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Vox propone limitar alumnos de otras culturas y restringir la sanidad
El programa para el 29 de noviembre extiende la prioridad a los españoles en las ayudas y plantea un plan de retorno de inmigrantes.
Publicado: 13 de noviembre de 2026, 08:00
Vox ha publicado su programa para las elecciones generales del 29 de noviembre, un documento dividido en 13 bloques que sitúa la inmigración y la llamada prioridad nacional entre sus ejes. La formación de Santiago Abascal propone limitar el número de alumnos de otras culturas por aula, restringir la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular y reservar determinadas prestaciones a los españoles.
En educación, el partido plantea fijar un máximo de alumnos por clase procedentes de otras culturas o con un dominio insuficiente del español. El programa no concreta la cifra ni cómo se determinaría a qué cultura pertenece cada estudiante, y tampoco especifica si la medida se aplicaría solo a la enseñanza pública.
La propuesta se completa con aulas de nivelación para quienes se incorporen tarde al sistema educativo español. Permanecerían en ellas hasta alcanzar el nivel requerido antes de integrarse en su clase, con el argumento de que así no ralentizarían al resto y tendrían más posibilidades de éxito. El documento no precisa si ese nivel se refiere al idioma o también a otras competencias. En España ya existen aulas de acogida orientadas principalmente al aprendizaje de la lengua vehicular.
Vox quiere dar preferencia a los españoles en la elección de centro y en el acceso a plazas de guardería, becas, ayudas de comedor y transporte escolar. También propone prohibir el burka y el niqab en espacios públicos y lugares donde se presten servicios públicos, incluidos los centros educativos; acabar con los menús halal en los comedores escolares y eliminar el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.
El programa recupera la devolución de las competencias educativas al Estado, la unificación de los currículos, una prueba de acceso a la universidad común y la garantía de enseñanza en castellano en todo el territorio. Incluye la derogación de la LOMLOE, la recuperación de las reválidas, la eliminación de contenidos que considera ideológicos, el refuerzo de la autoridad docente, la limitación de los móviles en las aulas y un plan nacional contra el acoso escolar. En la universidad, propone garantizar la libertad de cátedra frente a lo que denomina imposiciones de la corrección política, sin concretar una estrategia de financiación de los campus públicos.
En materia migratoria, Vox incorpora la «remigración» a través de un plan para facilitar el retorno a sus países de origen de inmigrantes que, según el partido, no contribuyan o vivan de subsidios públicos que no alcanzan a los españoles. La propuesta no distingue expresamente entre personas en situación irregular y residentes legales. Abascal ha mencionado posibles excepciones, como quienes acaban de perder su empleo, pero el programa no las recoge.
La formación mantiene la expulsión de quienes estén en España de forma irregular, de extranjeros que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida y de quienes, según su formulación, traten de imponer costumbres o culturas incompatibles con la dignidad de las mujeres. También plantea prohibir las regularizaciones masivas, endurecer los requisitos para adquirir la nacionalidad y revisar los pasaportes españoles que considere concedidos fraudulentamente.
En sanidad, propone excluir a los inmigrantes en situación irregular de la atención general del sistema público, salvo en casos de urgencia grave, un supuesto cuyo alcance no precisa. Vox lo justifica por la sostenibilidad de los servicios y anuncia una auditoría del coste de la inmigración en la sanidad pública.
La prioridad nacional se extiende a las prestaciones y la vivienda. Vox quiere reservar el ingreso mínimo vital a los españoles con menos recursos y suprimir las ayudas y beneficios sociales a los inmigrantes en situación irregular. Actualmente, los extranjeros con residencia legal y efectiva pueden acceder al ingreso mínimo si cumplen los requisitos. El partido también plantea reservar a los españoles la vivienda protegida y social y las ayudas al alquiler, exigir residencia legal para arrendar una vivienda y eximir de impuestos la primera vivienda habitual adquirida por familias españolas. Asimismo, propone modificar o derogar las normas que dificulten la aplicación de ese principio.
En familia, promete bonificar al 100% la ayuda en el hogar, ofrecer incentivos fiscales a empresas que fomenten la conciliación y hagan descuentos a las familias, y financiar la Seguridad Social de los españoles dedicados al cuidado de sus hijos. Plantea extender progresivamente los beneficios de las familias numerosas desde el primer hijo, con mayores ayudas según el número de descendientes, y reforzar el presupuesto de conciliación. También propone proteger a los menores de riesgos digitales, como la adicción al juego y la pornografía, sin concretar cómo.
Sobre aborto y eutanasia, el programa no incluye la promesa expresa de derogar sus leyes que figuraba en 2023. En su lugar, defiende el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, sin detallar qué haría con la legislación vigente. Añade la garantía de la objeción de conciencia de sanitarios y farmacéuticos y el impulso de los cuidados paliativos.
