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Seis detenidos en nueva operación de la UCO sobre el 'caso Koldo'
La investigación incluye registros en la casa de Ábalos y arrestos en Córdoba, Madrid y Sevilla.
Publicado: 5 de noviembre de 2026, 15:46
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo este jueves un nuevo operativo relacionado con el caso Koldo, que ha resultado en la detención de seis personas, incluyendo al empresario Cristian Corvillo, vinculado al PSOE y señalado como un ex chófer del presidente Pedro Sánchez durante las primarias de 2017. La operación también ha implicado registros en la vivienda del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en Valencia, así como en domicilios en Córdoba, Madrid y Sevilla.
Este nuevo operativo se enmarca en una pieza separada y secreta del caso Koldo, abierto por el juez Ismael Moreno tras recibir un informe reciente de la UCO. La investigación se centra en presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y tráfico de influencias, relacionadas con irregularidades en contrataciones de obras públicas y adquisiciones de mascarillas durante la pandemia. Los arrestos se han producido en simultáneo, destacando las detenciones de Andrea de la Torre, pareja actual de Ábalos, y del hermano de Corvillo, Rubén.
Según los informes, Cristian Corvillo, quien ha estado asociado a la estructura del PSOE en Córdoba, ha mantenido vínculos empresarios con Víctor de Aldama, un personaje clave en la trama de corrupción que rodea el caso Koldo. Se alega que Corvillo tuvo una participación activa en la intermediación para la compra de un chalet para Ábalos en La Alcaidesa, además de sus conexiones con Aldama en varias empresas implicadas en operaciones presuntamente ilegales.
En el contexto de la investigación, la UCO ha registrado la casa de Ábalos, que actualmente es objeto de múltiples pesquisas, y también se ha presentado en las oficinas de Adif para solicitar información relacionada con adjudicaciones públicas. Estas detenciones y registros llegan después de que el Tribunal Supremo impusiera condenas significativas a Ábalos y a su exasesor Koldo García en un juicio previo que abordó las irregularidades en la obtención de contratos durante la crisis del COVID-19.
El operativo de hoy marca un entronque más en el largo y complejo proceso judicial que, tras comenzar con el caso de las mascarillas, se ha expandido para investigar una red más amplia de corrupción y mala gestión en el Ministerio de Transportes. En febrero de 2024, el Tribunal Supremo había condenado a Ábalos a 24 años de prisión y a García a 19, pero las investigaciones continúan, arrojando nuevos elementos que mantienen el interés público y político en el tema. De este modo, el caso Koldo sigue engrosando su entrañable historia de corrupción, con cada desarrollo avivando aún más el escrutinio sobre la gestión del PSOE y su relación con el poder en diversas localidades de España.
Con este nuevo capítulo, el caso Koldo reafirma su consideración como un asunto de significación nacional, encarnando las tensiones y controversias inherentes a los vínculos entre la política, los negocios y la ley en el ámbito público español.
Este nuevo operativo se enmarca en una pieza separada y secreta del caso Koldo, abierto por el juez Ismael Moreno tras recibir un informe reciente de la UCO. La investigación se centra en presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y tráfico de influencias, relacionadas con irregularidades en contrataciones de obras públicas y adquisiciones de mascarillas durante la pandemia. Los arrestos se han producido en simultáneo, destacando las detenciones de Andrea de la Torre, pareja actual de Ábalos, y del hermano de Corvillo, Rubén.
Según los informes, Cristian Corvillo, quien ha estado asociado a la estructura del PSOE en Córdoba, ha mantenido vínculos empresarios con Víctor de Aldama, un personaje clave en la trama de corrupción que rodea el caso Koldo. Se alega que Corvillo tuvo una participación activa en la intermediación para la compra de un chalet para Ábalos en La Alcaidesa, además de sus conexiones con Aldama en varias empresas implicadas en operaciones presuntamente ilegales.
En el contexto de la investigación, la UCO ha registrado la casa de Ábalos, que actualmente es objeto de múltiples pesquisas, y también se ha presentado en las oficinas de Adif para solicitar información relacionada con adjudicaciones públicas. Estas detenciones y registros llegan después de que el Tribunal Supremo impusiera condenas significativas a Ábalos y a su exasesor Koldo García en un juicio previo que abordó las irregularidades en la obtención de contratos durante la crisis del COVID-19.
El operativo de hoy marca un entronque más en el largo y complejo proceso judicial que, tras comenzar con el caso de las mascarillas, se ha expandido para investigar una red más amplia de corrupción y mala gestión en el Ministerio de Transportes. En febrero de 2024, el Tribunal Supremo había condenado a Ábalos a 24 años de prisión y a García a 19, pero las investigaciones continúan, arrojando nuevos elementos que mantienen el interés público y político en el tema. De este modo, el caso Koldo sigue engrosando su entrañable historia de corrupción, con cada desarrollo avivando aún más el escrutinio sobre la gestión del PSOE y su relación con el poder en diversas localidades de España.
Con este nuevo capítulo, el caso Koldo reafirma su consideración como un asunto de significación nacional, encarnando las tensiones y controversias inherentes a los vínculos entre la política, los negocios y la ley en el ámbito público español.