mundial de energía del 23 % actual al 35 % en 2035, sin especificar que deba proceder de fuentes limpias. La iniciativa complementa los objetivos acordados en la COP28 de Dubái de triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética en 2030.
El texto incluye asimismo una meta, todavía entre corchetes, de captura, utilización y almacenamiento de carbono de entre 500 millones de toneladas y 2,5 gigatoneladas anuales para 2035. Según fuentes europeas que participan en las negociaciones, se trata de una demanda del bloque árabe. Nikki Reisch, del Center for International Environmental Law, criticó esta tecnología por considerar que sirve de cobertura y subvenciona instalaciones de la industria fósil.
En financiación, el borrador mantiene el compromiso acordado el año pasado de triplicar los fondos para la adaptación de los países más vulnerables, pero no detalla cómo alcanzarlo y elimina la exigencia de llegar a al menos 120.000 millones de dólares. También conserva la estimación de que los países en desarrollo necesitarán 305.000 millones de dólares anuales para adaptación hasta 2035 y entre 5,1 y 6,8 billones de dólares hasta 2030 para ejecutar sus planes climáticos.
Desaparecen, en cambio, las cifras sobre la aportación pública de los países ricos —entre 28.000 y 32.000 millones de dólares en 2024—, la advertencia sobre el mayor coste de la adaptación si se supera el límite de 1,5 grados y las cláusulas sobre suspensión de deuda y prioridad de las subvenciones para los pequeños Estados insulares.
Tras recibir el texto, el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, evitó una valoración inmediata mientras sus equipos lo examinaban. Señaló que el apoyo de Bruselas dependerá de que el acuerdo dé respuesta al rebasamiento de los 1,5 grados, mantenga la implementación en el centro y preserve el Acuerdo de París. El presidente de las negociaciones, el ministro australiano Chris Bowen, reconoció las dificultades para cerrar un pacto y pidió a las delegaciones que expusieran sus líneas rojas.
Otra negociación abierta afecta al Mecanismo de Transición Justa acordado en Belém para abordar los derechos de los trabajadores, los derechos humanos, el consentimiento libre e informado y la inclusión de colectivos marginados. El acuerdo contempla que el mecanismo podría ofrecer asistencia técnica y cooperación internacional para reducir las desigualdades en la transición.
La Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Japón y Canadá se oponen a crear una institución que gestione el mecanismo y defienden que el programa se desarrolle mediante diálogos, planes de acción y un repositorio de recursos. Anabella Rosemberg, de Climate Action Network International, sostiene que hace falta un espacio de diálogo estable y representativo para apoyar a las comunidades afectadas y reducir la brecha entre países desarrollados y en desarrollo.
Kudakwashe Manjonjo, asesor de Powershift Africa, cuestiona el objetivo de electrificación mientras hay países sin acceso a la energía. En Madagascar, por ejemplo, solo el 25 % de la población tiene acceso a la electricidad, que se genera con petróleo en un 46 %, carbón en un 19 % y energía hidroeléctrica en un 31 %. Manjonjo defiende que el mecanismo permita a países como este desarrollar la eólica y la solar y decidir su propia transición; señala que, en Sudáfrica, fueron los países desarrollados y los donantes quienes indicaron cómo llevarla a cabo.
Mohab Sherif Mohamed Mohsen Gharib, de MENA Youth Network, considera que uno de los principales retos es facilitar apoyo técnico para que las comunidades participen y codiseñen proyectos de transición. Algunos países ya han presentado hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles; España dio a conocer la suya a la prensa el miércoles. En 2020 creó el Instituto de Transición Justa para apoyar a las zonas afectadas por cierres de minas de carbón, centrales termoeléctricas y plantas nucleares.
La cumbre tiene previsto cerrar este viernes, aunque se espera que las negociaciones puedan prolongarse hasta el sábado. Mientras tanto, los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia anunciaron en Pekín planes para aumentar la producción petrolera y el suministro de productos refinados ante la crisis energética derivada de la guerra en Irán. El Gobierno de Donald Trump está ausente de Antalya tras retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París y de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, aunque participan gobernadores, congresistas, senadores y empresarios estadounidenses.
La delegación panameña trasladó su posición este jueves en una carta a la copresidencia turca y australiana de la cumbre. También reclama que el objetivo de electrificación se vincule a las energías renovables, que se reconozca el fracaso del límite de calentamiento de 1,5 grados y que las decisiones se basen en la ciencia y en los criterios del IPCC, el grupo de científicos climáticos de la ONU. Su trabajo está suspendido por desacuerdos entre los gobiernos.
El ministro de Ambiente panameño, Juan Carlos Navarro, había advertido antes de difundirse el borrador de que su país no aprobaría resoluciones que no recogieran sus prioridades, entre ellas la congelación de la producción petrolera y la financiación climática para los países vulnerables. El acuerdo final requiere consenso: si una delegación se opone, no puede aprobarse. Sería la primera vez desde la COP15 de Copenhague, en 2009, que una cumbre climática concluye sin un texto final de consenso.