Vox mantiene, en cambio, su propuesta de derogar las leyes de género, incluidas la ley integral contra la violencia de género y la de libertad sexual, y cuestiona mecanismos de protección como las pulseras antimaltrato. El partido sostiene que esas políticas han criminalizado a los hombres y desprotegido a las mujeres. Desde 2004, la media anual de víctimas mortales de violencia machista ha pasado de 70 a 50, mientras han aumentado las denuncias; instituciones y fuerzas de seguridad relacionan ese aumento con un mayor reconocimiento de la violencia y una mayor seguridad de las mujeres para denunciar. En un mitin en Huesca, Abascal defendió además eliminar el Ministerio de Igualdad, una medida que ya proponía en 2023.
En fiscalidad, el programa plantea dos tramos de IRPF: el 15% para rentas de hasta 70.000 euros y el 25% para las que superen esa cantidad. Propone reducir el impuesto de sociedades, fijar una cuota de autónomos de cero euros para quienes ingresen por debajo del salario mínimo y cotizaciones progresivas desde 50 euros para quienes lo superen. También recoge una rebaja de impuestos sobre la electricidad y la recuperación de la deducción por vivienda habitual. Vox afirma que financiará los servicios públicos mediante el control del déficit, el crecimiento y la eliminación del gasto que considera superfluo, sin cuantificar el impacto de las rebajas ni el ahorro previsto.
En energía y medio ambiente, propone un plan nacional de soberanía energética, mantener las centrales nucleares y estudiar otras nuevas junto a las existentes, así como levantar la prohibición de explorar nuevos yacimientos de hidrocarburos y uranio. Rechaza el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, y plantea suspender restricciones relacionadas con los motores de combustión y los impuestos a las emisiones de CO₂, además de acabar con las zonas de bajas emisiones. También quiere impedir macroplantas solares y eólicas cuando considere que comprometen la riqueza agrícola o el patrimonio natural, revisar las restricciones medioambientales que afectan al campo y eliminar trabas burocráticas que considera perjudiciales para agricultores, ganaderos y pescadores.
El partido propone la «superación» de la Ley de Memoria Democrática, que considera divisiva. En ciencia y tecnología, promete reforzar la inversión en I+D+i, los incentivos a la innovación y la colaboración entre centros de investigación, universidades y empresas, especialmente pymes. Añade un plan para recuperar talento científico y medidas para impulsar la inteligencia artificial en empresas y administraciones, garantizando la atención presencial, aunque no fija objetivos de inversión, presupuestos ni plazos.
En educación, el partido plantea fijar un máximo de alumnos por clase procedentes de otras culturas o con un dominio insuficiente del español. El programa no concreta la cifra ni cómo se determinaría a qué cultura pertenece cada estudiante, y tampoco especifica si la medida se aplicaría solo a la enseñanza pública.
La propuesta se completa con aulas de nivelación para quienes se incorporen tarde al sistema educativo español. Permanecerían en ellas hasta alcanzar el nivel requerido antes de integrarse en su clase, con el argumento de que así no ralentizarían al resto y tendrían más posibilidades de éxito. El documento no precisa si ese nivel se refiere al idioma o también a otras competencias. En España ya existen aulas de acogida orientadas principalmente al aprendizaje de la lengua vehicular.
Vox quiere dar preferencia a los españoles en la elección de centro y en el acceso a plazas de guardería, becas, ayudas de comedor y transporte escolar. También propone prohibir el burka y el niqab en espacios públicos y lugares donde se presten servicios públicos, incluidos los centros educativos; acabar con los menús halal en los comedores escolares y eliminar el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.
El programa recupera la devolución de las competencias educativas al Estado, la unificación de los currículos, una prueba de acceso a la universidad común y la garantía de enseñanza en castellano en todo el territorio. Incluye la derogación de la LOMLOE, la recuperación de las reválidas, la eliminación de contenidos que considera ideológicos, el refuerzo de la autoridad docente, la limitación de los móviles en las aulas y un plan nacional contra el acoso escolar. En la universidad, propone garantizar la libertad de cátedra frente a lo que denomina imposiciones de la corrección política, sin concretar una estrategia de financiación de los campus públicos.
En materia migratoria, Vox incorpora la «remigración» a través de un plan para facilitar el retorno a sus países de origen de inmigrantes que, según el partido, no contribuyan o vivan de subsidios públicos que no alcanzan a los españoles. La propuesta no distingue expresamente entre personas en situación irregular y residentes legales. Abascal ha mencionado posibles excepciones, como quienes acaban de perder su empleo, pero el programa no las recoge.
