Prisión preventiva para el expresidente paraguayo Santiago Peña por el caso Ueno

El juez paraguayo Humberto Otazú decretó este sábado prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña, imputado por la Fiscalía en la investigación sobre el cierre de Ueno Bank. El magistrado explicó que la medida busca garantizar su sometimiento al procedimiento y que Peña se abstuvo de declarar durante la audiencia judicial.

Peña permanecerá en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción, donde pasó la noche del viernes tras su detención. El juez descartó su traslado a una cárcel común por la información sensible que pudo haber manejado como jefe de Estado, incluida la relativa al crimen organizado. También estudia la petición fiscal de embargo de bienes.

La Fiscalía atribuye al exmandatario presunta lesión de confianza como instigador y administración en provecho propio como autor. Según el fiscal Christian Benítez, la administración en provecho propio y la lesión de confianza en su modalidad agravada pueden castigarse con hasta diez años de prisión. La fiscal adjunta Nancy Salomón indicó que Peña realizó una declaración indagatoria en la sede de la Fiscalía.

La investigación examina presuntas irregularidades en la colocación de fondos públicos y previsionales en Ueno, así como en su supervisión. Según la imputación, Peña habría intervenido en decisiones sobre la colocación, renovación y permanencia de esos recursos en el banco y se reunió con autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) para tratar inversiones en instrumentos emitidos por la entidad.

Peña fue accionista de Ueno Holding, conglomerado del Grupo Vásquez propietario del banco, hasta que vendió su participación en marzo de 2025, según la acusación presentada por los diputados que promovieron el juicio político. El expresidente niega irregularidades y sostiene que no tuvo una relación directa con el banco como accionista o inversor.

La Fiscalía sostiene que, entre 2023 y 2026, Ueno habría recibido importantes depósitos de organismos públicos y previsionales mientras habría concedido créditos a sociedades presuntamente vinculadas a su grupo económico, en operaciones en las que los supervisores del Banco Central detectaron observaciones e irregularidades. Durante el Gobierno de Peña, el IPS invirtió unos 355 millones de dólares en el banco, que también administraba las cuentas de unos 32.000 jubilados.

El Ministerio Público imputó asimismo al expresidente del Banco Central Carlos Carvallo por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, y pidió prisión preventiva para él. Carvallo se presentó ante las autoridades y fue detenido el viernes. La Fiscalía solicitó además restricciones sobre los bienes de ambos imputados y diligencias para localizar sus activos.

Carvallo presidió Financiera Ueno antes de asumir la jefatura del Banco Central en 2023 y renunció a este último cargo el martes, tras el estallido de la crisis. Según la acusación de los diputados, el directorio del Banco Central autorizó la creación de Ueno Bank 83 días después de su designación. Por el caso, la Fiscalía también ha imputado a 27 personas, entre ellas uno de los fundadores del banco, Miguel Vásquez, trasladado el viernes a una cárcel para procesados junto a otros cinco directivos.

El Banco Central ordenó el martes el procedimiento de resolución de Ueno tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido. La intervención congeló temporalmente depósitos de particulares y organismos públicos y llevó al cierre de sus sucursales. La entidad tenía 2,94 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. Las primeras irregularidades se habían detectado en junio, cuando comenzó una revisión más profunda de sus operaciones.

La crisis provocó protestas en Asunción, largas filas en bancos y el traslado de cuentas a otras entidades. El Banco Central comenzó el viernes a abonar las primeras garantías de depósitos a algunos afectados. La Fiscalía también confiscó bienes, entre ellos avionetas, vehículos de lujo y documentación del banco.

Peña presentó su renuncia el jueves, pero el Congreso no llegó a pronunciarse sobre ella por falta de quórum. El Senado continuó el juicio político y lo destituyó el viernes por mal desempeño de funciones, con el voto de los 44 senadores presentes. El exmandatario no acudió personalmente y fue representado por los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda. La destitución evitó que accediera a la condición de senador vitalicio con fueros.

El entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia para completar el mandato hasta el 15 de agosto de 2028 y prometió compensar plenamente a los afectados. Antonio Barrios juró como vicepresidente. En un comunicado, la Cancillería defendió la respuesta institucional ante la crisis y afirmó que el país dispone de mecanismos para detectar irregularidades, proteger a los afectados y exigir responsabilidades.