El documento, publicado tras consultas ministeriales nocturnas, reduce de 144 a 80 los párrafos de la propuesta. Desaparecen los llamamientos a acelerar la eliminación gradual de los combustibles fósiles y a poner fin a sus subsidios ineficientes, así como la referencia a la hoja de ruta de transición acordada en la COP30 de Belém, Brasil.
El borrador conserva la propuesta de Turquía de elevar la cuota de la electricidad en el consumo final mundial de energía del 23 % actual al 35 % en 2035, sin especificar que deba proceder de fuentes limpias. La iniciativa complementa los objetivos acordados en la COP28 de Dubái de triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética en 2030.
El texto incluye asimismo una meta, todavía entre corchetes, de captura, utilización y almacenamiento de carbono de entre 500 millones de toneladas y 2,5 gigatoneladas anuales para 2035. Según fuentes europeas que participan en las negociaciones, se trata de una demanda del bloque árabe. Nikki Reisch, del Center for International Environmental Law, criticó esta tecnología por considerar que sirve de cobertura y subvenciona instalaciones de la industria fósil.
En financiación, el borrador mantiene el compromiso acordado el año pasado de triplicar los fondos para la adaptación de los países más vulnerables, pero no detalla cómo alcanzarlo y elimina la exigencia de llegar a al menos 120.000 millones de dólares. También conserva la estimación de que los países en desarrollo necesitarán 305.000 millones de dólares anuales para adaptación hasta 2035 y entre 5,1 y 6,8 billones de dólares hasta 2030 para ejecutar sus planes climáticos.
Desaparecen, en cambio, las cifras sobre la aportación pública de los países ricos —entre 28.000 y 32.000 millones de dólares en 2024—, la advertencia sobre el mayor coste de la adaptación si se supera el límite de 1,5 grados y las cláusulas sobre suspensión de deuda y prioridad de las subvenciones para los pequeños Estados insulares.
Tras recibir el texto, el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, evitó una valoración inmediata mientras sus equipos lo examinaban. Señaló que el apoyo de Bruselas dependerá de que el acuerdo dé respuesta al rebasamiento de los 1,5 grados, mantenga la implementación en el centro y preserve el Acuerdo de París. El presidente de las negociaciones, el ministro australiano Chris Bowen, reconoció las dificultades para cerrar un pacto y pidió a las delegaciones que expusieran sus líneas rojas.
Otra negociación abierta afecta al Mecanismo de Transición Justa acordado en Belém para abordar los derechos de los trabajadores, los derechos humanos, el consentimiento libre e informado y la inclusión de colectivos marginados. El acuerdo contempla que el mecanismo podría ofrecer asistencia técnica y cooperación internacional para reducir las desigualdades en la transición.
La Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Japón y Canadá se oponen a crear una institución que gestione el mecanismo y defienden que el programa se desarrolle mediante diálogos, planes de acción y un repositorio de recursos. Anabella Rosemberg, de Climate Action Network International, sostiene que hace falta un espacio de diálogo estable y representativo para apoyar a las comunidades afectadas y reducir la brecha entre países desarrollados y en desarrollo.
Kudakwashe Manjonjo, asesor de Powershift Africa, cuestiona el objetivo de electrificación mientras hay países sin acceso a la energía. En Madagascar, por ejemplo, solo el 25 % de la población tiene acceso a la electricidad, que se genera con petróleo en un 46 %, carbón en un 19 % y energía hidroeléctrica en un 31 %. Manjonjo defiende que el mecanismo permita a países como este desarrollar la eólica y la solar y decidir su propia transición; señala que, en Sudáfrica, fueron los países desarrollados y los donantes quienes indicaron cómo llevarla a cabo.
Mohab Sherif Mohamed Mohsen Gharib, de MENA Youth Network, considera que uno de los principales retos es facilitar apoyo técnico para que las comunidades participen y codiseñen proyectos de transición. Algunos países ya han presentado hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles; España dio a conocer la suya a la prensa el miércoles. En 2020 creó el Instituto de Transición Justa para apoyar a las zonas afectadas por cierres de minas de carbón, centrales termoeléctricas y plantas nucleares.
La cumbre tiene previsto cerrar este viernes, aunque se espera que las negociaciones puedan prolongarse hasta el sábado. Mientras tanto, los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia anunciaron en Pekín planes para aumentar la producción petrolera y el suministro de productos refinados ante la crisis energética derivada de la guerra en Irán. El Gobierno de Donald Trump está ausente de Antalya tras retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París y de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, aunque participan gobernadores, congresistas, senadores y empresarios estadounidenses.
Cómo ha evolucionado esta historia
2 capítulos, del más antiguo al más reciente.
- El borrador de la COP31 plantea acelerar la salida de los combustibles fósiles
4 medios
- · 4 días después
Panamá amenaza con vetar el acuerdo de la COP31 sin límites petrolerosestás aquí
3 medios