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Cinco países de la UE preparan deportaciones a Ruanda desde 2027

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Comisión Europea y ha suscitado críticas por la situación de los derechos humanos en el país africano.

Publicado: 22 de noviembre de 2026, 07:53

Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Grecia y Austria preparan un acuerdo con Ruanda para enviar a ese país a personas migrantes sin derecho a permanecer en la Unión Europea y sobre las que pese una orden ejecutable de expulsión. La iniciativa, presentada el lunes en Viena, prevé que un centro de retorno entre en funcionamiento en 2027.

El canciller austríaco, Christian Stocker, defendió el proyecto como un cambio en la política migratoria y sostuvo que, cuando no sea posible devolver a esas personas a su país de origen, serán trasladadas a un tercer Estado como Ruanda. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, vinculó el plan a la eliminación de incentivos para la inmigración irregular.

Según el Gobierno danés, las personas enviadas a Ruanda podrán integrarse allí o salir voluntariamente hacia su país de origen u otro al que puedan viajar legalmente. La Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados observan la iniciativa, que también ha generado preocupación en organizaciones humanitarias y en la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

La Comisión Europea ha asesorado a los cinco países sobre la adecuación del proyecto al derecho comunitario y está dispuesta a estudiar si estos centros pueden financiarse con fondos europeos. Su portavoz de Interior, Markus Lammert, afirmó que el enfoque puede contribuir a hacer frente a la migración irregular y mejorar los retornos respetando el derecho europeo e internacional.

El Ejecutivo comunitario presentó el año pasado una propuesta de reglamento de retornos, posteriormente avalada por la Eurocámara y el Consejo de la UE, para crear un marco jurídico para estos centros. Bruselas sostiene que solo se ejecutan tres de cada diez órdenes de retorno. A mediados de 2024, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya se había abierto a estudiar soluciones migratorias «innovadoras» solicitadas por algunos Estados.

Otros países de la UE han mostrado interés en sumarse a la iniciativa ruandesa o reproducirla si supera las pruebas jurídicas. Uganda se ha mostrado dispuesta a recibir a migrantes de origen africano, mayores de edad y sin antecedentes penales, según un miembro de su departamento de Exteriores. Uzbekistán también ha figurado entre los posibles destinos. Algunos Estados exploraron incorporarse al primer grupo, pero se consideró poco práctico aumentar el número de interlocutores.

Frederiksen y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, coordinan habitualmente a los partidarios de estas medidas antes de los consejos europeos. En junio encabezaron una carta, firmada por hasta 19 de los 27 jefes de Gobierno de la UE, para pedir financiación comunitaria para los centros. En agosto, tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta, sumaron hasta 22 líderes europeos en otra carta que reclamaba un endurecimiento de la política migratoria; Francia y Portugal no la firmaron.

El Gobierno español se ha situado entre los críticos de este modelo. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Teresa Ribera, pidió esta semana que no se imiten las prácticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, ni las del salvadoreño Nayib Bukele. Por su parte, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar cuestionó las garantías de derechos humanos del proyecto ruandés y señaló el aislamiento de España en el debate europeo.

La Comisión atribuyó en sus previsiones de otoño el crecimiento español al aumento del empleo ligado a la migración, que a su vez impulsó el consumo privado. Frederiksen ha mantenido desacuerdos con Pedro Sánchez por la regularización de migrantes en España y ha recibido críticas esta semana por evocar en un podcast la teoría conspirativa de la gran sustitución.

Ruanda ha recurrido a los acuerdos migratorios en el marco de sus relaciones diplomáticas y comerciales con Europa y Estados Unidos. La profesora de derecho público Nicola Palmer considera que Kigali ve en estos pactos una oportunidad para ampliar sus negociaciones. Entre los ejemplos de esa relación cita el memorando firmado con la UE en 2024 sobre cadenas de valor de materias primas y un marco de integración económica regional acordado a finales de 2025 con Estados Unidos y la República Democrática del Congo.

El país también ha invertido decenas de millones de euros en patrocinios de clubes como Arsenal, Bayern de Múnich y Atlético de Madrid, así como de equipos de la NBA, para promocionar el turismo bajo el lema Visit Rwanda. En materia migratoria, se ha comprometido con Estados Unidos a recibir a 250 personas deportadas por el ICE, de las que al menos siete ya habrían llegado.

El presidente de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, sostiene que las violaciones de derechos humanos deberían impedir el acuerdo europeo. Cuestiona qué legislación se aplicaría a las personas trasladadas y ante quién podrían reclamar, y denuncia que Ruanda apoya con armas, tropas y dinero a las milicias del M23 en la República Democrática del Congo.

Clementine de Montjoye, investigadora de Human Rights Watch, afirma que la organización ha documentado detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y reclusiones ilegales en instalaciones militares ruandesas. También recuerda que algunos países participantes han expresado preocupación por los derechos humanos en Ruanda y considera que el plan no llegará a ponerse en marcha. Palmer, por su parte, cree que el Gobierno de Paul Kagame ha logrado mantener sus relaciones internacionales pese a las críticas sobre esta cuestión.

El proyecto tiene antecedentes. Entre 2013 y 2018, Israel envió a Ruanda y Uganda a unos 4.500 solicitantes de asilo, principalmente eritreos y sudaneses, con un billete de ida y 3.500 dólares. Aunque los viajes eran teóricamente voluntarios, muchos los hicieron por temor a ser internados en Israel.

El Reino Unido lanzó en 2022 un plan para enviar a Ruanda a solicitantes de asilo que habían entrado irregularmente, especialmente por el canal de la Mancha. Las autoridades ruandesas examinarían sus casos y, si obtenían asilo, podrían permanecer en Ruanda. Si se les denegaba, también podían quedarse allí, debido al riesgo potencial de ser devueltos a sus países de origen. El Tribunal Supremo británico tumbó el plan en 2023, y el Gobierno laborista de Keir Starmer lo abandonó en julio de 2024 sin que hubiera habido deportaciones. La factura ascendió a 715 millones de libras, según cifras oficiales, aunque incluía otras partidas relacionadas con la lucha contra la inmigración irregular.

También Australia trasladó entre 2012 y 2021 a solicitantes de asilo a Nauru y Papúa Nueva Guinea para que los tribunales de esos países decidieran sobre su estatus legal. Papúa Nueva Guinea salió del acuerdo en 2021 y, cinco años después, Australia pactó con Nauru el envío de migrantes de terceros países para que residieran allí. Italia, por su parte, dispone de dos instalaciones en Albania a las que envía a migrantes detenidos en el mar o en territorio italiano antes de su deportación a otros países.

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