La formación mantiene la expulsión de quienes estén en España de forma irregular, de extranjeros que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida y de quienes, según su formulación, traten de imponer costumbres o culturas incompatibles con la dignidad de las mujeres. También plantea prohibir las regularizaciones masivas, endurecer los requisitos para adquirir la nacionalidad y revisar los pasaportes españoles que considere concedidos fraudulentamente.
En sanidad, propone excluir a los inmigrantes en situación irregular de la atención general del sistema público, salvo en casos de urgencia grave, un supuesto cuyo alcance no precisa. Vox lo justifica por la sostenibilidad de los servicios y anuncia una auditoría del coste de la inmigración en la sanidad pública.
La prioridad nacional se extiende a las prestaciones y la vivienda. Vox quiere reservar el ingreso mínimo vital a los españoles con menos recursos y suprimir las ayudas y beneficios sociales a los inmigrantes en situación irregular. Actualmente, los extranjeros con residencia legal y efectiva pueden acceder al ingreso mínimo si cumplen los requisitos. El partido también plantea reservar a los españoles la vivienda protegida y social y las ayudas al alquiler, exigir residencia legal para arrendar una vivienda y eximir de impuestos la primera vivienda habitual adquirida por familias españolas. Asimismo, propone modificar o derogar las normas que dificulten la aplicación de ese principio.
En familia, promete bonificar al 100% la ayuda en el hogar, ofrecer incentivos fiscales a empresas que fomenten la conciliación y hagan descuentos a las familias, y financiar la Seguridad Social de los españoles dedicados al cuidado de sus hijos. Plantea extender progresivamente los beneficios de las familias numerosas desde el primer hijo, con mayores ayudas según el número de descendientes, y reforzar el presupuesto de conciliación. También propone proteger a los menores de riesgos digitales, como la adicción al juego y la pornografía, sin concretar cómo.
Sobre aborto y eutanasia, el programa no incluye la promesa expresa de derogar sus leyes que figuraba en 2023. En su lugar, defiende el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, sin detallar qué haría con la legislación vigente. Añade la garantía de la objeción de conciencia de sanitarios y farmacéuticos y el impulso de los cuidados paliativos.
Vox mantiene, en cambio, su propuesta de derogar las leyes de género, incluidas la ley integral contra la violencia de género y la de libertad sexual, y cuestiona mecanismos de protección como las pulseras antimaltrato. El partido sostiene que esas políticas han criminalizado a los hombres y desprotegido a las mujeres. Desde 2004, la media anual de víctimas mortales de violencia machista ha pasado de 70 a 50, mientras han aumentado las denuncias; instituciones y fuerzas de seguridad relacionan ese aumento con un mayor reconocimiento de la violencia y una mayor seguridad de las mujeres para denunciar. En un mitin en Huesca, Abascal defendió además eliminar el Ministerio de Igualdad, una medida que ya proponía en 2023.
En fiscalidad, el programa plantea dos tramos de IRPF: el 15% para rentas de hasta 70.000 euros y el 25% para las que superen esa cantidad. Propone reducir el impuesto de sociedades, fijar una cuota de autónomos de cero euros para quienes ingresen por debajo del salario mínimo y cotizaciones progresivas desde 50 euros para quienes lo superen. También recoge una rebaja de impuestos sobre la electricidad y la recuperación de la deducción por vivienda habitual. Vox afirma que financiará los servicios públicos mediante el control del déficit, el crecimiento y la eliminación del gasto que considera superfluo, sin cuantificar el impacto de las rebajas ni el ahorro previsto.
En energía y medio ambiente, propone un plan nacional de soberanía energética, mantener las centrales nucleares y estudiar otras nuevas junto a las existentes, así como levantar la prohibición de explorar nuevos yacimientos de hidrocarburos y uranio. Rechaza el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, y plantea suspender restricciones relacionadas con los motores de combustión y los impuestos a las emisiones de CO₂, además de acabar con las zonas de bajas emisiones. También quiere impedir macroplantas solares y eólicas cuando considere que comprometen la riqueza agrícola o el patrimonio natural, revisar las restricciones medioambientales que afectan al campo y eliminar trabas burocráticas que considera perjudiciales para agricultores, ganaderos y pescadores.
El partido propone la «superación» de la Ley de Memoria Democrática, que considera divisiva. En ciencia y tecnología, promete reforzar la inversión en I+D+i, los incentivos a la innovación y la colaboración entre centros de investigación, universidades y empresas, especialmente pymes. Añade un plan para recuperar talento científico y medidas para impulsar la inteligencia artificial en empresas y administraciones, garantizando la atención presencial, aunque no fija objetivos de inversión, presupuestos ni plazos.