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Sanidad requiere a Andalucía y Baleares crear el registro de objetores al aborto
El Govern balear asegura que lo aprobará de forma inminente, mientras Madrid sigue sin ponerlo en marcha pese a una resolución judicial.
Publicado: 17 de noviembre de 2026, 16:17
La ministra de Sanidad, Mónica García, envió el lunes sendos requerimientos a Andalucía y Baleares para que terminen de tramitar y creen sus registros de profesionales sanitarios objetores de conciencia al aborto. Las dos comunidades, junto con Madrid, todavía no han puesto en marcha estos listados.
En las cartas dirigidas al consejero andaluz, Antonio Sanz, y a la consejera balear, Manuela García, la ministra recuerda que la ley del aborto de 2023 obliga a las comunidades a contar con un registro. El 16 de diciembre de 2024, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó por unanimidad el protocolo para su creación.
Los registros están destinados a facilitar que los hospitales conozcan la disponibilidad de profesionales y organicen sus servicios para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. La objeción es una decisión individual y su ejercicio no puede menoscabar el acceso a la prestación.
La Dirección General de Ordenación Profesional, a través de la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección, ha seguido la implantación de los listados mediante el rastreo de boletines y sedes electrónicas y ha constatado que Andalucía y Baleares no los han desarrollado. Su último informe de seguimiento está fechado en septiembre de 2026.
Andalucía sometió su proyecto de decreto a audiencia pública en marzo de 2025, pero todavía no ha culminado su tramitación. En Baleares, el proyecto pasó por audiencia e información pública en febrero de 2026 y, según las cartas de la ministra, no se habían observado nuevos avances.
Tras hacerse pública la información, el Govern balear afirmó que aprobará el registro de forma inminente. Fuentes del Ejecutivo autonómico sostienen que el trámite está finalizado y pendiente de pasar por el Consejo de Gobierno.
En Madrid, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, se negó a crear el registro. Sanidad requirió a la comunidad en octubre de 2025 y acudió a los tribunales. El pasado marzo, la Justicia ordenó al Gobierno regional que iniciara los trámites, pero el listado sigue sin estar operativo. En septiembre, el ministerio solicitó la intervención de la Abogacía del Estado.
En X, la ministra afirmó: «El PP sigue bloqueando su aplicación, también en Madrid. Las leyes no son opcionales y los derechos de las mujeres no están a su disposición».
El protocolo establece que el registro no es público y que cada profesional objetor debe solicitar su inclusión a través de la sede electrónica de su comunidad. La administración emitirá un documento que acredite su inclusión o no inclusión, y la declaración podrá modificarse o revocarse en cualquier momento por el mismo procedimiento.
Entre los datos solicitados figuran la identidad y el correo electrónico del profesional, su actividad, el centro de trabajo y la modalidad a la que objeta. El protocolo indica que las razones pueden ser religiosas, deontológicas o bioéticas, pero no se puede exigir que se especifique la motivación.
Solo pueden inscribirse quienes intervienen directamente en el proceso de interrupción del embarazo mediante actos necesarios y directos, anteriores o simultáneos. El protocolo incluye a especialistas en ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación y medicina familiar y comunitaria, así como a profesionales de enfermería y matronas; no admite a otro personal.
Según el balance de 2024, en Andalucía se practicó en centros públicos el 0,2% de las interrupciones voluntarias del embarazo y en Madrid, el 0,47%. En Baleares, los últimos datos de la Dirección General de Salud Pública del Govern indican que en 2025 el 65,5% de los abortos se realizó en la red pública, el porcentaje más alto de los últimos 27 años. Entre centros públicos y privados se practicaron alrededor de 3.200 intervenciones.
En las cartas dirigidas al consejero andaluz, Antonio Sanz, y a la consejera balear, Manuela García, la ministra recuerda que la ley del aborto de 2023 obliga a las comunidades a contar con un registro. El 16 de diciembre de 2024, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó por unanimidad el protocolo para su creación.
Los registros están destinados a facilitar que los hospitales conozcan la disponibilidad de profesionales y organicen sus servicios para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. La objeción es una decisión individual y su ejercicio no puede menoscabar el acceso a la prestación.
La Dirección General de Ordenación Profesional, a través de la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección, ha seguido la implantación de los listados mediante el rastreo de boletines y sedes electrónicas y ha constatado que Andalucía y Baleares no los han desarrollado. Su último informe de seguimiento está fechado en septiembre de 2026.
Andalucía sometió su proyecto de decreto a audiencia pública en marzo de 2025, pero todavía no ha culminado su tramitación. En Baleares, el proyecto pasó por audiencia e información pública en febrero de 2026 y, según las cartas de la ministra, no se habían observado nuevos avances.
Tras hacerse pública la información, el Govern balear afirmó que aprobará el registro de forma inminente. Fuentes del Ejecutivo autonómico sostienen que el trámite está finalizado y pendiente de pasar por el Consejo de Gobierno.
En Madrid, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, se negó a crear el registro. Sanidad requirió a la comunidad en octubre de 2025 y acudió a los tribunales. El pasado marzo, la Justicia ordenó al Gobierno regional que iniciara los trámites, pero el listado sigue sin estar operativo. En septiembre, el ministerio solicitó la intervención de la Abogacía del Estado.
En X, la ministra afirmó: «El PP sigue bloqueando su aplicación, también en Madrid. Las leyes no son opcionales y los derechos de las mujeres no están a su disposición».
El protocolo establece que el registro no es público y que cada profesional objetor debe solicitar su inclusión a través de la sede electrónica de su comunidad. La administración emitirá un documento que acredite su inclusión o no inclusión, y la declaración podrá modificarse o revocarse en cualquier momento por el mismo procedimiento.
Entre los datos solicitados figuran la identidad y el correo electrónico del profesional, su actividad, el centro de trabajo y la modalidad a la que objeta. El protocolo indica que las razones pueden ser religiosas, deontológicas o bioéticas, pero no se puede exigir que se especifique la motivación.
Solo pueden inscribirse quienes intervienen directamente en el proceso de interrupción del embarazo mediante actos necesarios y directos, anteriores o simultáneos. El protocolo incluye a especialistas en ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación y medicina familiar y comunitaria, así como a profesionales de enfermería y matronas; no admite a otro personal.
Según el balance de 2024, en Andalucía se practicó en centros públicos el 0,2% de las interrupciones voluntarias del embarazo y en Madrid, el 0,47%. En Baleares, los últimos datos de la Dirección General de Salud Pública del Govern indican que en 2025 el 65,5% de los abortos se realizó en la red pública, el porcentaje más alto de los últimos 27 años. Entre centros públicos y privados se practicaron alrededor de 3.200 intervenciones.