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Trump impone aranceles de hasta el 12,5% a 60 países por trabajo forzoso
Los nuevos gravámenes, que reemplazan un arancel temporal, varían entre 10% y 12,5%.
Publicado: 24 de julio de 2026, 11:22
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha implementado una nueva serie de aranceles que oscilan entre el 10% y el 12,5% para las importaciones provenientes de 60 países y economías. Esta determinación, anunciada por la Oficina del Representante Comercial, se justifica por los "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso" en estos países, y se produce justo antes de la expiración de un arancel temporal del 10% que había estado en vigor. Los nuevos aranceles entrarán en efecto en breve, y representan una continuación de la política comercial de Trump, que ha estado marcada por la controversia y la oposición en múltiples frentes.
Los países a los que se les aplica un arancel del 10% incluyen a las 27 economías de la Unión Europea, así como a México, Guatemala, Honduras y El Salvador, entre otros. La medida también impone un gravamen del 12,5% a ciertas naciones que, según las investigaciones de la administración estadounidense, no han adoptado adecuadamente las leyes necesarias para prohibir la importación de bienes fabricados bajo condiciones de trabajo forzado. Esta medida ha suscitado críticas en varios países, que consideran que la justificación de la Casa Blanca es un pretexto para aplicar políticas comerciales proteccionistas.
En particular, Brasil ha sido uno de los países que han reaccionado de manera más contundente, acusando a Estados Unidos de manipular el debate sobre el trabajo forzoso como justificativo para reimplementar aranceles que fomenten el proteccionismo. Las autoridades brasileñas han indicado que el nuevo arancel del 12,5% junto con el gravamen del 25% que se implementó recientemente, eleva significativamente la carga arancelaria sobre las exportaciones del país sudamericano. Por su parte, el Gobierno de México ha asegurado que en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el 85% de sus exportaciones continuarán teniendo acceso a los mercados estadounidenses sin aranceles.
La medida no solo afecta a los Estados aliados de Estados Unidos, sino que también han surgido preocupaciones en otras naciones, como Japón y Australia, donde se anticipan negociaciones diplomáticas para evitar el impacto negativo de estos aranceles en sus economías. En general, los productos relacionados con el petróleo, el gas y ciertos alimentos han quedado excluidos de las nuevas tarifas, mientras que otros productos estarán sujetos a una revisión más específica según el país de origen.
El anuncio de estos aranceles debe entenderse dentro de un contexto más amplio, donde el Tribunal Supremo de EE.UU. ha limitado previamente la capacidad del presidente para imponer gravámenes sin el respaldo del Congreso. Esta nueva regulación se basa en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, proporcionando a la administración una vía legal para evitar lo que consideran prácticas comerciales injustas. Sin embargo, la implementación de estos aranceles ha añadido un nuevo nivel de complejidad y tensión en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y el resto del mundo, intensificando la guerra comercial que ha dominado la agenda de Trump desde su mandato.
A medida que estas medidas entran en acción, la administración estadounidense parece estar apostando por una política de mano dura en su enfoque hacia el comercio internacional, buscando al mismo tiempo reafirmar su posición en el contexto global y proteger los intereses económicos de los Estados Unidos.
Los países a los que se les aplica un arancel del 10% incluyen a las 27 economías de la Unión Europea, así como a México, Guatemala, Honduras y El Salvador, entre otros. La medida también impone un gravamen del 12,5% a ciertas naciones que, según las investigaciones de la administración estadounidense, no han adoptado adecuadamente las leyes necesarias para prohibir la importación de bienes fabricados bajo condiciones de trabajo forzado. Esta medida ha suscitado críticas en varios países, que consideran que la justificación de la Casa Blanca es un pretexto para aplicar políticas comerciales proteccionistas.
En particular, Brasil ha sido uno de los países que han reaccionado de manera más contundente, acusando a Estados Unidos de manipular el debate sobre el trabajo forzoso como justificativo para reimplementar aranceles que fomenten el proteccionismo. Las autoridades brasileñas han indicado que el nuevo arancel del 12,5% junto con el gravamen del 25% que se implementó recientemente, eleva significativamente la carga arancelaria sobre las exportaciones del país sudamericano. Por su parte, el Gobierno de México ha asegurado que en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el 85% de sus exportaciones continuarán teniendo acceso a los mercados estadounidenses sin aranceles.
La medida no solo afecta a los Estados aliados de Estados Unidos, sino que también han surgido preocupaciones en otras naciones, como Japón y Australia, donde se anticipan negociaciones diplomáticas para evitar el impacto negativo de estos aranceles en sus economías. En general, los productos relacionados con el petróleo, el gas y ciertos alimentos han quedado excluidos de las nuevas tarifas, mientras que otros productos estarán sujetos a una revisión más específica según el país de origen.
El anuncio de estos aranceles debe entenderse dentro de un contexto más amplio, donde el Tribunal Supremo de EE.UU. ha limitado previamente la capacidad del presidente para imponer gravámenes sin el respaldo del Congreso. Esta nueva regulación se basa en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, proporcionando a la administración una vía legal para evitar lo que consideran prácticas comerciales injustas. Sin embargo, la implementación de estos aranceles ha añadido un nuevo nivel de complejidad y tensión en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y el resto del mundo, intensificando la guerra comercial que ha dominado la agenda de Trump desde su mandato.
A medida que estas medidas entran en acción, la administración estadounidense parece estar apostando por una política de mano dura en su enfoque hacia el comercio internacional, buscando al mismo tiempo reafirmar su posición en el contexto global y proteger los intereses económicos de los Estados Unidos.